Por Lino Pizzolon*
Mientras la justicia en Buenos Aires se apura a presionar, y quien sabe a condenar a vecinos de Esquel que difundieron –descuidando tal vez alguna norma legal, pero ejerciendo el legítimo derecho a difundir la verdad– el intento de la empresa minera de revertir la voluntad del pueblo de Esquel a pocos meses del plebiscito por el no a la mina, en la Fiscalía local duermen más de medio centenar de denuncias por amenazas anónimas de muerte o de otro tipo, atropellos, agresiones físicas hacia vecinos y colegas de la universidad, simplemente por ejercer el derecho y la obligación moral de informar objetivamente sobre las reales consecuencias de la explotación minera que se le quiso imponer a Esquel. Esas amenazas ocurrieron entre el 2002 y el 2003 principalmente, y no es muy difícil intuir de donde provenían. Sin embargo las denuncias parecen dormir el sueño de los justos. Sería bueno que la justicia unificara todas las causas –tal como oportunamente lo solicitaron los vecinos– y se reactivara la investigación correspondiente. De no ser así, se estaría permitiendo la instalación de situaciones que en el fondo y no tan en el fondo son profundamente antidemocráticas.
* Prof. Adj. de la Universidad Nacional de la Patagonia Sede Esquel
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario