Enviado por ADIN
El gobierno de facto quiso encubrir la masacre diciendo que los opositores habían huido al extranjero y murieron a raíz de enfrentamientos internos. Se publicaron informaciones manipuladas en tal sentido, en revistas argentinas y brasileñas con los nombres de algunos de los desaparecidos. Por eso, el querellante opinó que también deberían ser encausados los periodistas que se prestaron para ese montaje, pues tuvieron una participación importante.
@DIN, 27 de mayo de 2008 - En el mayor procesamiento por violaciones a los derechos humanos de la historia chilena, 98 agentes y colaboradores de la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet fueron encausados por el delito de ‘‘secuestro calificado’’ de 42 de los 119 desaparecidos en 1975 en el marco de la denominada Operación Colombo.
Los primeros en ser notificados por el magistrado Víctor Montiglio -en diciembre de 2005 ya había procesado por este mismo caso a Pinochet-, fueron 16 militares que permanecen encarcelados, entre ellos el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras.
El juez continuará hoy con el trámite -completarlo puede demorar una semana-, que incluirá a militares retirados actualmente en libertad, pero que inmediatamente quedarán detenidos preventivamente en distintas unidades castrenses.
En la lista de quienes recibirán la mala noticia figuran miembros de las Fuerzas Armadas -ocho coroneles y 32 suboficiales jubilados-, carabineros e incluso civiles.
La defensa del apresado general Pedro Espinoza, tildó de ‘‘ficción jurídica’’ la decisión de Montiglio: ‘‘Como el delito de secuestro calificado no existe, el expediente va a llegar a la Corte Suprema’’.
En la nómina de víctimas aparecen los cineastas Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Müller Silva, así como Juan Chacón Olivares, Jorge Humberto D’Orival Briceño y Juan Carlos Perelman, entre otros.
‘‘No estamos sorprendidos por el número de notificaciones, el actuar criminal de la DINA era enorme’’, ponderó el abogado querellante y director del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Boris Paredes.
En su momento, el gobierno de facto quiso encubrir la masacre diciendo que los opositores, la mayoría integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), habían huido al extranjero y murieron a raíz de enfrentamientos internos. Hasta se llegaron a publicar informaciones manipuladas en revistas argentinas y brasileñas con los nombres de algunos de los desaparecidos.
Los titulares principales de los diarios permitidos por la dictadura de Pinochet anunciaban: "Exterminan como ratas a miristas" (La Segunda).
"El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior" (La Tercera), "Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas" (El Mercurio), "Sangrienta pugna del Mir en el exterior" (Las Últimas Noticias).
Los periódicos entregaban la nómina de 119 chilenos ejecutados por sus propios compañeros en Salta, Argentina. Y se reiteraba que todos ellos figuraban en la nómina de los detenidos desaparecidos por los que se había presentado recurso de amparo en tribunales.
También, en esos días, distintos organismos internacionales exigían a la Junta Militar información sobre esos prisioneros. "Esto demuestra la mentira que los marxistas han fabricado sobre la acción de los servicios de seguridad", fue la frase que se repitió una y otra vez por los canales de TV de la dictadura mientras en las casas de esas familias así como en la de sus amigos y compañeros cundía la desesperación.
Por la actuación de la prensa, tanto chilena, como brasileña y argentina, Paredes opinó que también deberían ser encausados los periodistas que ‘‘se prestaron para ese montaje, pues tuvieron una participación importante’’.
Operación Colombo es considerada el inicio de la colaboración represiva entre las dictaduras sudamericanas de la época, que posteriormente se conocería como Operación Cóndor.
El gobierno de facto quiso encubrir la masacre diciendo que los opositores habían huido al extranjero y murieron a raíz de enfrentamientos internos. Se publicaron informaciones manipuladas en tal sentido, en revistas argentinas y brasileñas con los nombres de algunos de los desaparecidos. Por eso, el querellante opinó que también deberían ser encausados los periodistas que se prestaron para ese montaje, pues tuvieron una participación importante.
@DIN, 27 de mayo de 2008 - En el mayor procesamiento por violaciones a los derechos humanos de la historia chilena, 98 agentes y colaboradores de la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet fueron encausados por el delito de ‘‘secuestro calificado’’ de 42 de los 119 desaparecidos en 1975 en el marco de la denominada Operación Colombo.
Los primeros en ser notificados por el magistrado Víctor Montiglio -en diciembre de 2005 ya había procesado por este mismo caso a Pinochet-, fueron 16 militares que permanecen encarcelados, entre ellos el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras.
El juez continuará hoy con el trámite -completarlo puede demorar una semana-, que incluirá a militares retirados actualmente en libertad, pero que inmediatamente quedarán detenidos preventivamente en distintas unidades castrenses.
En la lista de quienes recibirán la mala noticia figuran miembros de las Fuerzas Armadas -ocho coroneles y 32 suboficiales jubilados-, carabineros e incluso civiles.
La defensa del apresado general Pedro Espinoza, tildó de ‘‘ficción jurídica’’ la decisión de Montiglio: ‘‘Como el delito de secuestro calificado no existe, el expediente va a llegar a la Corte Suprema’’.
En la nómina de víctimas aparecen los cineastas Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Müller Silva, así como Juan Chacón Olivares, Jorge Humberto D’Orival Briceño y Juan Carlos Perelman, entre otros.
‘‘No estamos sorprendidos por el número de notificaciones, el actuar criminal de la DINA era enorme’’, ponderó el abogado querellante y director del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Boris Paredes.
En su momento, el gobierno de facto quiso encubrir la masacre diciendo que los opositores, la mayoría integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), habían huido al extranjero y murieron a raíz de enfrentamientos internos. Hasta se llegaron a publicar informaciones manipuladas en revistas argentinas y brasileñas con los nombres de algunos de los desaparecidos.
Los titulares principales de los diarios permitidos por la dictadura de Pinochet anunciaban: "Exterminan como ratas a miristas" (La Segunda).
"El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior" (La Tercera), "Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas" (El Mercurio), "Sangrienta pugna del Mir en el exterior" (Las Últimas Noticias).
Los periódicos entregaban la nómina de 119 chilenos ejecutados por sus propios compañeros en Salta, Argentina. Y se reiteraba que todos ellos figuraban en la nómina de los detenidos desaparecidos por los que se había presentado recurso de amparo en tribunales.
También, en esos días, distintos organismos internacionales exigían a la Junta Militar información sobre esos prisioneros. "Esto demuestra la mentira que los marxistas han fabricado sobre la acción de los servicios de seguridad", fue la frase que se repitió una y otra vez por los canales de TV de la dictadura mientras en las casas de esas familias así como en la de sus amigos y compañeros cundía la desesperación.
Por la actuación de la prensa, tanto chilena, como brasileña y argentina, Paredes opinó que también deberían ser encausados los periodistas que ‘‘se prestaron para ese montaje, pues tuvieron una participación importante’’.
Operación Colombo es considerada el inicio de la colaboración represiva entre las dictaduras sudamericanas de la época, que posteriormente se conocería como Operación Cóndor.
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