Fuente Página/12
El caso marcó un antes y un después frente a la actividad minera. La asamblea de Esquel impulsó un plebiscito que rechazó la apertura de una mina a cielo abierto. Como resultado, una ley que caerá en un año prohibió la actividad en la zona de montañas.
Por Darío Aranda
Desde Esquel, Chubut
En comercios, autos, viviendas, escuelas, paredes y en todo espacio disponible se lee la misma consigna: “No a la mina”. A mediados de 2002, la empresa canadiense Meridian Gold había anunciado el inicio de obras para explotar un yacimiento de oro y plata a diez kilómetros del casco urbano, con detonaciones en la montaña, drenajes ácidos, utilización de enormes cantidades de agua y uso de cianuro. La comunidad conformó una asamblea autónoma y brotó el rechazo, plasmado el 23 de marzo de 2003 con un plebiscito inédito en Argentina, en el que ocho de cada diez habitantes votaron contra la actividad minera a gran escala. “El caso Esquel” marcó una bisagra en la defensa de los bienes naturales, con referencia en 90 pueblos de trece provincias que hoy rechazan la minería. A cinco años de la consulta popular, el yacimiento, ahora en manos de la compañía Yamana Gold, continúa concesionado y con posibilidades de ser explotado. También permanece la asamblea, en su pequeña sede de paredes blancas recién pintadas y donde sobresale una sola consigna: “No a la mina”. Chuni Botto, Pablo Quintana y Alejandro Corbeletto, tres integrantes de la asamblea, recibieron a Página/12.
–¿Cuál es el balance a cinco años de la consulta popular?
Chuni Botto: –El balance es altamente positivo. Hace cinco años, cuando empezamos, éramos poquitos y solos en Esquel. Parecíamos locos que decíamos no a algo que prometía riqueza y se publicitaba como una gran oportunidad para el pueblo. En cinco años no paramos de luchar, con distintas etapas, buenas y malas, pero hoy ya son 90 comunidades en lucha de trece provincias.
Pablo Quintana: –Hubo un antes y un después del 23 de marzo. Nos marcó a todos, los que participaron activamente y los que no. Uno sabe que vive en una ciudad que fue protagonista de un hecho con pocos precedentes, una comunidad pequeña peleando contra un monstruo con mucho dinero y con todo un plafón político a su favor, a nivel local, provincial y nacional.
–¿Por qué otros pueblos no pudieron frenar a las mineras?
Alejandro Corbeletto: –Teníamos muy presente lo que había pasado en el país con el 2001, la crisis de los partidos, las asambleas, el “que se vayan todos”, el descreimiento absoluto hacia la dirigencia política. Creo que eso colaboró para que esta bomba estallara así. Sabíamos que no podíamos confiar en la clase dirigente. La gente dejó de lado la democracia representativa y tomó la democracia participativa. Otro gran ingrediente fue la información. El día que pusimos en un buscador de Internet “consecuencias de la minería” nos aparecieron 50 mil notas. Ahí empezamos a entender en qué nos estaban metiendo.
C.B.: –Tuvimos nuestra cuota de suerte y también aprovechamos los desaciertos de la misma empresa, que quizá tuvo demasiada franqueza y dejó claro el proyecto nefasto que impulsaba. Desde el primer día nosotros insistimos con la información. Cuando comenzamos no sabíamos qué era el cianuro, ni el drenaje ácido ni lixiviación. Y con la información tuvimos una base para nuestra opinión, nos quedó claro el peligro de la escasez de agua y la contaminación. El pueblo se dio cuenta de que venían a vendernos espejitos de colores.
–¿Por qué en Esquel está prohibida la minería (hasta 2009) y en el centro de la provincia no?
P.Q.: –Este fraccionamiento de la provincia crea “zonas de sacrificio” a favor de las mineras, zonas “limpias” y otras “sucias”, como si fuéramos habitantes de primera y de segunda clase. Pareciera que en la cordillera son de primera y por eso se prohíbe la minería. En cambio en la meseta, en el desierto de la provincia, la zona más pobre, pareciera que hay personas de segunda y ahí sí se permite la actividad minera. El gobierno argumenta que en la meseta no se puede desarrollar otra actividad y eso es una gran mentira.
A.C.: –Si sólo tomamos el tema del agua, los dos yacimientos (uno de plata y plomo, otro de uranio) utilizarán enormes volúmenes. En la meseta ya es escasa el agua, imaginemos qué puede suceder con estos dos yacimientos y con otros que están haciendo cola para venir. La minería en zonas áridas es el camino a la ruina. Las comunidades estarán en peores condiciones de las que ya están. En 20 años las empresas se irán, dejarán un gran inodoro en la meseta y contaminación. El gobierno lo sabe, pero le interesan los negocios y menosprecia a las comunidades.
–¿Cuál es su evaluación de la actividad minera a nivel nacional?
C.B.: –La minería avanzó porque es política de Estado que la actividad crezca. Pasando por todos los colores partidarios, en los últimos diez años se ha promovido la minería. Del lado del pueblo, ya somos 90 las comunidades organizadas contra la actividad y por la defensa de los bienes naturales. Es un logro y satisfacción ver escenarios de lucha como los que se dan en San Juan, Catamarca, Córdoba, Río Negro o Santa Cruz. Hoy la minería está en un estado de debate. Les guste o no al sector privado y político, se ha despertado una conciencia en las comunidades y eso ya no se frena.
P.Q.: –La industria minera se basa en cuatro promesas: desarrollo local, trabajo, no contaminación y riqueza para el país. En Andalgalá, Catamarca, hace más de diez años que funciona un yacimiento “modelo” (Alumbrera). Conocerlo de cerca nos sirvió mucho y nos sacó las dudas: la región es más pobre que antes, hay más desocupación, no hubo desarrollo local, escasea el agua y perdieron puestos de trabajo porque disminuyó la agricultura. Ni hablar de lo ambiental, que es su punto más débil. Otros puntos oscuros: todo lo que se llevan y no declaran al fisco, y la enorme cantidad de impuestos que no pagan.
A.C.: –Está comprobado que casi no emplean mano de obra local. La compra de insumos nunca se realiza en la zona, todo proviene del exterior. Derrochan enormes cantidades de agua; el gasoil nunca les falta, nos puede faltar a nosotros o a las cosechadoras, pero a la minería nunca se lo niegan, y ni hablar de las cantidades de energía que consumen. Es un chiste que nos pidan cambiar las lamparitas para ahorrar consumo y permiten el derroche minero. La realidad de Catamarca es el peor de los espejos, ni hablar de Bolivia o Perú, donde la propia industria minera mostró y muestra que sus promesas son todas mentiras.
–A nivel político se habla de retenciones a la actividad minera.
P.Q.: –En la medida que no se discuta toda la ingeniería legal que montó el menemismo, todas las leyes prominería, lo demás es desviarnos de lo central. Desde las comunidades no nos podemos poner siquiera a analizar si esto es positivo o no. Si quieren abrir una discusión en serio y de fondo, hay que poner sobre la mesa la estructura legal existente. Hay una total continuidad de esa política minera. Nosotros proponemos discusiones de fondo, por ejemplo lo que significa un emprendimiento minero en una comunidad. El desastre que ocasiona no se arregla ni con 50 por ciento de regalías. Si quieren discutir en serio discutamos las leyes de los ‘90 que hoy siguen vigente, una ingeniería atroz que permite el saqueo.
C.B.: –Nosotros queremos discutir el para qué de esta industria. Estamos convencidos de que el mundo no necesita ni una sola onza de oro más. Sobra oro para que los países de primer mundo especulen. Lo que necesitamos es agua, y eso queremos poner en discusión.
–¿Qué similitudes encuentran con otras luchas, contra las pasteras, el monocultivo de soja y las represas?
C.B.: –Todas esas luchas muestran que hay una conciencia colectiva sobre la capacidad de la participación activa, que tenemos poder contra esos tipos que están sentados detrás de un escritorio de Canadá, Estados Unidos o Europa y quieren decidir nuestro futuro. Hay conciencia de que podemos dar y ganar las peleas, y lo confirmamos en cada movimiento que nace, en cada asamblea y en cada corte de ruta. Mineras, pasteras y soja son parte del mismo saqueo. Entre Ríos, San Juan, Chubut, Santiago del Estero y todas las provincias con comunidades de base son partes de una misma lucha.
P.Q.: –Las represas que inundarán territorios indígenas y campesinos se quieren construir para proveer de energía a las mineras. El potasio que se quiere extraer de yacimientos contaminantes será utilizado para los fertilizantes del monocultivo de soja y los agrocombustibles. Todas son formas de saqueo y contaminación que están relacionadas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-101200-2008-03-24.html
El caso marcó un antes y un después frente a la actividad minera. La asamblea de Esquel impulsó un plebiscito que rechazó la apertura de una mina a cielo abierto. Como resultado, una ley que caerá en un año prohibió la actividad en la zona de montañas.
