Fuente: Crítica de la Argentina
La Legislatura alargó la concesión que tenía la empresa Pan American Energy en la cuenca del golfo San Jorge. Los diputados kirchneristas decidieron votarla de manera sorpresiva. Chubut aprobó un contrato similar en 2007.
En la primera sesión del año, el kirchnerismo santacruceño aprobó en la Legislatura de Santa Cruz por veinte votos contra cuatro la prórroga por cuarenta años de la concesión de cuatro áreas petroleras que pertenecen a la multinacional Pan American Energy, integrada en un 60 por ciento por British Petroleum y en un 40 por ciento por Bridas, de la familia Bulgheroni. Se trata de Anticlinal Grande Cerro Dragón Sur, Chulengo, Koluel Kaike y Piedra Clavada.
El contrato con la operadora vencía en 2017, pero el Frente para la Victoria se apuró a extender hasta 2047 en forma directa y sin licitación el permiso para que la compañía extraiga el petróleo. El modelo que se empleó en la provincia del ex presidente Néstor Kirchner es exactamente el mismo que, en mayo de 2007, suscribieron PAE y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, para prorrogar la explotación del principal yacimiento petrolero del país, que está emplazado en la parte norte del cuenca del golfo San Jorge.
Pese a que no estaba previsto en el orden del día de la Legislatura, el oficialismo logró hacer tratar el proyecto sobre tablas y aprobarlo después de un largo debate en el que sólo expresaron su rechazo a la prórroga cuatro diputados de la UCR y una de Encuentro Ciudadano, un partido vecinalista de Río Gallegos.
Pan American se comprometió a realizar una inversión de 800 millones de dólares hasta 2027 en Cerro Dragón, Piedra Clavada y Koluel Kaike, y declaró que destinará 80 millones de dólares para la exploración del área off shore del Centro Golfo San Jorge Marina.
Por eso, en la sesión, los diputados del oficialismo aseguraron que la renegociación implicará una fuerte inversión en la provincia. Sin embargo, desde la oposición los cuestionamientos fueron implacables.
“Se está entregando un recurso estratégico y se está adelantando la renegociación sin licitación”, dijo en diálogo con Crítica de la Argentina, la legisladora santacruceña radical Nadia Ricci.
El tema ya había generado resistencia en la provincia. El gobernador Peralta había firmado en junio del año pasado, en secreto, la prórroga de la explotación de los yacimientos petroleros de Santa Cruz en manos de Pan American Energy. Y no lo hizo en su provincia, sino que viajó a Buenos Aires: se encontró con Carlos Bulgheroni en la Casa de Santa Cruz, sobre la calle 25 de Mayo al 100, y allí firmaron la prórroga.
El gesto generó enojo entre amplios sectores políticos y sociales de la provincia, que iniciaron una junta de firmas para detener el proyecto. Fue entonces cuando el ex gobernador Sergio Acevedo rompió el silencio impuesto que mantenía desde que había renunciado para alertar sobre los riesgos de este acuerdo: “El petróleo es un bien social que debe ser administrado por el Estado. Aquí, manteniendo la política menemista, se da el petróleo, se cede su propiedad”.
Aunque el tema generó manifestaciones y protestas de todo tipo, desde fin del año pasado las protestas se habían espaciado hasta terminarse.
“Es exactamente el mismo acuerdo, con la diferencia de que lo de Chubut era mucho más grave. Primero veinte años, con opción a 10 más y después diez más. Prometen trabajo pero nos van a esquilmar”, le dijo a Crítica de la Argentina el diputado radical Juan Acuña Kunz.
Las áreas renegociadas representan alrededor del cinco por ciento de los recursos hidrocarburíferos de la provincia. En la tierra de Kirchner, operan además Repsol, Petrobras y Oxi.
Fuentes provinciales aseguraron a este diario que el gobernador Peralta no era un promotor del convenio. Sin embargo, en la campaña electoral de 2007, el ex sindicalista que fue interventor en el Yacimiento de Río Turbio se comprometió a aprobar el acuerdo. En medio de la crisis política que vivió el año pasado Santa Cruz, el oficialismo no quiso activar otro foco de conflicto. Por eso, aguardó a que pasaran las elecciones.
