Enviado por Lamgen Patagonia
La mira se encuentra posada puntualmente, en tres gasoductos de la provincia de Santa Cruz: el tendido de la cañería de gas al barrio "San Benito" de Río Gallegos, el gasoducto Boleadores-El Calafate y la actual obra hasta Río Turbio.
Los representantes de la Coalición Cívica, explicaron que hace tiempo comenzaron a investigar los posibles sobreprecios que las mencionadas obras de red de gas natural han presentado. La denuncia podría considerarse el "Skanka Santacruceño", según afirmó uno de los representantes del partido liderado por Elisa Carrió.
El pedido que sería elevado a la Justicia nacional, solicitará la investigación del sobreprecio de las obras de gas natural y el procedimiento licitatorio mediante el cual se adjudican a determinadas empresas el desarrollo de las obras.
La provincia cuenta con tres gasoductos de valores elevados y que han sido costeados por inversiones del gobierno nacional en convenio con el Ejecutivo Provincial. Ante algunas irregularidades que las obras han presentado en modificaciones en sus valores en relación a la valuación inicial, ha impulsado a integrantes del ARI y actualmente de la reciente Coalición Cívica, a iniciar una investigación de los "sobreprecios" que los emprendimientos han tenido. Aunque el proceso de recaudación de información no ha finalizado, se estima que en un plazo perentorio se elevaría al Juez de Primera Instancia -Dr. Guillermo Montenegro, la denuncia formal.
El Dr. Javier Pérez Gallart dialogó con FM Dimensión, donde aseguró que la Coalición Cívica está en proceso de recaudación de datos e información para una denuncia penal que se radicará en el juzgado federal de la Capital Federal.
Denuncias
Las obras del tendido de la cañería de gas al barrio "San Benito" de Río Gallegos, el gasoducto Boleadores-El Calafate y la actual obra hasta Río Turbio están en el centro de atención del partido que lidera Elisa Carrió, con documentaciones ya están en sus manos, aseguran sus allegados.
En el mes de mayo la candidata a la presidencia de la nación en diálogo exclusivo con TiempoSur, mencionó que hace meses vienen indagando en los procesos licitatorios y de sobreevaluación de precios de las obras.
"Santa Cruz ya tenía esto en el 2003, y también de antes. Tiene que ver con la materia de la obra pública con sobreprecios en Santa Cruz y ahí van a tener las empresas adjudicatarias y como Palma cambia a Austral y como Gotti es controlada desde otro lugar, el rol de Gotti, el rol de Palma, el rol de Lázaro Báez como testaferro de Néstor Kirchner, estaba desde el 2004. No se trata de sobreprecios, se trata de saqueos. Si la empresa pertenece al poder, ¿quién se queda con el sobreprecio entero de la obra?, el poder. En consecuencia es saqueo. Si yo licito la obra, con el 200% y esta obra es adjudicada a Austral Construcciones, ¿quién se queda con el dinero? La matriz del saqueo tiene la siguiente estructura: se llama a licitación, una empresa vinculada al poder, pero absolutamente vinculada, que pueden ser: Austral, Gancedo o Esuco, se adjudica la licitación con el 200%. A su vez se subcontrata, porque no tiene capacidad técnica ni económica y no puede llevar a cabo las obras. Esa empresa toma, no tiene la capacidad, y subcontrata a una empresa que si tiene esta capacidad y le paga el precio de la obra, entonces es una especia de empresa de gerenciadora o de inmobiliaria".
San Benito
Si bien se contempla la obra de El Calafate y Río Turbio, uno de los casos más llamativos ha sido la obra del San Benito. Pérez Gallart mencionó que son dos los puntos que se analizan y sobre los cuales se recolectan pruebas para ser elevadas a la justicia, ambas apuntando a la adjudicación de las obras a la empresa BTU.
En primera instancia, se coloca en discusión la capacidad técnica de la empresa para desarrollar las obras, ya que se cuenta con pruebas –según se desatacó- que demuestran que la misma subcontrató a la empresa Contreras. El segundo punto se refiere al financiamiento de la obra que se desprende de "Nación Fideicomiso".
"Nosotros consideramos que en principio ha habido sobreprecios en las construcciones. Estamos completando los informes para realizar las denuncias respectivas", adelantó Pérez Gallart, uno de los referentes de la Coalición Cívica. Posteriormente agregó que se está realizando un análisis técnico que posibilite el cálculo del sobreprecio "que habría abonado por el Estado a BTU para hacer las obras. Estamos juntando todos los elementos para hacer la presentación de la denuncia".
