Por ADIN
El día 17 de abril de este año, Día Internacional de la Lucha Campesina, en la casa de nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo nació el FRENTE NACIONAL CAMPESINO, un eco de antiguas palabras de la gran historia nos acompañaban en el sitio perfecto para el encuentro de la verdad indoamericana y allí quedó desnuda y apichonada la gran mentira de la pequeña historia, esa que aparece en las voces y rostros mediáticos de los dichos dueños del campo.
Este espacio surgido con el apoyo de cuatro organizaciones de los campesinos argentinos (MOCAFOR (Formosa) MOCASE (Sgo. del Estero) MAM (Misiones) y MOCAJU (Jujuy), ingresa en el escenario político y social con el objetivo de representar a los campesinos argentinos y legitimar una expresión social y política carente de visibilidad desde la pulcra lógica de la urbe, según nos decía el filósofo indigenista Rodolfo Kusch.
El FRENTE NACIONAL CAMPESINO sabe muy bien que la voz derrotara la fuerza y por eso nos sentimos solidarios con el pueblo de nuestra hermana Bolivia, y respaldamos al gobierno del presidente Evo Morales Ayma, a sus políticas de cambio y al proceso constituyente soberano del pueblo boliviano y condenamos la ingerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos a favor de las acciones divisionistas y discriminatorias de los grupos oligárquicos bolivianos.
En nuestro país, desde que los barones de la soja y por detrás de ellos las grandes corporaciones multinacionales y pooles de siembra han desabastecido gravemente a nuestro pueblo, colocando en el orden del día la cuestión agraria, una algazara incontenible de opiniones escritas y orales ha invadido el espacio de las grandes marquesinas institucionales, pero hasta el momento los medios masivos de comunicación social no se han enterado que los campesinos, no solamente son una realidad en algún recóndito lugar de América Latina, sino que también pertenecen a este territorio, que alguna vez estuvo poblado de pueblos originarios y hoy de campesinos que viven cuidando la tierra y la semilla para protegerse de todos los males.
Cuando a comienzos de la década de 1960, comenzó la denominada etapa de la expansión de la frontera agropecuaria y junto con ella la recomposición estratégica de la burguesía terrateniente argentina, luego del estrago doloroso del ecosistema de los montes y selvas del Gran Chaco argentino, comenzaron a gestarse las primeras organizaciones campesinas de la región, la cual muchas de ellas terminaron agrupándose alrededor de las Ligas Agrarias. Pero este proceso asociativo se interrumpe bruscamente con el Terrorismo de Estado y a partir de ese momento miles de campesinos ingresaron en el horror de los 30.000 desaparecidos, asesinados, prisioneros, exiliados entre otros padecimientos traumáticos aún no superados del genocidio argentino.
La instalación del modelo de monocultivo transgénico, vino acompañada por una avanzada formidable de empresarios y terratenientes que decían traer el progreso, pero como habían dicho lo mismo en tiempos de La Forestal, los campesinos dijeron “…a Don Progreso no queremos conocerlo…”, ya se sabe que solamente trae desolación y muerte.
Poco a poco, después de la oscura noche de la dictadura militar, las organizaciones campesinas fueron asumiendo conciencia de sus derechos posesorios, “el que yo tenga la cosa bajo mi poder constituye la posesión” decía Hegel en Principios de la Filosofía del Derecho y el inveterado principio posesorio del Código Civil de Vélez Sarfield vino en nuestra ayuda para decir “la posesión vale título” y ejercer con viva voz el art. 2470 que habilita el ejercicio de la autodefensa de la posesión, en los casos que los auxilios de la justicia llegue demasiado tarde, y como siempre sucede la justicia o llega tarde o casi nunca llega.
El derecho a la tierra es el factor básico que desencadena el contexto histórico actual de nuestra región rural. El campesino, actor fundamental de este proceso, se encuentra directamente vinculado a este acontecer: el derecho a la tierra es parte constitutiva de su derecho a la vida. La tierra es la vida porque sin la tierra el campesino deja de ser lo que es. Este derecho pertenece al ámbito de los derechos humanos, reconocido en todos los estados de la comunidad internacional y plasmado en pactos y convenciones como derivación de lo que la doctrina denomina la internacionalizació n de los derechos humanos.
Como resultado de ello nuestra Constitución Nacional ha incorporado mediante la reforma del año 1994 los Tratados del derecho humanitario de gentes en el art. 75, inc. 22, como normas de la mayor jerarquía en el ordenamiento interno argentino.
Pero nada de ello le ha importado a la Republiqueta de la Soja, ya que el modelo agrario transgénico, implantado desde el año 1996 en que se habilitaron para su comercializació n las primeras semillas de Soja RR, ha provocado una fuerte agriculturizació n en las mejores tierras de nuestro país con fuertes desplazamientos y desalojos de las poblaciones campesinas, de la ganadería y de otras producciones como la apicultura, la artesanía y otras relaciones de producción relacionadas con el manejo sustentable del medio ambiente, todo ello con el objetivo de implantar un modelo industrial de agricultura sin agricultores. A ello se debe agregar el grave daño a la salud y a la tierra de las comunidades campesinas que son fumigadas indiscriminada e impunemente con los agrotóxicos que acompañan el cultivo de las semillas transgénicas, provocando en forma masiva enfermedades de piel y respiratorias, cuando no leucemias, malformaciones, abortos y enfermedades terminales.
El compañero Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural viene anticipando desde hace tiempo esta grave situación, ya que el avance de la frontera de la agricultura industrial, requiere de manera insaciable tierras que se pongan a disposición del modelo sojero biotecnológico.
Los desalojos de campesinos y el achicamiento de sus posesiones en nuestra región como resultado de la expansión del modelo sojero ha provocado las presentaciones judiciales de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la firma de los doctores Rodolfo Yanzón, Raúl Schnabel y quién suscribe, a fin de solicitar la intervención de la Comisión para que se implemente el mecanismo de Medidas cautelares, conforme lo autoriza el art. 19.b del Estatuto y el art. 25 y 29.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que subsisten variadas y graves situaciones que requieren la urgente intervención para que se adopten medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables a la vida, a la integridad física, la libertad ambulatoria, derecho a la vivienda, al trabajo, a la protección de la familia, a la libertad de expresión, a la protección de la jurisdicción y a otros derechos humanos fundamentales de los campesinos de la Provincia de Santiago del Estero, que corre riesgos inminentes sobre su vida por la pérdida de sus tierras y sus modos ancestrales de subsistencia a través de métodos violentos de particulares y del Estado.
Por todo ello, se hace imperioso instalar en la agenda institucional un profundo debate para la demorada Reforma Agraria en nuestro país, porque es preocupante el acelerado proceso de extranjerizació n de las tierras, que en el caso de los recursos mineros alcanza una gravedad inusitada, pero también sabemos por algunas organizaciones no gubernamentales que responden directamente a la CIA norteamericana que se nos vienen por el agua dulce de nuestros acuíferos.
En estos momentos que los gobiernos de la comunidad internacional, con excepción de la administració n estadounidense, que no ha firmado el protocolo de Kyoto, parecieran haber advertido las consecuencias climáticas del calentamiento de la tierra, en nuestros lugares y desde sus realidades los campesinos ya nos venían anunciando mucho tiempo antes este fenómeno, seguramente debido al triste crepitar de los montes ante el avance de las topadoras y los incendios intencionales, denunciados en la justicia penal federal y provincial por el delito de Estrago rural tipificado en el art. 186 inc. 2º apartado b) del Código Penal, Titulo VII donde se protege el bien jurídico seguridad pública, mientras se aguarda la ansiada reforma al vetusto Código Penal, cuyo trámite administrativo y parlamentario fue interrumpido por las movilizaciones de la mano dura cuando el mediático Blumberg se presentaba como Ingeniero apoyado por el estrafalario coro de la derecha rabiosa y violenta contra el estereotipo del delincuente que habita en las zonas marginales de las grandes ciudades. Y ahora que Blumberg no esta, es importante recordar que en la referida reforma estas acciones contra el medio ambiente tienen una solución penal y se encuentra expresamente asegurado como bien jurídico protegido por el poder punitivo del Estado, conforme ya se encuentra consagrado en el art. 41 de nuestra Constitución Nacional.
