Por Asociación de Vecinos de La BocaEl Plan Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo naufraga en un discurso ambiental, políticamente correcto y alejado de la realidad. Los aspectos que hay que revisar.
CARLOS LEBRERO.
Aunque el actual Plan Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo se compromete a dar solución al conflicto de contaminación y sanitario de la población del área, necesita ser reformulado en varios aspectos, porque de lo contrario pasaríamos de las actuales gestiones poco coordinadas a otras voluntaristas, tal vez con peores resultados. Es lamentable que las propuestas de este plan, realizado para responder a la demanda de la Justicia, encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, y con aportes de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, naufrague en un discurso ambiental, políticamente correcto y a la vez idealizador de la realidad.
Para transformar al río a cielo abierto en un "bien ambiental" y que sea fuente de "servicios ambientales" con las condiciones de presión que sufre, y seguramente sufrirá, por el previsible crecimiento de la actividad Metropolitana rural y urbana, se requiere modificar la actual naturaleza del Riachuelo con programas estructurales que permitan la coexistencia de dichas actividades con el curso de agua.
El Plan Integral presentado está formulado en base a un conjunto de objetivos que no permiten entrever una nueva política, sino simplemente seguir con el mismo rumbo que hasta ahora ha demostrado pocos resultados. En primer lugar, la acción efectiva de la autoridad de Cuenca depende de la capacidad de manejo de presupuesto y de priorización de inversiones para cumplir con el plazo de cinco años para la rehabilitación. Debieran ser allanadas muchas instancias administrativas para que la Autoridad propuesta por el Plan pueda alcanzar efectividad en el cumplimiento de sus objetivos.
Las acciones estructurales para la mejora de calidad del agua proponen sólo la ampliación de la planta de depuración Sudoeste y no contemplan el Plan de Saneamiento Integral elaborado por anteriores gestiones y auditado por el Centro Argentino de Ingenieros, que proponía un conducto interceptor de margen izquierda y planta de tratamiento. Al no reformular esta alternativa, deja sin vincular gran parte de la inversión que AySA debiera realizar en la Cuenca. Sí se propone, en cambio, un manejo biológico a todas luces insuficiente para las condiciones actuales de deterioro.
Con respecto a los residuos sólidos, el Plan hace propuestas para un territorio potencial, en donde fuese fácil operar con la remediación, cuando en la realidad de las márgenes actuales existe una trama social fuertemente comprometida con la economía de la basura, antiguos basurales, con asentamiento de población en la superficie y costas de arroyos modificadas por la disposición de residuos, que requieren un tratamiento más atento a los complejos casos de asociación entre la basura y la población.
Las medidas no estructurales y el control y la prevención son fundamentales para la política ambiental, aunque estas acciones hayan tenido poco éxito en la administración pública vinculada a políticas locales clientelares. El Plan no hace propuestas superadoras al respecto y se basa potencialmente en ese poder de control, que para ser efectivo debiera estar acompañado por un cambio de conductas profundas, difícilmente alcanzable en el mediano plazo. Los programas hacen mucho hincapié en la participación, transparencia y educación ambientales, que constituyen acciones básicas cuando acompañan a acciones estructurales. Así formulados, de forma independiente, resultarán de difícil gestión.
La Justicia merece ser respondida con un Plan Integral que cuente con proyectos totalizadores, presupuestos, fuentes de financiación, plazos de desarrollo y construcción, que debieran tener claridad en los resultados esperados para el plazo de los cinco años requeridos con formas de manejo, control y evaluación verificables. Por ahora este Plan es una formulación de buena voluntad y confianza en los cambios de actitudes de la sociedad.
Si esta presentación no es revisada, se corre el riesgo de instalar un nuevo desmanejo social con pocos resultados para la población, por falta de previsión, como sucede en el caso de Gualeguaychú.
Clarin / Arquitectura / domingo 25 de marzo de 2007
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