El 17 de setiembre de 2004, se suscribió un Convenio Marco, entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, para la ejecución del Proyecto Integral "Alimentación de gas a zona de chacras fracción III Barrio San Benito, zona autódromo, aeroclub y futuro parque industrial", por una inversión aproximada de 21 millones de pesos. Ingresó meses después a la Cámara de Diputados la modificatoria del Proyecto, con adecuaciones y redefiniciones en función de las inversiones previstas originalmente a Junio 2006, las cuales han sido aprobadas previamente por ENERGAS, alcanzando un costo total de $71.645.442,53. El único argumento esgrimido por parte del Ejecutivo Provincial, sería que "el plan de obras inicial estaba mal hecho". Proveer de gas al Barrio San Benito, nuclea a varias empresas e instituciones: Distrigas, Camuzzi, al Gobierno Provincial y Nacional desde el área de Planificación, y a BTU.
"En realidad estas cosas no dejan huellas, ya tenemos gran cantidad de elementos, ya le hemos aportado a la diputada (Elisa) Carrió. El caso tiene que ver con la forma de financiar la obra pública que tiene como centro al Ministerio de (Planificación Federal e) Infraestructura, Secretaria de Energía y Nación Fideicomiso, una matriz que se ha dado en cuanto a la adjudicación directa de obras públicas, sobreprecios y presuntas coimas que ya están surgiendo con el caso Skanska y creo que también, de similar forma va surgir a través de BTU".
(FUENTE: TiempoSur, FM Dimensión)
UCR
Cuando la obra del San Benito ascendió a 71 millones, el diputado Omar Hallar explicó que su Bloque no aprobó la adenda del convenio debido a que "el proyecto no incluía ningún tipo de información o explicación específica que justifique las razones de los aumentos del valor de la obras. Lo único que informó el Ejecutivo Provincial, en carácter oficial fue que "el Proyecto sufrió adecuaciones y redefiniciones y que ahora va a costar 71 millones de pesos; en ningún momento se explica cuáles son esas adecuaciones, ni porqué la diferencia en relación a los valores estipulados en junio".
"Es positivo la obra que realiza el gobierno en la zona, pero en cuanto a la modificatoria del presupuesto de la obra, debió informar de manera fundamentada".
La mira se encuentra posada puntualmente, en tres gasoductos de la provincia de Santa Cruz: el tendido de la cañería de gas al barrio "San Benito" de Río Gallegos, el gasoducto Boleadores-El Calafate y la actual obra hasta Río Turbio.
Los representantes de la Coalición Cívica, explicaron que hace tiempo comenzaron a investigar los posibles sobreprecios que las mencionadas obras de red de gas natural han presentado. La denuncia podría considerarse el "Skanka Santacruceño", según afirmó uno de los representantes del partido liderado por Elisa Carrió.
El pedido que sería elevado a la Justicia nacional, solicitará la investigación del sobreprecio de las obras de gas natural y el procedimiento licitatorio mediante el cual se adjudican a determinadas empresas el desarrollo de las obras.
La provincia cuenta con tres gasoductos de valores elevados y que han sido costeados por inversiones del gobierno nacional en convenio con el Ejecutivo Provincial. Ante algunas irregularidades que las obras han presentado en modificaciones en sus valores en relación a la valuación inicial, ha impulsado a integrantes del ARI y actualmente de la reciente Coalición Cívica, a iniciar una investigación de los "sobreprecios" que los emprendimientos han tenido. Aunque el proceso de recaudación de información no ha finalizado, se estima que en un plazo perentorio se elevaría al Juez de Primera Instancia -Dr. Guillermo Montenegro, la denuncia formal.
El Dr. Javier Pérez Gallart dialogó con FM Dimensión, donde aseguró que la Coalición Cívica está en proceso de recaudación de datos e información para una denuncia penal que se radicará en el juzgado federal de la Capital Federal.
Denuncias
Las obras del tendido de la cañería de gas al barrio "San Benito" de Río Gallegos, el gasoducto Boleadores-El Calafate y la actual obra hasta Río Turbio están en el centro de atención del partido que lidera Elisa Carrió, con documentaciones ya están en sus manos, aseguran sus allegados.
En el mes de mayo la candidata a la presidencia de la nación en diálogo exclusivo con TiempoSur, mencionó que hace meses vienen indagando en los procesos licitatorios y de sobreevaluación de precios de las obras.
