Enviado por Amilcar Andreassi
Considero oportuno la difusión de la carta de lector adjunta publicada en el diario Río Negro de hoy 24 de Setiembre.
"Permitir estas actitudes es dar un paso atrás en las prácticas democráticas"
Por René Harol Peñas **
Siendo consejero titular del consejo de administración de Coopetel -Cooperativa Telefónica de El Bolsón-, decidí en reunión semanal de consejo, conjuntamente con otros cinco miembros habilitados, la postergación por 28 días de nuestra asamblea anual ordinaria con el mismo temario.
Motivó esta postergación atenernos lo más prolijamente posible a nuestro estatuto, el cual había sido modificado hacía dos años y por razones administrativas el INAES -al momento del llamado- no lo había protocolizado, requisito indispensable para su puesta en vigencia. La modificación más importante era la supresión del voto por poder, entre otras.
Como intuíamos que volver a realizar una asamblea con el estatuto que ya los asociados habían decidido cambiar generaría reclamos, consultamos al INAES quien nos aconsejó postergarla, toda vez que la modificación introducida ya estaba aprobada por el ente fiscalizador y sólo quedaban pasos administrativos corrientes para ponerlo en vigencia. Intentamos hacerlo en reunión de consejo del 6 de mayo, pero la síndico aseguró que por estatuto no era posible ya que exigía mayoría especial, que en esa reunión no se contaba.
A posteriori detectamos la errónea información recibida, ya que en realidad pudimos haber anulado y vuelto a reconvocar cuando estuviera el nuevo estatuto, cosa que ocurrió el 12 de mayo. Al día siguiente, en reunión de consejo decidimos mayoritariamente anular previa consulta con la síndico allí presente, quien volvió a referirse a su convicción de la necesidad de contar con mayoría especial, lo que leído el estatuto y aclarada la validez de lo propuesto, aprobó se siga adelante con la moción.
La medida fue categóricamente rechazada por tres consejeros, dos de los cuales eran integrantes de la única lista oficializada para la renovación parcial de autoridades -hoy presidente y tesorero de facto, respectivamente- , quienes además se retiraron de la reunión. Dado lo atípico de la situación, dos días después volvimos a reunirnos para profundizar la evaluación, concluyendo en ratificar lo actuado que incluía continuar con la comunicación al asociado de la nueva fecha de convocatoria, todo con la presencia de la síndico quien, en la oportunidad y ante las reiteradas consultas sobre el tema que nos ocupaba, se limitó a tomar apuntes sin evacuar ninguna de nuestras consultas.
Al día siguiente, la misma síndico comunica a nuestro presidente que si no volvemos atrás con la medida será ella quien convoque, imposición que naturalmente éste consideró inaceptable por ser antiestatutaria y contraria a la decisión ya tomada por el consejo.
Finalmente, convocó nomás a asamblea (el estatuto no la faculta a hacerlo) con el aporte de la síndico suplente, quien además salió a desmentir por dos emisoras locales de radio que se vaya a suspender la asamblea, desconociendo las legítimas facultades del consejo de administración para tomar decisiones por mayoría. Hicieron la asamblea trucha, aprobaron la memoria y el balance y destituyeron (violando otra vez el estatuto) a los seis que habíamos votado la postergación, conformando con los presentes un nuevo consejo de administración de facto.
Esto ocurrió el día l7 de mayo de 2008. Naturalmente quienes fuimos destituidos ilegalmente, teniendo mandatos vigentes por dos años más, hicimos el reclamo ante la Justicia, Juzgado Nº 3 de San Carlos de Bariloche, ante el INAES y ante el ente regulador provincial, que aparentemente habría emitido resolución a favor de la usurpación de que fuimos objeto consejeros y asociados, con el agravante de no contar con todos los elementos de juicio, ya que al tiempo nos enteramos de que las grabaciones de esas dos reuniones desaparecieron; por lo tanto, no hay actas, (¿sospechoso, no?) justamente con las principales pruebas que fundamentan y avalan lo actuado.
Yo soy socio fundador y miembro en calidad de vicepresidente y secretario respectivamente de los dos primeros consejos de administración de esta cooperativa, he recibido en estos últimos años múltiples muestras de reconocimiento por ello, pero por sobre todo soy un antiguo vecino que se siente obligado a dar una respuesta sobre la situación. Tengo la absoluta seguridad de haber actuado con total honestidad intelectual, priorizando el interés de Coopetel. El mayor capital que he podido acumular en mi vida se llama dignidad y estoy dispuesto a defenderlo. Actitudes como las expuestas han sido en el pasado moneda corriente, permitirlas es dar un paso atrás en las prácticas democráticas en nuestras instituciones. Reclamo alguna respuesta.
