Fuente: Crítica de la Argentina
La ardua marcha a la paz bendita por Unasur
Con más de 30 indígenas muertos en Pando, el ejército controlaba el estado de sitio en ese departamento. La reunión de diez países sudamericanos hoy en Santiago busca una solución regional.
Carlos Orías B; desde Santa Cruz
En espera de los resultados de una nueva ronda de diálogo, anoche, entre el bloque de prefectos opositores y el gobierno boliviano, el país vivió un día de frágil calma que contrastó con la dureza de las posiciones expresadas por ambas partes. Entretanto, aumentaba el número de muertos conocidos en Pando, donde el ejército procuraba hacer efectivo el estado de sitio.
Las facetas del conflicto desaceleraron durante el fin de semana, y lo que se anunciaba como dos días de confrontación directa, terminó por regresar al nivel del cruce de amenazas. El lunes trae la esperanza de que la reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Santiago de Chile, a la que asistirá el presidente Evo Morales, derive en una fuerte exhortación al diálogo interno.
Pero la realidad es que la pugna política entre los prefectos autonomistas y el gobierno central se halla todavía en fase de ascenso. La situación en Pando, que el jueves pasado fue escenario de enfrentamientos que causaron más de 30 muertos, es todavía de una tensa tranquilidad. El ejército pasó a controlar la ciudad capital, Cobija, en el marco del estado de sitio decretado por La Paz para devolver la normalidad al departamento opositor.
El ministro de Salud, Ramiro Tapia, llegó hasta la localidad de Filadelfia, uno de los puntos donde hubo choques entre grupos armados y desde allí habló con medios oficiales, que son los únicos que han llegado al lugar. Tapia afirmó que los cuerpos de varios campesinos originarios del oeste del país serán devueltos a sus familiares en La Paz y que se realizarán las autopsias de ley para determinar las causas de las muertes.
El gobierno central y los prefectos opositores han cruzado acusaciones y ambos califican de ‘masacre’ lo ocurrido el jueves pasado, cuando hubo un choque de habitantes de Cobija contra campesinos afines al oficialismo.
El viceministro de Coordinación con los movimientos, Sacha Llorenti, acusó al prefecto pandino, de ser el directo responsable de las muertes y dijo que la Fiscalía pedirá 30 años de cárcel para él.
La entrada del ejército a Cobija debilita la posición del prefecto, que ayer no apareció, dado que existe una orden de detención en su contra. Sin embargo, Fernández se comunicó por teléfono con canales de TV de Santa Cruz e hizo un descargo de culpas. Pidió observadores externos y neutrales para que investiguen lo que realmente ocurrió en su departamento.
En Santa Cruz, los demás prefectos de la ‘media luna’, el bloque político que comprende a las regiones de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Pando, intentaron viajar a Pando, como lo habían anunciado el sábado, pero el Gobierno no se los permitió.
Entre las señales de distensión, el presidente del Comité Cívico local, Branko Marinkovic, anunció el levantamiento de los bloqueos de rutas que comenzaron hace dos semanas, como método de presión para que el Gobierno acceda a devolver recursos de un impuesto a las ventas de hidrocarburos. Estos cortes de ruta antecedieron a las tomas de entidades estatales de la semana pasada en la ‘media luna’.
El sábado ocurrieron enfrentamientos en Tiquipaya, a sólo 30 km de Santa Cruz, cuando miembros de la Unión Juvenil Cruceñista intentaron desbloquear una ruta que está cortada por partidarios del Gobierno. Petardos, piedras y golpes dejaron a un unionista es estado de muerte cerebral.
De todas formas, han cesado los enfrentamientos callejeros que desde hace días se registraban en barrios de la ciudad. En esos choques, partidarios del movimiento autonomista local y grupos afines al partido de gobierno (MAS) intercambiaron golpes en diversos puntos de la ciudad, lo que mantuvo en pie el clima de confrontación civil que volvió a hacer pensar que Bolivia había vuelto a la senda del suicidio.