Esta ausencia de legislación represiva sobre el tema lo sufren ahora los indignados habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ya que la onda expansiva del monocultivo transgénico ha llegado con uno de sus efectos menos nocivo, el humo de los pastizales, una práctica muy común en las zonas de ganadería mayor y menor, que viene provocando grandes pérdidas de la masa forestal de nuestras regiones cuando el fuego se desmadra a causa de los vientos y otros efectos no previstos.
Esta práctica del fuego para acelerar el brote del nuevo pasto fue introducida por los “técnicos” del INTA, a pesar de algunas voces campesinas que planteaban dudas en torno a este esquematismo científico. Hoy los estudios ambientales están demostrando la insustentabilidad de esta actividad y el serio riesgo a la salud humana, además, y esto es lo más importante a la biodiversidad existente en las zonas de los incendios.
Este ejemplo sirve para demostrar que los planes y programas sociales agropecuarios que no se confrontan con la realidad y el saber campesino corren el serio riesgo de fracasar como ha ocurrido con el PSA (Programa Social Agropecuario) o el Foro de Agricultura familiar que se dedican a dividir a las organizaciones campesinas que no le son funcionales a sus requerimientos. La mayoría de los técnicos de estos programas estatales se resisten a mirar su gestión y la capacitación agrícola como un proceso eminentemente educativo de naturaleza política, tal cual lo decía el educador brasileño Paulo Freire.
El modelo sojero que se viene denunciando desde hace mucho tiempo tiene, además, un efecto colateral y premeditado por las corporaciones multinacionales y sus aliados, la necesidad imperiosa de un campo sin campesinos. Así lo viene asumiendo y ejerciendo en la zona del sudeste santiagueño Guillermo Masoni, el Grobocopatel del Gran Chaco argentino, titular de dominio de mas de 120.000 hectáreas, dueño de sociedades anónimas con las cuales ha adquirido a precio vil e irrisorio extensos lotes de terreno remanente que provenían de los latifundios de La Forestal.
Los terratenientes y empresarios de la soja recurren a variadas metodologías para erradicar las comunidades campesinas de sus lugares. En primer lugar la función complaciente y activa de la estructura del poder judicial y la policía respaldando los intereses contrarios del sector campesino y ayudado por una compleja trama que habita en la conciencia del sujeto social campesino y que fue muy bien reflejada escritor santiagueño Bernardo Canal Feijoo en su obra Estructura Mediterránea argentina que vale citar por su esclarecedora descripción: “... los instintos de propiedad y de rapiña no han contado nunca en el dinamismo de la pasión criolla. Lo mismo que el indio, el criollo ha aparecido como una vaga criatura atmosférica y casi dichosa, despreocupada de todos los problemas del derecho patrimonial. Era sólido de su adhesión al lugar, como los árboles, como los animales de mero instinto, sobre la base de sentimientos de adaptación y de querencia, no de voluntad jurídica de dominio. Por eso resultó al fin fácil presa del despojo...”.
