Por: Felipe Gutiérrez / Informativo Mapuexpress
Con la presencia de autoridades de distintos pueblos
indígenas de Argentina, se realizó una conferencia de prensa en la ciudad de
Buenos Aires para manifestar el rechazo de estas a la incorporación de la Propiedad Comunitaria
de la Tierra
al nuevo Código Civil. Según señalaron, esta inclusión, inconsulta, implicaría
un retroceso en los derechos indígenas y aumentaría los desalojos y la
criminalización de sus demandas.
En marzo del año pasado la Presidenta Cristina
Fernández y Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema,
presentaron en conjunto el anteproyecto de reforma y unificación del Código
Civil y Comercial. Para su estudio fue designada una comisión bicameral con 15
diputados y 15 senadores, la que convocó a una audiencia pública para discutir
el anteproyecto. Ante las numerosas críticas que recibió, no solo en lo referido
a la temática indígena, sino también de parte de agrupaciones de personas con
discapacidad y la
Iglesia Católica, la audiencia fue aumentada a tres días en
el Congreso de la Nación,
y una jornada en Tucumán, Santa Fe, La
Plata, Neuquén, Corrientes,
Bahía Blanca y La
Matanza.
En su presentación en la audiencia pública el presidente del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, justificó la
inclusión de la propiedad comunitaria señalando que “esta incorporación en el
Código Civil lejos de desjerarquizar los derechos constitucionales, los ubica
en un plano de operatividad y obligatoriedad para las interpretaciones
jurisprudenciales”, discurso que es compartido por algunas organizaciones
indígenas.
Sin embargo en las mismas audiencias públicas se evidenció
una mayoría indígena contraria a la
inclusión de la propiedad comunitaria en el Código Civil, rechazo que fue
reafirmado hoy durante la celebración de una conferencia de prensa en el
Colegio Público de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires, realizada por representantes de
diversas organizaciones, reunidas en el Consejo Plurinacional Indígena. El
abogado Benito Espíndola, de la
Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO)
considera que usar al derecho privado para regular el derecho comunitario “es
suicida para nuestras comunidades, porque están en desigualdad de condiciones
con el Estado”. Espíndola utiliza como ejemplo otros ámbitos del derecho;
“haciendo una comparación con el derecho laboral, es lo mismo que un obrero
vaya a pelear con el Código Civil a una empresa, hay una desigualdad abismal.
Para esto existen ámbitos del derecho indígena como el consentimiento, que de
alguna manera permite equilibrar”.
En la misma línea, Sandra Ceballos, de la Comisión de Juristas
Indígenas de la
República Argentina (CJIRA), señaló que la reforma contradice
la preexistencia consagrada en la Constitución Nacional,
bajo la cual “los indígenas nos constituimos en personas de derecho público y
el Código Civil, que es propio del derecho privado, rige las relaciones entre
particulares, con lo cual nos está tratando como una ficción”.
Los representantes indígenas consideran que este
anteproyecto es un retroceso en numerosos avances que los pueblos han logrado
en los últimos años. Para Jorge Nahuel, Werken de la Confederación Mapuche
de Neuquén, el proyecto de reforma al Código Civil es un retroceso, “nos
desarma de todos los avances en materia de derechos que hemos logrado en la
última década y nos entrega, porque todo lo que son derechos fundamentales
reconocidos por la
Constitución y las nuevas leyes a través del Código Civil se
ven reducidos en su alcance”. Por
ejemplo en la Ley
de Medios, las comunidades indígenas son consideradas sujetos de derecho
público no estatal, mientras que en el Código Civil, serían considerados como
un privado. Para Bernardino Cabrera, Cacique de la Comunidad Mbya
Guaraní Tekoa Katu Pyry “la personería jurídica de las comunidades tiene que
ser de derecho público por ser anteriores a que la Argentina existiera como
una nación”.
Otras de las críticas, compartidas por organizaciones como
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la
Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) y el
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), es la consideración de la
existencia indígena restringida al ámbito rural, la reducción del territorio
indígena al concepto bien inmueble y el no reconocimiento a la posesión de las
comunidades preexistentes. Este factor es motivo de preocupación por los
problemas legales que podría acarrear en el futuro. “La constitución
prácticamente equipara la posesión y la propiedad, este código solo habla de
propiedad”, dice Jorge Nahuel. “Eso significa que en manos de un juez racista y
represor, como hay muchos en el país, va a comenzar una ola desalojos y
procesamientos porque la mayoría de los pueblos indígenas no tienen título de
propiedad aunque poseen la tierra”.
Por esto los representantes presentes solicitaron que se
retire la inclusión de la Propiedad Comunitaria de la Tierra del nuevo Código
Civil, y que esta se reglamente a través de una ley específica, tal como
prometió la Presidenta
durante la marcha de mayo de 2010.
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