Fuente: InfochubutDiez diputados oficialistas de Chubut (seis del justicialismo y cuatro del PROVECH) y tres de la oposición (uno de la UCR, uno del ARI y uno del PACH) decidirán hoy sobre el pedido de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años para el suspendido procurador general, Eduardo Samamé, y que fue formulado por los tres legisladores del PJ que integraron la comisión acusadora del juicio político iniciado en su contra. Se necesitan nueve votos para concretar la destitución.
A las 17 horas, cada diputado que integra la Sala de Juzgar votará en forma individual y deberá fundamentar su decisión.
Samamé pidió al tribunal que decidan con neutralidad y equidistancia. Este martes las partes expusieron los alegatos en los que acusan de mal desempeño a Samamé unos y aseguran que no hubo tal actuación.
La última audiencia del juicio político contra el procurador contó este martes con la presencia de una nutrida concurrencia integrada, especialmente en el horario de la administración pública, por varios emplados de distintas reparticiones como así también estudiantes de Derecho pertenecientes algunos de ellos a la lista Azul que postuló candidatos en las elecciones de la universidad y que impulsaba el oficialismo.
La jornada se extendió por casi siete horas divididas en dos mitades iguales que ocuparon la acusación y la defensa para exponer sus alegatos.
Infructuosos fueron los pedidos de la defensa, ejercida en esta ocasión por el defensor general de la provincia, Hugo Barone, y también por el defensor adjunto, Alfredo Pérez Galimberti, porque se asuma la inexistencia de una acusación real que permitiera al acusado ejercer un pleno derecho a la defensa. En ese marco, parecieron caer en saco roto las advertencias referidas a la posibilidad de que el juicio sea considerado nulo en una instancia posterior en virtud de tal circunstancia.
“Los hechos que constan en la acusación no pueden variarse en cualquier instancia del proceso, deben mantenerse o resignarse, pero no podemos ver cómo de una forma casi antojadiza, cargos que habían sido formulados en una abstracción absoluta ahora se refieren a personas en concreto que no habían sido tenidas en consideración al momento de formulación de los cargos”, sostuvo Barone al inicio mismo de los alegatos de la acusación que, en boca del diputado Sebastián Balochi, modificó los cargos por los que se inició el proceso de juicio político.
ACUSADORES. La acusación, representada por los diputados Javier Touriñán y Rubén Fernández, además de Balochi, llevó adelante sus argumentos mediante una minuciosa lectura de la gran mayoría de las palabras expresadas en la sala. El pedido de destitución y de cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos fue sustentado por los legisladores justicialistas en las distintas pruebas que, en contra de Samamé, aseguraron, se recolectaron y expusieron a lo largo del proceso.
El diputado Fernández inició la fundamentación de sus planteos marcando las diferencias existentes entre un juicio político y un juicio ordinario, citó bibliografía que marca diferencias al respecto e intentó despegar el proceso y la posible decisión de sus pares de una interpretación expresamente jurídica.
Siguió la posterior lectura que hizo Balochi de un extenso, tedioso y bastante confuso informe sobre los dichos de los distintos testigos que acusaron a Samamé. Relató detalles nuevamente de la causa Caripán y de la defensa que en su momento hizo Samamé de esa persona como así también de su actuación como abogado defensor del ex legislador Leandro Weinger.
Intentó, sin lograrlo, hacer alguna ironía respecto de la condición de radical de Samamé y aseguró que el procurador montó un "plan macabro" destinado a jubilar por invalidez al ex fiscal de Esquel y denunciante de Samamé, Oscar Balsamello.
A su turno, Touriñán avaló a sus antecesores asegurando que existen pruebas suficientes para acusar y destituir a Samamé e incursionó nuevamente en la historia previa a la función de procurador de Samamé. También mencionó el episodio la carta que en su momento el procurador envió al gobernador Mario Das Neves luego de que éste, por cadena provincial de radio y televisión, le pidiera públicamente que renunciara a su cargo, planteó la responsabilidad del procurador en la causa que investigó la red prostitución en Comodoro Rivadavia, la instrumentación de escuchas ilegales e inclusive algunas declaraciones periodísticas que efectuó Samamé.
DEFENSORES. "Si condenan el juicio será nulo y si absuelven nos habremos desgastado inútilmente pero este desgaste inútil no haría más que reverdecer la institucionalidad de Chubut si estos cuatro meses de trabajo terminan con un fallo absolutorio porque entonces sí podremos decir que en la provincia de Chubut las instituciones chubutenses han cumplido con el exacto papel que le asigna la Constitución a cada una", con estas palabras terminó su exposición el defensor Barone quien tuvo pocas intervenciones. Las mismas estuvieron especialmente referidas a que "no se ha producido ninguna prueba que pueda merecer tamaña sanción como la que aquí se ha solicitado".
Galimberti negó las acusaciones planteadas exponiendo los motivos en los casos contemplados en los cargos iniciales y coincidió en señalar que el juicio "va a ser revocado porque no hay una acusación válida que haya permitido una defensa real".
En su alegato hizo un relato histórico sobre origen de las legislaciones referidas a los juicios en distintos lugares del mundo señalando los diferentes criterios utilizados para decidir sobre las acusaciones y también el criterio de juicio que, a su entender, debe prevalecer en el jurado para fallar respecto de las acusaciones planteadas.
EL VEREDICTO. Este miércoles a las 17 horas se reanuda la actividad de la Sala de Juzgar y en la ocasión se definirá sobre la continuidad o la destitución de Eduardo Samamé como procurador general de Chubut. Cargo que ocupa desde el año 2000 cuando fue designado para el mismo por la Legislatura provincial a propuesta del entonces gobernador, José Luis Lizurume.