Otra metodología típica para producir el vaciamiento de los campos se encuentra en las acciones directas contra los derechos colectivos de los campesinos, con el objeto de convertir un suplicio la vida en sus territorios, nos referimos a las fumigaciones indiscriminadas, incendios, inundaciones intencionadas, para provocar el traslado de sus casas y el abandono de sus antiguas posesiones como ocurre actualmente en la provincia de Formosa. Otras acciones indirectas tienen como denominador común la omisión estatal en el cumplimiento de sus fines y que se puede ejemplificar en el caso de la vinchuca, un insecto que suele anidar todo el año en los techos de paja de las viviendas rurales, que transmite el “trypanosoma cruzi”, parásito que produce el “mal de chagas”, enfermedad que afecta gravemente el corazón cobrándose la vida en personas que no superan los 40 años. Los medicamentos que controlan la enfermedad no se producen por no constituir un negocio rentable para los laboratorios. La otra solución de muy baja inversión es la fumigación de las viviendas. Pero lamentablemente las autoridades, tanto de la Nación como de la Provincia, no proveen la cantidad necesaria de insecticida. Es allí cuando la mano “benefactora” de los terratenientes que usurpan la tierra de las familias campesinas suple la omisión del estado y proporciona los medios de fumigación. Esta modalidad perversa de la “subsidiariedad” de la actividad privada en las funciones prioritarias del estado intenta minar la resistencia de la familia campesina y pone de manifiesto la omisión violatoria del derecho a la salud por parte del Estado.
El FRENTE NACIONAL CAMPESINO hace suyo los principios sustentadores de la Soberanía alimentaria, como eje fundamental de nuestra acción, porque entre los 854 millones de personas hambrientas en el mundo, tres cuartos son campesinos. Los millones de migrantes a los que se les niega sus derechos básicos y los desempleados urbanos pobres, son nuestros hermanos y hermanas que han sido expulsados de su tierra dice la Declaración de Vía Campesina del 11 de mayo del 2007. Por ello la soberanía alimentaria implica un modelo productivo para una nueva sociedad de hombres libres que puedan apropiarse de su alimentación, y por supuesto, para ello, la tierra tiene que pertenecer a quienes viven desde siempre para que se puedan realizar los derechos colectivos fundamentales de las comunidades campesinas.
En este punto no se puede dejar de resaltar el espectáculo doloroso de millones de litros de leche volcados en las rutas y millones de toneladas de alimentos destinados a la población que llegaron en estado de descomposició n o también arrojados a la vera de los caminos y rutas de nuestro país. Un corazón campesino jamás haría eso, porque desde niño la Pachamama le susurraba al oído y le decía que la comida nunca se tira.
En el conflicto suscitado por las retenciones, se ha escuchado a varios dirigentes rurales rodeados de micrófonos y cámaras de televisión decir que son los “creadores de la riqueza de la patria”, pero no se acordaron estos superfluos señores de los campos, que desde la conquista española que se vienen aprovechando del trabajo, la técnica y la infraestructura creada por los pueblos originarios. Tampoco se acordaron los mediáticos ruralistas que fueron los paisanos de nuestros parajes quienes le pusieron el pecho a los ejércitos de liberación de San Martín, Belgrano, Artigas y Güemes y también esa guerra de la Triple Infamia promovida por Bartolomé Mitre y la oligarquía porteña contra el heroico pueblo paraguayo. No se acordaron los piqueteros de botas carpincho, que Rosas, Roca, los gobernadores provinciales e interventores federales de nuestra región no fueron al desierto, porque en ese desierto había pueblos autóctonos que desaparecieron para que miles de leguas comenzaran a engrosar el patrimonio de los descendientes de la Sociedad Rural, y otros importantes referentes de la burguesía terrateniente.
Por eso los campesinos han conformado el FRENTE NACIONAL CAMPESINO, para recuperar la memoria histórica y la cultura que viene viajando desde el centro de la tierra como la raíz del Árbol que nos sigue protegiendo con su magia y belleza, porque somos y nos sentimos herederos de los pueblos de la América profunda exterminados en los primeros genocidios de nuestra historia y porque hoy la circunstancia exige la aparición del sujeto social campesino para cumplir de este modo su cometido en la magnitud histórica.
