Por Infocívica
Con un puntaje de 2,9, el país mantiene el mismo IPC de 2006, una graduación que fue descendiendo desde 1996 y que lo ubica por debajo del puntaje considerado como aprobado: el cuatro. Así, se ubica en el puesto 105 de los 180 países del mundo evaluados, y en el puesto 23 de los 32 países de América. Se encuentra por debajo de Chile, Uruguay y Perú. Los datos se dieron a conocer simultáneamente en todo el mundo, y Poder Ciudadano fue el encargado de difundirlos en la Argentina.
(INFOCÍVICA, Buenos Aires, 26 de septiembre de 2007). ¿Es por falta de transparencia? ¿Es por la cada vez más pronunciada delegación de poderes del Congreso al Poder Ejecutivo? ¿O la culpa es de la Justicia, que tiene una actuación lenta en causas de corrupción y nunca detiene a los culpables? Las razones pueden ser muchas… Lo cierto es que, en la Argentina , la percepción de la corrupción por parte de empresarios y analistas del país y extranjero no deja lugar a dudas: desde 1996 hasta la fecha no sólo nunca llegó a los niveles de aprobación mundial, sino que además fue uno de los países que más se deterioró en la última década.
Las conclusiones surgen del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2007, elaborado por la organización Transparency Internacional (TI), que fue dado a conocer hoy en todo el mundo. En la Argentina, la Fundación Poder Ciudadano fue la encargada de transmitir los nuevos datos, que revelan que el país sigue con el mismo puntaje obtenido el año pasado (2,9), y ocupa así el puesto 105 de los 180 países evaluados, y el lugar 23 de los 32 países de América. Las puntuaciones van del 0 al 10, donde 0 implica la máxima percepción de corrupción, y 10 indica la percepción de que no existe corrupción.
El IPC se calcula con información recolectada en los últimos dos años, en base a 14 encuestas y estudios diferentes que proporcionan 12 instituciones independientes, y clasifica a los países según el grado de corrupción que se percibe como existente entre los funcionarios públicos y políticos. Así, define a la corrupción como “el abuso del sector público para el beneficio particular”. Los estudios, además, se efectúan con empresarios y analistas nacionales, residentes y no residentes de cada uno de los países evaluados.
La Argentina, como ya se señaló, continúa con el mismo puntaje que obtuvo en 2006, y sigue así por debajo de cuatro, el piso establecido por TI como aprobado. Pero además, las variaciones de su puntaje desde 1996 (en el que obtuvo un 3.4), demuestran que es uno de los países que más se deterioraron desde entonces: gradualmente fue descendiendo en el IPC y sólo en 2000 y 2001 alcanzó su puntuación más alta, 3,5, para descender luego nuevamente y llegar hoy al 2,9.
De los 32 países americanos evaluados, Argentina ocupa hoy el puesto 23, y está muy por debajo de países de la región, como Chile (que obtuvo 7 puntos), Uruguay (que alcanza los 6,7) y Perú (que está puntuado con 3,5). Además, se encuentra detrás de Costa Rica, que alcanzó los 5 puntos y se transformó así en uno de los países que más mejoraron su IPC entre 2006 y 2007.
¿Cuál es la situación general de América? Un tercio de los países evaluados de este continente tienen una puntuación por debajo de 3, “lo que indica que la corrupción se percibe como desenfrenada”, indica el informe de TI. Además, un poco más de dos quintos obtuvieron una puntuación de entre 3 y 5; y sólo 8 de los 32 países se encuentran por encima de 5.
Respecto de la evaluación de los 180 países del mundo, los mejores calificados fueron Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, con 9,4 cada uno; le siguen Sudáfrica y Suecia, con 9,3, e Islandia, con 9,2. Además de Costa Rica, entre los países que mejoraron el IPC entre 2006 y 2007 se encuentran Croacia, Cuba, República Checa, Dominica, Italia, Macedonia, Namibia, entre otros. ¿Y los que empeoraron?: Austria, Bahrein, Belice, Jordania, Laos, Omán, Nueva Guinea, Tailandia, entre otros. Las peores calificaciones, en tanto, fueron para Haití, con 1,6; Irak, con 1,5; y Somalía y Myanmar, con 1,4.
Pero, ¿qué sucede con la percepción de corrupción argentina? Poder Ciudadano plantea algunas cuestiones para “comenzar a entenderla”, y hace una reseña de 27 grandes casos de corrupción ocurridos en el país entre 1989 y 2007. Entre ellos, figuran: el pago de sobresueldos a funcionarios públicos (1989-1999), los guardapolvos de Bauzá (1990), la privatización de ENTEL (1990), el llamado “Swiftgate” (1991), el “Yomagate” (también de 1991), el caso de IBM- Banco Nación (1994), la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia (1995), la aduana “paralela” (1996), y los sobornos en el senado (2000). ¿Los más recientes? “Skanska”, la bolsa de la ex ministra de Economía Felisa Miceli y “la valija voladora” de Antonini Wilson, entre otros.
