Enviado por Ricardo MódicaLos once acusados por desalambrar un campo en defensa de la posesión histórica de una familia campesina del noroeste cordobés fueron absueltos por la Cámara Penal de Cruz del Eje, en un fallo que asumió la conflictiva situación social en torno a la tierra con un fuerte mensaje a las autoridades políticas. El debate, a puertas cerradas “por seguridad”, tuvo un alto voltaje político y gran emotividad.
Por Alexis Oliva - Prensared
Con abrazos, lágrimas y el grito de “¡Alerta! ¡Alerta que camina, la lucha campesina por América Latina!”, fueron recibidos fuera del edificio de Tribunales los once militantes del Movimiento Campesino de Córdoba, absueltos en forma unánime por la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje de la acusación de “daño calificado agravado por delito en banda”, por haber volteado un alambrado en defensa de la posesión de la familia Loyola en el paraje Cañada Larga al noroeste de la provincia.
“Quiero agradecerles a todos y vamos a seguir para adelante, en la lucha”, dijo un conmovido Carlos Nicolás Loyola a las más de cincuenta personas que soportaron ocho horas bajo el implacable sol cruzdelejeño, privadas “por seguridad” de presenciar la jornada final donde se libró un duro debate jurídico y político.
El pretexto fue el mismo con que dos días antes se desalojó una sala colmada por referentes de los derechos humanos, sindicales y sociales, que en su mayoría viajaron 150 kilómetros desde Córdoba Capital para acompañar a los imputados: una tan inoportuna como sospechosa amenaza telefónica que alertaba sobre una inexistente bomba.
“En lugar de nuestros compañeros del campo popular, nos acompañó la cúpula de la policía”, se desahogó casi llorando Juan Herrero. Ya no importaba. Había sido sobreseído, junto a los otros diez que portaban con más orgullo que nunca las remeras de “Acusado por defender la vida campesina”. Arriba del Puente Negro sobre el río Cruz del Eje, ondeaba la bandera del Movimiento Campesino de Córdoba, como un desafío a la fría y lujosa sede tribunalicia de la que salieron con la frente alta.
El alambrado inquisitorio
Los abogados defensores, Ramiro Fresneda y Mariana Romano, debieron esforzarse para desmontar la prolija y esmerada acusación urdida por la fiscal Ahidé Gersicich, quien citando profusa doctrina y jurisprudencia sostuvo para todos los imputados la figura del daño calificado, por haber cortado el alambrado que instaló el comerciante bonaerense Ramón Mazzeo, con el agravante de haber actuado en grupo y en despoblado. La funcionaria descartó el estado de necesidad y la legítima defensa de la posesión de los Loyola, para luego pedir la pena de un año de prisión en suspenso.
La Fiscal argumentó que la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc) tiene “fines lícitos y loables, pero apoya medidas de fuerza aunque constituyan delitos”, como el corte de alambrados “convenido, concertado y acordado como método habitual para recuperar la tierra”, lo que implica una actitud dolosa.
En ese sentido, luego de descartar la parcialidad de la policía en el caso, sostuvo que “nunca hay que avalar la justicia por mano propia, excepto cuando la ley lo permite, que no es éste el caso”. “Existen caminos legales y constitucionales. Propongan cambios legislativos, más si se les permite el libre acceso a la Justicia sin gasto”, recomendó Gersicich al finalizar su exposición.
Por su parte, el abogado querellante Pablo Olmos fue más allá al pretender añadir la figura de la “asociación ilícita”, apuntalada por la pertenencia de los imputados a Apenoc, entidad que “pretende imponer una postura mediante la utilización de la fuerza” y “poner en juego el orden constitucional” a través de “la planificación y ejecución de una cantidad indeterminada de delitos”.
