Por Infocivica-PoderCiudadano
Argentina 2.9
Por tercer año consecutivo, el país recibió esta calificación, en una escala del 1 al 10. Un puntaje muy por debajo del 4 necesario para aprobar. Se trata del índice anual elaborado por Transparency International, que califica a los países según el grado de corrupción percibido. Poder Ciudadano señaló algunas de las deudas pendientes en la materia, y presentó ayer un proyecto ley para derogar los superpoderes.
(INFOCÍVICA, Buenos Aires, 23 de septiembre de 2008). El parcial acceso a la información pública, la falta de transparencia en el Congreso, las falencias en la designación de jueces, las debilidades de los órganos de control, la falta de transparencia en las contrataciones públicas y en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Son sólo algunas de las falencias de la institucionalidad en la Argentina que pueden ayudar a explicar por qué el país sigue siendo reprobado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora todos los años la organización Transparencia Internacional (TI), de la cual Poder Ciudadano es su capítulo argentino.
En efecto, por tercer año consecutivo, el país obtuvo 2.9 puntos, en una escala que va del 0 al 10, y donde 10 corresponde a los países con percepción de mayor transparencia. Pero no sólo eso, nuevamente se encuentra por debajo de 4, puntaje considerado necesario para aprobar. Con esto, la Argentina se ubica en el puesto 109 en el ranking de los 180 países analizados en esta oportunidad, y en el 24 a nivel continental. Sin ir más lejos, se encuentra por debajo de Chile y Uruguay, que están aprobados con 6.9.
Pero, ¿qué es el IPC? Es un índice que clasifica a los países según los grados de corrupción percibidos por especialistas acerca de funcionarios públicos y políticos. Así, los datos relacionados con la corrupción se obtienen de sondeos a expertos y a empresas llevados a cabo por varias instituciones independientes y acreditadas. El IPC refleja opiniones de todo el mundo, incluidas aquellas de especialistas que residen en los países evaluados.
El IPC se calcula con información recolectada en los últimos dos años. Esto se hace para evitar que respuestas extremas de los encuestados produzcan cambios abruptos en el puntaje del IPC. Los datos que se dieron a conocer hoy en todo el mundo corresponden, entonces, al período comprendido entre principios de 2007 hasta julio de este año. El IPC, además, se centra en la corrupción en el sector público, a la que define como el abuso del servicio público para el beneficio particular.
“El aplazo no es sorprendente: seguimos sin ley de acceso a la información pública, con falta de transparencia en las contrataciones públicas, con discrecionalidad en el manejo de recursos públicos y un oscuro financiamiento de las campañas políticas”, destaca Delia Ferreira Rubio, presidenta del Consejo de Administración de Poder Ciudadano. Y agrega: “Este índice es, además, un desafío para el Gobierno y para la sociedad civil, para tratar de mejorar sus niveles de transparencia”.
Precisamente, tal como lo destaca Ferreira Rubio, un informe de Poder Ciudadano que acompaña el lanzamiento del IPC 2008 revela algunos datos que demuestran falta de transparencia en el sector público. Esta información, que incluye un listado de algunas deudas pendientes en materia de lucha contra la corrupción, puede servir para encontrar respuesta a las bajas calificaciones que viene recibiendo Argentina a lo largo de los años.
“La sanción de una ley de acceso a la información es clave. Si bien contamos con un decreto que regula el acceso a la información, sólo alcanza al Poder Ejecutivo”, señala Ferreira Rubio. Así, el decreto no genera ningún tipo de obligación en las esferas del Poder Legislativo ni del Judicial, y tampoco tiene injerencia en los niveles subnacionales de gobierno. Pero además, según revela el informe, “el cumplimiento de esta norma por parte de los organismos es dispar y su violación no contempla una instancia de sanción”.
Las licitaciones públicas ocupan un capítulo en el informe. “La transparencia en materia de contratación pública también es clave para revertir esta situación, porque significa la forma de asignar los recursos del Estado, que debe garantizar la competencia, para que quienes ganen concursos sean efectivamente los más idóneos”, explica Ferreira Rubio.
El informe también destaca la falta de transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y el uso de recursos públicos para fines proselitistas, temas que han sido trabajados ampliamente por Poder Ciudadano durante la campaña 2007 y cobraron vigencia, debido a los avances en el caso “valijagate” y los aportes realizados por Sebastián Forza, hoy vinculado al tráfico ilegal de efedrina. “La ciudadanía tiene que saber quién esta detrás de los candidatos y qué compromisos pueden surgir de parte de los candidatos a cambio de las contribuciones recibidas. Estos elementos son necesarios para el control y la auditoria, y para saber si las decisiones que tomará luego el funcionario electo tienen que ver realmente con el bien común, o si con ellas se está pagando un favor de campaña”, explica Ferreira Rubio.
La falta de independencia de los organismos de control, como la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Oficina Anticorrupción (OA), es otra de las falencias que destaca Ferreira Rubio y el informe de Poder Ciudadano. Además de la desprotección de denunciantes de corrupción, las falencias en el sistema judicial (sobre todo en la designación de jueces y en la prolongación de jueces “subrogantes” o interinos), la desigual distribución de la pauta publicitaria, la falta de transparencia en el INDEC, entre otras deudas pendientes que podrían borrar el fantasma de la corrupción en el país.
“Argentina tiene un compromiso aún no cumplido en materia de lucha contra la corrupción”, dice Julieta Arias, directora de Transparencia y Anticorrupción. “Nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. La gran deuda pendiente es la sanción de normativa alineada con el espíritu y la letra y de las mencionadas convenciones, así como el efectivo cumplimiento de la existente”, concluye.
La demorada derogación de los superpoderes
Uno de los puntos claves para cambiar el bajo puntaje argentino es la disminución de la discrecionalidad del uso de los fondos públicos.
“En este sentido, nosotros creemos que hay que eliminar los superpoderes del jefe de Gabinete. Los superpoderes son una herramienta muy peligrosa que supone que el Congreso, que es el que debe fijar las pautas de políticas públicas en cuanto a lo que se va a gastar del presupuesto nacional, ha resignado esa facultad. El jefe de Gabinete no tiene legitimidad electiva ni representativa para modificar lo establecido por el Congreso. Además, cuando esa herramienta les resulta insuficiente, el PE ha recurrido a los decretos de Necesidad y Urgencia para cambiar el presupuesto”, ejemplifica Ferreira Rubio.
Por este motivo, Poder Ciudadano presentó ayer, por mesa de entradas de la Cámara de diputados, un proyecto de Ley de modificación de la Ley 24.156, a fin de eliminar los llamados superpoderes, del Jefe de Gabinete de Ministros. La carta que lo argumenta que el rol asignado al Congreso de la Nación para fijar el presupuesto general constituye una atribución indelegable.
Argentina 2.9
Por tercer año consecutivo, el país recibió esta calificación, en una escala del 1 al 10. Un puntaje muy por debajo del 4 necesario para aprobar. Se trata del índice anual elaborado por Transparency International, que califica a los países según el grado de corrupción percibido. Poder Ciudadano señaló algunas de las deudas pendientes en la materia, y presentó ayer un proyecto ley para derogar los superpoderes.
(INFOCÍVICA, Buenos Aires, 23 de septiembre de 2008). El parcial acceso a la información pública, la falta de transparencia en el Congreso, las falencias en la designación de jueces, las debilidades de los órganos de control, la falta de transparencia en las contrataciones públicas y en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Son sólo algunas de las falencias de la institucionalidad en la Argentina que pueden ayudar a explicar por qué el país sigue siendo reprobado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora todos los años la organización Transparencia Internacional (TI), de la cual Poder Ciudadano es su capítulo argentino.
En efecto, por tercer año consecutivo, el país obtuvo 2.9 puntos, en una escala que va del 0 al 10, y donde 10 corresponde a los países con percepción de mayor transparencia. Pero no sólo eso, nuevamente se encuentra por debajo de 4, puntaje considerado necesario para aprobar. Con esto, la Argentina se ubica en el puesto 109 en el ranking de los 180 países analizados en esta oportunidad, y en el 24 a nivel continental. Sin ir más lejos, se encuentra por debajo de Chile y Uruguay, que están aprobados con 6.9.
Pero, ¿qué es el IPC? Es un índice que clasifica a los países según los grados de corrupción percibidos por especialistas acerca de funcionarios públicos y políticos. Así, los datos relacionados con la corrupción se obtienen de sondeos a expertos y a empresas llevados a cabo por varias instituciones independientes y acreditadas. El IPC refleja opiniones de todo el mundo, incluidas aquellas de especialistas que residen en los países evaluados.
El IPC se calcula con información recolectada en los últimos dos años. Esto se hace para evitar que respuestas extremas de los encuestados produzcan cambios abruptos en el puntaje del IPC. Los datos que se dieron a conocer hoy en todo el mundo corresponden, entonces, al período comprendido entre principios de 2007 hasta julio de este año. El IPC, además, se centra en la corrupción en el sector público, a la que define como el abuso del servicio público para el beneficio particular.
“El aplazo no es sorprendente: seguimos sin ley de acceso a la información pública, con falta de transparencia en las contrataciones públicas, con discrecionalidad en el manejo de recursos públicos y un oscuro financiamiento de las campañas políticas”, destaca Delia Ferreira Rubio, presidenta del Consejo de Administración de Poder Ciudadano. Y agrega: “Este índice es, además, un desafío para el Gobierno y para la sociedad civil, para tratar de mejorar sus niveles de transparencia”.
Precisamente, tal como lo destaca Ferreira Rubio, un informe de Poder Ciudadano que acompaña el lanzamiento del IPC 2008 revela algunos datos que demuestran falta de transparencia en el sector público. Esta información, que incluye un listado de algunas deudas pendientes en materia de lucha contra la corrupción, puede servir para encontrar respuesta a las bajas calificaciones que viene recibiendo Argentina a lo largo de los años.
“La sanción de una ley de acceso a la información es clave. Si bien contamos con un decreto que regula el acceso a la información, sólo alcanza al Poder Ejecutivo”, señala Ferreira Rubio. Así, el decreto no genera ningún tipo de obligación en las esferas del Poder Legislativo ni del Judicial, y tampoco tiene injerencia en los niveles subnacionales de gobierno. Pero además, según revela el informe, “el cumplimiento de esta norma por parte de los organismos es dispar y su violación no contempla una instancia de sanción”.
Las licitaciones públicas ocupan un capítulo en el informe. “La transparencia en materia de contratación pública también es clave para revertir esta situación, porque significa la forma de asignar los recursos del Estado, que debe garantizar la competencia, para que quienes ganen concursos sean efectivamente los más idóneos”, explica Ferreira Rubio.
El informe también destaca la falta de transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y el uso de recursos públicos para fines proselitistas, temas que han sido trabajados ampliamente por Poder Ciudadano durante la campaña 2007 y cobraron vigencia, debido a los avances en el caso “valijagate” y los aportes realizados por Sebastián Forza, hoy vinculado al tráfico ilegal de efedrina. “La ciudadanía tiene que saber quién esta detrás de los candidatos y qué compromisos pueden surgir de parte de los candidatos a cambio de las contribuciones recibidas. Estos elementos son necesarios para el control y la auditoria, y para saber si las decisiones que tomará luego el funcionario electo tienen que ver realmente con el bien común, o si con ellas se está pagando un favor de campaña”, explica Ferreira Rubio.
La falta de independencia de los organismos de control, como la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Oficina Anticorrupción (OA), es otra de las falencias que destaca Ferreira Rubio y el informe de Poder Ciudadano. Además de la desprotección de denunciantes de corrupción, las falencias en el sistema judicial (sobre todo en la designación de jueces y en la prolongación de jueces “subrogantes” o interinos), la desigual distribución de la pauta publicitaria, la falta de transparencia en el INDEC, entre otras deudas pendientes que podrían borrar el fantasma de la corrupción en el país.
“Argentina tiene un compromiso aún no cumplido en materia de lucha contra la corrupción”, dice Julieta Arias, directora de Transparencia y Anticorrupción. “Nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. La gran deuda pendiente es la sanción de normativa alineada con el espíritu y la letra y de las mencionadas convenciones, así como el efectivo cumplimiento de la existente”, concluye.
La demorada derogación de los superpoderes
Uno de los puntos claves para cambiar el bajo puntaje argentino es la disminución de la discrecionalidad del uso de los fondos públicos.
“En este sentido, nosotros creemos que hay que eliminar los superpoderes del jefe de Gabinete. Los superpoderes son una herramienta muy peligrosa que supone que el Congreso, que es el que debe fijar las pautas de políticas públicas en cuanto a lo que se va a gastar del presupuesto nacional, ha resignado esa facultad. El jefe de Gabinete no tiene legitimidad electiva ni representativa para modificar lo establecido por el Congreso. Además, cuando esa herramienta les resulta insuficiente, el PE ha recurrido a los decretos de Necesidad y Urgencia para cambiar el presupuesto”, ejemplifica Ferreira Rubio.
Por este motivo, Poder Ciudadano presentó ayer, por mesa de entradas de la Cámara de diputados, un proyecto de Ley de modificación de la Ley 24.156, a fin de eliminar los llamados superpoderes, del Jefe de Gabinete de Ministros. La carta que lo argumenta que el rol asignado al Congreso de la Nación para fijar el presupuesto general constituye una atribución indelegable.
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