En Poder Ciudadano, además, resaltan datos de otras organizaciones que refuerzan la problemática de la corrupción y dan una idea de la magnitud de sus consecuencias. Entre ellos, un estudio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) en el que se consigna que, desde 1980 hasta hoy, el delito económico generó un daño de 10.000 millones de dólares. El mismo estudio señala que el daño producido por delitos económicos durante ese año se estima en 2.348 millones de pesos”.
Sin embargo, Poder Ciudadano destaca que las consecuencias de la corrupción no son sólo económicas, sino también políticas y sociales. “Este nuevo índice de Argentina nos demuestra la fuerte correlación que hay entre la corrupción y la pobreza. Para terminar con la pobreza, entonces, el país necesita de políticas fuertes para luchar contra la corrupción y promover la transparencia. Sólo a través de ello alcanzaremos la Justicia”, destacó Laura Alonso, directora Ejecutiva de Poder Ciudadano, durante la conferencia de prensa de hoy.
“Estos datos permiten entender que la percepción, considerada en el IPC, es una construcción que lleva años, en base a casos concretos de corrupción que se han dado y se siguen dando en el país. Junto a ello, una importante debilidad en términos institucionales para controlarla y juzgarla”, señaló Julieta Arias, responsable del Área de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación.
Con todos estos datos, Poder Ciudadano destacó algunas deudas pendientes que tiene la Argentina para cambiar su IPC: “El compromiso y voluntad política de los funcionarios públicos, del sector privado, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil y de la misma ciudadanía; la promoción de la responsabilidad ciudadana; el respeto por el componente republicano de división de poderes; el fortalecimiento e independencia de los órganos de control; el establecimiento de sanciones por actos de corrupción; poner énfasis en la prevención, y agilizar la resolución de causas judiciales, entre otras. Alonso destaco además la importancia de garantizar la protección de testigos de actos de corrupción, de establecer un pacto de transparencia, de rediseñar la oficina Anticorrupción, y de profundizar la discusión acerca de la necesidad de crear una legislación nacional de acceso a la información pública.
Con un puntaje de 2,9, el país mantiene el mismo IPC de 2006, una graduación que fue descendiendo desde 1996 y que lo ubica por debajo del puntaje considerado como aprobado: el cuatro. Así, se ubica en el puesto 105 de los 180 países del mundo evaluados, y en el puesto 23 de los 32 países de América. Se encuentra por debajo de Chile, Uruguay y Perú. Los datos se dieron a conocer simultáneamente en todo el mundo, y Poder Ciudadano fue el encargado de difundirlos en la Argentina.
(INFOCÍVICA, Buenos Aires, 26 de septiembre de 2007). ¿Es por falta de transparencia? ¿Es por la cada vez más pronunciada delegación de poderes del Congreso al Poder Ejecutivo? ¿O la culpa es de la Justicia, que tiene una actuación lenta en causas de corrupción y nunca detiene a los culpables? Las razones pueden ser muchas… Lo cierto es que, en la Argentina , la percepción de la corrupción por parte de empresarios y analistas del país y extranjero no deja lugar a dudas: desde 1996 hasta la fecha no sólo nunca llegó a los niveles de aprobación mundial, sino que además fue uno de los países que más se deterioró en la última década.
Las conclusiones surgen del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2007, elaborado por la organización Transparency Internacional (TI), que fue dado a conocer hoy en todo el mundo. En la Argentina, la Fundación Poder Ciudadano fue la encargada de transmitir los nuevos datos, que revelan que el país sigue con el mismo puntaje obtenido el año pasado (2,9), y ocupa así el puesto 105 de los 180 países evaluados, y el lugar 23 de los 32 países de América. Las puntuaciones van del 0 al 10, donde 0 implica la máxima percepción de corrupción, y 10 indica la percepción de que no existe corrupción.
El IPC se calcula con información recolectada en los últimos dos años, en base a 14 encuestas y estudios diferentes que proporcionan 12 instituciones independientes, y clasifica a los países según el grado de corrupción que se percibe como existente entre los funcionarios públicos y políticos. Así, define a la corrupción como “el abuso del sector público para el beneficio particular”. Los estudios, además, se efectúan con empresarios y analistas nacionales, residentes y no residentes de cada uno de los países evaluados.
