Enviado por Patricio Segura Ortiz
Los ministros del Interior y Secretario General de la Presidencia deberán entregar un informe respecto del requerimiento presentado por parlamentarios y organizaciones del Consejo de Defensa de la Patagonia.
La Contraloría General de la República decidió tramitar esta semana la denuncia en contra de los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, interpuesta hace un mes por 14 parlamentarios y 10 organizaciones ambientales y ciudadanas integrantes del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP). Esto, ante las declaraciones públicas que ambas autoridades realizaran en apoyo a los proyectos hidroeléctricos de Endesa y Colbún en la Patagonia chilena.
Cabe recordar que en el requerimiento presentado el 19 de mayo se solicita la abstención del Secretario General de la Presidencia en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de Endesa-Colbún; que el organismo contralor entregue las recomendaciones por las cuales deberán regirse los ministros en relación al proyecto HidroAysén y que las autoridades informen a la entidad cualquier relación comercial, laboral, de cooperación o asesoría que ellos o sus parientes -dentro del cuarto grado- mantengan con empresas hidroeléctricas o con entidades en las que trabajaron o prestaron servicios en el sector privado antes de asumir sus cargos como funcionarios públicos. Y si estas empresas tienen relaciones comerciales, civiles o laborales, o alguna participación accionaria en compañías eléctricas.
Lo anterior porque a juicio de Lorenzo Soto, abogado representante del CDP, las declaraciones públicas que las autoridades de Gobierno han hecho constituyen una trasgresión a las normas de probidad e imparcialidad administrativa que deben regir las actuaciones de los funcionarios públicos quienes están llamados a velar por el bien común y no por el bien particular, lo que habría sido incumplido al respaldar un proyecto energético específico de empresas privadas.
Patricio Rodrigo, Secretario Ejecutivo del CDP, celebró la decisión de la Contraloría y el nuevo estilo que está dando el Contralor General, Ramiro Mendoza. "Hacemos un llamado al Gobierno para que sus ministros no se excedan en sus facultades apoyando proyectos que serían negativos para el bienestar colectivo por los sistemas institucionales vigentes, antes de que éstos sean evaluados", afirmó Rodrigo.
El apoyo de los ministros a las represas en Aysén, se dio en el contexto de un amplio respaldo ciudadano a la campaña Patagonia SIN Represas "porque la gente ha descubierto que son negativos para el medio ambiente, para la cultura y para la economía, no sólo en la Región de Aysén sino en todo el país" agregó el dirigente.
Informaciones:
Mitzi Urtubia, 09 2256238
Patricio Segura, 09 9699780
Los ministros del Interior y Secretario General de la Presidencia deberán entregar un informe respecto del requerimiento presentado por parlamentarios y organizaciones del Consejo de Defensa de la Patagonia.
La Contraloría General de la República decidió tramitar esta semana la denuncia en contra de los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, interpuesta hace un mes por 14 parlamentarios y 10 organizaciones ambientales y ciudadanas integrantes del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP). Esto, ante las declaraciones públicas que ambas autoridades realizaran en apoyo a los proyectos hidroeléctricos de Endesa y Colbún en la Patagonia chilena.
Cabe recordar que en el requerimiento presentado el 19 de mayo se solicita la abstención del Secretario General de la Presidencia en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de Endesa-Colbún; que el organismo contralor entregue las recomendaciones por las cuales deberán regirse los ministros en relación al proyecto HidroAysén y que las autoridades informen a la entidad cualquier relación comercial, laboral, de cooperación o asesoría que ellos o sus parientes -dentro del cuarto grado- mantengan con empresas hidroeléctricas o con entidades en las que trabajaron o prestaron servicios en el sector privado antes de asumir sus cargos como funcionarios públicos. Y si estas empresas tienen relaciones comerciales, civiles o laborales, o alguna participación accionaria en compañías eléctricas.
Lo anterior porque a juicio de Lorenzo Soto, abogado representante del CDP, las declaraciones públicas que las autoridades de Gobierno han hecho constituyen una trasgresión a las normas de probidad e imparcialidad administrativa que deben regir las actuaciones de los funcionarios públicos quienes están llamados a velar por el bien común y no por el bien particular, lo que habría sido incumplido al respaldar un proyecto energético específico de empresas privadas.
Patricio Rodrigo, Secretario Ejecutivo del CDP, celebró la decisión de la Contraloría y el nuevo estilo que está dando el Contralor General, Ramiro Mendoza. "Hacemos un llamado al Gobierno para que sus ministros no se excedan en sus facultades apoyando proyectos que serían negativos para el bienestar colectivo por los sistemas institucionales vigentes, antes de que éstos sean evaluados", afirmó Rodrigo.
El apoyo de los ministros a las represas en Aysén, se dio en el contexto de un amplio respaldo ciudadano a la campaña Patagonia SIN Represas "porque la gente ha descubierto que son negativos para el medio ambiente, para la cultura y para la economía, no sólo en la Región de Aysén sino en todo el país" agregó el dirigente.
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Patricio Segura, 09 9699780
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