En este punto, Olmos hizo una distinción entre los “técnicos” y la “comunidad”. “Los técnicos transmiten una determinada ideología a las personas”, acusó antes de preguntarse “a dónde estamos llevando a la gente que nos sigue”. Con la lógica de que “no debe ser la misma pena para el verdadero campesino que para aquellos que están dirigiendo sus destinos”, pidió se aplique a Juan Herrero, María Cecilia Suau, Javier Scheibengraf y el cura párroco de Serrezuela, Carlos Julio Sánchez, la figura de “asociación ilícita agravada” y simple para el resto de los acusados.
Desde esa hipótesis, presentó a su cliente como una víctima sometida al “acecho de los integrantes de la organización”, quienes le frustraron su proyecto de vida y le produjeron sufrimiento espiritual, por lo que reclamó $26.000 por perjuicio material y $23.000 por daño moral.
A su turno, el abogado Fresneda rechazó el planteo de la querella al afirmar que “Mazzeo cometió el delito de turbación de la posesión” y usurpó el campo de la familia Loyola, que se vio obligada a cortar el alambrado luego de recurrir infructuosamente a las autoridades policiales.
“Como dice la paisanada, Mazzeo compró un pedazo de cielo”, citó el abogado antes de acusarlo de “romper lazos familiares con una lógica perversa”, que ejemplificó con su decisión de contratar a Juan Pablo Loyola (sobrino de uno de los imputados) y darle un arma. “Empresario o no Mazzeo, no viene al caso, pero vino a avasallar derechos”, añadió.
Ante esa situación, “la familia pidió el apoyo solidario de la asociación, por el temor que había de que se generen hechos más graves”. “Me llama la atención que usted, señora Fiscal, desconozca que las familias campesinas no tienen acceso a la Justicia”, reprochó el defensor. “‘Ustedes no tienen papeles. Ustedes son precarios’, les dice la Policía”, reveló Fresneda.
En este sentido, reivindicó la tarea de Apenoc, que ha llevado adelante “infinidad de iniciativas” legislativas, judiciales y administrativas y que trabaja por el derecho a la tierra, la salud y la soberanía alimentaria allí “donde el Estado no llega”.
Por su parte, la codefensora Romano se dedicó a rebatir los fundamentos de la acusación penal. En primer lugar, rechazó que ante la ausencia del testigo principal (Juan Pablo Loyola) se introduzca su testimonio por escrito, porque “deja dudas respecto al espíritu de oralidad y el derecho a defensa”. Además, calificó a esta declaración como “vaga y errónea porque lo señala a Herrero (quien no estuvo) y eso hace que todo el testimonio sea dudoso”.
También refutó la calificación agravada por tratarse de un lugar despoblado, lo que en realidad perjudica a los Loyola “porque no están las instituciones que los podrían proteger”. “Nunca Mazzeo estuvo autorizado por la Justicia Civil para iniciar obras de construcción en el inmueble. Alambrar es un acto turbatorio de la posesión y es el primer delito que se debió haber investigado en este caso”, afirmó la abogada para fundamentar el “legítimo ejercicio del derecho a posesión y defensa” por parte de los imputados.
“Exijo pruebas contundentes y no indiciarias, que vulneren derechos constitucionales”, expresó Romano antes de calificar al proceso como “inquisitorio y no acusatorio”. “Para el más vulnerable, siempre es más interesante la institucionalidad que la no institucionalidad, porque no cuenta con recursos y armas para actuar en ese terreno”, reflexionó a modo de conclusión.
El éxodo silencioso
Luego de los alegatos, la jueza Clara Luna de Manzano invitó a hacer uso de la palabra a los acusados. En primer lugar, Carlos Nicolás Loyola, pidió a Mazzeo que “de una vez por todas se deje de inventar mentiras y robos para hacer allanamientos en mi casa”. Más preocupado por su cotidiana subsistencia que por el inminente fallo en el que aún podía ser condenado a cuatro años de cárcel, Loyola añadió: “Y me pregunto y pregunto: ¿Qué va a ser cuando haya feria en la Fiscalía, cosa que él aprovecha todos los años para hacer sus tareas y construir sus cosas?”. “Yo creo en la Justicia, confío en la Justicia y quiero que se haga justicia. Nada más. Muchas gracias”, finalizó.
Silencioso y absorto durante todo el juicio, finalmente el sacerdote Carlos Julio Sánchez usó su derecho a declarar para decir: “Yo hace diez años que estoy en la parroquia y hace diez años que vengo escuchando todo este problema de tierras, toda esta problemática, injusticias, idas y venidas. He participado de la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba porque me ha sorprendido gratamente su metodología. Es decir, convocar a la gente, unir a la gente, organizar a la gente y que todas las familias se ayuden mutuamente. Y que pidan ayuda a quien corresponde. En este caso de tierras, en los conflictos que ha habido desde hace mucho tiempo, se ha pedido ayuda al Ministerio de Justicia. Estuvo hace unos años el doctor (Eduardo) Mundet en el salón parroquial y en otra ocasión en el salón del hogar “Jorgito Asís”. Y el doctor Mundet dijo: los instrumentos que hay para defender la posesión son pobres, son precarios, no son perfectos, pero existen. Y nos dijo esto: uno de los instrumentos es la denuncia, otro es la defensa de la posesión, con medios proporcionales a la agresión. También nos habló de las mensuras y la usucapión. Y bueno, eso es lo que hemos hecho en todo el trabajo de este tiempo. Y otra cosa que quiero destacar es que a la defensa de la posesión es ilusorio que la haga una sola familia. Es imposible que una sola familia defienda su posesión. Por el hecho de ser sola y de ser aislada, le gana el miedo, le gana la impotencia, le gana el no saber qué hacer, y la tenemos en Cruz del Eje. La gente se ha ido. Yo he visto mucha gente que se ha ido con miedo, con impotencia, con no saber qué hacer. Ese es el fruto de una familia sola. Entonces no es ninguna ilegalidad que muchas familias defiendan una posesión. No es ningún delito que muchas familias se unan para defender su salud, porque eso es lo que ha conseguido que se fumigue el norte de Serrezuela cada seis meses, cuando no se fumigaba contra el chagas desde hacía veinte años. Y ahora también, el hecho de que muchas familias se unan y defiendan una posesión ha posibilitado que la Justicia nos escuche por primera vez. Eso es lo que ha posibilitado. Si no, tendríamos lo que ha sucedido durante tantos años, que es el éxodo silencioso, que no por silencioso es menos violento, y no por silencioso es menos injusto”.
La última palabra que se escuchó antes de la sentencia, fue la de Cecilia Suau. Con la voz tomada por la emoción, señaló a la docena de policías -entre ellos varios jefes- sentados donde debiera haber estado el público y dijo: “Tenemos policías ahí, policías como en el momento en que hemos querido realizar acciones de legítima protesta, porque protestar es un derecho que tiene el pueblo, sobre todo el pueblo más vulnerable. Yo estuve tratando de impedir que los empleados de este señor construyeran el alambre y recibimos la visita del Fiscal de Instrucción. Ellos aparecen con él ahí y nos rodearon 50 policías armados con armas largas, cascos y escudos. Nos apuntaban. Yo he sufrido los insultos del señor Mazzeo. Estábamos en la camioneta con Carlos Julio, cuando se arrimó, lo insultó y lo invitaba a bajarse de la camioneta a pelear. Y vine a este edificio a denunciarlo y este señor, que también estaba acá haciendo trámites, se me paró a diez centímetros. No son condiciones para poder defenderse con tranquilidad. Esta es la denuncia que presenté. Yo he acompañado a muchos compañeros. No les he dicho lo que tienen que hacer, porque acá me acusó ese señor que yo les digo lo que tienen que hacer. Yo jamás les he dicho lo que tienen que hacer. Los he acompañado a la policía y he visto cómo los tratan cuando van a hacer la denuncia. Lo he visto con mis ojos. Quiero decir con todo esto que cuando la Fiscal planteaba esta cuestión de los medios que arbitra la Justicia, pienso que nosotros hemos usado mucho esos medios, todo lo que hemos podido. Para los pobres es mucho más difícil acceder. Es mucho más difícil cuando se vive en el campo y no se saben estas cosas, cuando siempre se ha dicho que si no sabés no podés acceder a tener derechos. Esto me parece una cosa que no se ha tenido en cuenta cuando la Fiscal nos acusaba. Y este operativo que hicieron en la última audiencia, de tildarnos a nosotros de poner bombas en estos lugares, esto de que había una amenaza de bomba y sacar a todos nuestros compañeros, me pareció una falta de respeto contra nuestra organización de la cual nosotros estamos orgullosos y defendemos con absoluta dignidad. Y no estamos dispuestos a dejar de estar organizados. Tenemos derecho a vivir en el campo. Ellos que han nacido ahí y yo que nací en un barrio de Córdoba y me vine acá porque quiero vivir acá. Tengo todo el derecho a hacerlo y tengo todo el derecho a gritar y a trabajar con quien guste”.
