Fuente: Crítica
La presidenta Cristina Kirchner anunció formalmente la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, afirmó que “es clave tener una línea de bandera” y apeló a una participación “activa y positiva” de su personal para que la empresa no se transforme en otra fuente de gastos y problemas para su gestión.
Con la mirada puesta en los representantes de los gremios, les pidió que “los vuelos salgan en horario”. Para los 60 días de transición por delante con una conducción compartida con el grupo Marsans, no se esperan grandes decisiones. Se intentará aumentar la cantidad de aviones operativos de los actuales 33 a 40 y frenar así la caída de venta de pasajes.
A contramano del entusiasmo oficialista, en España festejaron la salida de la aerolínea pero desconfían en que se pueda llegar a un acuerdo en el precio de la operación. Con este nuevo traspaso al Estado, ya son ocho las nacionalizaciones de la era Kirchner. En este caso, hereda una empresa con U$S 890 millones de deuda –que todavía no está claro quién se hará cargo– y que pierde al menos U$S 30 millones por mes.
La intensidad de los aplausos tanto en el recibimiento de la Presidenta como en los discursos ante el anuncio de la estatización de Aerolíneas-Austral hicieron recordar a muchos de los presentes la misma euforia del día en el que el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá declaró el default de la deuda externa.
Gobernadores, legisladores, empresarios, secretarios y más de 1.000 invitados desbordaron un Salón Blanco y otros salones que fueron habilitados para seguir de cerca la transmisión. Las ausencias más notorias fueron las del vicepresidente Julio Cobos y del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con parte de enfermo.
La jefa de Estado arrancó su discurso asegurando que le “habría gustado que este acto no hubiera tenido lugar, que quienes adquirieron la empresa hubiesen podido llevar adelante una operación exitosa”.
Se cuidó de no criticar ni culpar directamente a los empresarios españoles en retirada, tal como estaba acordado con su par José Luis Rodríguez Zapatero. Justificó la estatización en que “había que garantizar el servicio”. Y apuntó más al proceso privatizador de la década pasada, aunque admitió que “muchas veces con nuestras conductas alentábamos que esta ola privatizadora entrara en la sociedad”. El acto funcionó como punto de partida para el envío de un proyecto de ley al Congreso con el fin de formalizar la reestatización de Aerolíneas y Austral y definir el nuevo modelo de gestión.
Por último, Cristina Fernández pidió la ayuda de los gremios en esta nueva etapa. “Sólo ustedes pueden salvarla”, sostuvo. “Hay que recuperar al cliente que se nos fue, y lo vamos a poder hacer”, finalizó. Temprano en la mañana, el Gobierno y los representantes de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán –siempre con la compañía del embajador Rafael Estrella–, sellaron el acta acuerdo que dio comienzo al traspaso de la empresa al Estado en el Ministerio de Planificación.
La firma del convenio establece la transferencia del 94,41% de las acciones de Aerolíneas y el 97% de las acciones de Austral si hay acuerdo de precio.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que la “primera y protagónica meta” será la “puesta en valor de la compañía”. Ahora comenzará un período de dos meses en el que se efectuará una auditoría interna en la compañía para determinar el precio de las acciones que serán vendidas al Estado argentino, que ya contaba con una participación del 5% en la aerolínea.
El Gobierno le encomendará la tarea de valuar las firmas al Tribunal de Tasación, y Marsans lo hará con la asesoría de Deloitte y JP Morgan. Si no hay acuerdo, una consultora independiente saldará las diferencias.
Está claro que la intención de la Rosada es no pagar nada y hacerse cargo de parte del pasivo. Los españoles quieren una cifra que compense lo invertido desde 2001. El ministro se encargó de aclarar que un futuro ingreso de capitales privados “no tiene plazo”. En la Casa Rosada, De Vido retomó la escena y fue su discurso el más político y vitoreado por las barras de gremialistas presentes. Especificó que de los 28 aviones propios que tenía la empresa, hoy quedan tan sólo seis y que de los 28 destinos internacionales hoy se vuela a 20. También dijo que la firma cuenta con nueve oficinas propias y desactivó sus simuladores de vuelo. Justificó la nacionalización porque “las soluciones nunca llegaron”.
El ministro volvió a confirmar que el pasivo de Aerolíneas asciende a U$S 890 millones, de los cuales U$S 240 son exigibles en el corto plazo, casi lo mismo que pagó Iberia en efectivo (U$S 260 millones, el resto en títulos de deuda externa) a la hora de su privatización hace 18 años. Esta estatización se suma a las de Aguas Argentinas, el Correo, Yacimiento Carboníferos de Río Turbio, el espacio radioeléctrico y las líneas de tren Roca, San Martín y Belgrano Sur.
Montoya embargó un avión
Minutos antes de anunciarse el traspaso al Estado en la Casa de Gobierno, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, ARBA, embargó un avión a Aerolíneas Argentinas. La dependencia que conduce Santiago Montoya notificó a la empresa del embargo de una aeronave MD-88, con capacidad para 149 pasajeros, por una deuda de 120 millones de Ingresos Brutos.
ARBA le reclama 120.084.245 pesos en concepto de obligaciones impagas desde 2002. Según los sabuesos bonaerenses, para ahorrarse Ingresos Brutos, Aerolíneas declaraba en la Ciudad de Buenos Aires las ventas de pasajes que realizaba en Ezeiza. El avión está valuado en 17 millones de dólares. Montoya quiso notificar la deuda para que el Gobierno la tuviera en cuenta mientras dura la negociación con el grupo Marsans por las condiciones del traspaso. “El valor de una empresa son sus activos menos la deuda”, recordaron fuentes de ARBA. “La invitamos a adherirse a un plan de pagos. Cuando lo haga, le devolvemos el avión”, agregaron las fuentes.