Por Darío Aranda
Desde Esquel, Chubut
En comercios, autos, viviendas, escuelas, paredes y en todo espacio disponible se lee la misma consigna: “No a la mina”. A mediados de 2002, la empresa canadiense Meridian Gold había anunciado el inicio de obras para explotar un yacimiento de oro y plata a diez kilómetros del casco urbano, con detonaciones en la montaña, drenajes ácidos, utilización de enormes cantidades de agua y uso de cianuro. La comunidad conformó una asamblea autónoma y brotó el rechazo, plasmado el 23 de marzo de 2003 con un plebiscito inédito en Argentina, en el que ocho de cada diez habitantes votaron contra la actividad minera a gran escala. “El caso Esquel” marcó una bisagra en la defensa de los bienes naturales, con referencia en 90 pueblos de trece provincias que hoy rechazan la minería. A cinco años de la consulta popular, el yacimiento, ahora en manos de la compañía Yamana Gold, continúa concesionado y con posibilidades de ser explotado. También permanece la asamblea, en su pequeña sede de paredes blancas recién pintadas y donde sobresale una sola consigna: “No a la mina”. Chuni Botto, Pablo Quintana y Alejandro Corbeletto, tres integrantes de la asamblea, recibieron a Página/12.
–¿Cuál es el balance a cinco años de la consulta popular?
Chuni Botto: –El balance es altamente positivo. Hace cinco años, cuando empezamos, éramos poquitos y solos en Esquel. Parecíamos locos que decíamos no a algo que prometía riqueza y se publicitaba como una gran oportunidad para el pueblo. En cinco años no paramos de luchar, con distintas etapas, buenas y malas, pero hoy ya son 90 comunidades en lucha de trece provincias.
Pablo Quintana: –Hubo un antes y un después del 23 de marzo. Nos marcó a todos, los que participaron activamente y los que no. Uno sabe que vive en una ciudad que fue protagonista de un hecho con pocos precedentes, una comunidad pequeña peleando contra un monstruo con mucho dinero y con todo un plafón político a su favor, a nivel local, provincial y nacional.
–¿Por qué otros pueblos no pudieron frenar a las mineras?
Alejandro Corbeletto: –Teníamos muy presente lo que había pasado en el país con el 2001, la crisis de los partidos, las asambleas, el “que se vayan todos”, el descreimiento absoluto hacia la dirigencia política. Creo que eso colaboró para que esta bomba estallara así. Sabíamos que no podíamos confiar en la clase dirigente. La gente dejó de lado la democracia representativa y tomó la democracia participativa. Otro gran ingrediente fue la información. El día que pusimos en un buscador de Internet “consecuencias de la minería” nos aparecieron 50 mil notas. Ahí empezamos a entender en qué nos estaban metiendo.
C.B.: –Tuvimos nuestra cuota de suerte y también aprovechamos los desaciertos de la misma empresa, que quizá tuvo demasiada franqueza y dejó claro el proyecto nefasto que impulsaba. Desde el primer día nosotros insistimos con la información. Cuando comenzamos no sabíamos qué era el cianuro, ni el drenaje ácido ni lixiviación. Y con la información tuvimos una base para nuestra opinión, nos quedó claro el peligro de la escasez de agua y la contaminación. El pueblo se dio cuenta de que venían a vendernos espejitos de colores.
–¿Por qué en Esquel está prohibida la minería (hasta 2009) y en el centro de la provincia no?
P.Q.: –Este fraccionamiento de la provincia crea “zonas de sacrificio” a favor de las mineras, zonas “limpias” y otras “sucias”, como si fuéramos habitantes de primera y de segunda clase. Pareciera que en la cordillera son de primera y por eso se prohíbe la minería. En cambio en la meseta, en el desierto de la provincia, la zona más pobre, pareciera que hay personas de segunda y ahí sí se permite la actividad minera. El gobierno argumenta que en la meseta no se puede desarrollar otra actividad y eso es una gran mentira.