Los diputados que deben dar su veredicto son los justicialistas Jorge Pitiot, Stella Maris Vargas, Mercedes Aravena, Nélida Burgueño, Mariana Ripa y Miguel Angel Montoya; los integrantes del PROVECH (nómina que también postuló como candidato a gobernador al justicialista Mario Das Neves) Santiago Cárdenas, Ricardo Sastre, Néstor García y Ricardo Astete; y Carlos Lorenzo de la UCR, Fernando Urbano del ARI y Roque González del PACH.
La jornada se extendió por casi siete horas divididas en dos mitades iguales que ocuparon la acusación y la defensa para exponer sus alegatos.
Infructuosos fueron los pedidos de la defensa, ejercida en esta ocasión por el defensor general de la provincia, Hugo Barone, y también por el defensor adjunto, Alfredo Pérez Galimberti, porque se asuma la inexistencia de una acusación real que permitiera al acusado ejercer un pleno derecho a la defensa. En ese marco, parecieron caer en saco roto las advertencias referidas a la posibilidad de que el juicio sea considerado nulo en una instancia posterior en virtud de tal circunstancia.
“Los hechos que constan en la acusación no pueden variarse en cualquier instancia del proceso, deben mantenerse o resignarse, pero no podemos ver cómo de una forma casi antojadiza, cargos que habían sido formulados en una abstracción absoluta ahora se refieren a personas en concreto que no habían sido tenidas en consideración al momento de formulación de los cargos”, sostuvo Barone al inicio mismo de los alegatos de la acusación que, en boca del diputado Sebastián Balochi, modificó los cargos por los que se inició el proceso de juicio político.
ACUSADORES. La acusación, representada por los diputados Javier Touriñán y Rubén Fernández, además de Balochi, llevó adelante sus argumentos mediante una minuciosa lectura de la gran mayoría de las palabras expresadas en la sala. El pedido de destitución y de cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos fue sustentado por los legisladores justicialistas en las distintas pruebas que, en contra de Samamé, aseguraron, se recolectaron y expusieron a lo largo del proceso.
El diputado Fernández inició la fundamentación de sus planteos marcando las diferencias existentes entre un juicio político y un juicio ordinario, citó bibliografía que marca diferencias al respecto e intentó despegar el proceso y la posible decisión de sus pares de una interpretación expresamente jurídica.
Siguió la posterior lectura que hizo Balochi de un extenso, tedioso y bastante confuso informe sobre los dichos de los distintos testigos que acusaron a Samamé. Relató detalles nuevamente de la causa Caripán y de la defensa que en su momento hizo Samamé de esa persona como así también de su actuación como abogado defensor del ex legislador Leandro Weinger.
Intentó, sin lograrlo, hacer alguna ironía respecto de la condición de radical de Samamé y aseguró que el procurador montó un "plan macabro" destinado a jubilar por invalidez al ex fiscal de Esquel y denunciante de Samamé, Oscar Balsamello.
A su turno, Touriñán avaló a sus antecesores asegurando que existen pruebas suficientes para acusar y destituir a Samamé e incursionó nuevamente en la historia previa a la función de procurador de Samamé. También mencionó el episodio la carta que en su momento el procurador envió al gobernador Mario Das Neves luego de que éste, por cadena provincial de radio y televisión, le pidiera públicamente que renunciara a su cargo, planteó la responsabilidad del procurador en la causa que investigó la red prostitución en Comodoro Rivadavia, la instrumentación de escuchas ilegales e inclusive algunas declaraciones periodísticas que efectuó Samamé.
DEFENSORES. "Si condenan el juicio será nulo y si absuelven nos habremos desgastado inútilmente pero este desgaste inútil no haría más que reverdecer la institucionalidad de Chubut si estos cuatro meses de trabajo terminan con un fallo absolutorio porque entonces sí podremos decir que en la provincia de Chubut las instituciones chubutenses han cumplido con el exacto papel que le asigna la Constitución a cada una", con estas palabras terminó su exposición el defensor Barone quien tuvo pocas intervenciones. Las mismas estuvieron especialmente referidas a que "no se ha producido ninguna prueba que pueda merecer tamaña sanción como la que aquí se ha solicitado".
Galimberti negó las acusaciones planteadas exponiendo los motivos en los casos contemplados en los cargos iniciales y coincidió en señalar que el juicio "va a ser revocado porque no hay una acusación válida que haya permitido una defensa real".
En su alegato hizo un relato histórico sobre origen de las legislaciones referidas a los juicios en distintos lugares del mundo señalando los diferentes criterios utilizados para decidir sobre las acusaciones y también el criterio de juicio que, a su entender, debe prevalecer en el jurado para fallar respecto de las acusaciones planteadas.
EL VEREDICTO. Este miércoles a las 17 horas se reanuda la actividad de la Sala de Juzgar y en la ocasión se definirá sobre la continuidad o la destitución de Eduardo Samamé como procurador general de Chubut. Cargo que ocupa desde el año 2000 cuando fue designado para el mismo por la Legislatura provincial a propuesta del entonces gobernador, José Luis Lizurume.
Los diputados que deben dar su veredicto son los justicialistas Jorge Pitiot, Stella Maris Vargas, Mercedes Aravena, Nélida Burgueño, Mariana Ripa y Miguel Angel Montoya; los integrantes del PROVECH (nómina que también postuló como candidato a gobernador al justicialista Mario Das Neves) Santiago Cárdenas, Ricardo Sastre, Néstor García y Ricardo Astete; y Carlos Lorenzo de la UCR, Fernando Urbano del ARI y Roque González del PACH.
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