Enviado por Amílcar Andreassi
En primer lugar queremos aclarar los acontecimientos que derivaron en la actual situación institucional de Coopetel.
En el mes marzo de 2008 el Consejo de Administración que integramos, en uso de las facultades conferidas por el art. 79. inc. m), del Estatuto Social de la Cooperativa, convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de termino, para el día 17 de mayo de 2008, a fin de proceder –entre otras cosas- a la renovación de 4 (cuatro) cargos correspondientes al Concejo de Administración. Este llamado se realiza en los términos de la Cuarta Reforma del Estatuto, ya que no se encontraban concluidos a esa fecha los trámites relativos a la puesta en vigencia de la Quinta Reforma, que había sido aprobada ya por los asociados.
En el ínterin se generan diversas situaciones que generaron dudas sobre la vigencia de una u otra reforma del Estatuto Social, por lo cual realizamos consultas al INAES, quien nos aconsejo esperar a contar con la aprobación de la Quinta Reforma, e inmediatamente convocar a una nueva Asamblea bajo su vigencia. Ello porque entre las modificaciones de la Quinta Reforma se encontraban aspectos importantes para la asamblea, como es la eliminación del voto con poder, y por que no podría realizarse un acto tan fundamental para la cooperativa basándonos en un Estatuto que ya había caducado.
Una vez que llegó a Coopetel la notificación de la aprobación de la Quinta Reforma por parte de los órganos de control, procedimos conforme la recomendación mencionada. En consecuencia y en reunión del Consejo de Administración, decidimos anular el llamado para el día 17 de mayo y reconvocar para el día 14 de junio. Ello en la inteligencia de proteger los intereses de la Cooperativa y asegurar la eficaz participación de los asociados. Esta resolución se tomo conforme lo prescripto por el Estatuto de Coopetel y la Ley de Cooperativas, en cuanto a la forma y al órgano encargado de decidir, y fue ratificado en una posterior reunión del Consejo. En ambas reuniones estuvo presente la Síndico Titular Zulma Mengual, quien no manifestó en ningún caso oposición a las decisiones adoptadas.
Cabe destacar que las grabaciones para confeccionar las actas correspondientes a dichas reuniones han desaparecido de Coopetel, y el entonces Secretario Miguel Gabetta, responsable de las mismas, ha manifestado públicamente que no sabe donde se encuentran.
A pesar de que las decisiones se tomaron en forma correcta un grupo de asociados entre los que se encuentran el entonces secretario de Coopetel Miguel Gabetta y la síndico suplente Teresa Bilbao, convocaron por sí mismos (con la participación de la Síndico Mengual), a realizar la asamblea anulada y sin tener atribuciones legales. Esta Asamblea ilegal fue llevada a cabo, en ella se aprobó la gestión realizada el año pasado, pero pese a ello, en forma antiestatutaria decidieron echar a seis consejeros, reemplazarlos y ocupar las oficinas de Coopetel.
Ante esta situación y, a fin de evitar situaciones de violencia que podrían paralizar el funcionamiento de COOPETEL decidimos realizar las presentaciones ante los organismos de control, INAES y Subsecretaría de Economía Social, quienes a la fecha no se han manifestado sobre la validez o nulidad de lo actuado en la reunión del día 17 de mayo, y por tanto sobre las gravísimas determinaciones que tomaron y llevaron a cabo este grupo de asociados. Asimismo adoptamos en todo momento una posición de prudencia, para evitarle mayores perjuicios a la Cooperativa.
No es esta la actitud que han tomado quienes ocupan actualmente Coopetel. Por el contrario en el estado de incertidumbre institucional en el que nos hayamos, toman decisiones trascendentales para la Cooperativa, a sabiendas de que las mismas deberán ser revisadas.
Dentro de esta situación se enmarcan las determinaciones que se han tomado respecto de la Fundación Cooperar. La Fundación ha sido creada por Coopetel, con la intención de promover y desarrollar acciones de apoyo para el crecimiento integral de la actividad económico-social, educativa y cultural de nuestra Comarca cumpliendo con el séptimo principio cooperativo “trabajar para el desarrollo sostenible de la comunidad por medio de políticas aceptadas por sus socios”. En este sentido la fundación se viene trabajando en áreas de educación, cultura y administración de líneas de micro créditos principalmente. Si bien depende económicamente de la cooperativa es una entidad distinta y como tal posee sus propios dirigentes que son elegidos por tres años. Durante su actuación la Fundación ejecuta, con los fondos que le son girados por Coopetel, un proyecto anual que es previamente presentado y aprobado por el consejo de Coopetel. Es decir que los consejeros de Cooperar solo realizan este proyecto y nada más, defendiendo y preservando la continuidad de sus actividades, pese a las fuertes restricciones presupuestarias.
De un tiempo a esta parte quienes integramos el Consejo de Administración de Cooperar nos hemos visto intimidados por quienes ocupan Coopetel. Así nos han enviado cartas documento “intimándonos a renunciar”, cuando como todo el mundo sabe, que la renuncia es un acto voluntario y unilateral, nadie puede intimar a otra persona a renunciar, es algo que debe surgir de su propia voluntad. Esto ha complicado nuestro trabajo en la Fundación.
Además decidieron aumentar el número de consejeros de la fundación, incluyendo a 11 personas más entre los que se encuentran Adrián Clobas (como presidente), Vicente Paparella, Teresa Bilbao, Reynaldo Oudkerk, Osvaldo Elias, Eduardo Vido, Cecilia Lopresti, Jorge Paredes, Liliana Masoco, Isabel Villarreal y Maria del Carmen Conci,
Finalmente debemos destacar que se trata de una decisión sin precedentes, temeraria y desmedida, que refleja una actitud intervencionista que no aguarda prudentemente las decisiones de los organismos de control.
Toda esta problemática institucional se ve agravada por la situación económica y financiera de la Cooperativa, respecto de la cual queremos hacer algunas consideraciones.
Nuestra cooperativa brinda principalmente servicios públicos que, como tales, se ven sujetos a una estricta regulación estatal en cuanto a sus tarifas. Esto del 2001 en adelante se ha traducido en la congelación de las tarifas telefónicas, obligando a la cooperativa a prestar servicios deficitarios para su economía. Además la cooperativa es acreedora de numerosas deudas motivadas por mala gestión de cobro y desprolijidades administrativas que dificultaron y dificultan el recupero de montos muy importantes, gran parte de esta responsabilidad es de algunos asociados que integran el actual cuerpo directivo.
La opción que planteamos y, que habíamos comenzado a proyectar en nuestra actuación en el Consejo de Administración de Coopetel, es diversificar los servicios. Para ello la comisión de nuevos proyectos, que presidía Amilcar Andreassi había desarrollado estos proyectos por expreso mandato del consejo de administración, centro recreativo, edificación en esquina de San Martín y Juez Fernández, generación Hidroeléctrica en arroyo “El Lindo” este ultimo cercano a su concreción, con tramites realizados, habiendo conseguido subsidio para el financiamiento del proyecto que permitiría la captación de recursos para la ejecución de la obra, simultáneamente en otros como el embotellado de agua de mesa, que en la actualidad no son tenidos en cuenta. Además iniciamos las gestiones para el cobro de las deudas, principalmente el recupero de subsidios a los consumidores de gas de la región, aportados por Coopetel y no reintegrados por el estado nacional, logrando en primera instancia revertir un fallo judicial adverso y estando muy cerca de concretar el reintegro. También se lograron acuerdos con telefónica por importes no reintegrados en el tiempo de llamadas de cobro revertido a números 0800, recuperando un importe de $310.000, descuentos en tasas municipales que significan un ahorro de $38.000 al año, alquiler de espacio para antenas de empresas celulares con un ingreso de $114.000 por dos años para Coopetel, utilización del espacio dentro de un galpón que ahora se comparte con Telefónica, estas cosas nunca fueron propuestas por empleados u otros consejeros.
En definitiva queremos aclarar que siempre hemos respetado a nuestras instituciones, desarrollando nuestras tareas dentro y fuera de la cooperativa según los mandatos de nuestro sistema democrático, cumpliendo con los horarios del reglamento de consejo, con respeto por los demás, pero con conciencia de cuales son nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos y como socios de Coopetel.
Todas nuestras acciones se vieron dirigidas a lograr la concreción de los principios de la democracia y del cooperativismo, respetar y ayudar a los demás, y sobre todo a quienes se hayan en situaciones de mayor necesidad. Creemos que esos son los principios que deben guiar a Coopetel y no el mero ánimo lucro.
Es por ello que continuamos esperando con fe en la justicia, sabiendo que es la forma de defender los derechos en una sociedad civilizada y democrática.
En primer lugar queremos aclarar los acontecimientos que derivaron en la actual situación institucional de Coopetel.
En el mes marzo de 2008 el Consejo de Administración que integramos, en uso de las facultades conferidas por el art. 79. inc. m), del Estatuto Social de la Cooperativa, convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de termino, para el día 17 de mayo de 2008, a fin de proceder –entre otras cosas- a la renovación de 4 (cuatro) cargos correspondientes al Concejo de Administración. Este llamado se realiza en los términos de la Cuarta Reforma del Estatuto, ya que no se encontraban concluidos a esa fecha los trámites relativos a la puesta en vigencia de la Quinta Reforma, que había sido aprobada ya por los asociados.
En el ínterin se generan diversas situaciones que generaron dudas sobre la vigencia de una u otra reforma del Estatuto Social, por lo cual realizamos consultas al INAES, quien nos aconsejo esperar a contar con la aprobación de la Quinta Reforma, e inmediatamente convocar a una nueva Asamblea bajo su vigencia. Ello porque entre las modificaciones de la Quinta Reforma se encontraban aspectos importantes para la asamblea, como es la eliminación del voto con poder, y por que no podría realizarse un acto tan fundamental para la cooperativa basándonos en un Estatuto que ya había caducado.
Una vez que llegó a Coopetel la notificación de la aprobación de la Quinta Reforma por parte de los órganos de control, procedimos conforme la recomendación mencionada. En consecuencia y en reunión del Consejo de Administración, decidimos anular el llamado para el día 17 de mayo y reconvocar para el día 14 de junio. Ello en la inteligencia de proteger los intereses de la Cooperativa y asegurar la eficaz participación de los asociados. Esta resolución se tomo conforme lo prescripto por el Estatuto de Coopetel y la Ley de Cooperativas, en cuanto a la forma y al órgano encargado de decidir, y fue ratificado en una posterior reunión del Consejo. En ambas reuniones estuvo presente la Síndico Titular Zulma Mengual, quien no manifestó en ningún caso oposición a las decisiones adoptadas.
Cabe destacar que las grabaciones para confeccionar las actas correspondientes a dichas reuniones han desaparecido de Coopetel, y el entonces Secretario Miguel Gabetta, responsable de las mismas, ha manifestado públicamente que no sabe donde se encuentran.
A pesar de que las decisiones se tomaron en forma correcta un grupo de asociados entre los que se encuentran el entonces secretario de Coopetel Miguel Gabetta y la síndico suplente Teresa Bilbao, convocaron por sí mismos (con la participación de la Síndico Mengual), a realizar la asamblea anulada y sin tener atribuciones legales. Esta Asamblea ilegal fue llevada a cabo, en ella se aprobó la gestión realizada el año pasado, pero pese a ello, en forma antiestatutaria decidieron echar a seis consejeros, reemplazarlos y ocupar las oficinas de Coopetel.
Ante esta situación y, a fin de evitar situaciones de violencia que podrían paralizar el funcionamiento de COOPETEL decidimos realizar las presentaciones ante los organismos de control, INAES y Subsecretaría de Economía Social, quienes a la fecha no se han manifestado sobre la validez o nulidad de lo actuado en la reunión del día 17 de mayo, y por tanto sobre las gravísimas determinaciones que tomaron y llevaron a cabo este grupo de asociados. Asimismo adoptamos en todo momento una posición de prudencia, para evitarle mayores perjuicios a la Cooperativa.
No es esta la actitud que han tomado quienes ocupan actualmente Coopetel. Por el contrario en el estado de incertidumbre institucional en el que nos hayamos, toman decisiones trascendentales para la Cooperativa, a sabiendas de que las mismas deberán ser revisadas.
Dentro de esta situación se enmarcan las determinaciones que se han tomado respecto de la Fundación Cooperar. La Fundación ha sido creada por Coopetel, con la intención de promover y desarrollar acciones de apoyo para el crecimiento integral de la actividad económico-social, educativa y cultural de nuestra Comarca cumpliendo con el séptimo principio cooperativo “trabajar para el desarrollo sostenible de la comunidad por medio de políticas aceptadas por sus socios”. En este sentido la fundación se viene trabajando en áreas de educación, cultura y administración de líneas de micro créditos principalmente. Si bien depende económicamente de la cooperativa es una entidad distinta y como tal posee sus propios dirigentes que son elegidos por tres años. Durante su actuación la Fundación ejecuta, con los fondos que le son girados por Coopetel, un proyecto anual que es previamente presentado y aprobado por el consejo de Coopetel. Es decir que los consejeros de Cooperar solo realizan este proyecto y nada más, defendiendo y preservando la continuidad de sus actividades, pese a las fuertes restricciones presupuestarias.
