Fuente: Patagonia desde el borde
Miguel Martínez, es dirigente de la agrupación Arturo Jauretche. El viernes fue detenido por personal de la seccional segunda de policía, amparados en la Ley 815, “por averiguación de antecedentes”. Fue detenido en un calabozo, esposado y tras siete horas liberado; al momento de ser detenido viajaba en un remis. El hombre, que durante la dictadura fue detenido-desaparecido revivió momentos muy crudos.
Organizaciones sociales como el Sindicato de Trabajadores Judiciales, el Sindicato de Televisión y el Sindicato de Prensa de Comodoro, repudiaron el accionar de la policía y pidieron garantías para los ciudadanos.
Desde la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia se pidió la reforma o eliminación de la Ley 815, porque afirman atenta contra los derechos de los ciudadanos.
Susana Díaz, referente de la cátedra indicó que casos como los de Miguel Martínez, son cada vez más frecuentes. “Se utiliza a partir de la Ley 815, que es una ley anticonstitucional porque la que todos somos sospechosos, permite la averiguación de antecedentes a la policía pero no indica como debe hacerlo; por eso permite abusos”, explicó.
Díaz consideró al respecto que se trata de una ley interna que debería ser derogada porque es anticonstitucional. “Fue reglamentada durante 1970, hay que plantear una ley garantista que permita la seguridad de los ciudadanos, porque en realidad promueve la inseguridad realmente pueden detener a cualquiera”, explicó Díaz. La docente agregó además que esta ley se aplica con frecuencia en la retensión de los jóvenes, incluso por este mismo motivo se había detenido a Iván Torres, hoy desaparecido. “Son generalmente son jóvenes, portadores de rostro, los que la policía creen que pueden ser sospechosos, por eso se los detiene; es privación de la libertad; y ahora su uso se exacerbó pensando que esa es la forma de garantizar la seguridad”, afirmó Díaz.
Miguel Martínez, es dirigente de la agrupación Arturo Jauretche. El viernes fue detenido por personal de la seccional segunda de policía, amparados en la Ley 815, “por averiguación de antecedentes”. Fue detenido en un calabozo, esposado y tras siete horas liberado; al momento de ser detenido viajaba en un remis. El hombre, que durante la dictadura fue detenido-desaparecido revivió momentos muy crudos.
Organizaciones sociales como el Sindicato de Trabajadores Judiciales, el Sindicato de Televisión y el Sindicato de Prensa de Comodoro, repudiaron el accionar de la policía y pidieron garantías para los ciudadanos.
Desde la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia se pidió la reforma o eliminación de la Ley 815, porque afirman atenta contra los derechos de los ciudadanos.
Susana Díaz, referente de la cátedra indicó que casos como los de Miguel Martínez, son cada vez más frecuentes. “Se utiliza a partir de la Ley 815, que es una ley anticonstitucional porque la que todos somos sospechosos, permite la averiguación de antecedentes a la policía pero no indica como debe hacerlo; por eso permite abusos”, explicó.
Díaz consideró al respecto que se trata de una ley interna que debería ser derogada porque es anticonstitucional. “Fue reglamentada durante 1970, hay que plantear una ley garantista que permita la seguridad de los ciudadanos, porque en realidad promueve la inseguridad realmente pueden detener a cualquiera”, explicó Díaz. La docente agregó además que esta ley se aplica con frecuencia en la retensión de los jóvenes, incluso por este mismo motivo se había detenido a Iván Torres, hoy desaparecido. “Son generalmente son jóvenes, portadores de rostro, los que la policía creen que pueden ser sospechosos, por eso se los detiene; es privación de la libertad; y ahora su uso se exacerbó pensando que esa es la forma de garantizar la seguridad”, afirmó Díaz.
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