La presidenta Cristina Kirchner anunció formalmente la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, afirmó que “es clave tener una línea de bandera” y apeló a una participación “activa y positiva” de su personal para que la empresa no se transforme en otra fuente de gastos y problemas para su gestión.
Con la mirada puesta en los representantes de los gremios, les pidió que “los vuelos salgan en horario”. Para los 60 días de transición por delante con una conducción compartida con el grupo Marsans, no se esperan grandes decisiones. Se intentará aumentar la cantidad de aviones operativos de los actuales 33 a 40 y frenar así la caída de venta de pasajes.
A contramano del entusiasmo oficialista, en España festejaron la salida de la aerolínea pero desconfían en que se pueda llegar a un acuerdo en el precio de la operación. Con este nuevo traspaso al Estado, ya son ocho las nacionalizaciones de la era Kirchner. En este caso, hereda una empresa con U$S 890 millones de deuda –que todavía no está claro quién se hará cargo– y que pierde al menos U$S 30 millones por mes.
La intensidad de los aplausos tanto en el recibimiento de la Presidenta como en los discursos ante el anuncio de la estatización de Aerolíneas-Austral hicieron recordar a muchos de los presentes la misma euforia del día en el que el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá declaró el default de la deuda externa.
Gobernadores, legisladores, empresarios, secretarios y más de 1.000 invitados desbordaron un Salón Blanco y otros salones que fueron habilitados para seguir de cerca la transmisión. Las ausencias más notorias fueron las del vicepresidente Julio Cobos y del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con parte de enfermo.
La jefa de Estado arrancó su discurso asegurando que le “habría gustado que este acto no hubiera tenido lugar, que quienes adquirieron la empresa hubiesen podido llevar adelante una operación exitosa”.
Se cuidó de no criticar ni culpar directamente a los empresarios españoles en retirada, tal como estaba acordado con su par José Luis Rodríguez Zapatero. Justificó la estatización en que “había que garantizar el servicio”. Y apuntó más al proceso privatizador de la década pasada, aunque admitió que “muchas veces con nuestras conductas alentábamos que esta ola privatizadora entrara en la sociedad”. El acto funcionó como punto de partida para el envío de un proyecto de ley al Congreso con el fin de formalizar la reestatización de Aerolíneas y Austral y definir el nuevo modelo de gestión.
Por último, Cristina Fernández pidió la ayuda de los gremios en esta nueva etapa. “Sólo ustedes pueden salvarla”, sostuvo. “Hay que recuperar al cliente que se nos fue, y lo vamos a poder hacer”, finalizó. Temprano en la mañana, el Gobierno y los representantes de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán –siempre con la compañía del embajador Rafael Estrella–, sellaron el acta acuerdo que dio comienzo al traspaso de la empresa al Estado en el Ministerio de Planificación.
La firma del convenio establece la transferencia del 94,41% de las acciones de Aerolíneas y el 97% de las acciones de Austral si hay acuerdo de precio.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que la “primera y protagónica meta” será la “puesta en valor de la compañía”. Ahora comenzará un período de dos meses en el que se efectuará una auditoría interna en la compañía para determinar el precio de las acciones que serán vendidas al Estado argentino, que ya contaba con una participación del 5% en la aerolínea.
El Gobierno le encomendará la tarea de valuar las firmas al Tribunal de Tasación, y Marsans lo hará con la asesoría de Deloitte y JP Morgan. Si no hay acuerdo, una consultora independiente saldará las diferencias.
Está claro que la intención de la Rosada es no pagar nada y hacerse cargo de parte del pasivo. Los españoles quieren una cifra que compense lo invertido desde 2001. El ministro se encargó de aclarar que un futuro ingreso de capitales privados “no tiene plazo”. En la Casa Rosada, De Vido retomó la escena y fue su discurso el más político y vitoreado por las barras de gremialistas presentes. Especificó que de los 28 aviones propios que tenía la empresa, hoy quedan tan sólo seis y que de los 28 destinos internacionales hoy se vuela a 20. También dijo que la firma cuenta con nueve oficinas propias y desactivó sus simuladores de vuelo. Justificó la nacionalización porque “las soluciones nunca llegaron”.
El ministro volvió a confirmar que el pasivo de Aerolíneas asciende a U$S 890 millones, de los cuales U$S 240 son exigibles en el corto plazo, casi lo mismo que pagó Iberia en efectivo (U$S 260 millones, el resto en títulos de deuda externa) a la hora de su privatización hace 18 años. Esta estatización se suma a las de Aguas Argentinas, el Correo, Yacimiento Carboníferos de Río Turbio, el espacio radioeléctrico y las líneas de tren Roca, San Martín y Belgrano Sur.
Montoya embargó un avión
Minutos antes de anunciarse el traspaso al Estado en la Casa de Gobierno, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, ARBA, embargó un avión a Aerolíneas Argentinas. La dependencia que conduce Santiago Montoya notificó a la empresa del embargo de una aeronave MD-88, con capacidad para 149 pasajeros, por una deuda de 120 millones de Ingresos Brutos.
ARBA le reclama 120.084.245 pesos en concepto de obligaciones impagas desde 2002. Según los sabuesos bonaerenses, para ahorrarse Ingresos Brutos, Aerolíneas declaraba en la Ciudad de Buenos Aires las ventas de pasajes que realizaba en Ezeiza. El avión está valuado en 17 millones de dólares. Montoya quiso notificar la deuda para que el Gobierno la tuviera en cuenta mientras dura la negociación con el grupo Marsans por las condiciones del traspaso. “El valor de una empresa son sus activos menos la deuda”, recordaron fuentes de ARBA. “La invitamos a adherirse a un plan de pagos. Cuando lo haga, le devolvemos el avión”, agregaron las fuentes.
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