Por Flia Augello CiriglianoEvidentemente el tema de los casinos es convocante. Convoca no solo a los empresarios del rubro porque resulta ser muy redituable y sin grandes riesgos -salvo el de la inversión inicial- sino al mundo de los jugadores (ocasionales y de los otros) y de los que, sin comerla ni beberla, se ven inevitablemente involucrados por alterar su vida cotidiana.
La empresa Worest Entretenimientos y Casinos habla de sus orígenes deben buscarse “con el inicio del proceso de privatizaciones de casinos provinciales en Argentina” y que obtuvo la concesión en San Carlos de Bariloche en 1997 y en El Bolsón en 2003.
Worest Entretenimientos y Casinos cuenta que su “concepto de gestión empresarial” está cumpliendo sus primeros años “en el apasionante y dinámico negocio de entretener al público”.
Y vaya si lo logrado porque desde el momento en el que el entonces gobernador Pablo Verani, en su último acto de gobierno, le otorgó la concesión a la empresa para instalar su sala de juegos, aquí, en El Bolsón, no hemos parado de discutir sobre su conveniencia.
Como dice Worest es, realmente, un apasionante negocio. Fundamentalmente negocio porque de las pasiones nos hemos encargado nosotros desde hace ya demasiado tiempo.
En los ´90 hubo quienes quisieron incluir a nuestra aldea “no nuclear” en el fenómeno de la apertura al mundo y al nuevo desarrollo. Fue así que se instaló una sala con juegos tragamonedas que recibió, ingratamente, la paga de la clausura.
Pero, se sabe, si el negocio es “rentable”, tarde o temprano, se analizan errores, “malas jugadas” y se insiste con la pericia que brinda la experiencia.
A fines 2003 el Gobernador Verani allanó el camino a la instalación de un casino. Con salas ya instalada en Bariloche la empresa jugó sus fichas, negoció y mantuvo un canon favorable para explotarlas. Antes, “esta concesionaria ya había logrado un importante beneficio cuando en el 2003 consiguió una prórroga de cinco años y la autorización para abrir un "anexo" en El Bolsón, que registró oposiciones locales para su apertura”.
Si la fe tiene residencia, las plegarias son atendidas. Y la rea residencia, muchas veces, suele ser la sede del gobierno. Otras plegarias, constantes hasta el agotamiento, parecen no tener atención. El Bolsón perdió su cine-teatro para convertirse en un supermercado.
El Centro Cultural Galeano sufre el intento persistente de cierre. Obras de teatro y espectáculos musicales deben recluirse en escuelas. El Festival de Jazz ocupa globas o carpas de circo. A la reivindicación del arte y la cultura le queda la calle porque no existe una sala que las albergue. No queda otra, hasta hoy.
EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO.
Cuando el gobierno municipal ofreció un predio del ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes) ( ) para la construcción de la sala de juegos la comunidad comenzó a movilizarse.
La legislación no dejaba lugar a dudas, el terreno debía ser destinado a la construcción de un Salón de Exposición y Usos Múltiples y una playa de estacionamiento.
Para salvar el inconveniente el Acta Acuerdo Marco firmada entre el Intendente Municipal Oscar Romera y el representante de la empresa Entretenimientos Patagónicos S.A. (Worest), el ex–Intendente de Bariloche Cdor Atilio Feudal, disponía además de la sala de entretenimientos, una playa de estacionamiento y un salón cultural de usos múltiples (para convenciones, cine y teatro con 200 butacas).
Si la intención del intendente Romera era atender la demanda histórica de la localidad por tener una sala cultural pública a través de la construcción de un casino (según expresaba el Acta Acuerdo), su movimiento lejos de ser bien recibido fue sumando voces en contra de un importante sector de la comunidad.
En enero 2004 la Cámara de Comercio local envía una nota al Concejo Deliberante solicitando el dictado de ordenanza que prohíba la instalación de salas de juego en base a un sondeo parcial de tres días. Sobre 2142 consultas (entre turistas y pobladores) el resultado arrojaba 2008 personas en contra de la instalación del casino.
Para el aniversario del pueblo, el flamante gobernador Dr. Miguel Saiz, ante el reclamo de la comunidad, aseguró que "El Bolsón tendrá casino sólo si la gente lo quiere".
