Elección reservada: polémica por la poco transparente selección de jueces en Río Negro

Por Infocívica

El amparo presentado por una ONG de la provincia, pidiendo la nulidad de la selección de magistrados para cargos vacantes, puso el tema sobre el tapete: no se hacen concursos para seleccionar a los postulantes, el Consejo de la Magistratura hace la elección en forma reservada, y no se publican los datos de los postulantes. Un sistema que atenta contra la Constitución provincial y contra los principios básicos de los tratados internacionales.

(INFOCÍVICA, Buenos Aires, 23 de noviembre de 2007). La presentación de un amparo por parte de una ONG, pidiendo la nulidad de la normativa actual de proposición y selección de jueces en Río Negro (realizadas en forma reservada por el Consejo de la Magistratura ) ha puesto sobre el tapete la falta de transparencia del sistema que actualmente rige en la provincia.

El debate se abrió el viernes pasado, cuando la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social, con sede en Viedma, presentó un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia provincial (STJ), reclamando la nulidad de un concurso destinado a cubrir una vacante para juez de Ejecución Penal de la ciudad de Roca, cargo para el cual se presentó el presidente de esta ONG, Juan Pablo Chirinos.

Sucede que la actual legislación de proposición y selección de jueces en esa provincia (ley Nº 2434) no establece la necesidad del concurso y dispone que las reuniones del Consejo de la Magistratura para elegir jueces sean reservadas. Mientras tanto, nadie tiene derecho a acceder a la nómina de los postulantes; es decir, son anónimos, al igual que sus antecedentes. Se trata, sin dudas, de una norma que atenta contra los mismos principios de la Constitución provincial y de los tratados internacionales a los que la Argentina está adherida.

Esta problemática viene siendo denunciada por esta Fundación, que desde hace dos años trabaja junto a otras ONG de diferentes provincias (Asociación Civil Participación Ciudadana, de Tierra del Fuego; Andes, de Jujuy, y Prades, de Santiago del Estero) en un proyecto para transparentar el proceso de designación de jueces, llamado “Transparencia y Democracia de las Justicias Argentinas”. El reclamo también apunta a garantizar el acceso a la información del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial.

“Venimos reclamando un sistema transparente, democrático, participativo y donde además se respete el orden de mérito de los postulantes a jueces”, destaca Mario Sánchez, miembro de la Fundación Alternativa Popular. Y señala que existe en la provincia un proyecto para eliminar el tope jubilatorio establecido por la Nación , por lo cual se prevé una jubilación masiva de jueces que están en condiciones de retirarse desde hace tiempo, pero que evitan hacerlo porque con el tope actual cobrarían mucho menos. “En este contexto, queremos que las selecciones de jueces que se harán próximamente se realicen democráticamente”, comentó.

Así las cosas, Chirinos, patrocinado por la Fundación que preside, presentó el amparo reclamando la nulidad del concurso destinado a cubrir la vacante para la cual se presentó, por considerar que el mecanismo de selección sin concurso y sin decisión fundada es inconstitucional, violatorio de los tratados internacionales y atenta contra los principios de legalidad e igualdad. Y lo hizo después de haber reclamado al Consejo de la Magistratura de Roca, en reiteradas ocasiones, que se tomara el concurso necesario para cubrir el cargo público, tal como lo establece el artículo 222 de la Constitución provincial. También solicitó que se le informara acerca de los parámetros con los cuáles se realizaría la selección.

Un año y medio después, Chirinos no había obtenido respuesta, por lo que decidió presentar el amparo ante el STJ el viernes pasado. Horas después, un legislador oficialista presentó un proyecto de ley para que los jueces y funcionarios judiciales sean elegidos por concurso de oposición y antecedentes. “Sin embargo, ese proyecto para la selección por concurso, le da más importancia a la evaluación que realiza la oposición y a la entrevista personal que a los antecedentes del postulante. Creemos que la iniciativa es un avance, pero hay que reducir el puntaje subjetivo y respetar el orden de mérito por antecedente”, recalcó Sánchez.

Mediante el amparo, Chirinos y la ONG solicitaron también que se llame a un nuevo concurso para cubrir la vacante, "estableciéndose a tal efecto criterios objetivos y previamente determinados para evaluar, en condiciones de igualdad, en los procedimientos de selección de designación de magistrados y funcionarios".

El fundamento del amparo no sólo se basa en los principios constitucionales y de derechos humanos, sino también en que afecta a toda la sociedad. “Además de intereses individuales legítimamente protegidos, (se trata de) verdaderos derechos de incidencia colectiva”, destaca el texto del amparo. Y luego detalla cuáles son los derechos colectivos violados por el actual sistema de selección de jueces: “La efectiva vigencia del sistema republicano de gobierno, la violación a la independencia del poder judicial, la violación a la Convención Interamericana contra la Corrupción , la violación del principio de igualdad de oportunidades para el acceso a un cargo público, la inobservancia de la garantía de readecuación de toda norma hacia los estándares de los derechos fundamentales en juego”.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción obliga a la Argentina a adoptar "sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia, criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción", explicó Chirinos. Y agregó, en referencia al procedimiento de selección para la vacante a la que se presentó: “"El problema intrínseco del presente concurso es que no lo es, es una ficción".

Mientras tanto, las repercusiones del amparo fueron tan ilógicas como el mismo sistema actual de selección de jueces: un proyecto de ley oficialista poco claro, y la suspensión de designación de jueces en algunas ciudades, como Bariloche, hasta tanto no haya una nueva legislación. ¿La sorpresa más grande? En Roca sólo se suspendió el concurso de la vacante para la que Chirinos se presentó; el resto, seguirá su curso tal como se viene realizando hasta ahora.

Para mayor información, comunicarse con Mario Sánchez, de la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social, al (02920) 421-164/423-071.