Por ADIN
El Senado Argentino aprobó anoche por unanimidad la derogación del Código de Justicia Militar, por lo que los miembros de las Fuerzas Armadas deberán someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito penal y no ante tribunales especiales, como sucedió siempre. El proyecto había sido elaborado por el Poder Ejecutivo.
@DIN, 7 de agosto de 2008 - El Senado Argentino aprobó anoche la derogación del Código de Justicia Militar, lo cual a partir de ahora pone en un mismo plano a militares y civiles.
Desaparece así un fuero específico que cruzó parte del siglo XIX y todo el siguiente hasta nuestros días. Final para algo "anacrónico y hostil", como lo definió la senadora mendocina Marita Perceval, una de las oradoras.
El Senado aprobó por unanimidad la derogación del Código de Justicia Militar, por lo que los miembros de las Fuerzas Armadas deberán someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito penal y no ante tribunales especiales. El proyecto había sido elaborado por el Poder Ejecutivo.
La sesión tuvo una invitada especial: la ministra de Defensa, Nilda Garré, sentada, en silencio, en primera fila. Su edecán, uniformada, la aguardaba en el umbral del salón Eva Perón, contiguo al recinto de sesiones.
"Eliminamos un fuero especial, donde los militares se juzgaban a sí mismos a través de un sistema anacrónico, arbitrario e injusto, donde no se respetaban las garantías del debido proceso. Es una oxigenación y un avance para el sistema democrático en la Argentina y saldamos una deuda con las Fuerzas Armadas.", declaró la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien no ocultó su satisfacción.
El proyecto fue redactado por juristas, militares, organismos humanitarios y de derechos humanos y terminó con los tribunales especiales, la pena de muerte y las sanciones a los militares por razones políticas, religiosas y sexuales.
No sólo culminaba un fuero especial, que estaba al margen de la Constitución con la incorporación en ella, en la reforma de 1994, de los pactos sobre derechos humanos. También quedaba encerrada una historia específicamente militar que arrancaba con el gobierno de Julio Argentino Roca, seguía con la reforma de 1951 de Juan Domingo Perón y culminaba con los cambios hechos durante la gestión de Raúl Alfonsín, ni bien recuperada la democracia.
Se hicieron en 1984 para posibilitar el juicio y castigo a los ex comandantes del "proceso" y en 1987 para ampliar el concepto de obediencia debido al extremo de trasformar el concepto en una virtual amnistía.
Fue después del alzamiento "carapintada" de Semana Santa de ese año. Una ley derogada primero y, luego -fue hace cinco años- directamente anulada por otra ley, con lo cual desaparecieron todos sus efectos, tal como si nunca hubiera existido.
Hacía tiempo que los militares venían golpeando la puerta del Congreso para instar a los legisladores a concederles a ellos los derechos que hubieran tenido, por ejemplo, militares extranjeros que hubieran caído en prisión en un hipotético conflicto bélico.
"Oxigena y garantiza el debido proceso a todos ellos", declaró a la salida la ministra Garré.
La derogación del Código castrense fue un compromiso que el Estado había asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del reclamo del capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle, quien fue sancionado por haber declarado en contra de sus superiores en el caso del encubrimiento del asesinato del soldado Omar Carrasco. Correa Belisle, que fue representado por el CELS en su denuncia internacional, no pudo tener un abogado de confianza ni presentar pruebas, y fue juzgado por un tribunal que dependía de los mismos militares a los que él había acusado. Todo fue realizado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Justicia Militar. Más información en @DIN http://www.agenciadin.com.ar/
El Senado Argentino aprobó anoche por unanimidad la derogación del Código de Justicia Militar, por lo que los miembros de las Fuerzas Armadas deberán someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito penal y no ante tribunales especiales, como sucedió siempre. El proyecto había sido elaborado por el Poder Ejecutivo.
@DIN, 7 de agosto de 2008 - El Senado Argentino aprobó anoche la derogación del Código de Justicia Militar, lo cual a partir de ahora pone en un mismo plano a militares y civiles.
Desaparece así un fuero específico que cruzó parte del siglo XIX y todo el siguiente hasta nuestros días. Final para algo "anacrónico y hostil", como lo definió la senadora mendocina Marita Perceval, una de las oradoras.
El Senado aprobó por unanimidad la derogación del Código de Justicia Militar, por lo que los miembros de las Fuerzas Armadas deberán someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito penal y no ante tribunales especiales. El proyecto había sido elaborado por el Poder Ejecutivo.
La sesión tuvo una invitada especial: la ministra de Defensa, Nilda Garré, sentada, en silencio, en primera fila. Su edecán, uniformada, la aguardaba en el umbral del salón Eva Perón, contiguo al recinto de sesiones.
"Eliminamos un fuero especial, donde los militares se juzgaban a sí mismos a través de un sistema anacrónico, arbitrario e injusto, donde no se respetaban las garantías del debido proceso. Es una oxigenación y un avance para el sistema democrático en la Argentina y saldamos una deuda con las Fuerzas Armadas.", declaró la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien no ocultó su satisfacción.
El proyecto fue redactado por juristas, militares, organismos humanitarios y de derechos humanos y terminó con los tribunales especiales, la pena de muerte y las sanciones a los militares por razones políticas, religiosas y sexuales.
No sólo culminaba un fuero especial, que estaba al margen de la Constitución con la incorporación en ella, en la reforma de 1994, de los pactos sobre derechos humanos. También quedaba encerrada una historia específicamente militar que arrancaba con el gobierno de Julio Argentino Roca, seguía con la reforma de 1951 de Juan Domingo Perón y culminaba con los cambios hechos durante la gestión de Raúl Alfonsín, ni bien recuperada la democracia.
Se hicieron en 1984 para posibilitar el juicio y castigo a los ex comandantes del "proceso" y en 1987 para ampliar el concepto de obediencia debido al extremo de trasformar el concepto en una virtual amnistía.
Fue después del alzamiento "carapintada" de Semana Santa de ese año. Una ley derogada primero y, luego -fue hace cinco años- directamente anulada por otra ley, con lo cual desaparecieron todos sus efectos, tal como si nunca hubiera existido.
Hacía tiempo que los militares venían golpeando la puerta del Congreso para instar a los legisladores a concederles a ellos los derechos que hubieran tenido, por ejemplo, militares extranjeros que hubieran caído en prisión en un hipotético conflicto bélico.
"Oxigena y garantiza el debido proceso a todos ellos", declaró a la salida la ministra Garré.
La derogación del Código castrense fue un compromiso que el Estado había asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del reclamo del capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle, quien fue sancionado por haber declarado en contra de sus superiores en el caso del encubrimiento del asesinato del soldado Omar Carrasco. Correa Belisle, que fue representado por el CELS en su denuncia internacional, no pudo tener un abogado de confianza ni presentar pruebas, y fue juzgado por un tribunal que dependía de los mismos militares a los que él había acusado. Todo fue realizado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Justicia Militar. Más información en @DIN http://www.agenciadin.com.ar/
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