Por Demian Zayat
El CELS presentó ayer un documento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados referido a la regulación legal de la prohibición de acceder a la función pública de los autores de los actos de fuerza contra el sistema democrático.
En estos días, el Congreso de la Nación está discutiendo distintas iniciativas legislativas para definir restricciones al acceso a un empleo público, electivo o no, conforme la inhabilitación establecida por el artículo 36 de la Constitución Nacional. Esa cláusula impone una inhabilitación a perpetuidad y la exclusión de los beneficios del indulto y la conmutación de penas, así como la pena de infames traidores a la patria, a los autores de actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, y a quienes como consecuencia de esos actos, hayan usurpado las funciones previstas para las autoridades federales o provinciales
“Desde el CELS entendemos que tanto el proceso de verdad y justicia, como el de restricción de aquellos funcionarios implicados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, tienen una estrecha relación con el futuro, y se encuentran indisolublemente ligados al respeto y protección de los derechos humanos”, reza el comienzo del documento que está disponible en forma completa en http://www.puertae.com.ar/
El CELS presentó ayer un documento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados referido a la regulación legal de la prohibición de acceder a la función pública de los autores de los actos de fuerza contra el sistema democrático.
En estos días, el Congreso de la Nación está discutiendo distintas iniciativas legislativas para definir restricciones al acceso a un empleo público, electivo o no, conforme la inhabilitación establecida por el artículo 36 de la Constitución Nacional. Esa cláusula impone una inhabilitación a perpetuidad y la exclusión de los beneficios del indulto y la conmutación de penas, así como la pena de infames traidores a la patria, a los autores de actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, y a quienes como consecuencia de esos actos, hayan usurpado las funciones previstas para las autoridades federales o provinciales
“Desde el CELS entendemos que tanto el proceso de verdad y justicia, como el de restricción de aquellos funcionarios implicados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, tienen una estrecha relación con el futuro, y se encuentran indisolublemente ligados al respeto y protección de los derechos humanos”, reza el comienzo del documento que está disponible en forma completa en http://www.puertae.com.ar/
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