A.C.: –Si sólo tomamos el tema del agua, los dos yacimientos (uno de plata y plomo, otro de uranio) utilizarán enormes volúmenes. En la meseta ya es escasa el agua, imaginemos qué puede suceder con estos dos yacimientos y con otros que están haciendo cola para venir. La minería en zonas áridas es el camino a la ruina. Las comunidades estarán en peores condiciones de las que ya están. En 20 años las empresas se irán, dejarán un gran inodoro en la meseta y contaminación. El gobierno lo sabe, pero le interesan los negocios y menosprecia a las comunidades.
–¿Cuál es su evaluación de la actividad minera a nivel nacional?
C.B.: –La minería avanzó porque es política de Estado que la actividad crezca. Pasando por todos los colores partidarios, en los últimos diez años se ha promovido la minería. Del lado del pueblo, ya somos 90 las comunidades organizadas contra la actividad y por la defensa de los bienes naturales. Es un logro y satisfacción ver escenarios de lucha como los que se dan en San Juan, Catamarca, Córdoba, Río Negro o Santa Cruz. Hoy la minería está en un estado de debate. Les guste o no al sector privado y político, se ha despertado una conciencia en las comunidades y eso ya no se frena.
P.Q.: –La industria minera se basa en cuatro promesas: desarrollo local, trabajo, no contaminación y riqueza para el país. En Andalgalá, Catamarca, hace más de diez años que funciona un yacimiento “modelo” (Alumbrera). Conocerlo de cerca nos sirvió mucho y nos sacó las dudas: la región es más pobre que antes, hay más desocupación, no hubo desarrollo local, escasea el agua y perdieron puestos de trabajo porque disminuyó la agricultura. Ni hablar de lo ambiental, que es su punto más débil. Otros puntos oscuros: todo lo que se llevan y no declaran al fisco, y la enorme cantidad de impuestos que no pagan.
A.C.: –Está comprobado que casi no emplean mano de obra local. La compra de insumos nunca se realiza en la zona, todo proviene del exterior. Derrochan enormes cantidades de agua; el gasoil nunca les falta, nos puede faltar a nosotros o a las cosechadoras, pero a la minería nunca se lo niegan, y ni hablar de las cantidades de energía que consumen. Es un chiste que nos pidan cambiar las lamparitas para ahorrar consumo y permiten el derroche minero. La realidad de Catamarca es el peor de los espejos, ni hablar de Bolivia o Perú, donde la propia industria minera mostró y muestra que sus promesas son todas mentiras.
–A nivel político se habla de retenciones a la actividad minera.
P.Q.: –En la medida que no se discuta toda la ingeniería legal que montó el menemismo, todas las leyes prominería, lo demás es desviarnos de lo central. Desde las comunidades no nos podemos poner siquiera a analizar si esto es positivo o no. Si quieren abrir una discusión en serio y de fondo, hay que poner sobre la mesa la estructura legal existente. Hay una total continuidad de esa política minera. Nosotros proponemos discusiones de fondo, por ejemplo lo que significa un emprendimiento minero en una comunidad. El desastre que ocasiona no se arregla ni con 50 por ciento de regalías. Si quieren discutir en serio discutamos las leyes de los ‘90 que hoy siguen vigente, una ingeniería atroz que permite el saqueo.
C.B.: –Nosotros queremos discutir el para qué de esta industria. Estamos convencidos de que el mundo no necesita ni una sola onza de oro más. Sobra oro para que los países de primer mundo especulen. Lo que necesitamos es agua, y eso queremos poner en discusión.
–¿Qué similitudes encuentran con otras luchas, contra las pasteras, el monocultivo de soja y las represas?
C.B.: –Todas esas luchas muestran que hay una conciencia colectiva sobre la capacidad de la participación activa, que tenemos poder contra esos tipos que están sentados detrás de un escritorio de Canadá, Estados Unidos o Europa y quieren decidir nuestro futuro. Hay conciencia de que podemos dar y ganar las peleas, y lo confirmamos en cada movimiento que nace, en cada asamblea y en cada corte de ruta. Mineras, pasteras y soja son parte del mismo saqueo. Entre Ríos, San Juan, Chubut, Santiago del Estero y todas las provincias con comunidades de base son partes de una misma lucha.
P.Q.: –Las represas que inundarán territorios indígenas y campesinos se quieren construir para proveer de energía a las mineras. El potasio que se quiere extraer de yacimientos contaminantes será utilizado para los fertilizantes del monocultivo de soja y los agrocombustibles. Todas son formas de saqueo y contaminación que están relacionadas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-101200-2008-03-24.html
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