Los sectores antikirchneristas no descartaban anoche convocar a una movilización en rechazo a la prorroga refrendada por el Frente para la Victoria. Los que cuestionan la política petrolera del oficialismo todavía no pueden aceptar que las 12 mil firmas que se juntaron en toda la provincia con el objetivo de impulsar una consulta popular sobre el tema sigan durmiendo en un cajón de la Legislatura. “Las presentamos el año pasado, pero el tema jamás fue tratado”, dijo Ricci.
El fiscal insiste para revitalizar la causa por los fondos
El fiscal Andrés Vivanco jugó ayer su segunda oportunidad para que la denuncia por el manejo de los fondos de Santa Cruz se convierta en una causa judicial. En un escrito de 14 páginas, presentó su apelación ante el juzgado de Recursos de Río Gallegos. Si le hacen lugar a su pedido, podría abrirse una nueva investigación.
En su presentación, Vivanco responde uno por uno los argumentos con los que el juez Santiago Lozada dio por archivada la denuncia esta semana. Vivanco considera inconstitucional la ley 2.663 que la Legislatura provincial votó en 2002, en la que dio por aprobadas las cuentas públicas de Santa Cruz referidas al movimiento de los más de 500 millones de dólares depositados en el exterior. Esa ley, dice el escrito del fiscal, “contradice a la Carta Magna al someter a la Legislatura la aprobación de cuentas públicas”. El fiscal considera que la resolución del Tribunal de Cuentas 245 de 2004 tampoco se ajusta a la Constitución porque “se pronuncia en ausencia de comprobantes suficientes”.
Con su intento, Vivanco insiste en que hay irregularidades de procedimiento en el manejo y en el control de los fondos. El 19 de febrero pasado, el fiscal presentó una denuncia en la que acusaba a Néstor Kirchner y a los ex gobernadores Héctor Icazuriaga, Sergio Acevedo y Carlos Sancho de “presunta comisión de los delitos de aplicación indebida de caudales públicos, peculado e incumplimiento de deberes funcionales”. En ese escrito pide la declaración indagatoria del ex presidente y de los otros tres imputados.
La Legislatura alargó la concesión que tenía la empresa Pan American Energy en la cuenca del golfo San Jorge. Los diputados kirchneristas decidieron votarla de manera sorpresiva. Chubut aprobó un contrato similar en 2007.
En la primera sesión del año, el kirchnerismo santacruceño aprobó en la Legislatura de Santa Cruz por veinte votos contra cuatro la prórroga por cuarenta años de la concesión de cuatro áreas petroleras que pertenecen a la multinacional Pan American Energy, integrada en un 60 por ciento por British Petroleum y en un 40 por ciento por Bridas, de la familia Bulgheroni. Se trata de Anticlinal Grande Cerro Dragón Sur, Chulengo, Koluel Kaike y Piedra Clavada.
El contrato con la operadora vencía en 2017, pero el Frente para la Victoria se apuró a extender hasta 2047 en forma directa y sin licitación el permiso para que la compañía extraiga el petróleo. El modelo que se empleó en la provincia del ex presidente Néstor Kirchner es exactamente el mismo que, en mayo de 2007, suscribieron PAE y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, para prorrogar la explotación del principal yacimiento petrolero del país, que está emplazado en la parte norte del cuenca del golfo San Jorge.
Pese a que no estaba previsto en el orden del día de la Legislatura, el oficialismo logró hacer tratar el proyecto sobre tablas y aprobarlo después de un largo debate en el que sólo expresaron su rechazo a la prórroga cuatro diputados de la UCR y una de Encuentro Ciudadano, un partido vecinalista de Río Gallegos.
Pan American se comprometió a realizar una inversión de 800 millones de dólares hasta 2027 en Cerro Dragón, Piedra Clavada y Koluel Kaike, y declaró que destinará 80 millones de dólares para la exploración del área off shore del Centro Golfo San Jorge Marina.
Por eso, en la sesión, los diputados del oficialismo aseguraron que la renegociación implicará una fuerte inversión en la provincia. Sin embargo, desde la oposición los cuestionamientos fueron implacables.
“Se está entregando un recurso estratégico y se está adelantando la renegociación sin licitación”, dijo en diálogo con Crítica de la Argentina, la legisladora santacruceña radical Nadia Ricci.
El tema ya había generado resistencia en la provincia. El gobernador Peralta había firmado en junio del año pasado, en secreto, la prórroga de la explotación de los yacimientos petroleros de Santa Cruz en manos de Pan American Energy. Y no lo hizo en su provincia, sino que viajó a Buenos Aires: se encontró con Carlos Bulgheroni en la Casa de Santa Cruz, sobre la calle 25 de Mayo al 100, y allí firmaron la prórroga.
El gesto generó enojo entre amplios sectores políticos y sociales de la provincia, que iniciaron una junta de firmas para detener el proyecto. Fue entonces cuando el ex gobernador Sergio Acevedo rompió el silencio impuesto que mantenía desde que había renunciado para alertar sobre los riesgos de este acuerdo: “El petróleo es un bien social que debe ser administrado por el Estado. Aquí, manteniendo la política menemista, se da el petróleo, se cede su propiedad”.
Aunque el tema generó manifestaciones y protestas de todo tipo, desde fin del año pasado las protestas se habían espaciado hasta terminarse.
“Es exactamente el mismo acuerdo, con la diferencia de que lo de Chubut era mucho más grave. Primero veinte años, con opción a 10 más y después diez más. Prometen trabajo pero nos van a esquilmar”, le dijo a Crítica de la Argentina el diputado radical Juan Acuña Kunz.
Las áreas renegociadas representan alrededor del cinco por ciento de los recursos hidrocarburíferos de la provincia. En la tierra de Kirchner, operan además Repsol, Petrobras y Oxi.
Fuentes provinciales aseguraron a este diario que el gobernador Peralta no era un promotor del convenio. Sin embargo, en la campaña electoral de 2007, el ex sindicalista que fue interventor en el Yacimiento de Río Turbio se comprometió a aprobar el acuerdo. En medio de la crisis política que vivió el año pasado Santa Cruz, el oficialismo no quiso activar otro foco de conflicto. Por eso, aguardó a que pasaran las elecciones.
Los sectores antikirchneristas no descartaban anoche convocar a una movilización en rechazo a la prorroga refrendada por el Frente para la Victoria. Los que cuestionan la política petrolera del oficialismo todavía no pueden aceptar que las 12 mil firmas que se juntaron en toda la provincia con el objetivo de impulsar una consulta popular sobre el tema sigan durmiendo en un cajón de la Legislatura. “Las presentamos el año pasado, pero el tema jamás fue tratado”, dijo Ricci.
El fiscal insiste para revitalizar la causa por los fondos
El fiscal Andrés Vivanco jugó ayer su segunda oportunidad para que la denuncia por el manejo de los fondos de Santa Cruz se convierta en una causa judicial. En un escrito de 14 páginas, presentó su apelación ante el juzgado de Recursos de Río Gallegos. Si le hacen lugar a su pedido, podría abrirse una nueva investigación.
En su presentación, Vivanco responde uno por uno los argumentos con los que el juez Santiago Lozada dio por archivada la denuncia esta semana. Vivanco considera inconstitucional la ley 2.663 que la Legislatura provincial votó en 2002, en la que dio por aprobadas las cuentas públicas de Santa Cruz referidas al movimiento de los más de 500 millones de dólares depositados en el exterior. Esa ley, dice el escrito del fiscal, “contradice a la Carta Magna al someter a la Legislatura la aprobación de cuentas públicas”. El fiscal considera que la resolución del Tribunal de Cuentas 245 de 2004 tampoco se ajusta a la Constitución porque “se pronuncia en ausencia de comprobantes suficientes”.
Con su intento, Vivanco insiste en que hay irregularidades de procedimiento en el manejo y en el control de los fondos. El 19 de febrero pasado, el fiscal presentó una denuncia en la que acusaba a Néstor Kirchner y a los ex gobernadores Héctor Icazuriaga, Sergio Acevedo y Carlos Sancho de “presunta comisión de los delitos de aplicación indebida de caudales públicos, peculado e incumplimiento de deberes funcionales”. En ese escrito pide la declaración indagatoria del ex presidente y de los otros tres imputados.
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