Enviado por Avkin Mapu
Desde hace un tercio de siglo los Pilquimán de Cerro Bayo reclaman la propiedad de tierras que ocupan desde 1912.
Por Eduardo Hualpa
La jueza de familia de Puerto Madryn, Dra. María Fernanda Palma, resolvió hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por el Mapuche-Tehuelche Crecencio Pilquiman, poblador del paraje Cerro Bayo, en Gastre, Provincia del Chubut. La medida se dictó en el marco de una acción de amparo iniciada contra el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), a fin de que se reconozcan sus legítimos derechos indígenas, y fue patrocinada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), con firma de los abogados Eduardo Raúl Hualpa y María Cristina Pagasartundua.
La ocupación del lote 2, fracción B, sección I-I, cuyo derecho de propiedad se reivindica, fue realizada primitivamente por su abuelo Pacheco Pilquimán en 1912, quien comenzó a tramitar el correspondiente “permiso gratuito de ocupación” en 1944. A partir de la provincialización del Chubut y la creación del IAC, se sucedieron las gestiones del ocupante originario y, fallecido éste, de sus herederos, con el objeto de obtener el dominio de la propiedad rural. Medio siglo después, consagrados en las reformas de la Carta Magna y de la Constitución Provincial los derechos inherentes a las comunidades indígenas, Crecencio y Florencio Pilquimán (este último hoy fallecido) reclamaron al IAC hasta hoy infructuosamente el reconocimiento de sus derechos constitucionales como miembros del pueblo mapuche-tehuelche. Mientras los Pilquimán ven con angustia que miembros de la s egunda generación de la familia muere sin ver el título de propiedad, una persona que no pertenece al Pueblo Mapuche-Tehuelche logró que de forma expedita el IAC autorizara solicitudes de mensura sobre diferentes lotes de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, incluyendo el predio familiar reclamado durante dos tercios de un siglo.
Se sabe que la tierra constituye un patrimonio esencial para todos los pueblos originarios; que es el sustento de su cultura y, en particular, es con este sentido que se reconoce que los Pilquimán forman parte de la Comunidad Mapuche-Tehuelche de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo y, por lo tanto, sus derechos son avalados no sólo por los preceptos constitucionales sino por tratados internacionales incorporados a nuestra Carta Magna como normas supralegales.
La tierra es sagrada para el Pueblo Mapuche-Tehuelche; justamente en predios que se quieren arrebatar a la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, existe un chenque o enterratorio donde yacen los restos de sus ancestros.
Luego de varias décadas de reclamos administrativos desoídos por los gobiernos territoriales y provinciales del Chubut, la resolución de la jueza de Familia de Puerto Madryn, Dra María Fernanda Palma, que ordena “la suspensión de la ejecutoriedad de la resolución 60/07 del IAC, hasta el momento en que se dicte sentencia en el juicio de amparo interpuesto”, enciende una luz de esperanza para la familia Pilquimán y, por ende, para las demás comunidades y familias indígenas que en el Interior reclaman sean reconocidos definitivamente sus legítimos derechos.
Desde hace un tercio de siglo los Pilquimán de Cerro Bayo reclaman la propiedad de tierras que ocupan desde 1912.
Por Eduardo Hualpa
La jueza de familia de Puerto Madryn, Dra. María Fernanda Palma, resolvió hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por el Mapuche-Tehuelche Crecencio Pilquiman, poblador del paraje Cerro Bayo, en Gastre, Provincia del Chubut. La medida se dictó en el marco de una acción de amparo iniciada contra el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), a fin de que se reconozcan sus legítimos derechos indígenas, y fue patrocinada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), con firma de los abogados Eduardo Raúl Hualpa y María Cristina Pagasartundua.
La ocupación del lote 2, fracción B, sección I-I, cuyo derecho de propiedad se reivindica, fue realizada primitivamente por su abuelo Pacheco Pilquimán en 1912, quien comenzó a tramitar el correspondiente “permiso gratuito de ocupación” en 1944. A partir de la provincialización del Chubut y la creación del IAC, se sucedieron las gestiones del ocupante originario y, fallecido éste, de sus herederos, con el objeto de obtener el dominio de la propiedad rural. Medio siglo después, consagrados en las reformas de la Carta Magna y de la Constitución Provincial los derechos inherentes a las comunidades indígenas, Crecencio y Florencio Pilquimán (este último hoy fallecido) reclamaron al IAC hasta hoy infructuosamente el reconocimiento de sus derechos constitucionales como miembros del pueblo mapuche-tehuelche. Mientras los Pilquimán ven con angustia que miembros de la s egunda generación de la familia muere sin ver el título de propiedad, una persona que no pertenece al Pueblo Mapuche-Tehuelche logró que de forma expedita el IAC autorizara solicitudes de mensura sobre diferentes lotes de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, incluyendo el predio familiar reclamado durante dos tercios de un siglo.
Se sabe que la tierra constituye un patrimonio esencial para todos los pueblos originarios; que es el sustento de su cultura y, en particular, es con este sentido que se reconoce que los Pilquimán forman parte de la Comunidad Mapuche-Tehuelche de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo y, por lo tanto, sus derechos son avalados no sólo por los preceptos constitucionales sino por tratados internacionales incorporados a nuestra Carta Magna como normas supralegales.
La tierra es sagrada para el Pueblo Mapuche-Tehuelche; justamente en predios que se quieren arrebatar a la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, existe un chenque o enterratorio donde yacen los restos de sus ancestros.
Luego de varias décadas de reclamos administrativos desoídos por los gobiernos territoriales y provinciales del Chubut, la resolución de la jueza de Familia de Puerto Madryn, Dra María Fernanda Palma, que ordena “la suspensión de la ejecutoriedad de la resolución 60/07 del IAC, hasta el momento en que se dicte sentencia en el juicio de amparo interpuesto”, enciende una luz de esperanza para la familia Pilquimán y, por ende, para las demás comunidades y familias indígenas que en el Interior reclaman sean reconocidos definitivamente sus legítimos derechos.
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