De un tiempo a esta parte quienes integramos el Consejo de Administración de Cooperar nos hemos visto intimidados por quienes ocupan Coopetel. Así nos han enviado cartas documento “intimándonos a renunciar”, cuando como todo el mundo sabe, que la renuncia es un acto voluntario y unilateral, nadie puede intimar a otra persona a renunciar, es algo que debe surgir de su propia voluntad. Esto ha complicado nuestro trabajo en la Fundación.
Además decidieron aumentar el número de consejeros de la fundación, incluyendo a 11 personas más entre los que se encuentran Adrián Clobas (como presidente), Vicente Paparella, Teresa Bilbao, Reynaldo Oudkerk, Osvaldo Elias, Eduardo Vido, Cecilia Lopresti, Jorge Paredes, Liliana Masoco, Isabel Villarreal y Maria del Carmen Conci,
Finalmente debemos destacar que se trata de una decisión sin precedentes, temeraria y desmedida, que refleja una actitud intervencionista que no aguarda prudentemente las decisiones de los organismos de control.
Toda esta problemática institucional se ve agravada por la situación económica y financiera de la Cooperativa, respecto de la cual queremos hacer algunas consideraciones.
Nuestra cooperativa brinda principalmente servicios públicos que, como tales, se ven sujetos a una estricta regulación estatal en cuanto a sus tarifas. Esto del 2001 en adelante se ha traducido en la congelación de las tarifas telefónicas, obligando a la cooperativa a prestar servicios deficitarios para su economía. Además la cooperativa es acreedora de numerosas deudas motivadas por mala gestión de cobro y desprolijidades administrativas que dificultaron y dificultan el recupero de montos muy importantes, gran parte de esta responsabilidad es de algunos asociados que integran el actual cuerpo directivo.
La opción que planteamos y, que habíamos comenzado a proyectar en nuestra actuación en el Consejo de Administración de Coopetel, es diversificar los servicios. Para ello la comisión de nuevos proyectos, que presidía Amilcar Andreassi había desarrollado estos proyectos por expreso mandato del consejo de administración, centro recreativo, edificación en esquina de San Martín y Juez Fernández, generación Hidroeléctrica en arroyo “El Lindo” este ultimo cercano a su concreción, con tramites realizados, habiendo conseguido subsidio para el financiamiento del proyecto que permitiría la captación de recursos para la ejecución de la obra, simultáneamente en otros como el embotellado de agua de mesa, que en la actualidad no son tenidos en cuenta. Además iniciamos las gestiones para el cobro de las deudas, principalmente el recupero de subsidios a los consumidores de gas de la región, aportados por Coopetel y no reintegrados por el estado nacional, logrando en primera instancia revertir un fallo judicial adverso y estando muy cerca de concretar el reintegro. También se lograron acuerdos con telefónica por importes no reintegrados en el tiempo de llamadas de cobro revertido a números 0800, recuperando un importe de $310.000, descuentos en tasas municipales que significan un ahorro de $38.000 al año, alquiler de espacio para antenas de empresas celulares con un ingreso de $114.000 por dos años para Coopetel, utilización del espacio dentro de un galpón que ahora se comparte con Telefónica, estas cosas nunca fueron propuestas por empleados u otros consejeros.
En definitiva queremos aclarar que siempre hemos respetado a nuestras instituciones, desarrollando nuestras tareas dentro y fuera de la cooperativa según los mandatos de nuestro sistema democrático, cumpliendo con los horarios del reglamento de consejo, con respeto por los demás, pero con conciencia de cuales son nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos y como socios de Coopetel.
Todas nuestras acciones se vieron dirigidas a lograr la concreción de los principios de la democracia y del cooperativismo, respetar y ayudar a los demás, y sobre todo a quienes se hayan en situaciones de mayor necesidad. Creemos que esos son los principios que deben guiar a Coopetel y no el mero ánimo lucro.
Es por ello que continuamos esperando con fe en la justicia, sabiendo que es la forma de defender los derechos en una sociedad civilizada y democrática.
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