Río Negro: La legislatura debe debatir la distribución de la publicidad oficial

Por Poder Ciudadano

La legislatura de Río Negro tiene pendiente el tratamiento de dos proyectos de ley que buscan regular la contratación y distribución de la publicidad oficial en esa provincia: uno de ellos corresponde al legislador Fabián Gatti (bloque Encuentro) y el otro a la Defensora del Pueblo Ana Picccinini.

Los proyectos surgen luego de que la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentara en la provincia rionegrina el trabajo “Principios Básicos para la Regulación de la Publicidad Oficial”.

El proyecto del legislador Gatti pretende mejorar la norma sancionada años atrás para garantizar el libre acceso a la información pública y establecer pautas sobre la forma de distribuir la publicidad oficial. En este sentido, el proyecto define la publicidad oficial como "aquella que informa para educar, prevenir, concientizar o anunciar planes y servicios de salud, seguridad y educación". También aquella que "alerta sobre peligros, riesgos o emergencias, o para hacer conocer nuevas leyes o procesos electorales".

El proyecto fija pautas sobre la forma de distribuir la publicidad y hacia quiénes dirigirla, previendo mecanismos de licitación pública para la contratación de espacios, obligándose además a los funcionarios responsables a brindar información permanente sobre gastos en el rubro. De aprobarse el texto, en Río Negro quedará prohibido gastar dineros públicos para destacar los logros de una gestión de gobierno. Otro objetivo destacado será el de suspender la publicidad oficial 30 días antes de una elección.

Mientras tanto, el proyecto de la defensora del Pueblo reseña que “la información pública a ser difundida mediante publicidad oficial, sólo podrá tener por objeto promover, difundir o informar los derechos que se reconozcan y las obligaciones impuestas a los ciudadanos, las consultas públicas, los programas de gobierno, las condiciones o requerimientos de licitaciones o concursos públicos, las medidas adoptadas o a adoptarse en casos de emergencias públicas y la publicidad relacionada en forma directa con el objeto social de las sociedades controladas por el Estado".

Piccinini propone además "crear, en jurisdicción de la Secretaría Comunicación, el Registro Público de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial (RePuMed), en el que deberán inscribirse los periódicos, revistas, emisoras de radio y televisión, productoras de programas para radio y televisión y los portales de Internet que estén interesados en ser adjudicatarios de publicidad oficial

“Desde la ADC celebramos la existencia de estas iniciativas- dijo Eleonora Rabinovich, Coordinadora del Area de Libertad de Expresión de la ONG – porque promueven una amplia discusión sobre un tema ligado a la calidad de la información y la libertad de expresión. Consideramos que la regulación de la publicidad oficial es un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos y otorgar transparencia y control a la asignación de fondos públicos”.

Al respecto, Rabinovich opinó que “la falta de lineamientos legales claros y concretos atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad. Es necesario, por lo tanto, que se dicte una legislación clara y específica a nivel nacional y local que regule la producción, distribución y control de la publicidad del sector público”.

Cómo regular la Publicidad Oficial

El informe “Principios Básicos para la Regulación de la Publicidad Oficial ” elaborado por la ADC contiene pautas básicas sobre las que debería basarse una regulación de la publicidad del sector público que respete la libertad de expresión, promueva la transparencia y el control, evite el uso propagandístico y reduzca la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.

El informe, producto de una extensa investigación, documenta algunas de las presiones indirectas que los gobiernos utilizan para interferir con la libertad e independencia de los medios y periodistas en nuestro país.

“La censura indirecta se ha convertido, en los últimos años, en objeto de debate creciente en todo el mundo, y en particular en nuestro hemisferio. Esto refleja una realidad en la que los métodos más frontales y directos de presión gubernamental -como el cierre de medios, los ataques físicos y asesinatos, o los procesos judiciales contra periodistas- han declinado en pos de mecanismos más sofisticados, más complejos y menos visibles para silenciar a las voces críticas” señala el documento. Y agrega: “dentro de estas ´sutiles´ formas de censura se encuentran las presiones por medio de la distribución de la publicidad oficial. Estas prácticas consisten en asignar o retirar pautas publicitarias para beneficiar a medios y periodistas afines o castigar a los críticos y condicionar, de este modo, el contenido de sus expresiones”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe específicamente la restricción de la libertad de expresión “por vías o medios indirectos”2. Del mismo modo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.

Finalmente, la Declaración de Chapultepec estatuye que “la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”. Tal como sostuvo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: “la obstrucción indirecta a través de la distribución de publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”.

El estudio sobre publicidad oficial abordó el ámbito nacional y cuatro provincias: Córdoba, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Allí se descubrieron abusos generalizados por parte de funcionarios de gobierno, que vienen de larga data. Esta práctica se ve favorecida por marcos legales inadecuados, y a veces confusos, que no establecen reglas claras en cuanto a cómo se planifica, cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se controla la publicidad oficial. Esta insuficiencia legal promueve la discrecionalidad, atenta contra la transparencia y facilita posibles actos de corrupción.

Para mayor información comunicarse con Prensa de ADC, Mónica Baumgratz, al (011) 15 5728 3191 o 5236-0555/6/7 y 5238-1805.