Fuente: Crítica Digital
Diego Genoud
El gobierno nacional tiene decidido intervenir Aerolíneas Argentinas y estatizar la empresa. Cristina Fernández de Kirchner lo anunciaría este mediodía en el acto por el Día de la Independencia que se realizará en el parque 9 de Julio, en Tucumán. Fuentes oficiales le aseguraron a Crítica de la Argentina que, después de un período de dos meses, la Presidenta enviará un proyecto de ley al Congreso para blanquear la nacionalización K.
El objetivo del Gobierno es recuperar la iniciativa política después de la guerra gaucha y, al mismo tiempo, darle una salida a una crisis que sigue agudizándose. De cara a Vicente Nario, el matrimonio K pretende dar una señal que sea leída como un síntoma inequívoco de que el país está recuperando “un emblema de la soberanía nacional”. El oficialismo afirma que Aerolíneas presta un servicio público que es esencial para las comunicaciones y la economía del país, “como la luz, el agua o el gas”, tal como aseguró un hombre que trabaja en la iniciativa. Por eso, le pedirá la intervención al juez Jorge Sicoli, que está a cargo del concurso de acreedores.
Sin embargo, la medida tendrá otras resonancias. La situación de Aerolíneas es el tema más sensible de la relación con España, el aliado principal de Argentina en Europa. La semana pasada, la Presidenta suspendió el viaje que tenía previsto hacer a Madrid para encontrarse con José Luis Rodríguez Zapatero. Enterado de la inminente intervención, el presidente de Marsans, Gonzalo Pascual, le pidió al jefe de gobierno español que intercediera ante los Kirchner pero no tuvo éxito. Todo indica que Cristina prefirió evitar el contacto con el líder socialista.
La decisión oficial llega después de que fracasaran las gestiones para que el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, se haga cargo de la mayor parte del paquete acccionario. López Mena era resistido por los dueños españoles de la compañía y no acreditaba la solvencia necesaria para levantar un pasivo que, en oficinas del Estado, se estima en unos 1.000 millones de dólares. Nadie sabe si el Gobierno tendrá esos atributos, pero un funcionario anticipó ayer el razonamiento oficial: “Una empresa en crisis no tiene precio”, dijo.
El viernes pasado, tres funcionarios de la Secretaría de Transporte acompañados por un escribano del gobierno nacional labraron un acta en Aerolíneas y decretaron la acefalía de la empresa. La radiografía oficial indica que hoy la firma atraviesa un estado de parálisis, hay provincias aisladas y disminuyeron las frecuencias.
“Con el barril de petróleo en 140 dólares, los pasajes se mantuvieron únicamente por los subsidios del Estado. Si no es rentable que se vayan”, razonan en la Casa Rosada. El detonante parecen ser los sueldos del mes de junio y el aguinaldo, que aún no fueron abonados. Hay alrededor de 15 aviones que están en tierra por falta de repuestos y los gremios se preparan para decretar un paro escalonado de actividades que serviría de excusa para la estrategia del Gobierno.
Ayer, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, recibió a los seis sindicatos del sector para ajustar los detalles de ese plan. Como si fuera poco, circuló la versión de que la empresa Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian, había solicitado la quiebra de la compañía de aviación. Pero eso fue desmentido desde AA 2000.
El gerente general de Aerolíneas Argentinas, Enrique Meliá, viajó a las 14.30 hacia Madrid en lo que algunos presumen fue una partida definitiva. Quizá por la premura o quizá para evitar reclamos de sus empleados, el hombre de confianza del presidente del grupo Marsans, Gonzalo Pascual, eligió irse en un avión de LAN Chile.
En el lapso que dure la intervención, el Gobierno buscará la forma de avanzar en un plan para reestatizar o “argentinizar” a la empresa. Muy cerca del ex presidente Kirchner ya analizan la posibilidad de condonar una parte de la deuda que tiene Aerolíneas.
Marsans tiene un pasivo de 80 millones de dólares con Eurnekian y –según el kirchnerismo– de 250 millones de dólares con el Estado nacional, que paga los sueldos de los empleados de la empresa desde hace al menos cinco meses.
Aunque la intervención debe definirla la Justicia, la administración K baraja varios candidatos. Uno de ellos es el actual director en representación del Estado, Julio Alak, ligado al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y otro es el diputado nacional y ex sindicalista aeronáutico Ariel Basteiro, quien hoy acompañará a la Presidenta a Tucumán en el avión presidencial.
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, postula al titular de Intercargo y ex intendente de Santa Fe, Martín Balbarrey (quien acumula varias causas penales en su contra por las inundaciones de 2007 en su provincia), y Alba Thomas Hati, una salteña que llegó a la función pública de la mano de Carlos Menem y, tras pasar por Transporte, recaló en enero pasado en la ANAC, el ente que regula la aviación civil. En lo que fue leído como una señal, Jaime recibió ayer por primera vez un respaldo en público de la presidenta Cristina Fernández durante un acto en Casa Rosada.
Problemas para despegar
1991. El gobierno de Menem privatiza la empresa. La española Iberia se queda con el 85 por ciento. La aerolínea comienza a endeudarse y liquidar sus activos.
1994. Iberia, al borde de la quiebra, pasa a control de la SEPI, la sociedad del Estado español que agrupó a las empresas públicas. Intenta fallidamente reprivatizarla varias veces.
2001. En junio, Aerolíneas entra en convocatoria de acreedores. En octubre, la SEPI le cede a Marsans el 92,1% de las acciones por el valor simbólico de un dólar.
2002. Marsans recibe 300 millones de dólares de la SEPI para levantar la convocatoria. Pero subroga los créditos, sólo paga el 40% y se queda con 114 millones para los gastos corrientes.
2004. El subsecretario de Política Aerocomercial, Ricardo Cirielli, impugna los balances de la empresa.
2006. En junio, el Gobierno firma un acuerdo para aumentar del 5% a un máximo de 20% su participación en el capital de la empresa. En un gesto al Estado, Marsans destituye a Antonio Mata, enfrentado con el oficialismo. El Gobierno aprueba finalmente los balances de 2002, 2003 y 2004.
2007. Marsans realiza una compra a Airbus de 61 aeronaves. Pero supedita la incorporación a Aerolíneas de los aviones a la firma de una “paz social” con los gremios, que negocia infructuosamente.
2008. En mayo, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, pone en marcha la “argentinización”: entre el titular de Buquebus, Juan Carlos Lopez Mena, y el Estado, controlarían la mayoría de la compañía. Marsans quedaría con una participación minoritaria cercana al 35 por ciento. Ante el desgobierno de Aerolíneas, el Estado decide intervenir la empresa por 60 días y recuperarla, previa autorización del Congreso.
La Justicia jugará un papel clave
En la estrategia del gobierno nacional para reestatizar Aerolíneas Argentinas, la Justicia jugará un papel central porque la empresa está en concurso de acreedores.
El juez nacional de primera instancia en lo comercial Jorge Sicoli deberá decidir si autoriza la intervención que reclamará el Poder Ejecutivo. Técnicamente, la compañía sigue en concurso porque hay “incidentes de revisión” pendientes de resolución judicial. El más importante es un pedido del Banesto por un crédito otorgado por 45 millones de dólares. Fuentes del sector le aseguraron a Crítica de la Argentina que la subsistencia del concurso es lo que habilita al juez a disponer la intervención.
A diferencia de su antecesora, la jueza Norma Di Noto, Sicoli se muestra más renuente a firmar los pedidos de Aerolíneas. De hecho, la semana pasada se negó a autorizar un fideicomiso con el Banco Nación que la compañía pretendía conformar para pagar los salarios.
Diego Genoud
El gobierno nacional tiene decidido intervenir Aerolíneas Argentinas y estatizar la empresa. Cristina Fernández de Kirchner lo anunciaría este mediodía en el acto por el Día de la Independencia que se realizará en el parque 9 de Julio, en Tucumán. Fuentes oficiales le aseguraron a Crítica de la Argentina que, después de un período de dos meses, la Presidenta enviará un proyecto de ley al Congreso para blanquear la nacionalización K.
El objetivo del Gobierno es recuperar la iniciativa política después de la guerra gaucha y, al mismo tiempo, darle una salida a una crisis que sigue agudizándose. De cara a Vicente Nario, el matrimonio K pretende dar una señal que sea leída como un síntoma inequívoco de que el país está recuperando “un emblema de la soberanía nacional”. El oficialismo afirma que Aerolíneas presta un servicio público que es esencial para las comunicaciones y la economía del país, “como la luz, el agua o el gas”, tal como aseguró un hombre que trabaja en la iniciativa. Por eso, le pedirá la intervención al juez Jorge Sicoli, que está a cargo del concurso de acreedores.
Sin embargo, la medida tendrá otras resonancias. La situación de Aerolíneas es el tema más sensible de la relación con España, el aliado principal de Argentina en Europa. La semana pasada, la Presidenta suspendió el viaje que tenía previsto hacer a Madrid para encontrarse con José Luis Rodríguez Zapatero. Enterado de la inminente intervención, el presidente de Marsans, Gonzalo Pascual, le pidió al jefe de gobierno español que intercediera ante los Kirchner pero no tuvo éxito. Todo indica que Cristina prefirió evitar el contacto con el líder socialista.
La decisión oficial llega después de que fracasaran las gestiones para que el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, se haga cargo de la mayor parte del paquete acccionario. López Mena era resistido por los dueños españoles de la compañía y no acreditaba la solvencia necesaria para levantar un pasivo que, en oficinas del Estado, se estima en unos 1.000 millones de dólares. Nadie sabe si el Gobierno tendrá esos atributos, pero un funcionario anticipó ayer el razonamiento oficial: “Una empresa en crisis no tiene precio”, dijo.
El viernes pasado, tres funcionarios de la Secretaría de Transporte acompañados por un escribano del gobierno nacional labraron un acta en Aerolíneas y decretaron la acefalía de la empresa. La radiografía oficial indica que hoy la firma atraviesa un estado de parálisis, hay provincias aisladas y disminuyeron las frecuencias.
“Con el barril de petróleo en 140 dólares, los pasajes se mantuvieron únicamente por los subsidios del Estado. Si no es rentable que se vayan”, razonan en la Casa Rosada. El detonante parecen ser los sueldos del mes de junio y el aguinaldo, que aún no fueron abonados. Hay alrededor de 15 aviones que están en tierra por falta de repuestos y los gremios se preparan para decretar un paro escalonado de actividades que serviría de excusa para la estrategia del Gobierno.
Ayer, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, recibió a los seis sindicatos del sector para ajustar los detalles de ese plan. Como si fuera poco, circuló la versión de que la empresa Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian, había solicitado la quiebra de la compañía de aviación. Pero eso fue desmentido desde AA 2000.
El gerente general de Aerolíneas Argentinas, Enrique Meliá, viajó a las 14.30 hacia Madrid en lo que algunos presumen fue una partida definitiva. Quizá por la premura o quizá para evitar reclamos de sus empleados, el hombre de confianza del presidente del grupo Marsans, Gonzalo Pascual, eligió irse en un avión de LAN Chile.
En el lapso que dure la intervención, el Gobierno buscará la forma de avanzar en un plan para reestatizar o “argentinizar” a la empresa. Muy cerca del ex presidente Kirchner ya analizan la posibilidad de condonar una parte de la deuda que tiene Aerolíneas.
Marsans tiene un pasivo de 80 millones de dólares con Eurnekian y –según el kirchnerismo– de 250 millones de dólares con el Estado nacional, que paga los sueldos de los empleados de la empresa desde hace al menos cinco meses.
Aunque la intervención debe definirla la Justicia, la administración K baraja varios candidatos. Uno de ellos es el actual director en representación del Estado, Julio Alak, ligado al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y otro es el diputado nacional y ex sindicalista aeronáutico Ariel Basteiro, quien hoy acompañará a la Presidenta a Tucumán en el avión presidencial.
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, postula al titular de Intercargo y ex intendente de Santa Fe, Martín Balbarrey (quien acumula varias causas penales en su contra por las inundaciones de 2007 en su provincia), y Alba Thomas Hati, una salteña que llegó a la función pública de la mano de Carlos Menem y, tras pasar por Transporte, recaló en enero pasado en la ANAC, el ente que regula la aviación civil. En lo que fue leído como una señal, Jaime recibió ayer por primera vez un respaldo en público de la presidenta Cristina Fernández durante un acto en Casa Rosada.
Problemas para despegar
1991. El gobierno de Menem privatiza la empresa. La española Iberia se queda con el 85 por ciento. La aerolínea comienza a endeudarse y liquidar sus activos.
1994. Iberia, al borde de la quiebra, pasa a control de la SEPI, la sociedad del Estado español que agrupó a las empresas públicas. Intenta fallidamente reprivatizarla varias veces.
2001. En junio, Aerolíneas entra en convocatoria de acreedores. En octubre, la SEPI le cede a Marsans el 92,1% de las acciones por el valor simbólico de un dólar.
2002. Marsans recibe 300 millones de dólares de la SEPI para levantar la convocatoria. Pero subroga los créditos, sólo paga el 40% y se queda con 114 millones para los gastos corrientes.
2004. El subsecretario de Política Aerocomercial, Ricardo Cirielli, impugna los balances de la empresa.
2006. En junio, el Gobierno firma un acuerdo para aumentar del 5% a un máximo de 20% su participación en el capital de la empresa. En un gesto al Estado, Marsans destituye a Antonio Mata, enfrentado con el oficialismo. El Gobierno aprueba finalmente los balances de 2002, 2003 y 2004.
2007. Marsans realiza una compra a Airbus de 61 aeronaves. Pero supedita la incorporación a Aerolíneas de los aviones a la firma de una “paz social” con los gremios, que negocia infructuosamente.
2008. En mayo, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, pone en marcha la “argentinización”: entre el titular de Buquebus, Juan Carlos Lopez Mena, y el Estado, controlarían la mayoría de la compañía. Marsans quedaría con una participación minoritaria cercana al 35 por ciento. Ante el desgobierno de Aerolíneas, el Estado decide intervenir la empresa por 60 días y recuperarla, previa autorización del Congreso.
La Justicia jugará un papel clave
En la estrategia del gobierno nacional para reestatizar Aerolíneas Argentinas, la Justicia jugará un papel central porque la empresa está en concurso de acreedores.
El juez nacional de primera instancia en lo comercial Jorge Sicoli deberá decidir si autoriza la intervención que reclamará el Poder Ejecutivo. Técnicamente, la compañía sigue en concurso porque hay “incidentes de revisión” pendientes de resolución judicial. El más importante es un pedido del Banesto por un crédito otorgado por 45 millones de dólares. Fuentes del sector le aseguraron a Crítica de la Argentina que la subsistencia del concurso es lo que habilita al juez a disponer la intervención.
A diferencia de su antecesora, la jueza Norma Di Noto, Sicoli se muestra más renuente a firmar los pedidos de Aerolíneas. De hecho, la semana pasada se negó a autorizar un fideicomiso con el Banco Nación que la compañía pretendía conformar para pagar los salarios.
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