Por José Hernán Díaz Varela *
(Puerta E) Hace unos días, el 23 de junio por la noche, la Legislatura aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial que suspende hasta fines del año que viene el requisito del secundario completo para ingresar a los cuadros policiales del Chubut.
La iniciativa contó con el acompañamiento del eje oficialista PJ-PROVECH, al que se sumaron los votos del PACH. Los bloques de la UCR y el ARI votaron en disidencia.
El diputado Montoya, que preside la Comisión de Legislación Social, Salud, Derechos Humanos y Trabajo de la Legislatura provincial, fundamentó la medida en la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y puntualizó que la circunstancia de no tener estudios secundarios completos no resta eficacia a la labor policial. Lamento disentir. Es exactamente lo contrario. El único modo de jerarquizar a la policía es profesionalizarla y especializarla formando una “masa crítica” integrada con las necesidades comunitarias, que sea capaz de articular sus acciones con la administración de justicia y de prevenir y resolver todas las modalidades del delito, desde las más simples a las más complejas. Esa es la verdadera “inserción social” de la fuerza policial en las sociedades contemporáneas.
Lejos de ello, el efecto de la medida sancionada es convertir a la policía provincial en una bolsa de trabajo estatal, una suerte de plan social de empleo que permitirá continuar con el maquillaje estadístico de la “plena ocupación”. En defensa de esta ley que habilita el ingreso de desertores escolares a la “tropa” policial –en la Agrupación Comando y como Personal Subalterno- la diputada Ripa insistió en la calidad institucional del personal policial -de la cual no dudo, pero que seguramente se va a resentir con esta medida- y resaltó que en el 2003 un agente policial ganaba $ 600 y hoy sin adicionales percibe más de $ 2.000, lo cual significa, según la legisladora, un incremento remunerativo importante. No comparto su apreciación. Si comparamos el valor de la canasta familiar, combustibles, alquileres, servicios públicos y otros rubros básicos de 2003 y de la actualidad podemos comprobar que el poder adquisitivo real apenas si se ha mantenido en una provincia que tuvo excepcionales ingresos en los últimos cuatro años por regalías petroleras. Los 600 pesos de ayer valen como los 2.000 pesos de hoy.
En definitiva, este parche legislativo delata la ausencia de políticas públicas serias en dos áreas estratégicas: seguridad y educación. En ambas predominan criterios cuantitativos en desmedro de la calidad del servicio y de la retribución a sus prestadores. Según el informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) Chubut, junto con San Juan y Corrientes, son las provincias que registraron -entre 2005 y 2006- un aumento de la matrícula de alumnos que asisten a escuelas estatales pero, junto con San Luis, la nuestra fue la provincia que más disminuyó su inversión por alumno –en el mismo período- en relación con los recursos fiscales por habitante en edad escolar. Pero además Chubut y Catamarca fueron los distritos que más disminuyeron el salario real docente en 2007, en comparación con el año anterior.
La inclusión social debe ser un objetivo primordial de las políticas públicas, pero no puede hacerse “a los sopapos”, en desmedro de la calidad ciudadana y de la formación integral de los jóvenes chubutenses. Con leyes como ésta es el mismo Estado quien desalienta la formación escolar de los sectores sociales más desaventajados –que son los que más la necesitan- tentándolos con una oferta que, coyunturalmente, resulta muy atractiva pero que no soluciona el problema de la seguridad y menoscaba, una vez más, a todo el sistema educativo.
* Profesor en Lengua y Comunicación Oral y Escrita
DNI 17.536.512
(Puerta E) Hace unos días, el 23 de junio por la noche, la Legislatura aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial que suspende hasta fines del año que viene el requisito del secundario completo para ingresar a los cuadros policiales del Chubut.
La iniciativa contó con el acompañamiento del eje oficialista PJ-PROVECH, al que se sumaron los votos del PACH. Los bloques de la UCR y el ARI votaron en disidencia.
El diputado Montoya, que preside la Comisión de Legislación Social, Salud, Derechos Humanos y Trabajo de la Legislatura provincial, fundamentó la medida en la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y puntualizó que la circunstancia de no tener estudios secundarios completos no resta eficacia a la labor policial. Lamento disentir. Es exactamente lo contrario. El único modo de jerarquizar a la policía es profesionalizarla y especializarla formando una “masa crítica” integrada con las necesidades comunitarias, que sea capaz de articular sus acciones con la administración de justicia y de prevenir y resolver todas las modalidades del delito, desde las más simples a las más complejas. Esa es la verdadera “inserción social” de la fuerza policial en las sociedades contemporáneas.
Lejos de ello, el efecto de la medida sancionada es convertir a la policía provincial en una bolsa de trabajo estatal, una suerte de plan social de empleo que permitirá continuar con el maquillaje estadístico de la “plena ocupación”. En defensa de esta ley que habilita el ingreso de desertores escolares a la “tropa” policial –en la Agrupación Comando y como Personal Subalterno- la diputada Ripa insistió en la calidad institucional del personal policial -de la cual no dudo, pero que seguramente se va a resentir con esta medida- y resaltó que en el 2003 un agente policial ganaba $ 600 y hoy sin adicionales percibe más de $ 2.000, lo cual significa, según la legisladora, un incremento remunerativo importante. No comparto su apreciación. Si comparamos el valor de la canasta familiar, combustibles, alquileres, servicios públicos y otros rubros básicos de 2003 y de la actualidad podemos comprobar que el poder adquisitivo real apenas si se ha mantenido en una provincia que tuvo excepcionales ingresos en los últimos cuatro años por regalías petroleras. Los 600 pesos de ayer valen como los 2.000 pesos de hoy.
En definitiva, este parche legislativo delata la ausencia de políticas públicas serias en dos áreas estratégicas: seguridad y educación. En ambas predominan criterios cuantitativos en desmedro de la calidad del servicio y de la retribución a sus prestadores. Según el informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) Chubut, junto con San Juan y Corrientes, son las provincias que registraron -entre 2005 y 2006- un aumento de la matrícula de alumnos que asisten a escuelas estatales pero, junto con San Luis, la nuestra fue la provincia que más disminuyó su inversión por alumno –en el mismo período- en relación con los recursos fiscales por habitante en edad escolar. Pero además Chubut y Catamarca fueron los distritos que más disminuyeron el salario real docente en 2007, en comparación con el año anterior.
La inclusión social debe ser un objetivo primordial de las políticas públicas, pero no puede hacerse “a los sopapos”, en desmedro de la calidad ciudadana y de la formación integral de los jóvenes chubutenses. Con leyes como ésta es el mismo Estado quien desalienta la formación escolar de los sectores sociales más desaventajados –que son los que más la necesitan- tentándolos con una oferta que, coyunturalmente, resulta muy atractiva pero que no soluciona el problema de la seguridad y menoscaba, una vez más, a todo el sistema educativo.
* Profesor en Lengua y Comunicación Oral y Escrita
DNI 17.536.512
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