Enviado por Red Eco
Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció tareas ilegales de inteligencia interna efectuadas por Fiscal Alberto Gentili, titular de la UFIDRO (Unidad Fiscal de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas)
(Analia Rodriguez - Red Eco) Ciudad de Buenos Aires - Mediante una conferencia de prensa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció la realización de tareas de inteligencia ilegales sobre militantes populares.
La denuncia se basa en la existencia de dos informes elevados a la U.F.I.D.R.O., que claramente violan el marco normativo establecido por las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior. Ambas normas explícitamente prohíben que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas recolecten información y produzcan inteligencia atinente a la seguridad interior.
Según surge de los informes de inteligencia, las tareas de inteligencia interior contra militantes políticos y sociales se iniciaron el año 1996 y se mantendrían vigentes hasta la fecha. Uno de estos informes habría sido confeccionado por la Sección Triple Frontera del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), desde 1997 dependiente de la Dirección General de Prevención Federal de la Policía Federal Argentina y antes directamente de la Jefatura de la P.F.A.)
Mediante una carta enviada al Presidente de la Nación, con copias a la Procuración General de la Nación, al Ministerio del Interior y a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, se requirió que "aclare si la actitud de los citados Fiscales y los lineamientos fijados por la P.F.A. en la materia son consecuencia de sus propias directivas o, en caso contrario, tome las medidas necesarias para hacer cesar esas acciones inconstitucionales".
"Los informes elevados a la UFRIDO -expresó José Ernesto Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre- ponen a la vista de todos la flagrante violación por parte de dependencias policiales de lo expresado en la ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 que establece que los organismos de inteligencia no podrán: producir inteligencia sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, asistenciales, culturales y confirman plenamente el peligro que la sanción de la llamada ley antiterrorista configura".
Las acciones ilegales de la UFIDRO, resultan según Schulman "una afrenta a los principios que rigen un estado democrático llegándose al extremo de realizar espionaje en la Universidad de las Madres e insinuar que dirigentes populares como Carlos Santillán, Luis Farinello, Adolfo Pérez Esquivel, Rubén Batalles, Eduardo Soares, Patricio Echegaray y Herman Schiller están vinculados al narcoterrorismo".
El informe de inteligencia que sustenta las actividades de los funcionarios que intervienen en el expediente se refiere al ingreso al país del ciudadano Jairo Alfonso Lesmes Bulla, también conocido como Javier Calderón, "portando material propagandístico de las FARC" quien desempeñó el rol de representante en la Argentina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización reconocida como fuerza beligerante por la Unión Europea, las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales”.
Conviene resaltar, agregó Schulman, que en tal carácter, Jairo Alfonso Lesmes Bulla mantuvo numerosas entrevistas con legisladores nacionales y provinciales de diversas fuerzas políticas, incluidos los legisladores del partido oficialista de entonces y de ahora, con funcionarios de diversos ministerios y reparticiones estatales incluida la propia Secretaría de Inteligencia del Estado, siendo su actividad pública y notoria para cualquier protagonista de la política de aquellos años.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció tareas ilegales de inteligencia interna efectuadas por Fiscal Alberto Gentili, titular de la UFIDRO (Unidad Fiscal de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas)
(Analia Rodriguez - Red Eco) Ciudad de Buenos Aires - Mediante una conferencia de prensa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció la realización de tareas de inteligencia ilegales sobre militantes populares.
La denuncia se basa en la existencia de dos informes elevados a la U.F.I.D.R.O., que claramente violan el marco normativo establecido por las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior. Ambas normas explícitamente prohíben que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas recolecten información y produzcan inteligencia atinente a la seguridad interior.
Según surge de los informes de inteligencia, las tareas de inteligencia interior contra militantes políticos y sociales se iniciaron el año 1996 y se mantendrían vigentes hasta la fecha. Uno de estos informes habría sido confeccionado por la Sección Triple Frontera del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), desde 1997 dependiente de la Dirección General de Prevención Federal de la Policía Federal Argentina y antes directamente de la Jefatura de la P.F.A.)
Mediante una carta enviada al Presidente de la Nación, con copias a la Procuración General de la Nación, al Ministerio del Interior y a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, se requirió que "aclare si la actitud de los citados Fiscales y los lineamientos fijados por la P.F.A. en la materia son consecuencia de sus propias directivas o, en caso contrario, tome las medidas necesarias para hacer cesar esas acciones inconstitucionales".
"Los informes elevados a la UFRIDO -expresó José Ernesto Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre- ponen a la vista de todos la flagrante violación por parte de dependencias policiales de lo expresado en la ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 que establece que los organismos de inteligencia no podrán: producir inteligencia sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, asistenciales, culturales y confirman plenamente el peligro que la sanción de la llamada ley antiterrorista configura".
Las acciones ilegales de la UFIDRO, resultan según Schulman "una afrenta a los principios que rigen un estado democrático llegándose al extremo de realizar espionaje en la Universidad de las Madres e insinuar que dirigentes populares como Carlos Santillán, Luis Farinello, Adolfo Pérez Esquivel, Rubén Batalles, Eduardo Soares, Patricio Echegaray y Herman Schiller están vinculados al narcoterrorismo".
El informe de inteligencia que sustenta las actividades de los funcionarios que intervienen en el expediente se refiere al ingreso al país del ciudadano Jairo Alfonso Lesmes Bulla, también conocido como Javier Calderón, "portando material propagandístico de las FARC" quien desempeñó el rol de representante en la Argentina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización reconocida como fuerza beligerante por la Unión Europea, las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales”.
Conviene resaltar, agregó Schulman, que en tal carácter, Jairo Alfonso Lesmes Bulla mantuvo numerosas entrevistas con legisladores nacionales y provinciales de diversas fuerzas políticas, incluidos los legisladores del partido oficialista de entonces y de ahora, con funcionarios de diversos ministerios y reparticiones estatales incluida la propia Secretaría de Inteligencia del Estado, siendo su actividad pública y notoria para cualquier protagonista de la política de aquellos años.
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