** LE 7.393.983
El Bolsón
Considero oportuno la difusión de la carta de lector adjunta publicada en el diario Río Negro de hoy 24 de Setiembre.
"Permitir estas actitudes es dar un paso atrás en las prácticas democráticas"
Por René Harol Peñas **
Siendo consejero titular del consejo de administración de Coopetel -Cooperativa Telefónica de El Bolsón-, decidí en reunión semanal de consejo, conjuntamente con otros cinco miembros habilitados, la postergación por 28 días de nuestra asamblea anual ordinaria con el mismo temario.
Motivó esta postergación atenernos lo más prolijamente posible a nuestro estatuto, el cual había sido modificado hacía dos años y por razones administrativas el INAES -al momento del llamado- no lo había protocolizado, requisito indispensable para su puesta en vigencia. La modificación más importante era la supresión del voto por poder, entre otras.
Como intuíamos que volver a realizar una asamblea con el estatuto que ya los asociados habían decidido cambiar generaría reclamos, consultamos al INAES quien nos aconsejó postergarla, toda vez que la modificación introducida ya estaba aprobada por el ente fiscalizador y sólo quedaban pasos administrativos corrientes para ponerlo en vigencia. Intentamos hacerlo en reunión de consejo del 6 de mayo, pero la síndico aseguró que por estatuto no era posible ya que exigía mayoría especial, que en esa reunión no se contaba.
A posteriori detectamos la errónea información recibida, ya que en realidad pudimos haber anulado y vuelto a reconvocar cuando estuviera el nuevo estatuto, cosa que ocurrió el 12 de mayo. Al día siguiente, en reunión de consejo decidimos mayoritariamente anular previa consulta con la síndico allí presente, quien volvió a referirse a su convicción de la necesidad de contar con mayoría especial, lo que leído el estatuto y aclarada la validez de lo propuesto, aprobó se siga adelante con la moción.
La medida fue categóricamente rechazada por tres consejeros, dos de los cuales eran integrantes de la única lista oficializada para la renovación parcial de autoridades -hoy presidente y tesorero de facto, respectivamente- , quienes además se retiraron de la reunión. Dado lo atípico de la situación, dos días después volvimos a reunirnos para profundizar la evaluación, concluyendo en ratificar lo actuado que incluía continuar con la comunicación al asociado de la nueva fecha de convocatoria, todo con la presencia de la síndico quien, en la oportunidad y ante las reiteradas consultas sobre el tema que nos ocupaba, se limitó a tomar apuntes sin evacuar ninguna de nuestras consultas.
Al día siguiente, la misma síndico comunica a nuestro presidente que si no volvemos atrás con la medida será ella quien convoque, imposición que naturalmente éste consideró inaceptable por ser antiestatutaria y contraria a la decisión ya tomada por el consejo.
Finalmente, convocó nomás a asamblea (el estatuto no la faculta a hacerlo) con el aporte de la síndico suplente, quien además salió a desmentir por dos emisoras locales de radio que se vaya a suspender la asamblea, desconociendo las legítimas facultades del consejo de administración para tomar decisiones por mayoría. Hicieron la asamblea trucha, aprobaron la memoria y el balance y destituyeron (violando otra vez el estatuto) a los seis que habíamos votado la postergación, conformando con los presentes un nuevo consejo de administración de facto.
Esto ocurrió el día l7 de mayo de 2008. Naturalmente quienes fuimos destituidos ilegalmente, teniendo mandatos vigentes por dos años más, hicimos el reclamo ante la Justicia, Juzgado Nº 3 de San Carlos de Bariloche, ante el INAES y ante el ente regulador provincial, que aparentemente habría emitido resolución a favor de la usurpación de que fuimos objeto consejeros y asociados, con el agravante de no contar con todos los elementos de juicio, ya que al tiempo nos enteramos de que las grabaciones de esas dos reuniones desaparecieron; por lo tanto, no hay actas, (¿sospechoso, no?) justamente con las principales pruebas que fundamentan y avalan lo actuado.
Yo soy socio fundador y miembro en calidad de vicepresidente y secretario respectivamente de los dos primeros consejos de administración de esta cooperativa, he recibido en estos últimos años múltiples muestras de reconocimiento por ello, pero por sobre todo soy un antiguo vecino que se siente obligado a dar una respuesta sobre la situación. Tengo la absoluta seguridad de haber actuado con total honestidad intelectual, priorizando el interés de Coopetel. El mayor capital que he podido acumular en mi vida se llama dignidad y estoy dispuesto a defenderlo. Actitudes como las expuestas han sido en el pasado moneda corriente, permitirlas es dar un paso atrás en las prácticas democráticas en nuestras instituciones. Reclamo alguna respuesta.
** LE 7.393.983
El Bolsón
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario