lunes, agosto 25, 2008

Amigo de K: Cristóbal López irá a la Justicia por usurpar tierras cerca del Lago Fontana


Fuente: Crítica de la Argentina

Está acusado junto a su esposa de invadir un terreno lindero. Su propiedad tiene 4 mil hectáreas, pero avanzó sobre un predio vecino para construir un hangar de 400 metros cuadrados. Será la primera presentación personal en Tribunales


Su amistad con Néstor Kirchner y sus visitas permanentes a la Quinta de Olivos no pueden evitarle problemas con la Justicia en su pago chico. En dos semanas, Cristóbal López deberá declarar por el delito de desobediencia judicial a causa de un hangar de 400 metros cuadrados que construyó en un campo aledaño al que tiene en el lago Fontana, en la cordillera del Chubut. Será la primera vez que el dueño de Casino Club deba presentarse en forma personal en Tribunales para rendir cuenta de sus actos.

La audiencia se realizará el próximo 8 de setiembre. Ese día, Cristóbal López y su esposa, Muriel Sosa, no tendrán otra opción que comparecer ante el juez penal de la localidad de Sarmiento, Roberto Casal. La declaración del patagónico estaba prevista para el mes pasado, pero se postergó hasta que López regresara de España, adonde viajó para continuar con la expansión de sus negocios. Esta vez, el empresario K no tiene forma de eludir la citación del fiscal Raúl Coronel, salvo que se arriesgue a que la fuerza pública vaya a buscarlo.

López levantó una mansión en un verdadero paraíso ubicado en el medio de uno de los últimos bosques templados que quedan en el planeta, en el municipio de Alto Río Senguer.

Pese a que se quedó de manera irregular con 4 mil hectáreas de bosques nativos, el empresario nacido en Comodoro Rivadavia no dudó en usurpar terrenos contiguos al suyo para seguir expandiéndose. En el hangar que levantó, López guarda su avión privado Beechcraft B 90, modelo LV-BLV, que compró usado en alrededor de un millón de dólares.

La denuncia había sido radicada en diciembre de 2007 por uno de sus vecinos, el camarista de Comodoro Rivadavia, Aldo Suárez, quien se queja porque López comenzó a construir un hangar en su campo.

La causa que involucra al propietario de la petrolera Oil MyS perjudica aún más a su esposa, que figuraba como gerente de la firma Don José Moisés Soto S.R.L., la dueña de los terrenos. La mujer de López está imputada por los delitos de usurpación, por robo (por la tala de árboles en un bosque nativo) y desobediencia por incumplir una medida cautelar de la Justicia de abril de 2006. López se hizo cargo de la gerencia de la compañía en febrero de este año, cuando la usurpación y el robo estaban consumados, pero fue imputado por desobediencia judicial porque decidió continuar con la construcción del hangar.

A principios de agosto, López, su mujer y dos de sus empleados tuvieron que dejar sus huellas dactilares en la comisaría de Rada Tilly. Fue la segunda vez en su vida que el patagónico se vio obligado a tocar el “pianito”, algo que había experimentado cuando, en la década de los noventa, la llamada “causa Mottino” lo llevó a dar la cara por un empresario amigo.

Las 4 mil hectáreas que Cristóbal compró en 2001 en la cordillera de Chubut ya habían generado la apertura de otra denuncia judicial por “defraudación” contra la ex intendenta y los concejales del municipio de Alto Río Senguer por autorizar la entrega de las tierras fiscales a López a un precio de 44 pesos por hectárea, cuando en esa zona no baja de los 3 mil.

Pese a los obstáculos que siembra el empresario K, la Justicia acaba de rechazar los planteos de prescripción, y el 13 de octubre próximo comenzará el juicio oral y público en Comodoro Rivadavia. La defensa del dueño del Casino Club también deberá estar atenta a eso.

En 2002, la ex concejal Juana Rojas (PJ) había denunciado ante la Justicia que la ordenanza 191/01 era ilegal, porque el municipio entregaba tierras de bosque nativo como si fueran terrenos aptos para la cría de ganado. El juicio puede generarle problemas serios a López. “Si es un acto ilegítimo, se puede pedir la revocatoria de la entrega de tierras. El artículo 33 de la ley 920 de la provincia establece que si el acto constituye un delito se anula la operación”, le dijo a este diario un funcionario provincial.

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