ONG presentaron sus recomendaciones para la futura ley que regulará la publicidad oficial

Por Infocívica

Se trata de Poder Ciudadano y ADC, cuyos representantes asistieron a una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para exponer sus comentarios respecto de la legislación que se está analizando. Pidieron incluir criterios de mayor transparencia y publicidad en la distribución de la pauta publicitaria.

(INFOCÍVICA, Buenos Aires, 17 de agosto de 2007). La falta de transparencia en la distribución de la publicidad oficial que fue noticia en las últimas semanas podría cambiar su suerte: tres proyectos de ley de distintos diputados nacionales buscan regular esta distribución, y dos ONG ya expresaron sus inquietudes y propuestas para garantizar la idoneidad de la futura legislación.

Sucede que la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) fueron invitadas por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para dar su opinión respecto de los proyectos de ley que se están analizando (uno de ellos es del diputado Esteban Jerez; otro de los diputados Paula Bertol y Federico Pinedo; y el tercero pertenece a la diputada Silvana Giudici ). Y ayer, cada una de ellas expresó lo propio ante los diputados y asesores que estaban presentes (y entre los que no se encontraba ni un legislador oficialista).

La distorsión entre el presupuesto establecido y el gasto ejecutado; la falta de equilibrio en la asignación de publicidad en todos los medios, nacionales y provinciales, municipales y barriales; la utilización de la pauta oficial con fines propagandísticos de la gestión de gobierno de turno; la falta de publicidad de los gastos en publicidad oficial de cada organismo del Estado… Son sólo algunos de los problemas señalados por ambas ONG, y en base a los cuales plantearon sus propuestas para incorporarlas en la futura ley.

“La problemática de la publicidad oficial vincula varias cuestiones que deben ser consideradas a la hora de legislar en la materia: el acceso a la información pública, la difusión de los actos de gobierno, el manejo transparente de los recursos públicos y la libertad de expresión”, señaló ante los diputados Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano.

En base a esto, Alonso destacó que el contenido de la publicidad oficial “debe promover el acceso ciudadano a la información pública y debe ser de interés público”. Y a la observación acerca de que esta no debe ser utilizada como medio de propaganda de cada gestión, la directora ejecutiva de Poder Ciudadano agregó: “La publicidad oficial no debe contener nombres propios ni estar firmada por funcionarios de turno, tal como sucedió con las publicidades utilizadas por el actual jefe de gobierno de la Ciudad , que llevaban la leyenda ‘gestión Telerman’”.

Por su parte, Eleonora Rabinovich, responsable del Área de Libertad de Expresión de ADC, señaló: “El Estado tendría que tener una necesidad genuina de comunicar; por eso, y en base a las observaciones que hicimos de los proyectos de ley, creemos que lo primero que debe hacer la ley es dar una definición de publicidad oficial, y entendemos que ésta debería comprender a la mayor cantidad de organismos posibles”. Y destacó: “La publicidad oficial no puede ser el aviso de un partido político o gobernante; no puede discriminar los diferentes medios; y no puede ser superflua”.

Entre las observaciones de Poder Ciudadano, Alonso destacó que “la ley debe regular el criterio de adjudicación de la publicidad oficial, a fin de restringir las posibilidades de designación arbitraria y discrecional”. Y señaló que todas las decisiones de adjudicación “deberán ser publicadas en Internet por cada uno de los organismos”. También hizo referencia a la necesidad de que la ley fije los requisitos que deben cumplir los medios que sean contratados por el Estado para publicar la publicidad oficial. “Sugerimos que se solicite a los medios que informen acerca de su propiedad, el público al que se dirigen, su facturación anual, y las temáticas que suelen tratar, además de otras cuestiones legales, impositivas y laborales. Todo ello debe publicarse en Internet”, dijo Alonso, y al respecto agregó: “La ley también debe considerar si las personas físicas pueden ser consideradas medios; y de ser así, deben seguir igual procedimiento que las personas jurídicas”.

Según ADC, en tanto, las previsiones de la pauta oficial son más que importantes para garantizar la transparencia. “Para evitar, por ejemplo, que en épocas electorales los gastos en publicidad aumenten, como sucedió este año; porque eso promueve a la captación de votos”, señaló Rabinovich. Y destacó: “Estamos de acuerdo con Poder Ciudadano en que debe haber un registro de los medios de comunicación, y que este debe ser público y actualizado periódicamente. También creemos que las productoras y los periodistas individuales que reciben pautas de publicidad oficial deberían formar parte de ese registro”.

La creación de un organismo “independiente, técnico, autárquico y autónomo” es, según Poder Ciudadano, más que recomendable para coordinar las actividades publicitarias de los organismos descentralizados, y sobre los cuales hoy no existe un registro para poder monitorearlos. “Este organismo será responsable de coordinar la programación anual y supervisar la ejecución presupuestaria y la contratación de servicios. Y además, deberá presentar esa planificación anual y la ejecución final ante las comisiones que correspondan del Congreso de la Nación ”, señaló Alonso. Y agregó que para ello también deberán garantizarse una consulta pública, a través de Internet, y audiencias públicas para debatir el plan anual y su ejecución.

Además, la directora de Poder Ciudadano recalcó que el organismo deberá tener la información de todo lo presupuestado en publicidad oficial de cada uno de los organismos, y deberá publicarla en Internet. “Todos los años, además, deberá encargar a Universidades nacionales una evaluación de impacto de la publicidad contratada, y una auditoría de medios”, agregó Alonso.

La necesidad de modificar el Código Electoral Nacional, para que establezca la prohibición de contratar y efectuar publicidad oficial durante los 90 días fijados para la campaña electoral (en el caso de las elecciones nacionales), es una recomendación que tanto Poder Ciudadano como ADC remarcaron durante su oratoria en la comisión de Libertad Expresión de Diputados.