Enviado por Alejandro CorbelettoEl 23 de marzo de 2003, la comunidad de Esquel le dijo NO al proyecto minero de la canadiense Meridian Gold. Se trató del primer hito en la movilización masiva local en materia de defensa del derecho a vivir en un ambiente sano.
Es el antecedente más cercano a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en su lucha por el NO a las papeleras.
Ambos cuestionamientos están emparentados porque han generado un cambio en las autoridades gubernamentales que de otro modo no hubiera sido posible; han provocado que el tema ambiental esté en la agenda de toda gestión de gobierno de la región; y han jerarquizado la fuerza que tiene una comunidad organizada cuando se une bajo un mismo propósito.
En Esquel se pudo evitar la instalación de la Meridian Gold, pero se siguen denunciando los potenciales nocivos que implica aceptar
proyectos extractivos similares.Hubo cambios del gobierno, pero en la coyuntura. Porque en el fondo, se sigue sosteniendo el mismo esquema que en los años ´90, esa década tan infame como depredadora.
En diálogo con EL ARGENTINO, el asambleísta de Esquel, Matías Cerelli, lo explica claro: “la ley Nacional exige a las empresas mineras un pago de canon por la extracción del cualquier mineral del orden del tres por ciento. Es una especie de regalía. Pero, cuando esas mismas empresas exportan los minerales por los puertos patagónicos reciben un subsidio que oscila entre el cinco y el doce por ciento, de acuerdo a qué punto más austral eligen para hacer sus operatorias. Es decir, el Estado paga sumas millonarias para que las empresas extraigan el oro, el cobre y cualquier mineral de la Argentina, los ciudadanos nos quedamos con la contaminación y las empresas con las ganancias absolutas”.
¿Se entiende? El Gobierno nacional paga a las empresas mineras para que exporten el oro de la Argentina y a cambio no recibe nada, teniendo en cuenta el sistema de regalías y el posterior subsidio.
Por eso desde Esquel se sigue advirtiendo que están desangrando al país y que las empresas actúan con una voracidad tal, propias de los depredadores.
“Encima el Estado les garantiza a las empresas que por treinta años no se les modificará el sistema impositivo”, advertirá Carelli desde Esquel.
A la consulta sobre qué cambió en Esquel luego del proceso asambleario, Carelli expresa: “hemos detenido el emprendimiento minero, y si bien el gobierno mantiene una postura ambigua, al menos hemos logrado que respeten la voluntad de la sociedad. También hemos provocado un crecimiento en la conciencia ambiental y en la defensa de los recursos naturales más allá de nuestra frontera y en ese sentido nos hemos sentido muy identificados con la lucha que llevan adelante en Gualeguaychú, que para nosotros también es ejemplar”.
A la hora de las similitudes entre ambas comunidades, Carelli resalta que se enfrentan a dos colosos empresarios. “A nosotros también nos decían que contra estas grandes empresas era imposible luchar y que nadie las detendría. Que los hechos consumados pueden más que la voluntad de la gente. Y hemos demostrado, no sin dificultades, que se pueden detener a estas grandes empresas”.
También advierte que en materia de impactos ambientales y de discursos, tanto la empresa Meridian Gold como Botnia mantienen una misma matriz: “Prometen que no producirán impactos negativos, que su presencia es buena porque genera trabajo y que los informes científicos adversos a ellos están equivocados”.
“Si uno toma un discurso y el otro y lo compara, se dará cuenta que son exactamente lo mismo. Por eso, para nosotros no es casual que en Gualeguaychú haya nacido un movimiento asambleario similar al de Esquel”.
En ambos procesos productivos, en el de minería como en el de celulosas, no se puede adherir al concepto de sustentabilidad. Ambas actividades, por definición y por magnitud, son incompatibles con la preservación del ambiente.
Si bien es cierto que la minería (como el papel) son necesarios para suministrar diversos bienes a los seres humanos, no se puede argumentar que sean actividades sustentables, máxime porque la minería extrae recursos no renovables y la celulosa consume también grandes cantidades de recursos no renovables.