El abrazo custodiado
Luego del cuarto intermedio que duró dos interminables horas, se leyó la sentencia dictada por los jueces Clara Luna de Manzano, Ángel Andreu y Nancy Menehem, en una sala donde cuanto menos por cada remera verde había un uniforme más unos cuantos policías de civil.
En primer término, Juan Camilo Herrero resultó absuelto por haber estado fuera de la provincia aquel 5 de febrero de 2005 en que el casamiento de un viejo amigo le impidió participar en el corte del alambrado en el campo en y del que los Loyola viven desde hace por lo menos tres generaciones, tal como quedó demostrado en este juicio.
Luego, la Cámara absolvió del delito de daño simple, por prescripción de la acción penal, a Juan Medardo Allende, Lorena del Valle Capdevila, Carlos Nicolás Loyola, Juan Carlos Loyola, Juan Ramón Maldonado, Dominga del Carmen Mercado, Ceferino Darío Romero, María Cecilia Suau, Javier Scheibengraf y Carlos Julio Sánchez.
Ya comenzaban a brotar algunas lágrimas y sonrisas entre los absueltos, mientras la secretaria del Tribunal leía el resto de un fallo donde varias resoluciones apuntan a subsanar el grave problema de la tierra en el noroeste cordobés:
- Recomendar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Córdoba la concreción, con la urgencia que la realidad social exige, de acciones tendientes a la real y efectiva protección posesoria de los habitantes de esta provincia, especialmente en el noroeste cordobés, por no resultar suficientes las ya existentes.
- Poner en conocimiento del señor Fiscal General de la Provincia de Córdoba la demora en el trámite de las denuncias formuladas por el señor Juan C. Loyola, contenidas en el informe remitido por la comisaría de distrito de Villa de Soto de fecha 17 de diciembre de 2007.
- Remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción a los fines de la investigación de la amenaza anónima, según consta en certificado con fecha 26 de diciembre pasado.
- Remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción para se investigue la posible comisión de un delito perseguible de oficio por parte de la doctora Adriana Ester Paz (la abogada que asesoró a Eusebio Loyola, pariente de los imputados, para que firme con Mazzeo un acuerdo que resultó peyorativo para sus derechos posesorios).
- Por mayoría, rechazar “in totum” la acción civil instaurada por Mazzeo en contra de los imputados, con costas.
- Recomendar a las autoridades del Banco Central de la República Argentina que los instrumentos públicos por los cuales transfiere el dominio de inmuebles, como el de autos, contengan una correcta acreditación de la correlación de titularidad registral.
“Este juicio ha terminado”. La lacónica frase de la jueza comenzó a liberar una ansiedad contenida que terminó de explotar cuando desandaron el desierto pasillo rumbo al abrazo del sol y de su gente.
PrensaRed
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