Por Lamgen PatagoniaEn los números oficiales del sistema capitalista, América Latina está viviendo su "mejor momento económico" en décadas, a pesar de que -y como lo demuestran todas las estadísticas- el promocionado crecimiento económico no se traduce en mejoras sustanciales en materia de vivienda, salud y trabajo, sino en más concentración de riqueza y de propiedad privada en pocas manos.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Latinoamérica despidió el año 2006 con un crecimiento económico estimado de 5,3%, casi un punto porcentual por encima del 4,5% de 2005, y tres décimas por encima de lo previamente esperado por el organismo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también coincide con la proyección favorable de la CEPAL, y de acuerdo con sus estimaciones, la región crecerá un 4,8% en el 2007, mientras que el Banco Mundial (BM) espera un crecimiento ligeramente mayor, de 5%.
¿Pero quiénes son los que "crecen" en este proceso de acumulación y concentración capitalista en la región?
El mito del "crecimiento de la economía" se empalidece frente a la realidad de los 210 millones de pobres y de más de 90 millones de indigentes latinoamericanos que viven en condiciones de extrema pobreza y arroja por el suelo la famosa teoría del "derrame" capitalista, según la cual cuando la economía crece los beneficios se "derraman" entre las clases más necesitadas.
Contrariamente a las tesis oficiales sobre el supuesto "goteo" del crecimiento económico hacia las capas mayoritarias y carenciadas de la población, las estadísticas demuestran que América Latina es una fábrica de pobres, con elecciones periódicas.
Los números reflejan claramente que, con dictaduras militares o con administraciones civiles de izquierda o de derecha, el proceso de acumulación de riqueza en pocas manos y su contrapartida, la pobreza, nunca se detuvieron en América Latina.
Un estudio del Banco Mundial, difundido en mayo de 2005, señala que "el 10% más rico de los individuos recibe entre el 40% y 47% del ingreso total en la mayor parte de los países latinoamericanos, mientras que el 20% más pobre sólo recibe entre el 2% y el 4% de los ingresos".
El crecimiento de las fortunas personales y la concentración acelerada de los activos empresariales muestra que en épocas capitalistas de "bonanza económica" como la que se viven en la región lo único que crece es la concentración de riqueza en pocas manos mientras también suben el "asistencialismo" y el empleo en negro (salarios africanos y sin cobertura social).
Son precisamente el empleo en negro (contratos basura) y el asistencialismo los instrumentos de que se valen los gobiernos de la región (por derecha y por izquierda) para bajar los indicadores oficiales de la pobreza y la desocupación.
En términos prácticos y estadísticos, la política "asistencialista" de Estado constituye una "institucionalización de la pobreza" al subordinar los derechos y reivindicaciones sociales a una "limosna" que le arroja el capitalismo a los pobres, mientras depreda los recursos naturales de sus pueblos y somete sus estructuras económico-productivas con la complicidad de los políticos tanto de derecha como de izquierda.
Así parece revelar el caso del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, quien ganó la reelección apoyado en un programa de asistencia social que atiende a 44 millones de pobres y que se ha convertido en una de sus principales cartas de triunfo.
El mismo ejemplo puede ser aplicado para Venezuela, donde Chávez, con un 70% de empleos en negro (trabajo basura) y una política social basada exclusivamente en el asistencialismo desparramado con petróleo ganó la reelección presidencial con más del 60% de los votos.
Pero ni el asistencialismo ni los empleos basura (contratos temporales en negro, que ascienden, según la OIT, a más del 65% de la mano laboral empleada en América Latina) garantizan seguridad de trabajo, vivienda, salud y educación, sino que sólo sirven de paliativo para tapar un infernal proceso de acumulación capitalista en la región.
El sociólogo chileno Manuel Antonio Garrentón advertía que uno de los principales problemas que afronta América Latina es el aumento de la pobreza y el nuevo tipo de exclusión que divide entre los que están dentro y los que "quedan fuera", aludiendo al mundo rural, los indígenas, el sector informal, los desocupados y quienes tienen un empleo precario.
Las más recientes estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalan que en 2006, el 39,8% de la población de la región vivía en condiciones de pobreza (209 millones de personas) y un 15,4% de la población (81 millones de personas) vivía en la pobreza extrema o en la indigencia.
En un capítulo especial dedicado al tema del hambre realizado en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), la CEPAL estima que el 11% de la población está subnutrida.
Casi un 9% de la población infantil menor de 5 años sufre desnutrición aguda (bajo peso) y un 19,4%, desnutrición crónica (baja talla respecto a la edad). Esta última reviste especial gravedad por la irreversibilidad de sus efectos negativos, dice la CEPAL.
En febrero de 2006, expertos reunidos en la ONU alertaron sobre el aumento de la pobreza en América Latina, debido a la gran exclusión social con altos niveles de desigualdad y falta de oportunidades para las mayorías en el mundo laboral y social.