El otro problema conexo es la falta de controles por parte del Estado, razón por la cual las propias empresas ofrecen -de manera absurda- ejercer ellos mismos sus propios controles. Ya pasó con el discurso de las mineras en Esquel y ocurrió cuando el Banco Mundial designó para hacer un estudio de impacto ambiental a Botnia a los mismos ingenieros que habían elaborado el proyecto para la empresa finlandesa.
No es casual que los grandes centros mineros a nivel mundial como Zaire, Bolivia y Sierra Leona sean distritos donde la pobreza está haciendo estragos y donde sólo se invierte para dar valor exportable a la depredación.
Como dice desde Esquel, Matías Carelli, el proceso impuesto de desregulación y liberalización del mercado ha llevado a la privatización y exención de impuestos a favor de las grandes corporaciones y en detrimento de las comunidades locales.
La región amenazada
América Latina está amenazada por las empresas transnacionales que son favorecidas por los gobiernos locales y la impotencia de sus organismos supranacionales. No hay que explorar demasiado para darse cuenta que la mayor amenaza la provocan las propias empresas transnacionales (expertas incluso hasta en financiar guerras) y como nunca antes ha ocurrido en la historia el saqueo de los recursos naturales y la destrucción del medioambiente ha tenido una escalada de crecimiento y ha sido causa de innumerables conflictos sociales, muchos de ellos apagados con la represión y la muerte.
Para que se consolide el desarrollo de estos proyectos extractivos y depredadores –como los mineros y celulósicos-, invariablemente las empresas requieren ocupar e incluso intervenir en inmensas extensiones del territorio, poniendo a los gobiernos como siervos de sus caprichos a través de convenios de “reciprocidad” como el que firmó Uruguay con Finlandia o el que tiene el actual gobierno con el subsidio a las empresas mineras.
La magnitud alcanzada por estas instalaciones productivas resulta posible gracias a la participación interesada de la clase política gobernante y en el ejercicio del poder desde la oposición. En ese sentido, Uruguay y Argentina no han sido la excepción.
Ambos gobiernos actúan como facilitadores de las concesiones y encubridores de una inmensa contaminación ambiental, a la vez que abandonan su rol cautelar de los derechos económicos y sociales de los sectores mayoritarios de la población a la que representan. Ya no es la clásica corrupción ligada al indebido enriquecimiento personal o de pequeños grupos. Ahora se trata de elites políticas nacionales integradas al tejido de las transnacionales, con sus funcionarios saliendo y entrando de puestos públicos a privados (en directorios de empresa, agencias de lobby o de asesorías) o a cargos en organismos intergubernamentales, colocando a sus familiares y personal de confianza en puestos de poder, obteniendo financiamiento para los partidos políticos, recibiendo honores y participación en fundaciones u otras plataformas para seguir en el negocio.
La aplicación de políticas coordinadas e impuestas a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, en complicidad con las redes políticas de cada país, genera un cultivo propicio para favorecer estos proyectos, que se traduce en débiles leyes laborales, ausencia de controles y fiscalización, grandes ventajas financieras y una amplia disponibilidad en el territorio. Así, las grandes empresas como Meridian Gold quiso hacer en Esquel o Botnia hace en Fray Bentos: operan sin licencia social y con un ostensible desprecio por las comunidades a las que afectan, depredando el ambiente y haciendo aquí lo que se les tiene prohibido hacer en sus países de origen.
La realidad es la que impone la lectura de que en la región se avecinan una pérdida tan brutal como injusta de los recursos naturales que afectará inevitablemente la cultura de las personas, se tergiversa el concepto de desarrollo y crecerá la pobreza en todas sus formas. Junto a ello, nacerán diversos conflictos sociales con sus grados de intensidad. las empresas como Botnia o Meridian Gold creen que los gobiernos nacionales podrán actuar a su favor a través del disciplinamiento social y la represión. Después de todo, ya tienen la ocupación casi plena de sus territorios y sólo esperan que los gobiernos nacionales los defiendan como si fueran sus gendarmes o guardianes pretorianos.
Aparecido en el diario El Argentino de Gualeguaychú el 1/07/07
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