El diálogo de anoche tenía el potencial de destrabar la pugna política nacional, o al menos encaminarla en una mejor dirección. En la reunión participaron el prefecto de Tarija, Mario Cossío, y el vicepresidente, Álvaro García Linera.
Antes de entrar, Cossío explicó que en esta segunda reunión, esperaba la asistencia del presidente Morales, que no estuvo en la primera cita del viernes. García Linera contestó luego que Morales sólo estará cuando se acuerde un documento base del diálogo, una hoja de ruta que las partes acuerden seguir.
Muy duro en sus posiciones, el gobierno ha dado algunos pasos en su favor, al poner al prefecto Fernández como un ‘fuera de la ley’. El vicepresidente reiteró ayer que con los líderes autonomistas puede debatir sobre la forma de un régimen autonómico para el país, y sobre los recursos de hidrocarburos. Pero recalcó que el gobierno no está dispuesto a ceder en cuanto a responsabilidades penales en Pando, ni en cuanto a su exigencia de que los autonomistas devuelvan al Estado las entidades que ocuparon la semana pasada.
Los jóvenes iracundos
Grupos de jóvenes han estado custodiando las entidades estatales de Santa Cruz, desde que fueron ocupadas la semana pasada por partidarios del movimiento cívico y autonomista de la ciudad. Al igual que los “cívicos”, muchachos que rondan los 20 años integran grupos afines al partido gobernante vigilan las avenidas de acceso a los barrio populares de Santa Cruz, en los que el Movimiento al Socialismo se ha hecho fuerte en los últimos años. Cuidan la “rotonda” de acceso a la populosa barriada Plan 3.000 y las entidades cívicas paralelas que el gobierno creó allí para dar visibilidad social a sus partidarios.
En el centro de Santa Cruz, los “cívicos” vigilan las 24 oficinas tomadas, que incluyen puntos clave como Impuestos Internos, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y Aduanas Durante el día y la noche, revientan petardos, aquí llamados “pausas”, para demostrar que las entidades ocupadas tienen dueño.
La ardua marcha a la paz bendita por Unasur
Con más de 30 indígenas muertos en Pando, el ejército controlaba el estado de sitio en ese departamento. La reunión de diez países sudamericanos hoy en Santiago busca una solución regional.
Carlos Orías B; desde Santa Cruz
En espera de los resultados de una nueva ronda de diálogo, anoche, entre el bloque de prefectos opositores y el gobierno boliviano, el país vivió un día de frágil calma que contrastó con la dureza de las posiciones expresadas por ambas partes. Entretanto, aumentaba el número de muertos conocidos en Pando, donde el ejército procuraba hacer efectivo el estado de sitio.
Las facetas del conflicto desaceleraron durante el fin de semana, y lo que se anunciaba como dos días de confrontación directa, terminó por regresar al nivel del cruce de amenazas. El lunes trae la esperanza de que la reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Santiago de Chile, a la que asistirá el presidente Evo Morales, derive en una fuerte exhortación al diálogo interno.
Pero la realidad es que la pugna política entre los prefectos autonomistas y el gobierno central se halla todavía en fase de ascenso. La situación en Pando, que el jueves pasado fue escenario de enfrentamientos que causaron más de 30 muertos, es todavía de una tensa tranquilidad. El ejército pasó a controlar la ciudad capital, Cobija, en el marco del estado de sitio decretado por La Paz para devolver la normalidad al departamento opositor.
El ministro de Salud, Ramiro Tapia, llegó hasta la localidad de Filadelfia, uno de los puntos donde hubo choques entre grupos armados y desde allí habló con medios oficiales, que son los únicos que han llegado al lugar. Tapia afirmó que los cuerpos de varios campesinos originarios del oeste del país serán devueltos a sus familiares en La Paz y que se realizarán las autopsias de ley para determinar las causas de las muertes.
El gobierno central y los prefectos opositores han cruzado acusaciones y ambos califican de ‘masacre’ lo ocurrido el jueves pasado, cuando hubo un choque de habitantes de Cobija contra campesinos afines al oficialismo.
El viceministro de Coordinación con los movimientos, Sacha Llorenti, acusó al prefecto pandino, de ser el directo responsable de las muertes y dijo que la Fiscalía pedirá 30 años de cárcel para él.
La entrada del ejército a Cobija debilita la posición del prefecto, que ayer no apareció, dado que existe una orden de detención en su contra. Sin embargo, Fernández se comunicó por teléfono con canales de TV de Santa Cruz e hizo un descargo de culpas. Pidió observadores externos y neutrales para que investiguen lo que realmente ocurrió en su departamento.
En Santa Cruz, los demás prefectos de la ‘media luna’, el bloque político que comprende a las regiones de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Pando, intentaron viajar a Pando, como lo habían anunciado el sábado, pero el Gobierno no se los permitió.
Entre las señales de distensión, el presidente del Comité Cívico local, Branko Marinkovic, anunció el levantamiento de los bloqueos de rutas que comenzaron hace dos semanas, como método de presión para que el Gobierno acceda a devolver recursos de un impuesto a las ventas de hidrocarburos. Estos cortes de ruta antecedieron a las tomas de entidades estatales de la semana pasada en la ‘media luna’.
El sábado ocurrieron enfrentamientos en Tiquipaya, a sólo 30 km de Santa Cruz, cuando miembros de la Unión Juvenil Cruceñista intentaron desbloquear una ruta que está cortada por partidarios del Gobierno. Petardos, piedras y golpes dejaron a un unionista es estado de muerte cerebral.
De todas formas, han cesado los enfrentamientos callejeros que desde hace días se registraban en barrios de la ciudad. En esos choques, partidarios del movimiento autonomista local y grupos afines al partido de gobierno (MAS) intercambiaron golpes en diversos puntos de la ciudad, lo que mantuvo en pie el clima de confrontación civil que volvió a hacer pensar que Bolivia había vuelto a la senda del suicidio.
El diálogo de anoche tenía el potencial de destrabar la pugna política nacional, o al menos encaminarla en una mejor dirección. En la reunión participaron el prefecto de Tarija, Mario Cossío, y el vicepresidente, Álvaro García Linera.
Antes de entrar, Cossío explicó que en esta segunda reunión, esperaba la asistencia del presidente Morales, que no estuvo en la primera cita del viernes. García Linera contestó luego que Morales sólo estará cuando se acuerde un documento base del diálogo, una hoja de ruta que las partes acuerden seguir.
Muy duro en sus posiciones, el gobierno ha dado algunos pasos en su favor, al poner al prefecto Fernández como un ‘fuera de la ley’. El vicepresidente reiteró ayer que con los líderes autonomistas puede debatir sobre la forma de un régimen autonómico para el país, y sobre los recursos de hidrocarburos. Pero recalcó que el gobierno no está dispuesto a ceder en cuanto a responsabilidades penales en Pando, ni en cuanto a su exigencia de que los autonomistas devuelvan al Estado las entidades que ocuparon la semana pasada.
Los jóvenes iracundos
Grupos de jóvenes han estado custodiando las entidades estatales de Santa Cruz, desde que fueron ocupadas la semana pasada por partidarios del movimiento cívico y autonomista de la ciudad. Al igual que los “cívicos”, muchachos que rondan los 20 años integran grupos afines al partido gobernante vigilan las avenidas de acceso a los barrio populares de Santa Cruz, en los que el Movimiento al Socialismo se ha hecho fuerte en los últimos años. Cuidan la “rotonda” de acceso a la populosa barriada Plan 3.000 y las entidades cívicas paralelas que el gobierno creó allí para dar visibilidad social a sus partidarios.
En el centro de Santa Cruz, los “cívicos” vigilan las 24 oficinas tomadas, que incluyen puntos clave como Impuestos Internos, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y Aduanas Durante el día y la noche, revientan petardos, aquí llamados “pausas”, para demostrar que las entidades ocupadas tienen dueño.
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