La Argentina, como ya se señaló, continúa con el mismo puntaje que obtuvo en 2006, y sigue así por debajo de cuatro, el piso establecido por TI como aprobado. Pero además, las variaciones de su puntaje desde 1996 (en el que obtuvo un 3.4), demuestran que es uno de los países que más se deterioraron desde entonces: gradualmente fue descendiendo en el IPC y sólo en 2000 y 2001 alcanzó su puntuación más alta, 3,5, para descender luego nuevamente y llegar hoy al 2,9.
De los 32 países americanos evaluados, Argentina ocupa hoy el puesto 23, y está muy por debajo de países de la región, como Chile (que obtuvo 7 puntos), Uruguay (que alcanza los 6,7) y Perú (que está puntuado con 3,5). Además, se encuentra detrás de Costa Rica, que alcanzó los 5 puntos y se transformó así en uno de los países que más mejoraron su IPC entre 2006 y 2007.
¿Cuál es la situación general de América? Un tercio de los países evaluados de este continente tienen una puntuación por debajo de 3, “lo que indica que la corrupción se percibe como desenfrenada”, indica el informe de TI. Además, un poco más de dos quintos obtuvieron una puntuación de entre 3 y 5; y sólo 8 de los 32 países se encuentran por encima de 5.
Respecto de la evaluación de los 180 países del mundo, los mejores calificados fueron Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, con 9,4 cada uno; le siguen Sudáfrica y Suecia, con 9,3, e Islandia, con 9,2. Además de Costa Rica, entre los países que mejoraron el IPC entre 2006 y 2007 se encuentran Croacia, Cuba, República Checa, Dominica, Italia, Macedonia, Namibia, entre otros. ¿Y los que empeoraron?: Austria, Bahrein, Belice, Jordania, Laos, Omán, Nueva Guinea, Tailandia, entre otros. Las peores calificaciones, en tanto, fueron para Haití, con 1,6; Irak, con 1,5; y Somalía y Myanmar, con 1,4.
Pero, ¿qué sucede con la percepción de corrupción argentina? Poder Ciudadano plantea algunas cuestiones para “comenzar a entenderla”, y hace una reseña de 27 grandes casos de corrupción ocurridos en el país entre 1989 y 2007. Entre ellos, figuran: el pago de sobresueldos a funcionarios públicos (1989-1999), los guardapolvos de Bauzá (1990), la privatización de ENTEL (1990), el llamado “Swiftgate” (1991), el “Yomagate” (también de 1991), el caso de IBM- Banco Nación (1994), la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia (1995), la aduana “paralela” (1996), y los sobornos en el senado (2000). ¿Los más recientes? “Skanska”, la bolsa de la ex ministra de Economía Felisa Miceli y “la valija voladora” de Antonini Wilson, entre otros.
En Poder Ciudadano, además, resaltan datos de otras organizaciones que refuerzan la problemática de la corrupción y dan una idea de la magnitud de sus consecuencias. Entre ellos, un estudio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) en el que se consigna que, desde 1980 hasta hoy, el delito económico generó un daño de 10.000 millones de dólares. El mismo estudio señala que el daño producido por delitos económicos durante ese año se estima en 2.348 millones de pesos”.
Sin embargo, Poder Ciudadano destaca que las consecuencias de la corrupción no son sólo económicas, sino también políticas y sociales. “Este nuevo índice de Argentina nos demuestra la fuerte correlación que hay entre la corrupción y la pobreza. Para terminar con la pobreza, entonces, el país necesita de políticas fuertes para luchar contra la corrupción y promover la transparencia. Sólo a través de ello alcanzaremos la Justicia”, destacó Laura Alonso, directora Ejecutiva de Poder Ciudadano, durante la conferencia de prensa de hoy.
“Estos datos permiten entender que la percepción, considerada en el IPC, es una construcción que lleva años, en base a casos concretos de corrupción que se han dado y se siguen dando en el país. Junto a ello, una importante debilidad en términos institucionales para controlarla y juzgarla”, señaló Julieta Arias, responsable del Área de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación.
Con todos estos datos, Poder Ciudadano destacó algunas deudas pendientes que tiene la Argentina para cambiar su IPC: “El compromiso y voluntad política de los funcionarios públicos, del sector privado, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil y de la misma ciudadanía; la promoción de la responsabilidad ciudadana; el respeto por el componente republicano de división de poderes; el fortalecimiento e independencia de los órganos de control; el establecimiento de sanciones por actos de corrupción; poner énfasis en la prevención, y agilizar la resolución de causas judiciales, entre otras. Alonso destaco además la importancia de garantizar la protección de testigos de actos de corrupción, de establecer un pacto de transparencia, de rediseñar la oficina Anticorrupción, y de profundizar la discusión acerca de la necesidad de crear una legislación nacional de acceso a la información pública.
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