Luis Horacio Santucho
(FRENTE NACIONAL CAMPESINO)
El día 17 de abril de este año, Día Internacional de la Lucha Campesina, en la casa de nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo nació el FRENTE NACIONAL CAMPESINO, un eco de antiguas palabras de la gran historia nos acompañaban en el sitio perfecto para el encuentro de la verdad indoamericana y allí quedó desnuda y apichonada la gran mentira de la pequeña historia, esa que aparece en las voces y rostros mediáticos de los dichos dueños del campo.
Este espacio surgido con el apoyo de cuatro organizaciones de los campesinos argentinos (MOCAFOR (Formosa) MOCASE (Sgo. del Estero) MAM (Misiones) y MOCAJU (Jujuy), ingresa en el escenario político y social con el objetivo de representar a los campesinos argentinos y legitimar una expresión social y política carente de visibilidad desde la pulcra lógica de la urbe, según nos decía el filósofo indigenista Rodolfo Kusch.
El FRENTE NACIONAL CAMPESINO sabe muy bien que la voz derrotara la fuerza y por eso nos sentimos solidarios con el pueblo de nuestra hermana Bolivia, y respaldamos al gobierno del presidente Evo Morales Ayma, a sus políticas de cambio y al proceso constituyente soberano del pueblo boliviano y condenamos la ingerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos a favor de las acciones divisionistas y discriminatorias de los grupos oligárquicos bolivianos.
En nuestro país, desde que los barones de la soja y por detrás de ellos las grandes corporaciones multinacionales y pooles de siembra han desabastecido gravemente a nuestro pueblo, colocando en el orden del día la cuestión agraria, una algazara incontenible de opiniones escritas y orales ha invadido el espacio de las grandes marquesinas institucionales, pero hasta el momento los medios masivos de comunicación social no se han enterado que los campesinos, no solamente son una realidad en algún recóndito lugar de América Latina, sino que también pertenecen a este territorio, que alguna vez estuvo poblado de pueblos originarios y hoy de campesinos que viven cuidando la tierra y la semilla para protegerse de todos los males.
Cuando a comienzos de la década de 1960, comenzó la denominada etapa de la expansión de la frontera agropecuaria y junto con ella la recomposición estratégica de la burguesía terrateniente argentina, luego del estrago doloroso del ecosistema de los montes y selvas del Gran Chaco argentino, comenzaron a gestarse las primeras organizaciones campesinas de la región, la cual muchas de ellas terminaron agrupándose alrededor de las Ligas Agrarias. Pero este proceso asociativo se interrumpe bruscamente con el Terrorismo de Estado y a partir de ese momento miles de campesinos ingresaron en el horror de los 30.000 desaparecidos, asesinados, prisioneros, exiliados entre otros padecimientos traumáticos aún no superados del genocidio argentino.
La instalación del modelo de monocultivo transgénico, vino acompañada por una avanzada formidable de empresarios y terratenientes que decían traer el progreso, pero como habían dicho lo mismo en tiempos de La Forestal, los campesinos dijeron “…a Don Progreso no queremos conocerlo…”, ya se sabe que solamente trae desolación y muerte.
Poco a poco, después de la oscura noche de la dictadura militar, las organizaciones campesinas fueron asumiendo conciencia de sus derechos posesorios, “el que yo tenga la cosa bajo mi poder constituye la posesión” decía Hegel en Principios de la Filosofía del Derecho y el inveterado principio posesorio del Código Civil de Vélez Sarfield vino en nuestra ayuda para decir “la posesión vale título” y ejercer con viva voz el art. 2470 que habilita el ejercicio de la autodefensa de la posesión, en los casos que los auxilios de la justicia llegue demasiado tarde, y como siempre sucede la justicia o llega tarde o casi nunca llega.
El derecho a la tierra es el factor básico que desencadena el contexto histórico actual de nuestra región rural. El campesino, actor fundamental de este proceso, se encuentra directamente vinculado a este acontecer: el derecho a la tierra es parte constitutiva de su derecho a la vida. La tierra es la vida porque sin la tierra el campesino deja de ser lo que es. Este derecho pertenece al ámbito de los derechos humanos, reconocido en todos los estados de la comunidad internacional y plasmado en pactos y convenciones como derivación de lo que la doctrina denomina la internacionalizació n de los derechos humanos.
Como resultado de ello nuestra Constitución Nacional ha incorporado mediante la reforma del año 1994 los Tratados del derecho humanitario de gentes en el art. 75, inc. 22, como normas de la mayor jerarquía en el ordenamiento interno argentino.
Pero nada de ello le ha importado a la Republiqueta de la Soja, ya que el modelo agrario transgénico, implantado desde el año 1996 en que se habilitaron para su comercializació n las primeras semillas de Soja RR, ha provocado una fuerte agriculturizació n en las mejores tierras de nuestro país con fuertes desplazamientos y desalojos de las poblaciones campesinas, de la ganadería y de otras producciones como la apicultura, la artesanía y otras relaciones de producción relacionadas con el manejo sustentable del medio ambiente, todo ello con el objetivo de implantar un modelo industrial de agricultura sin agricultores. A ello se debe agregar el grave daño a la salud y a la tierra de las comunidades campesinas que son fumigadas indiscriminada e impunemente con los agrotóxicos que acompañan el cultivo de las semillas transgénicas, provocando en forma masiva enfermedades de piel y respiratorias, cuando no leucemias, malformaciones, abortos y enfermedades terminales.
El compañero Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural viene anticipando desde hace tiempo esta grave situación, ya que el avance de la frontera de la agricultura industrial, requiere de manera insaciable tierras que se pongan a disposición del modelo sojero biotecnológico.
Los desalojos de campesinos y el achicamiento de sus posesiones en nuestra región como resultado de la expansión del modelo sojero ha provocado las presentaciones judiciales de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la firma de los doctores Rodolfo Yanzón, Raúl Schnabel y quién suscribe, a fin de solicitar la intervención de la Comisión para que se implemente el mecanismo de Medidas cautelares, conforme lo autoriza el art. 19.b del Estatuto y el art. 25 y 29.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que subsisten variadas y graves situaciones que requieren la urgente intervención para que se adopten medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables a la vida, a la integridad física, la libertad ambulatoria, derecho a la vivienda, al trabajo, a la protección de la familia, a la libertad de expresión, a la protección de la jurisdicción y a otros derechos humanos fundamentales de los campesinos de la Provincia de Santiago del Estero, que corre riesgos inminentes sobre su vida por la pérdida de sus tierras y sus modos ancestrales de subsistencia a través de métodos violentos de particulares y del Estado.
Por todo ello, se hace imperioso instalar en la agenda institucional un profundo debate para la demorada Reforma Agraria en nuestro país, porque es preocupante el acelerado proceso de extranjerizació n de las tierras, que en el caso de los recursos mineros alcanza una gravedad inusitada, pero también sabemos por algunas organizaciones no gubernamentales que responden directamente a la CIA norteamericana que se nos vienen por el agua dulce de nuestros acuíferos.
En estos momentos que los gobiernos de la comunidad internacional, con excepción de la administració n estadounidense, que no ha firmado el protocolo de Kyoto, parecieran haber advertido las consecuencias climáticas del calentamiento de la tierra, en nuestros lugares y desde sus realidades los campesinos ya nos venían anunciando mucho tiempo antes este fenómeno, seguramente debido al triste crepitar de los montes ante el avance de las topadoras y los incendios intencionales, denunciados en la justicia penal federal y provincial por el delito de Estrago rural tipificado en el art. 186 inc. 2º apartado b) del Código Penal, Titulo VII donde se protege el bien jurídico seguridad pública, mientras se aguarda la ansiada reforma al vetusto Código Penal, cuyo trámite administrativo y parlamentario fue interrumpido por las movilizaciones de la mano dura cuando el mediático Blumberg se presentaba como Ingeniero apoyado por el estrafalario coro de la derecha rabiosa y violenta contra el estereotipo del delincuente que habita en las zonas marginales de las grandes ciudades. Y ahora que Blumberg no esta, es importante recordar que en la referida reforma estas acciones contra el medio ambiente tienen una solución penal y se encuentra expresamente asegurado como bien jurídico protegido por el poder punitivo del Estado, conforme ya se encuentra consagrado en el art. 41 de nuestra Constitución Nacional.
Esta ausencia de legislación represiva sobre el tema lo sufren ahora los indignados habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ya que la onda expansiva del monocultivo transgénico ha llegado con uno de sus efectos menos nocivo, el humo de los pastizales, una práctica muy común en las zonas de ganadería mayor y menor, que viene provocando grandes pérdidas de la masa forestal de nuestras regiones cuando el fuego se desmadra a causa de los vientos y otros efectos no previstos.
Esta práctica del fuego para acelerar el brote del nuevo pasto fue introducida por los “técnicos” del INTA, a pesar de algunas voces campesinas que planteaban dudas en torno a este esquematismo científico. Hoy los estudios ambientales están demostrando la insustentabilidad de esta actividad y el serio riesgo a la salud humana, además, y esto es lo más importante a la biodiversidad existente en las zonas de los incendios.
Este ejemplo sirve para demostrar que los planes y programas sociales agropecuarios que no se confrontan con la realidad y el saber campesino corren el serio riesgo de fracasar como ha ocurrido con el PSA (Programa Social Agropecuario) o el Foro de Agricultura familiar que se dedican a dividir a las organizaciones campesinas que no le son funcionales a sus requerimientos. La mayoría de los técnicos de estos programas estatales se resisten a mirar su gestión y la capacitación agrícola como un proceso eminentemente educativo de naturaleza política, tal cual lo decía el educador brasileño Paulo Freire.
El modelo sojero que se viene denunciando desde hace mucho tiempo tiene, además, un efecto colateral y premeditado por las corporaciones multinacionales y sus aliados, la necesidad imperiosa de un campo sin campesinos. Así lo viene asumiendo y ejerciendo en la zona del sudeste santiagueño Guillermo Masoni, el Grobocopatel del Gran Chaco argentino, titular de dominio de mas de 120.000 hectáreas, dueño de sociedades anónimas con las cuales ha adquirido a precio vil e irrisorio extensos lotes de terreno remanente que provenían de los latifundios de La Forestal.
Los terratenientes y empresarios de la soja recurren a variadas metodologías para erradicar las comunidades campesinas de sus lugares. En primer lugar la función complaciente y activa de la estructura del poder judicial y la policía respaldando los intereses contrarios del sector campesino y ayudado por una compleja trama que habita en la conciencia del sujeto social campesino y que fue muy bien reflejada escritor santiagueño Bernardo Canal Feijoo en su obra Estructura Mediterránea argentina que vale citar por su esclarecedora descripción: “... los instintos de propiedad y de rapiña no han contado nunca en el dinamismo de la pasión criolla. Lo mismo que el indio, el criollo ha aparecido como una vaga criatura atmosférica y casi dichosa, despreocupada de todos los problemas del derecho patrimonial. Era sólido de su adhesión al lugar, como los árboles, como los animales de mero instinto, sobre la base de sentimientos de adaptación y de querencia, no de voluntad jurídica de dominio. Por eso resultó al fin fácil presa del despojo...”.
Otra metodología típica para producir el vaciamiento de los campos se encuentra en las acciones directas contra los derechos colectivos de los campesinos, con el objeto de convertir un suplicio la vida en sus territorios, nos referimos a las fumigaciones indiscriminadas, incendios, inundaciones intencionadas, para provocar el traslado de sus casas y el abandono de sus antiguas posesiones como ocurre actualmente en la provincia de Formosa. Otras acciones indirectas tienen como denominador común la omisión estatal en el cumplimiento de sus fines y que se puede ejemplificar en el caso de la vinchuca, un insecto que suele anidar todo el año en los techos de paja de las viviendas rurales, que transmite el “trypanosoma cruzi”, parásito que produce el “mal de chagas”, enfermedad que afecta gravemente el corazón cobrándose la vida en personas que no superan los 40 años. Los medicamentos que controlan la enfermedad no se producen por no constituir un negocio rentable para los laboratorios. La otra solución de muy baja inversión es la fumigación de las viviendas. Pero lamentablemente las autoridades, tanto de la Nación como de la Provincia, no proveen la cantidad necesaria de insecticida. Es allí cuando la mano “benefactora” de los terratenientes que usurpan la tierra de las familias campesinas suple la omisión del estado y proporciona los medios de fumigación. Esta modalidad perversa de la “subsidiariedad” de la actividad privada en las funciones prioritarias del estado intenta minar la resistencia de la familia campesina y pone de manifiesto la omisión violatoria del derecho a la salud por parte del Estado.
El FRENTE NACIONAL CAMPESINO hace suyo los principios sustentadores de la Soberanía alimentaria, como eje fundamental de nuestra acción, porque entre los 854 millones de personas hambrientas en el mundo, tres cuartos son campesinos. Los millones de migrantes a los que se les niega sus derechos básicos y los desempleados urbanos pobres, son nuestros hermanos y hermanas que han sido expulsados de su tierra dice la Declaración de Vía Campesina del 11 de mayo del 2007. Por ello la soberanía alimentaria implica un modelo productivo para una nueva sociedad de hombres libres que puedan apropiarse de su alimentación, y por supuesto, para ello, la tierra tiene que pertenecer a quienes viven desde siempre para que se puedan realizar los derechos colectivos fundamentales de las comunidades campesinas.
En este punto no se puede dejar de resaltar el espectáculo doloroso de millones de litros de leche volcados en las rutas y millones de toneladas de alimentos destinados a la población que llegaron en estado de descomposició n o también arrojados a la vera de los caminos y rutas de nuestro país. Un corazón campesino jamás haría eso, porque desde niño la Pachamama le susurraba al oído y le decía que la comida nunca se tira.
En el conflicto suscitado por las retenciones, se ha escuchado a varios dirigentes rurales rodeados de micrófonos y cámaras de televisión decir que son los “creadores de la riqueza de la patria”, pero no se acordaron estos superfluos señores de los campos, que desde la conquista española que se vienen aprovechando del trabajo, la técnica y la infraestructura creada por los pueblos originarios. Tampoco se acordaron los mediáticos ruralistas que fueron los paisanos de nuestros parajes quienes le pusieron el pecho a los ejércitos de liberación de San Martín, Belgrano, Artigas y Güemes y también esa guerra de la Triple Infamia promovida por Bartolomé Mitre y la oligarquía porteña contra el heroico pueblo paraguayo. No se acordaron los piqueteros de botas carpincho, que Rosas, Roca, los gobernadores provinciales e interventores federales de nuestra región no fueron al desierto, porque en ese desierto había pueblos autóctonos que desaparecieron para que miles de leguas comenzaran a engrosar el patrimonio de los descendientes de la Sociedad Rural, y otros importantes referentes de la burguesía terrateniente.
Por eso los campesinos han conformado el FRENTE NACIONAL CAMPESINO, para recuperar la memoria histórica y la cultura que viene viajando desde el centro de la tierra como la raíz del Árbol que nos sigue protegiendo con su magia y belleza, porque somos y nos sentimos herederos de los pueblos de la América profunda exterminados en los primeros genocidios de nuestra historia y porque hoy la circunstancia exige la aparición del sujeto social campesino para cumplir de este modo su cometido en la magnitud histórica.
Luis Horacio Santucho
(FRENTE NACIONAL CAMPESINO)
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