En el otro extremo de la pirámide, las seis fortunas personales más grandes de América Latina suman u$s 29.600 millones, y las primeras 25 casi 60.000.
La mayoría de las súper-fortunas de América Latina difundidas por Forbes provienen de "negocios" relacionados con la finanzas, el "espectáculo", el deporte, la "cultura", las grandes cadenas mediáticas, diarios, radio y televisión, la moda y los cantantes "fashion", y en general todo lo que "divierte y entretiene" a los televidentes y espectadores "incluidos", mientras un 40% de la población latinoamericana permanece excluida del "circuito" laboral y comercial del sistema.
Según un informe de Merryll Lynch, los millonarios latinoamericanos -unos 350.000- controlaban en 2005 una riqueza de 4,2 billones de dólares, un 11,8% más que en 2004.
El mexicano Carlos Slim ha logrado casi duplicar su fortuna en un año y situarla en 13.900 millones de dólares, con lo que ha escalado al puesto 17 entre los riquísimos del mundo, a los que también pertenecen los brasileños Josep y Moise Safra (4.700 millones) y el venezolano Gustavo Cisneros (4.600 millones).
Brasil (gobernado por el "izquierdista" Lula) fue el primer país de América Latina y el décimo del mundo donde más aumentaron los millonarios: el 11,3%, aunque el aumento del crudo también benefició a México y Venezuela.
Toda esa riqueza acumulada en pocas manos contrasta con los 210 millones de pobres y los casi 100 millones de indigentes que registra el continente.
Las gerencias de enclave
Pero este robo capitalista con exclusión y pobreza masiva no hubiera podido concretarse sin la complicidad de los gobiernos (de derecha y de izquierda) en la región.
Más allá de que hablen un lenguaje de derecha o de izquierda, las administraciones de los 34 Estados de América Latina desarrollan niveladamente un solo programa económico destinado a favorecer, no a las mayorías sino a un sector de empresas y bancos transnacionales que concentran en sus manos la hegemonía sobre los recursos naturales y el sistema económico-productivo.
Luego de las dictaduras setentistas, Washington sustituyó el gerenciamiento militar del dominio por el gerenciamiento civil del mismo, sin alterar para nada el proceso de control económico por medio del cual los bancos y empresas transnacionales continuaron transfiriendo recursos y ganancias a EEUU y a las metrópolis capitalistas.
En ese nuevo escenario de poder geopolítico-estratégico, legitimado por gobiernos satélites elegidos en elecciones populares, Washington consolidó su dominio regional en un teatro latinoamericano sin lucha armada, sin estallidos revolucionarios, sin huelgas y con las organizaciones populares y de izquierda participando como "opción de gobierno" en los países dependientes.
En ese contexto (y más allá de la voluntad de las facciones reaccionarias y conservadoras), desde hace más de veinte años la estrategia de dominio de Washington y del Departamento de Estado en América Latina consiste en impulsar los regímenes y gobiernos electos en las urnas, más allá de que asuman o ganen elecciones con discursos de "izquierda", "progresistas" o "neoliberales".
Está estadísticamente probado (cualquiera lo puede verificar investigando) que las administraciones de los Estados de América Latina, más allá del discurso de izquierda o de derecha de sus presidentes, no tienen poder real de decisión sobre sus medios de producción y recursos naturales que se encuentran en manos de corporaciones que hegemonizan las reglas y la formación de precios.
Y esto se debe fundamentalmente a que esos gobiernos (sean "cachorros" o "progresistas") no gerencian los recursos ni los medios de producción y comercialización que, al ser privatizadas su economías y su empresas, se encuentran en manos de corporaciones (bancos y empresas) privadas, cuyo interés no está regido por el interés nacional, sino por el "interés ganancial".
Cuando el sistema capitalista trasnacional con EEUU a la cabeza (mediante la introducción del "libre mercado" y las privatizaciones de empresas estatales en la década del 90) convirtió a los "Estados nacionales" de América Latina en "Estados trasnacionales" con sus economías en manos del capital privado, se revirtió la funcionalidad y la misión de la herramienta "Estado" en los países dependientes de la región.
El viejo "Estado nacional" controlado históricamente por las oligarquías locales, fue sustituido por el "Estado trasnacional" controlado por las empresas trasnacionales en sociedad con los grupos de poder locales, que luego de apoderarse mediante la privatizaciones de de sus empresas y medios productivos, utilizan a los países como "satélites" (o terminales de mercado) de sus políticas de expansión y de acumulación capitalista, con las oligarquías locales asimiladas como socias en el nuevo sistema.
Al no tener el poder gerenciador nacional sobre los recursos y medios de producción, el Estado (en manos de gobiernos de derecha o de izquierda) depende de los impuestos (el presupuesto nacional) en la mayor parte evadidos por las corporaciones que controlan la economía.
