Lago Esperanza: Denuncian que desapareció una causa por venta de tierras

Enviado por Lewis Roberto

La denuncia penal fue hecha en 2005 por la Oficina Anticorrupción. Involucra a ex funcionarios del IAC y al ex gobernador Carlos Maestro. Se falsificó una resolución. No se sabe dónde está el expediente.

Lo acusaron por presunto fraude a la administración pública, abuso de autoridad y falsificación material de instrumento público. Fue por una venta de tierras en la zona limítrofe del paraje Lago Esperanza a precio irrisorio y en un trámite plagado de graves irregularidades, junto a otros funcionarios. La Oficina Anticorrupción investigó el caso y lo denunció en octubre de 2005, hace casi dos años. Pero por ahora el ex gobernador Carlos Maestro –protagonista central de la historia- podrá eludir Tribunales. No será por una buena defensa. Es que por insólito que parezca, según pudo comprobar Jornada los expedientes de la causa no aparecen en ninguna de las dependencias judiciales donde en teoría debieran estar.

La historia

Según la investigación del entonces fiscal Anticorrupción Javier Panizzi, mediante la Resolución 126 del 6 de abril de 1988, el ex interventor del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), Pedro Zarza, otorgó habilitación previa a Salomé Fernández de Wharton y María Wharton para que transfieran terrenos a favor de Eduardo Marconi y Arturo Domínguez.

Pero esta resolución no incluyó un lote, el número 11, de casi 10.000 hectáreas, como tampoco la respectiva escritura de transferencia, que confeccionó el escribano Eduardo De Bernardi.

"Sorprendentemente –dice la denuncia- el lote 11 aparece interlineado en la misma resolución y en manuscrito, sin que haya sido salvado al pie, lo cual permite presumir que este agregado se hizo luego con posterioridad a que el escribano protocolizara el acto original del IAC que, reitero, no contiene el lote 11".

Como el lote no estaba incluido pero igual se estaba transfiriendo, los sucesores Wharton y los compradores Marconi y Domínguez intentaron subsanar este supuesto "error" de redacción y en noviembre del ´88 enviaron al IAC una nota en la que se comprometían a dejar la constancia notarial correspondiente. Esto nunca ocurrió.

Una curiosidad: la Resolución 126 que los habilitó fue notificada el mismo 6 de abril a Marconi y Domínguez en Rawson. Pero insólitamente la notificación a los Wharton, hecha en Esquel, tiene fecha de 2 de abril, cuatro días antes de que se emita la Resolución. No tiene firma de ningún funcionario y por si fuera poco se hizo un sábado, día inhábil para la administración pública. "En este marco de irregularidades se acreditó que la Resolución 126 tiene fecha posterior a la fecha de la escritura pública, que fue el 2 de abril", dice la denuncia.

Falso

En resumen: a partir de la falsificación material de un instrumento público (la Resolución 126) las entonces autoridades del IAC, encabezadas por Zoilo Casarosa (hoy fallecido) y el secretario general Jorge Hughes, siguieron el trámite y mediante Resolución 73/90 adjudicaron en venta a favor de Domínguez y Marconi las tierras en cuestión, incluyendo el lote 11. Esto sucedió pese a que ambos funcionarios conocían las irregularidades. Quizás sin querer, los propios Warthon, Marconi y Domínguez se las comunicaron cuando prometieron corregir el "error" del terreno extra.

En esta escena entra Maestro: el ex gobernador chubutense validó todo el trámite al firmar el decreto 1.213 de octubre de 1999, a través del cual se otorgó en propiedad, a favor de Marconi y Domínguez, 15.036 hectáreas en Cushamen. Con el lote 11, claro.

Según la denuncia, "hubo de parte de las entonces autoridades del IAC un flagrante violación a la obligación de controlar y una manipulación de las actuaciones administrativas en beneficio irregular de Marconi y Domínguez".

"Se pudo determinar la adulteración de un documento público (la Resolución 126) con la inclusión del lote 11 interlineado y manuscrito. Lo más grave es que esto era conocido por las autoridades del IAC".

"Lo cierto es que a partir de un acto administrativo viciado se siguió el trámite. En este estado de cosas las autoridades del IAC nunca podrían haber adjudicado en venta a los nombrados y menos aún, el Poder Ejecutivo otorgarle el título de propiedad".

Descripta la historia, Panizzi resolvió formular la denuncia penal contra Carlos Maestro –ex mandatario-, y Pedro Zarza, José Ambar y Jorge Hughes (por el IAC), por fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y falsificación material de instrumento público. La acción penal incluyó a los beneficiarios del trámite, Marconi y Domínguez.

Las actuaciones fueron enviadas a la Procuración Fiscal de Esquel. Pero los jueces cordilleranos devolvieron el expediente al Valle. Donde por ahora nadie que quiera hacer Justicia puede encontrarlo.

Fuente: Diario Jornada