Fuente: Crítica de la Argentina
No castigar a los tenedores de pequeñas cantidades de droga para consumo es la propuesta del Comité Científico que asesora al ministro de Justicia. Proponen modificar la ley que castiga el narcotráfico.
El Comité Científico designado por el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad, Aníbal Fernández, se reunió ayer y lanzó el debate sobre el cambio en la política de drogas con un consenso pleno: “Vamos a la despenalización del tenedor de pequeñas cantidades para el consumo personal”, dijo después de la reunión ante los periodistas el camarista federal Roberto Falcone, junto al juez Martín Vázquez Acuña y la fiscal Mónica Cuñarro, coordinadora del comité.
Vázquez Acuña dijo que se planteará ante la Comisión de Adicciones y Control de Narcotráfico de la Cámara de Diputados la necesidad de ir hacia “la reducción de daños, o sea la posibilidad de minimizar los efectos nocivos del consumo”.
Fernández dijo que así como los hospitales “hacen lolas”, también pidió que “atiendan a los adictos”. Cuestionó “la inmensa cantidad de dinero que se gasta en causas de tenedores para consumo detenidos”.
A pesar de las críticas al discurso que Fernández dio el lunes en la sesión extraordinaria del Consejo Social y Económico de Naciones Unidas, en el Gobierno y en el Congreso todo parece listo para acelerar el proceso de cambio tanto de la política sobre drogas como de la Ley 23.737 que penaliza el consumo y el tráfico de sustancias prohibidas. La presidenta de la Comisión por la que deberá entrar el eventual proyecto que presente el Comité Científico, Graciela Giannetasio, dijo que los diputados decidieron convocar “a una reunión urgente a los expertos para comenzar a acordar tanto el cambio de la ley como la obligatoriedad del tratamiento”.
Ese es justamente el primero de los puntos en una agenda que el Comité analizó ayer: “La persona con un problema de adicciones tiene derecho a un tratamiento”, dijeron. El asunto no deja de ser polémico, porque si bien la ley que crea el Programa Médico Obligatorio (PMO) así como incluye la atención del VIH lo hace con la adicción a las drogas. Tanto los familiares de los adictos como los propios diputados que integran la Comisión en el tema aseguran que las prestaciones son limitadas cuando no inexistentes o que los lugares donde se brinda la atención son simples centros neuropsiquiátricos y no especializados. “Previo a cualquier reforma normativa es imprescindible que se forme una red social y sanitaria”, dijo Cuñarro.
Los expertos del Comité y un equipo de Justicia mantuvieron reuniones con los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación para avanzar en una política “interministerial”. Se proponen evaluar qué recursos reales tiene el Estado y cuáles son las necesidades en todo el país. Esa información surgirá de una encuesta nacional a 51 mil hogares que estará lista en julio. El juez Falcone dijo que “calculamos que más del 80 por ciento de los usuarios de drogas no son adictos, no son problemáticos. El error de la ley vigente es que usamos el derecho penal para ese 80 por ciento”.
http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=880
No castigar a los tenedores de pequeñas cantidades de droga para consumo es la propuesta del Comité Científico que asesora al ministro de Justicia. Proponen modificar la ley que castiga el narcotráfico.
El Comité Científico designado por el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad, Aníbal Fernández, se reunió ayer y lanzó el debate sobre el cambio en la política de drogas con un consenso pleno: “Vamos a la despenalización del tenedor de pequeñas cantidades para el consumo personal”, dijo después de la reunión ante los periodistas el camarista federal Roberto Falcone, junto al juez Martín Vázquez Acuña y la fiscal Mónica Cuñarro, coordinadora del comité.
Vázquez Acuña dijo que se planteará ante la Comisión de Adicciones y Control de Narcotráfico de la Cámara de Diputados la necesidad de ir hacia “la reducción de daños, o sea la posibilidad de minimizar los efectos nocivos del consumo”.
Fernández dijo que así como los hospitales “hacen lolas”, también pidió que “atiendan a los adictos”. Cuestionó “la inmensa cantidad de dinero que se gasta en causas de tenedores para consumo detenidos”.
A pesar de las críticas al discurso que Fernández dio el lunes en la sesión extraordinaria del Consejo Social y Económico de Naciones Unidas, en el Gobierno y en el Congreso todo parece listo para acelerar el proceso de cambio tanto de la política sobre drogas como de la Ley 23.737 que penaliza el consumo y el tráfico de sustancias prohibidas. La presidenta de la Comisión por la que deberá entrar el eventual proyecto que presente el Comité Científico, Graciela Giannetasio, dijo que los diputados decidieron convocar “a una reunión urgente a los expertos para comenzar a acordar tanto el cambio de la ley como la obligatoriedad del tratamiento”.
Ese es justamente el primero de los puntos en una agenda que el Comité analizó ayer: “La persona con un problema de adicciones tiene derecho a un tratamiento”, dijeron. El asunto no deja de ser polémico, porque si bien la ley que crea el Programa Médico Obligatorio (PMO) así como incluye la atención del VIH lo hace con la adicción a las drogas. Tanto los familiares de los adictos como los propios diputados que integran la Comisión en el tema aseguran que las prestaciones son limitadas cuando no inexistentes o que los lugares donde se brinda la atención son simples centros neuropsiquiátricos y no especializados. “Previo a cualquier reforma normativa es imprescindible que se forme una red social y sanitaria”, dijo Cuñarro.
Los expertos del Comité y un equipo de Justicia mantuvieron reuniones con los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación para avanzar en una política “interministerial”. Se proponen evaluar qué recursos reales tiene el Estado y cuáles son las necesidades en todo el país. Esa información surgirá de una encuesta nacional a 51 mil hogares que estará lista en julio. El juez Falcone dijo que “calculamos que más del 80 por ciento de los usuarios de drogas no son adictos, no son problemáticos. El error de la ley vigente es que usamos el derecho penal para ese 80 por ciento”.
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