Mientras tanto, Worest informaba que contaba con una autorización firmada por el ex gobernador Pablo Verani, documento que acreditaba su intención para continuar adelante con el proyecto.
Por su parte el ejecutivo local, considerando la nota enviada por ONABE sobre el uso del predio, solicitaba su compra.
La organización agregaba a la petición fotocopia de las planillas con 3350 personas encuestadas donde más del 85% expresa su negativa a la instalación del casino.
Para ese entonces el número de consultas ascendía a 3350 personas y más del 85% expresa su negativa a la instalación del casino. Se sumaban al rechazo la Cámara de Turismo y otras organizaciones e instituciones de la comunidad.
Sin respuestas de la provincia toda responsabilidad recaía en las autoridades locales. La posición del Ejecutivo no tenía dobles lecturas y el Legislativo ocupaba sus horas tratando de dar una respuesta que satisficiera a todos, cosa que, se sabe, es casi imposible. Se vetaban ordenanzas, se reconocía parcialmente el Acta con la empresa, los concejales no resolvían sobre la cuestión hasta que, finalmente, se declararon nulas todas las normas dictadas quedando el trámite en “foja 0”.
En un camino que estaba lo suficientemente señalizado, la suma de atajos había conducido a la pérdida de tiempo y seriedad, llevándose de la mano la calidad democrática institucional a la basura. A RÍO REVUELTO …
A mediados de marzo la Worest anunciaba que no construiría el casino en el terreno del ONABE pero si en un predio privado. Aseguraba que pese al cambio de localización contaría, no solo con la sala de juegos, sino también con un salón cultural de usos múltiples
Más tarde era el mismo intendente el que señalaba que la empresa había avanzado en la compra de un terreno privado para instalar su casino.
Con el numerito puesto, la oposición a la sala de juegos operaba con el diario de ayer y hacia fines de abril entregaba otra nota al gobernador “alertándolo” –mediante cifras y otros datos- sobre el impacto socio-económico-cultural de su instalación. Pero el camino de la prosperidad y el desarrollo se estaba construyendo, primero sin cartel, luego con uno que evitaba la palabra casino hasta completarlo como un rompecabezas.
La amenaza se había convertido en un riesgo que estaba a la vuelta de la esquina, o mejor dicho sobre calle Dorrego. Con aportes de distintas instituciones y ciudadanos preocupados se comenzó a recopilar información de las consecuencias que sufrían otras localidades del país que contaban con el “atractivo” de las salas de juego.
Esa documentación pormenorizada fue enviada tanto a funcionarios locales como provinciales.
El texto reparaba en una serie de documentos elaborados por distintas instituciones o resultados de encuentros donde no se consideraba como un elemento a tener en cuenta la instalación de un casino o sala de juegos.
Estas evaluaciones estaban financiadas por organismos nacionales, provinciales y aportes del sector privado y apuntaban a delinear, principalmente, el perfil turístico de El Bolsón. Las conclusiones, se estima, deben estar durmiendo el sueño de los justos.
Con la convicción de que una sala de juegos no promovía una plena contratación de mano de obra en una sociedad con altos índices de desempleo, que conduciría a la fuga de dinero porque la empresa no era local y que el emprendimiento no mejoraría la oferta turística, se hacía frente a una decisión que estaba tomada sin considerar los intereses de la comunidad.
CONVENCIÓN Y DESPUÉS …
El llamado a la reforma de la Carta Orgánica Municipal abría una alternativa para replantear y evaluar temas que eran (son) sensibles a la comunidad (planeamiento urbano, territorio y pueblos originarios, el manejo de los recursos naturales, la tierra pública, participación ciudadana, calidad de vida, obras públicas, etc, etc, etc).
Era el ámbito propicio para el intercambio de ideas, el debate y los consensos. Como suele pasar lo que parece termina siendo otra cosa. La Convención de transformó en el espacio de la búsqueda a cualquier precio de la hegemonía del oficialismo; desde la concepción de lo que era una mayoría o una primera minoría, la aprobación del reglamento, el quórum, las propuestas y las reformas hasta la manera de aprobar y sancionar el articulado.
El tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica se llevó adelante entre acusaciones cruzadas, presentaciones a la justicia, idas y venidas, renuncias y lo que debía ser un ámbito de debate democrático y serio de consulta se encaminó hacia el escándalo.
Los aportes realizados por distintas instituciones, si bien fueron escuchados, a la hora de quedar reflejados en el articulado se fueron diluyendo en consideraciones generales.
La oposición denunció que la intención del oficialismo era formular una Carta Orgánica a su medida e intereses.
La presencia de la referente del Área de Salud Mental del Hospital, convocada desde la oposición, para que ilustre sobre las patologías asociadas al juego compulsivo, sumado a los informes de la Cámara de Comercio sobre el impacto negativo de la presencia de una sala de juegos en base a estudios de desarrollo social y económico fueron quedando en una anécdota.
La propuesta era que el tema ameritaba legislar sobre la instalación de casinos, pero
los convencionales oficialismo lo incluyeron en las Cláusulas Complementarias y Transitorias (Art. 3º). En la última parte de la Carta Orgánica aprobada se le imponía al Concejo Deliberante sancionar una Ordenanza, antes de 31 de diciembre de 2006, que reglamentara y regulara en el ámbito del ejido municipal la instalación, apertura y funcionamiento de locales donde se realicen actividades de juegos de azar y esparcimientos públicos.
En el marco de la Convención, la oposición se quedó sin la más mínima capacidad de maniobra y en un clima de discusiones continuas sobre su legalidad, se retiró dejando a “suerte y verdad” el destino de la Carta Orgánica.
La misma fue aprobada el 15 de agosto de 2006. Cada artículo requirió para su lectura, análisis y aprobación un promedio de 2 minutos y fracción y solo participaron los convencionales del oficialismo.
Con respecto al Art. 3º de las Cláusulas Complementarias y Transitorias, el Concejo Deliberante optó por pasarlo a comisión, evitando manifestarse en los tiempos dispuestos por la Carta Orgánica. El argumento fue “enriquecerlo con otros elementos que a juicio del Concejo debían formar parte de la ordenanza general de los juegos de azar, sin que ello implique modificar su esencia, con el fin de incorporar la participación de la comunidad”, según se explicó en aquel momento.
En ese contexto, la concejal oficialista Cecilia Gori presentó un dictamen sosteniendo que “previamente al otorgamiento de la habilitación comercial a un casino, el municipio de El Bolsón deberá convocar a un plebiscito vinculante para que nuestra comunidad se exprese por la aceptación o no a la aprobación de este tipo de emprendimientos”. Se hablaba desde el municipio convocar a la consulta conjuntamente con las elecciones a intendente y concejales. Algo que el propio intendente se encargó, más tarde, de dejar sin efecto.
VUELTAS Y VUELTAS EN EL AIRE
Ante las demoras del legislativo, un grupo de vecinos comenzó con la recolección de firmas, amparados en la denostada nueva Carta Orgánica. El objetivo era que el Legislativo diera tratamiento a un proyecto que prohibiera la instalación de salas de juego en El Bolsón. La recolección se realizó en el Juzgado de Paz puesto que la Junta Electoral Municipal se encontraba acéfala.
Cuando se entregó el cuaderno de firmas, la Junta Electoral estaba conformada y se abocó a su análisis. Constataron que no todos los que habían firmado estaban empadronados, a pesar de tener su residencia en El Bolsón. Es que se utilizaba un padrón que no estaba actualizado y para que las firmas observadas fueran válidas había que iniciar trámites legales.
Por su parte el Concejo Deliberante decía trabajar en la convocatoria a una Consulta Popular pero dio marcha atrás entendiendo que los vecinos ya se habían manifestado juntando firmas, sin considerar desprolijidad propia ni ajena. La iniciativa de los vecinos fue rechazada por no contar con el número de firmas necesarias. En tanto el edificio previsto para el funcionamiento del casino avanzaba en su construcción.
Los vecinos volvieron a intentar ser escuchados buscando alternativas planteadas en la Carta Orgánica y se impulsó la presentación de otro Proyecto de Ordenanza bajo el nombre de “Cuidando nuestro habitat”. El proyecto hacía referencia a la salud expresando que la instalación de un casino iba en sentido contrario.
Para que esta nueva propuesta fuera analizada por el Concejo Deliberante debía que contar con el aval mínimo del 1,5 % de firmas del electorado.
En medio de la nueva alternativa se concretaron las elecciones comunales. El Intendente Romera resultó reelecto con el aporte “inestimable” del Partido Provincial Rionegrino que también lo llevo como candidato. Mientras tanto los ciudadanos concurrían a rubricar el libro en la Junta Electoral llegando al número requerido para que el proyecto de Ordenanza fuera tratado por el Legislativo. El tema fue tratado y rechazado por 3 votos contra 2.
A MI JUEGO ME LLAMARON
La derrota abrió una nueva instancia: convocar a una nueva Consulta Popular. Para habilitar esta herramienta, y según marca la Carta Orgánica ahora el 25 % del padrón electoral debe apoyar con su firma la iniciativa. Se necesitan alrededor de 3000 adhesiones. Poco más de 2 % menos que el porcentaje con el que asumirá Romera el 10 de diciembre.
Dentro de sus atribuciones el Intendente está habilitado a realizar el referéndum dejando sin efecto la recolección de firmas. Pese a expresar en varias oportunidades que sería la forma más transparente de ejercer la democracia nunca lo hizo.
En cuanto a lo que marca la Carta Orgánica en su articulado sobre el derecho de iniciativa realizó una “interpretación libre” de la norma. Dejó de lado el plural (se habla de apertura de libros) y destinó un solo lugar para la firma: la oficina de la Junta Electoral Municipal en su horario habitual de atención al público (de lunes a viernes de 9 a 13). Además entendió que cuando se habla de 60 días para la recolección de firmas se trata de días corridos, como si la Junta Electoral atendiera sábados, domingos y feriados. El libro habilitado para las firmas se abrió el 7 de agosto. El cálculo del intendente llega hasta el 5 de octubre.
Su decisión llevó a que distintas instituciones u organizaciones de la comunidad enviaran notas al Ejecutivo, Legislativo y Junta Electoral para que revisaran la medida por considerar que cercena el derecho a la participación ciudadana. Las notas hacen referencia a la Constitución Nacional y Provincial y a la propia Carta Orgánica Municipal.
Evidentemente, las solicitudes lo han puesto al Intendente en un lugar incómodo, dado que su actitud parece reñida con el más puro sello democrático como lo es que la gente opine y participe de problemas que considera trascendentes.
Conmovido con los pedidos a principios de septiembre entregó a la Junta Electoral otro libro para que esté a disposición de los vecinos en ese lugar, en días y horarios ya citados.
Llama la atención que un Libro de Actas tienen 200 páginas, cada página, al menos, 25 renglones. Esto indica que puede albergar algo así como 5 mil firmas y recordamos que se necesitan 3 mil. ¿Maniobra o imprudencia?
El 8 de septiembre fijo la ampliación del horario. Ahora se podrá hasta las 15.00 en la oficina de la Junta, siempre de lunes a viernes.
Ante el ofrecimiento de las Supervisiones de Educación Inicial, Primaria y Media de su espacio en su horario de labor (de 8 a 18) para que el ciudadano que lo desee firme ejerciendo su derecho a consulta, el Intendente se tomó más de 10 días en decidir.
Aceptó la propuesta y desde el 12 de septiembre se cuenta con dos lugares para firmar y nuevos horarios. En la sede de las Supervisiones Escolares está ese libro que parecía descansar, ocioso, en la Oficina de la Junta Electoral.
Como suele hacer, el tiempo transcurre sin demorarse. Se han enviado decenas de pedidos, Cartas Documentos A Lotería de Río Negro, escritos a la Justicia Electoral, presentaciones a la Defensoría del Pueblo y otros recursos legales, pero todo se ha vuelto muy complicado, discutido, sordo … con respuestas extemporáneas. Podría haber sido más llano, efectivo, transparente.
El edificio del futuro (¿?) casino está techado. Dicen que se inaugura a fines de año. La democracia y la calidad de sus instituciones están perdiendo una batalla, como parece recordar la historia, y también este presente, en manos de sus representantes.
Asamblea Permanente por la Consulta Popular sobre un casino
Contacto: Dra. Teresa Hube
thube@elbolson.com
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