"Santa Cruz ya tenía esto en el 2003, y también de antes. Tiene que ver con la materia de la obra pública con sobreprecios en Santa Cruz y ahí van a tener las empresas adjudicatarias y como Palma cambia a Austral y como Gotti es controlada desde otro lugar, el rol de Gotti, el rol de Palma, el rol de Lázaro Báez como testaferro de Néstor Kirchner, estaba desde el 2004. No se trata de sobreprecios, se trata de saqueos. Si la empresa pertenece al poder, ¿quién se queda con el sobreprecio entero de la obra?, el poder. En consecuencia es saqueo. Si yo licito la obra, con el 200% y esta obra es adjudicada a Austral Construcciones, ¿quién se queda con el dinero? La matriz del saqueo tiene la siguiente estructura: se llama a licitación, una empresa vinculada al poder, pero absolutamente vinculada, que pueden ser: Austral, Gancedo o Esuco, se adjudica la licitación con el 200%. A su vez se subcontrata, porque no tiene capacidad técnica ni económica y no puede llevar a cabo las obras. Esa empresa toma, no tiene la capacidad, y subcontrata a una empresa que si tiene esta capacidad y le paga el precio de la obra, entonces es una especia de empresa de gerenciadora o de inmobiliaria".
San Benito
Si bien se contempla la obra de El Calafate y Río Turbio, uno de los casos más llamativos ha sido la obra del San Benito. Pérez Gallart mencionó que son dos los puntos que se analizan y sobre los cuales se recolectan pruebas para ser elevadas a la justicia, ambas apuntando a la adjudicación de las obras a la empresa BTU.
En primera instancia, se coloca en discusión la capacidad técnica de la empresa para desarrollar las obras, ya que se cuenta con pruebas –según se desatacó- que demuestran que la misma subcontrató a la empresa Contreras. El segundo punto se refiere al financiamiento de la obra que se desprende de "Nación Fideicomiso".
"Nosotros consideramos que en principio ha habido sobreprecios en las construcciones. Estamos completando los informes para realizar las denuncias respectivas", adelantó Pérez Gallart, uno de los referentes de la Coalición Cívica. Posteriormente agregó que se está realizando un análisis técnico que posibilite el cálculo del sobreprecio "que habría abonado por el Estado a BTU para hacer las obras. Estamos juntando todos los elementos para hacer la presentación de la denuncia".
El 17 de setiembre de 2004, se suscribió un Convenio Marco, entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, para la ejecución del Proyecto Integral "Alimentación de gas a zona de chacras fracción III Barrio San Benito, zona autódromo, aeroclub y futuro parque industrial", por una inversión aproximada de 21 millones de pesos. Ingresó meses después a la Cámara de Diputados la modificatoria del Proyecto, con adecuaciones y redefiniciones en función de las inversiones previstas originalmente a Junio 2006, las cuales han sido aprobadas previamente por ENERGAS, alcanzando un costo total de $71.645.442,53. El único argumento esgrimido por parte del Ejecutivo Provincial, sería que "el plan de obras inicial estaba mal hecho". Proveer de gas al Barrio San Benito, nuclea a varias empresas e instituciones: Distrigas, Camuzzi, al Gobierno Provincial y Nacional desde el área de Planificación, y a BTU.
"En realidad estas cosas no dejan huellas, ya tenemos gran cantidad de elementos, ya le hemos aportado a la diputada (Elisa) Carrió. El caso tiene que ver con la forma de financiar la obra pública que tiene como centro al Ministerio de (Planificación Federal e) Infraestructura, Secretaria de Energía y Nación Fideicomiso, una matriz que se ha dado en cuanto a la adjudicación directa de obras públicas, sobreprecios y presuntas coimas que ya están surgiendo con el caso Skanska y creo que también, de similar forma va surgir a través de BTU".
(FUENTE: TiempoSur, FM Dimensión)
UCR
Cuando la obra del San Benito ascendió a 71 millones, el diputado Omar Hallar explicó que su Bloque no aprobó la adenda del convenio debido a que "el proyecto no incluía ningún tipo de información o explicación específica que justifique las razones de los aumentos del valor de la obras. Lo único que informó el Ejecutivo Provincial, en carácter oficial fue que "el Proyecto sufrió adecuaciones y redefiniciones y que ahora va a costar 71 millones de pesos; en ningún momento se explica cuáles son esas adecuaciones, ni porqué la diferencia en relación a los valores estipulados en junio".
"Es positivo la obra que realiza el gobierno en la zona, pero en cuanto a la modificatoria del presupuesto de la obra, debió informar de manera fundamentada".
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario