Fuente: Crítica de la Argentina
Acusándola de “trabajo esclavo y prepotencia”, Chávez nacionalizó Sidor, empresa de Techint en Venezuela
El principal socio de la Argentina sorprendió al Gobierno con su decisión. Todo el elenco oficial intercede a favor de los Rocca.
El Gobierno movilizó a peones, alfiles y hasta la dama para mediar en una pelea entre dos de sus mejores aliados: Hugo Chávez y el grupo Techint. El venezolano decidió por la madrugada renacionalizar Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la filial caribeña del grupo ítalo-argentino, privatizada en 1997 e inmersa en un conflicto sindical desde hace 15 meses.
La guerra entre ambos pone en peligro la alianza comercial, energética y financiera que la administración K tejió en los últimos años con Venezuela.La Casa Rosada se desayunó por la mañana con la noticia. Sorprendió incluso al ministro de Planificación, Julio De Vido, quien maneja una virtual diplomacia paralela para todos los negocios bilaterales.
El jefe de Techint, Paolo Rocca, pidió por escrito desde el exterior que intervenga la presidenta Cristina Kirchner. Cree que Venezuela aún puede retroceder, pero reclama que lo indemnice si no lo hace. Sus ejecutivos en Caracas dieron una cifra para empezar a negociar: por año Sidor factura 2.400 millones de dólares. Es una cuarta parte de lo que mueve Ternium, una de las dos grandes divisiones del grupo, que tiene sede en Luxemburgo.
“Nosotros nos queremos quedar con la empresa. Todavía no estamos negociando la indemnización”, aclaró a este diario uno de los ejecutivos que cambió telefonazos durante todo el día con la Casa Rosada, Puerto Madero y el Ministerio de Planificación. En un comunicado oficial, Ternium negó haber recibido notificación de la medida.
El vicepresidente venezolano, Ramón Carrizales, acusó a los Rocca de producir en su país con “materia prima subsidiada, al igual que la electricidad”, y en base a “una explotación inclemente” de los trabajadores, que a su juicio están “sometidos a una semiesclavitud”. También protestó porque la firma vende su acero en el mercado interno “a precios internacionales”, tal como hace en la Argentina.
“Que no han violado la ley, es posible que no haya violaciones, pero lo que se hacía era por lo menos antiético e inhumano”, calificó Carrizales, quien dijo haber recibido órdenes directas de Chávez.
El bolivariano había amagado con nacionalizar Sidor en mayo del año pasado, cuando se tensaba la relación entre Techint y el Gobierno por las presuntas coimas de Skanska, que los Rocca adjudicaban por lo bajo a funcionarios K. Néstor llamó entonces a Caracas y le pidió “no mezclar las cosas”, tras lo cual se firmó un acuerdo para que la filial abasteciera al mercado venezolano a precios razonables. El conflicto sindical siguió igual y los obreros de la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV) presionaron a Chávez por la nacionalización.
Esta vez los Rocca también hicieron sonar teléfonos en Brasilia, donde Chávez no es tan bien visto como en Balcarce 50. Lo hicieron a través de Usiminas, el socio brasileño minoritario de Ternium.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva puso a trabajar a los diplomáticos del Palacio de Itamaraty, que ya habían presionado a Bolivia cuando decidió nacionalizar parte de Petrobras.
Según fuentes de Techint, el grupo apelará también a los tratados bilaterales de inversión vigentes. El obstáculo que enfrentan es su propia trasnacionalización; nadie la considera hoy una firma argentina.
Al calor del acercamiento entre Chávez y Kirchner, los Rocca no fueron los únicos que empezaron a hacer negocios en Venezuela. También crecieron el controvertido Sergio Taselli (con la venta de maquinaria agrícola), la láctea Sancor –rescatada financieramente por un banco estatal venezolano– y el sojero Gustavo Grobocopatel.
El vínculo lo manejó el ministro De Vido a través de Claudio Uberti, virtual embajador en las sombras, hasta que el escándalo por la valija de Guido Antonini Wilson lo eyectó de su puesto y lo puso bajo la lupa judicial.
Los Rocca, siempre cerca del poder
Los Rocca siempre se mantuvieron cerca del poder político. Agostino, el fundador del imperio, trajo de Italia al terminar la Segunda Guerra Mundial su título de ingeniero y el sello de una empresa embrionaria, la Compagnia Tecnica Internazionale.
En 1954 Techint abrió en Campana su primera fábrica de tubos de acero sin costura, que prosperó al calor de la promoción estatal. Después se expandió a la chapa y a la obra pública.
El gran salto del grupo se dio en los años 70 y principios de los 80, bajo el liderazgo de Roberto Rocca, aún hoy considerado un prócer por los ideólogos de la burguesía nacional. La dictadura militar lo ayudó, como a la mayoría de las empresas nacionales y multinacionales, a disciplinar a sus obreros. La UOM denunció la desaparición de decenas de afiliados y hasta la presencia de escuadrones militares armados en sus asambleas.
Cuando Domingo Cavallo estatizó la deuda externa privada antes de la vuelta de la democracia, cerca de un tercio del total pertenecía a los Rocca. En 1980 habían fundado Tecpetrol, que creció a la sombra de una YPF ya en decadencia y de los altos precios del petróleo. Durante el gobierno de Alfonsín también se apoyaron en el auge petrolero para exportar más tubos para oleoductos.
En 1992, los Rocca se alzaron con la privatización de Somisa. Así pasaron a dominar el mercado local y a monopolizar la chapa para autos, lo que los enfrentó más de una vez con las multinacionales del sector. Cuando el uno a uno empezó a castigar al resto de la industria, abogaron abiertamente por la devaluación del peso.
Pusieron gente propia o afín en el gobierno, como Javier Tizado y José de Mendiguren. A Roberto Lavagna, otro de sus hijos dilectos, el grupo le debe la Ley de Promoción de Inversiones (LPI), que financió parte de sus últimas ampliaciones. También la suba de las retenciones a la exportación de chatarra al 40%, para abaratar un insumo clave en la producción de acero. Con Kirchner expandió sus negocios en la obra pública y se consolidó como un gigante siderúrgico en el mundo.
Paga a precio de mercado
Una de las prioridades del segundo mandato de Hugo Chávez es agrandar el rol del Estado en la economía venezolana. Tomó como objetivo varias empresas de sectores estratégicos. Pero toda esta reestatización tiene una particularidad: paga –a precio de mercado- por las acciones, para evitar juicios y otras complicaciones.
En 2007 el estado venezolano concretó las primeras dos operaciones. Pagó u$s1.300 millones para recomprar la telefónica CANTV. A la norteamericana AES le pagó 740 millones de dólares por su 82% de Compañía de Electricidad de Caracas. Necesitado de más cemento para el mercado local, anunció la estatización de empresas del sector. Se topó con la realidad de que son todas privadas.
Acusándola de “trabajo esclavo y prepotencia”, Chávez nacionalizó Sidor, empresa de Techint en Venezuela
El principal socio de la Argentina sorprendió al Gobierno con su decisión. Todo el elenco oficial intercede a favor de los Rocca.
El Gobierno movilizó a peones, alfiles y hasta la dama para mediar en una pelea entre dos de sus mejores aliados: Hugo Chávez y el grupo Techint. El venezolano decidió por la madrugada renacionalizar Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la filial caribeña del grupo ítalo-argentino, privatizada en 1997 e inmersa en un conflicto sindical desde hace 15 meses.
La guerra entre ambos pone en peligro la alianza comercial, energética y financiera que la administración K tejió en los últimos años con Venezuela.La Casa Rosada se desayunó por la mañana con la noticia. Sorprendió incluso al ministro de Planificación, Julio De Vido, quien maneja una virtual diplomacia paralela para todos los negocios bilaterales.
El jefe de Techint, Paolo Rocca, pidió por escrito desde el exterior que intervenga la presidenta Cristina Kirchner. Cree que Venezuela aún puede retroceder, pero reclama que lo indemnice si no lo hace. Sus ejecutivos en Caracas dieron una cifra para empezar a negociar: por año Sidor factura 2.400 millones de dólares. Es una cuarta parte de lo que mueve Ternium, una de las dos grandes divisiones del grupo, que tiene sede en Luxemburgo.
“Nosotros nos queremos quedar con la empresa. Todavía no estamos negociando la indemnización”, aclaró a este diario uno de los ejecutivos que cambió telefonazos durante todo el día con la Casa Rosada, Puerto Madero y el Ministerio de Planificación. En un comunicado oficial, Ternium negó haber recibido notificación de la medida.
El vicepresidente venezolano, Ramón Carrizales, acusó a los Rocca de producir en su país con “materia prima subsidiada, al igual que la electricidad”, y en base a “una explotación inclemente” de los trabajadores, que a su juicio están “sometidos a una semiesclavitud”. También protestó porque la firma vende su acero en el mercado interno “a precios internacionales”, tal como hace en la Argentina.
“Que no han violado la ley, es posible que no haya violaciones, pero lo que se hacía era por lo menos antiético e inhumano”, calificó Carrizales, quien dijo haber recibido órdenes directas de Chávez.
