Más de 50 ONG ambientalistas reclaman que se declare la emergencia socioambiental en todo el país

Por Infocívica

La Red Nacional Ecologista reclamó al Gobierno que declare la emergencia socioambiental en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, solicitaron que “se asuma la calidad de vida de todos los argentinos como una política de Estado”.

Medio centenar de organizaciones ambientalistas de todo el país, integrantes de la Red Nacional Ecologista (RENACE) pidieron que se declare la emergencia socioambiental en todo el territorio nacional, al mismo tiempo que exigieron el monitoreo y evaluación de impacto ambiental de Atucha II y de los actuales emprendimientos mineros instalados en el país.

“Nuestra sensación, desde el punto de vista ambiental, es que en los últimos dos años hemos retrocedido treinta. Es impresionante lo que han avanzado en nuestro país, las grandes corporaciones internacionales en áreas como la minería o la energía nuclear, además del descontrol en la frontera de la soja y el uso de los plaguicidas” aseveró Raúl Montenegro, presidente de la Fundación del Medio Ambiente (FUNAM).

Y agregó que “uno de los motivos por lo que sucede este retroceso institucional, es porque la cartera de Ambiente está siendo ocupada por funcionarios que desconocen la problemática”.

Mediante un documento enviado al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Miguel Bonasso, al Defensor del Pueblo de la Nación , Eduardo Mondino y a la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación , Romina Picolotti, las ONG solicitaron que “se asuma la calidad de vida de todos los argentinos como una política de Estado, ratificando los derechos constitucionales y las leyes vigentes en nuestro país, destinadas a resguardar a la sociedad y al ambiente”.

El escrito recorre los actuales problemas ambientales de nuestro país y propone una serie de puntos y acciones, que deberían llevarse adelante, entre ellos: una auditoría ambiental independiente en el Centro Atómico Ezeiza debido a las denuncias de contaminación radiactiva y toxicológica y un estudio de caso control sobre morbilidad y mortalidad; una evaluación de impacto ambiental de Atucha II; evaluación de impacto ambiental de los emprendimientos mineros y los daños que provocó o pudiera estar provocando la mina de Veladero que opera Barrick Gold en la provincia de San Juan, y verifique el pleno cumplimiento de la Ley Nacional de Residuos peligrosos 24051/1992; evaluación ambiental y monitoreo de los bienes hídricos superficiales y subterráneos, en especial a los ríos Paraná, Uruguay, Tercero de Córdoba y Litoral Atlántico; entre otros puntos.

Además, las ONG pidieron la ampliación de las áreas naturales protegidas y las superficies de reservas hasta llegar al 7 % del territorio nacional (índice recomendado internacionalmente) con muestras representativas de los ambientes originales de nuestro país. Estas zonas siempre deberían estar bajo la gestión estatal nacional o provincial.

El documento presentado al Gobierno nacional expresa que “sólo una visión muy sesgada de la realidad puede pretender que el deterioro de la calidad de vida se encuentra asociado de manera unívoca a las cuestiones económicas, políticas o sociales; bajo esa visión de los procesos económicos-productivos y sociales, se obvia la referencia al componente más importante, el ambiente. Vemos que en todos los casos coincide con situaciones de conflicto entre la sociedad, un determinado modelo de producción y consumo y el soporte natural”.

“Esto es un grito de alerta a la sociedad argentina para que sepa lo que está sucediendo en nuestro país, y entre todos debatir sobre estos problemas que amenazan nuestra vida presente y futura” expresó Carlos Manessi del Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe. Al mismo tiempo, resaltó que “se deben provocar cambios en la educación ciudadana a través de acciones punitivas para aquellos que transgredan; recuperar la soberanía alimentaria mediante el fomento de las producciones alternativas, protegiendo la biodiversidad y promoviendo las energías renovables y limpias, así como modos de producción y consumo que respeten los derechos de los que heredarán este país”.

Una realidad que asusta

Según el diagnóstico realizado por las organizaciones que trabajan en la problemática ambiental a lo largo y ancho del país, la situación no es nada alentadora. “A lo largo de toda la zona cordillerana, las explotaciones mineras a cielo abierto de Bajo La Alumbrera y Veladero, por citar sólo las más conocidas, están destruyendo el paisaje, los glaciares y un modo de vida sustentable, secando las escasas reservas de agua y contaminando con cianuro más allá de las fronteras provinciales tal como se ha podido detectar en Río Hondo (Santiago del Estero). La organización, la insurrección y la vigilia permanente de la población local, que ve afectado su futuro y el de sus hijos, han podido detener algunos proyectos como en Esquel (Chubut) y Chilecito ( La Rioja ), pero varias decenas esperan su aprobación en el marco de la Ley de Inversiones Mineras y al Tratado de Implementación Conjunta con Chile, ambos aprobados en los años 90” .

“En la Patagonia , hasta en los manuales de geografía de las escuelas primarias, se habla del problema del sobrepastoreo y la consiguiente erosión, situación que no ha cambiado y/o mejorado en los últimos años. A esta situación extrema, debemos sumarle los intentos de destrucción del bosque cordillerano a través de los incendios o siembra intensiva y extensiva de especies exóticas, la apropiación de fuentes de agua, la extranjerización del territorio, la explotación del petróleo, el proyecto latente de establecimiento de un basurero nuclear y la persecución y el despojo a los pueblos originarios a ambos lados de la cordillera” dice el informe.

Otro punto del documento presentado al Gobierno nacional es la situación del centro del país y la descripción del “salvaje proceso de expansión de las fronteras agropecuarias para atender a los mercados externos, se destruyen e incendian montes y bosques nativos, se avanza sobre tierras no aptas para la agricultura, expulsando a miles de pequeños productores y trabajadores del campo, que terminan engrosando las villas miserias de las grandes ciudades”.

El desolador panorama se revela también con la destrucción de los hábitats naturales, la desaparición o retroceso numérico de especies enteras de pájaros, insectos, pequeños y grandes mamíferos, hierbas, arbustos y árboles, que cumplen una función esencial en el mantenimiento del sistema y que ya se encuentran sitiados por la agricultura, las urbanizaciones, las vías de comunicación y el cambio climático.

“En el polo opuesto se encuentra una política gubernamental errática en cuanto a áreas naturales de conservación, las que siempre serán pocas, en comparación a las necesidades: el monte chaqueño, la Selva de Montiel, la selva misionera y próximamente las Yungas y los últimos bosques nativos del chaco árido y del espinal, serán recordados sólo en fotografías. Al mismo tiempo, encontramos pruebas – destaca el informe - que permiten ratificar que los problemas sociales generan problemas ambientales y los problemas ambientales generan problemas sociales. Y ambos son hoy de una gravedad tal que nos pone a todos lo habitantes de esta tierra en serio riesgo de vida”.

El escrito fue firmado por Asociación Amigos del Lago de Palermo (Bs As); Ala Plástica ( La Plata ); Fundación Reserva Natural (Mar del Plata); Un surco por familia (Misiones); Hermanos de la Tierra (Remedios de Escalada); FUNAM (Córdoba); Movimiento antinuclear del Chubut (Trelew); Asociación Lihuen antu; Foro Ecologista de Parana, entre otras.
Para mayor información comunicarse con Raúl Montenegro, presidente de la Fundación del Medio Ambiente (FUNAM) al (03543) 422236. O con Carlos Manessi al (0342) 4526603 o cpronat@yahoo.com.ar