Sin poder gerencial real sobre sus medios productivos y recursos los Estados y sus gobiernos quedan reducidos a gerencias de enclave de las corporaciones transnacionales (bancos y empresas) que controlan los niveles de producción y comercialización de sus recursos y sistemas económico-productivos.
Sin proyecto estratégico nacional, sin recursos ni medios productivos para explotar y comercializar, esos Estados se convierten en instrumentos reguladores entre los intereses empresariales capitalistas que controlan sus medios de producción y recursos privatizados.
Por esta razón, el discurso "revolucionario" de los gobiernos que hablan con la izquierda y gobiernan para la derecha no se puede implementar, salvo expropiando el sistema "privatizado" (recursos y medios de producción) de la economía capitalita dominante.
Con sus recursos naturales y economías "privatizados" a los gobiernos (gerencias de enclave) de América Latina solo les queda la función de legislar y "regular" las relaciones económicas entre los monopolios hegemonizadores de los recursos naturales, los medios de producción y el mercado de consumo, y cobrarles impuestos que en la mayoría de los casos son evadidos.
Los Estados, al no tener poder de gerenciamiento soberano sobre sus recursos y medios productivos "privatizados", solo pueden elaborar las reglas y el marco jurídico para proteger el interés de las empresas que controlan su economía, y sólo le pagan impuestos.
Tal es el caso de Kirchner con la transnacional Repsol que comercializa la mayoría de los pozos petroleros que controlaba el Estado nacional argentino, antes de las privatizaciones.
Si Chávez, por ejemplo, quisiera trasponer su guerra mediática-discursiva con el Imperio y concretar en los hechos (como ya lo anunció) la "revolución" que pregona, tendrá que terminar con el Estado burgués capitalista de Venezuela recuperando los medios de producción y el control real de sus recursos, hoy controlados por las transnacionales que los extraen, industrializan y comercializan.
Esto es, Chávez tendría que contar con un Estado nacional productor y gerenciador nacional que sustituya a la actual estructura económica privada de la economía que hoy rige en Venezuela.
Si Evo Morales (que hasta ahora, y más allá de su demagogia "antiimperialista", ha sido sumiso con el capitalismo transnacional) decidiera llevar a fondo su discurso "nacionalizador", debería expropiar los bienes y tecnología de extracción y comercialización hoy en manos de las trasnacionales petroleras y gasíferas.
Bolivia, además de no contar con medios adecuados de extracción también carece de un sistema de comercialización en el mercado internacional hegemonizado por las trasnacionales.
Por lo tanto, en líneas generales, y más allá de sus discursos "revolucionarios" y "antiimperialistas", Chávez y Morales administran Estados que viven del "cobro de impuestos" a las transnacionales capitalistas del Imperio que dicen "combatir".
Esta realidad de dependencia estructural al macrosaqueo capitalista transnacional, impide una política distributiva y de generación de empleos genuinos, que los gobiernos (por derecha y por izquierda), sustituyen con trabajo en negro (70% de la fuerza laboral de los Estados regionales) y asistencialismo a los pobres, que les sirve para ganar elecciones, tanto a los presidentes "progresistas" como a los "cachorros del Imperio".
Según la CEPAL, las corporaciones transnacionales (con gobiernos de "derecha" o "progresistas"), controlan los sectores más dinámicos de la economía de América Latina, y transfieren enormes recursos y ganancias extraídos del PBI de la región a sus naciones de origen (Europa o EEUU).
Además del sector interno, las corporaciones transnacionales controlan las exportaciones, que constituyen la base dinámica de las economías de América Latina, así como servicios, industria y el sector financiero (bancos, empresas de seguros y fondos de inversión).
Grupos financieros transnacionales (Europa y EEUU) controlan, además del sistema financiero, los fondos privados de pensiones. En México y Argentina controlan respectivamente, el 76,5% y el 54,5% de los activos totales de los bancos. En Bolivia controlan el 85% de los fondos de pensiones, en Perú, el 78,5%; en Argentina el 73,6%; y en México el 66,6%, según la CEPAL.
Los números, las estadísticas, las investigaciones sobre el origen de concentración de riqueza y patrimonios empresariales, dan evidencias irrefutables de que en América Latina la dependencia estructural de la economía a los bancos y empresas transnacionales tiene un correlato directo con la pobreza y la exclusión social que padecen más de 200 millones de latinoamericanos.
Ese despojo no hubiera sido posible sin los gobiernos locales cómplices: ayer de las dictaduras militares del viejo "Estado nacional", y hoy de los "gobiernos democráticos" con discurso de izquierda o derecha.
Los únicos que parecen no estar enterados de esta realidad, son los medios de comunicación del sistema y la izquierda (también del sistema) que mitifican como "revolucionarios" a los presidentes (gerentes de enclave) de doble discurso que se suman a la "ola de izquierda" en América Latina
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