El bolivariano había amagado con nacionalizar Sidor en mayo del año pasado, cuando se tensaba la relación entre Techint y el Gobierno por las presuntas coimas de Skanska, que los Rocca adjudicaban por lo bajo a funcionarios K. Néstor llamó entonces a Caracas y le pidió “no mezclar las cosas”, tras lo cual se firmó un acuerdo para que la filial abasteciera al mercado venezolano a precios razonables. El conflicto sindical siguió igual y los obreros de la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV) presionaron a Chávez por la nacionalización.
Esta vez los Rocca también hicieron sonar teléfonos en Brasilia, donde Chávez no es tan bien visto como en Balcarce 50. Lo hicieron a través de Usiminas, el socio brasileño minoritario de Ternium.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva puso a trabajar a los diplomáticos del Palacio de Itamaraty, que ya habían presionado a Bolivia cuando decidió nacionalizar parte de Petrobras.
Según fuentes de Techint, el grupo apelará también a los tratados bilaterales de inversión vigentes. El obstáculo que enfrentan es su propia trasnacionalización; nadie la considera hoy una firma argentina.
Al calor del acercamiento entre Chávez y Kirchner, los Rocca no fueron los únicos que empezaron a hacer negocios en Venezuela. También crecieron el controvertido Sergio Taselli (con la venta de maquinaria agrícola), la láctea Sancor –rescatada financieramente por un banco estatal venezolano– y el sojero Gustavo Grobocopatel.
El vínculo lo manejó el ministro De Vido a través de Claudio Uberti, virtual embajador en las sombras, hasta que el escándalo por la valija de Guido Antonini Wilson lo eyectó de su puesto y lo puso bajo la lupa judicial.
Los Rocca, siempre cerca del poder
Los Rocca siempre se mantuvieron cerca del poder político. Agostino, el fundador del imperio, trajo de Italia al terminar la Segunda Guerra Mundial su título de ingeniero y el sello de una empresa embrionaria, la Compagnia Tecnica Internazionale.
En 1954 Techint abrió en Campana su primera fábrica de tubos de acero sin costura, que prosperó al calor de la promoción estatal. Después se expandió a la chapa y a la obra pública.
El gran salto del grupo se dio en los años 70 y principios de los 80, bajo el liderazgo de Roberto Rocca, aún hoy considerado un prócer por los ideólogos de la burguesía nacional. La dictadura militar lo ayudó, como a la mayoría de las empresas nacionales y multinacionales, a disciplinar a sus obreros. La UOM denunció la desaparición de decenas de afiliados y hasta la presencia de escuadrones militares armados en sus asambleas.
Cuando Domingo Cavallo estatizó la deuda externa privada antes de la vuelta de la democracia, cerca de un tercio del total pertenecía a los Rocca. En 1980 habían fundado Tecpetrol, que creció a la sombra de una YPF ya en decadencia y de los altos precios del petróleo. Durante el gobierno de Alfonsín también se apoyaron en el auge petrolero para exportar más tubos para oleoductos.
En 1992, los Rocca se alzaron con la privatización de Somisa. Así pasaron a dominar el mercado local y a monopolizar la chapa para autos, lo que los enfrentó más de una vez con las multinacionales del sector. Cuando el uno a uno empezó a castigar al resto de la industria, abogaron abiertamente por la devaluación del peso.
Pusieron gente propia o afín en el gobierno, como Javier Tizado y José de Mendiguren. A Roberto Lavagna, otro de sus hijos dilectos, el grupo le debe la Ley de Promoción de Inversiones (LPI), que financió parte de sus últimas ampliaciones. También la suba de las retenciones a la exportación de chatarra al 40%, para abaratar un insumo clave en la producción de acero. Con Kirchner expandió sus negocios en la obra pública y se consolidó como un gigante siderúrgico en el mundo.
Paga a precio de mercado
Una de las prioridades del segundo mandato de Hugo Chávez es agrandar el rol del Estado en la economía venezolana. Tomó como objetivo varias empresas de sectores estratégicos. Pero toda esta reestatización tiene una particularidad: paga –a precio de mercado- por las acciones, para evitar juicios y otras complicaciones.
En 2007 el estado venezolano concretó las primeras dos operaciones. Pagó u$s1.300 millones para recomprar la telefónica CANTV. A la norteamericana AES le pagó 740 millones de dólares por su 82% de Compañía de Electricidad de Caracas. Necesitado de más cemento para el mercado local, anunció la estatización de empresas del sector. Se topó con la realidad de que son todas privadas.
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