Fuente: Diario La Nación
RAWSON.- El fiscal federal de esta ciudad, Fernando Gelves, presentó ayer un escrito en el que solicita el procesamiento y la prisión preventiva para los cinco marinos retirados que participaron en los hechos ocurridos el 22 de agosto de 1972, conocida como la Masacre de Trelew. "El delito que se les imputa es común para todos los casos. Sólo varía la participación criminal que han tenido, según se desprende de la investigación que llevamos adelante en este juzgado", aseguró Gelves.
El fiscal solicitó el procesamiento por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada por incomunicación indebida de persona" y, según agregó al escrito, "por recibir irregularmente a personas detenidas".
A los marinos se les imputa, además, "el homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de dos o más personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado en grado de tentativa (3 hechos)", según explicó Gelves.
El escrito llegará hoy a manos del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien tendrá que resolver la situación procesal de los cinco imputados: el contraalmirante Horacio Mayorga (83 años); los capitanes Rubén Paccagnini (83), Emilio del Real (71) y Luis Sosa (71), y el ex cabo segundo (luego ascendido a primero) Carlos Marandino (58), todos actualmente alojados en cárceles de Trelew y Rawson.
Gelves explicó que el juez tendrá que tomar una resolución entre hoy y el lunes próximo. "A mi entender, se trata de delitos de lesa humanidad", dijo.
Reapertura
La causa suma más de 300 testimonios y fue reabierta luego de que Sastre considerara los hechos ocurridos hace 35 años delitos imprescriptibles.
Según el fiscal, al entonces jefe de la base Almirante Zar, Paccagnini, se le debe imputar el delito de "privación ilegítima de la libertad y la complicidad necesaria en caso de que se considere que los homicidios se cometieron bajo su comisión, o bien de omisión por su situación de garante de las personas que permanecían detenidas". Es similar el caso de Mayorga, que se desempeñaba como jefe de Paccagnini en Puerto Belgrano y a quien se le imputa el delito por "omisión, ya que era quien seguía en la línea de mando, o por comisión, si se lo considera uno de los autores materiales".
En el caso de los marinos Del Real -el único que se negó a declarar-, Sosa -que confirmó la versión oficial de la Armada, al asegurar que la matanza se produjo en el marco de un intento de fuga- y Marandino -cuyo testimonio fue clave para la reconstrucción de los hechos, ya que por primera vez un integrante de la Armada reconoció que se podría haber tratado de un fusilamiento-, se los acusa de ser los "autores materiales" de los homicidios y "cómplices en la detención ilegal de personas".
Si bien en esta primera etapa la causa avanzó sobre los miembros de la Armada, la investigación tomará un nuevo giro cuando se presenten ante el juzgado para someterse a una declaración indagatoria los dos integrantes del Ejército citados por Sastre: el general retirado Eduardo Ignacio Betti y el teniente coronel retirado Guillermo Muñoz, sobre quienes pesa un pedido de captura desde el viernes pasado.
Por Ana Tronfi
Para LA NACION
RAWSON.- El fiscal federal de esta ciudad, Fernando Gelves, presentó ayer un escrito en el que solicita el procesamiento y la prisión preventiva para los cinco marinos retirados que participaron en los hechos ocurridos el 22 de agosto de 1972, conocida como la Masacre de Trelew. "El delito que se les imputa es común para todos los casos. Sólo varía la participación criminal que han tenido, según se desprende de la investigación que llevamos adelante en este juzgado", aseguró Gelves.
El fiscal solicitó el procesamiento por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada por incomunicación indebida de persona" y, según agregó al escrito, "por recibir irregularmente a personas detenidas".
A los marinos se les imputa, además, "el homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de dos o más personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado en grado de tentativa (3 hechos)", según explicó Gelves.
El escrito llegará hoy a manos del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien tendrá que resolver la situación procesal de los cinco imputados: el contraalmirante Horacio Mayorga (83 años); los capitanes Rubén Paccagnini (83), Emilio del Real (71) y Luis Sosa (71), y el ex cabo segundo (luego ascendido a primero) Carlos Marandino (58), todos actualmente alojados en cárceles de Trelew y Rawson.
Gelves explicó que el juez tendrá que tomar una resolución entre hoy y el lunes próximo. "A mi entender, se trata de delitos de lesa humanidad", dijo.
Reapertura
La causa suma más de 300 testimonios y fue reabierta luego de que Sastre considerara los hechos ocurridos hace 35 años delitos imprescriptibles.
Según el fiscal, al entonces jefe de la base Almirante Zar, Paccagnini, se le debe imputar el delito de "privación ilegítima de la libertad y la complicidad necesaria en caso de que se considere que los homicidios se cometieron bajo su comisión, o bien de omisión por su situación de garante de las personas que permanecían detenidas". Es similar el caso de Mayorga, que se desempeñaba como jefe de Paccagnini en Puerto Belgrano y a quien se le imputa el delito por "omisión, ya que era quien seguía en la línea de mando, o por comisión, si se lo considera uno de los autores materiales".
En el caso de los marinos Del Real -el único que se negó a declarar-, Sosa -que confirmó la versión oficial de la Armada, al asegurar que la matanza se produjo en el marco de un intento de fuga- y Marandino -cuyo testimonio fue clave para la reconstrucción de los hechos, ya que por primera vez un integrante de la Armada reconoció que se podría haber tratado de un fusilamiento-, se los acusa de ser los "autores materiales" de los homicidios y "cómplices en la detención ilegal de personas".
Si bien en esta primera etapa la causa avanzó sobre los miembros de la Armada, la investigación tomará un nuevo giro cuando se presenten ante el juzgado para someterse a una declaración indagatoria los dos integrantes del Ejército citados por Sastre: el general retirado Eduardo Ignacio Betti y el teniente coronel retirado Guillermo Muñoz, sobre quienes pesa un pedido de captura desde el viernes pasado.
Por Ana Tronfi
Para LA NACION
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario