Enviado por Alicia Jardel
Por HIJOS
Una cosa es que la Justicia sea ciega y otra es que los jueces no dejen ver.
Eso es lo que hace el Tribunal Oral y Federal Nº 5, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado: prohíbe a la sociedad ser parte de los Juicios a los genocidas.
El 10 de febrero comenzó a ser juzgado un asesino: el ex general del Ejército Jorge Olivera Róvere, imputado por más de 100 delitos de lesa humanidad.
Nuevamente, y detrás de un vidrio, vemos sentado en el banquillo a quien dio la orden de asesinar a muchos de nuestros padres y sus compañeros. Pero 60 personas podemos verlo porque es la capacidad de la Sala y el TOF 5 impide el ingreso de cámaras, contradiciendo una Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (49/08).
Alerta los vecinos, al lado de su casa vive un asesino:
Estos son Juicios históricos y por eso deben ser tratados con una plena libertad de expresión. Todos somos parte de los Juicios y no todos cabríamos en la Sala, por eso deben ser televisados. Pero este Tribunal responde sistemáticamente con censura, perjudicando así el ejercicio de la memoria de todos. Negar su difusión es desoír la lucha de más de 30 años que lleva este pueblo por el juicio y castigo a los genocidas.
Parece que al TOF 5 tampoco le importa la construcción de la condena social, porque no deja ver las caras de los asesinos. Queremos que todo el mundo conozca la cara de Jorge Olivera Róvere, porque es parte de nuestra historia. Queremos que su cara sea conocida en su barrio, para que los vecinos de Recoleta sepan que quien vive en CALLAO 1460, 3 PISO es un ASESINO, que fue un general del Ejército Argentino que decidió sobre la vida y la muerte de miles de personas en los cientos de Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que tuvo a cargo por la zona del Primer Cuerpo del Ejército: Capital Federal, La Pampa y Provincia de Buenos Aires. Ese genocida vive en su casa y está siendo juzgado por más de 100 delitos de lesa humanidad. Queremos que la cara de Olivera Róvere sea conocida por todos porque lo Juzga un Tribunal, pero lo condenamos todos.
Queremos que todos vean la cara del represor Olivera Róvere para que cuando lo encuentren por la calle sepan quién es. Porque cuando hablamos de desaparecidos hablamos también de personas que los hicieron desaparecer y uno de ellos fue Olivera Róvere. Queremos ver, queremos que se vea, nosotros mostramos, ellos ocultan. Nosotros mostramos quiénes son los torturadores, dónde viven, qué hicieron; ellos se esconden y ocultan qué hicieron con los desaparecidos, dónde están sus cuerpos, dónde están nuestros hermanos apropiados, dónde está Jorge Julio López.
El 10 de febrero comenzó a ser juzgado por un Tribunal, pero ya está condenado por todos desde hace muchos años. En el primer día audiencias la lectura de sus imputaciones duró 6 horas. Algunos de sus crímenes son nuestra historia: es quien decidió sobre la vida y la muerte de nuestros familiares, es quien los hizo desaparecer, es quien dio la orden para asesinarlos. Por eso exigimos que sea condenado a cárcel común, perpetua y efectiva.
Crónica de una censura anunciada
En el primer día del Juicio, el martes 10 de febrero, el Tribunal reforzó más que nunca su decisión de tapar estos Juicios, perjudicando el ejercicio de la memoria de todos: prohibió el ingreso de cámaras y tras la presión de los organismos de derechos humanos, como H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticos y la AEED, tuvo que ceder unos pasos en la decisión y habilitó a un fotógrafo de Télam a entrar a la Sala, en un acuerdo realizado un día antes. Pero en el comienzo del Juicio el Tribunal cambió el acuerdo y sólo le permitió permanecer 3 minutos, hasta que ingresara el imputado: un genocida que vive en su casa. Así fue que Leonardo Zavattaro ingresó con su cámara, su herramienta de trabajo. Cuando el Tribunal ordenó que ingresara el imputado, Zavattaro comenzó a ser desalojado por el personal de la policía uniformada y de civil que se encontraba en la Sala habilitada para presenciar el Juicio, donde estábamos familiares de víctimas, sobrevivientes y público interesado en ver el Juicio. A los gritos defendimos que le permitieran sacar fotos, que no lo tocaran, que la Corte le permite sacar fotos del Juicio, que estaba trabajando… pero fue inútil: lo sacaron 5 policías a los empujones. Esa es la forma en que el TOF 5 "interpreta" la Acordada de la Corte con respecto a permitir el acceso de reporteros gráficos.
Pero hay más: a los periodistas de medios gráficos el TOF 5 los ubicó en el piso de arriba y al fondo, sin que pudieran ver al imputado. Sólo alcanzaban a ver al Tribunal y los secretarios. Esa es la interpretación del TOF 5 para la Acordada de la Corte donde indica que el Tribunal permitirá a los periodistas ubicarse en un lugar apropiado para la tarea a realizar.
Antes de esto, previo a ingresar a la Sala, el TOF 5 informó que sólo podría entrar a filmar Canal 7, durante 3 minutos, sin imputado, y que luego daría la imagen de la filmación interna de la sala, realizada por la Policía. Canal 7 se negó, defendiendo su fuente de trabajo y retiró a sus periodistas, permaneciendo en la calle. Además, el personal de Policía de la entrada desalojó del edificio de los Tribunales de Comodoro Py 2002 al fotógrafo de Página 12 y al camarógrafo de AMARC y Agencia Púlsar, sosteniendo que la Cámara Nacional de Casación Penal impide el ingreso de cámaras al edificio. Los abogados presentes les indicaron que posterior a eso existe una Acordada de la Corte, pero el personal policial desoyó el aviso y los obligó a salir del edificio. Así interpreta el Tribunal la libertad de expresión.
Y para coronar la censura del Tribunal, los canales de televisión que debían recibir la única imagen permitida, la interna filmada por la Policía, nunca la recibieron. Hicieron los reclamos pertinentes y no obtuvieron ninguna respuesta satisfactoria. Así, el Tribunal incumplió la Acordada de la Corte, que señala que debe permitir la difusión audiovisual de estos Juicios.
Exigimos que los Juicios a los genocidas sean realmente Orales y Públicos porque todos somos víctimas de los delitos juzgados: un genocidio. Exigimos que el Tribunal Oral y Federal Nº 5 permita a los medios trabajar adecuadamente, sin censura, y en pleno ejercicio de sus derechos y los de toda la sociedad: informar y estar informado.
LOS JUZGA UN TRIBUNAL, LOS CONDENAMOS TODOS
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA OLIVERA RÓVERE Y TODOS LOS GENOCIDAS, CÓMPLICES E IDEÓLOGOS
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ
Por HIJOS
Una cosa es que la Justicia sea ciega y otra es que los jueces no dejen ver.
Eso es lo que hace el Tribunal Oral y Federal Nº 5, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado: prohíbe a la sociedad ser parte de los Juicios a los genocidas.
El 10 de febrero comenzó a ser juzgado un asesino: el ex general del Ejército Jorge Olivera Róvere, imputado por más de 100 delitos de lesa humanidad.
Nuevamente, y detrás de un vidrio, vemos sentado en el banquillo a quien dio la orden de asesinar a muchos de nuestros padres y sus compañeros. Pero 60 personas podemos verlo porque es la capacidad de la Sala y el TOF 5 impide el ingreso de cámaras, contradiciendo una Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (49/08).
Alerta los vecinos, al lado de su casa vive un asesino:
Estos son Juicios históricos y por eso deben ser tratados con una plena libertad de expresión. Todos somos parte de los Juicios y no todos cabríamos en la Sala, por eso deben ser televisados. Pero este Tribunal responde sistemáticamente con censura, perjudicando así el ejercicio de la memoria de todos. Negar su difusión es desoír la lucha de más de 30 años que lleva este pueblo por el juicio y castigo a los genocidas.
Parece que al TOF 5 tampoco le importa la construcción de la condena social, porque no deja ver las caras de los asesinos. Queremos que todo el mundo conozca la cara de Jorge Olivera Róvere, porque es parte de nuestra historia. Queremos que su cara sea conocida en su barrio, para que los vecinos de Recoleta sepan que quien vive en CALLAO 1460, 3 PISO es un ASESINO, que fue un general del Ejército Argentino que decidió sobre la vida y la muerte de miles de personas en los cientos de Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que tuvo a cargo por la zona del Primer Cuerpo del Ejército: Capital Federal, La Pampa y Provincia de Buenos Aires. Ese genocida vive en su casa y está siendo juzgado por más de 100 delitos de lesa humanidad. Queremos que la cara de Olivera Róvere sea conocida por todos porque lo Juzga un Tribunal, pero lo condenamos todos.
Queremos que todos vean la cara del represor Olivera Róvere para que cuando lo encuentren por la calle sepan quién es. Porque cuando hablamos de desaparecidos hablamos también de personas que los hicieron desaparecer y uno de ellos fue Olivera Róvere. Queremos ver, queremos que se vea, nosotros mostramos, ellos ocultan. Nosotros mostramos quiénes son los torturadores, dónde viven, qué hicieron; ellos se esconden y ocultan qué hicieron con los desaparecidos, dónde están sus cuerpos, dónde están nuestros hermanos apropiados, dónde está Jorge Julio López.
El 10 de febrero comenzó a ser juzgado por un Tribunal, pero ya está condenado por todos desde hace muchos años. En el primer día audiencias la lectura de sus imputaciones duró 6 horas. Algunos de sus crímenes son nuestra historia: es quien decidió sobre la vida y la muerte de nuestros familiares, es quien los hizo desaparecer, es quien dio la orden para asesinarlos. Por eso exigimos que sea condenado a cárcel común, perpetua y efectiva.
Crónica de una censura anunciada
En el primer día del Juicio, el martes 10 de febrero, el Tribunal reforzó más que nunca su decisión de tapar estos Juicios, perjudicando el ejercicio de la memoria de todos: prohibió el ingreso de cámaras y tras la presión de los organismos de derechos humanos, como H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticos y la AEED, tuvo que ceder unos pasos en la decisión y habilitó a un fotógrafo de Télam a entrar a la Sala, en un acuerdo realizado un día antes. Pero en el comienzo del Juicio el Tribunal cambió el acuerdo y sólo le permitió permanecer 3 minutos, hasta que ingresara el imputado: un genocida que vive en su casa. Así fue que Leonardo Zavattaro ingresó con su cámara, su herramienta de trabajo. Cuando el Tribunal ordenó que ingresara el imputado, Zavattaro comenzó a ser desalojado por el personal de la policía uniformada y de civil que se encontraba en la Sala habilitada para presenciar el Juicio, donde estábamos familiares de víctimas, sobrevivientes y público interesado en ver el Juicio. A los gritos defendimos que le permitieran sacar fotos, que no lo tocaran, que la Corte le permite sacar fotos del Juicio, que estaba trabajando… pero fue inútil: lo sacaron 5 policías a los empujones. Esa es la forma en que el TOF 5 "interpreta" la Acordada de la Corte con respecto a permitir el acceso de reporteros gráficos.
Pero hay más: a los periodistas de medios gráficos el TOF 5 los ubicó en el piso de arriba y al fondo, sin que pudieran ver al imputado. Sólo alcanzaban a ver al Tribunal y los secretarios. Esa es la interpretación del TOF 5 para la Acordada de la Corte donde indica que el Tribunal permitirá a los periodistas ubicarse en un lugar apropiado para la tarea a realizar.
Antes de esto, previo a ingresar a la Sala, el TOF 5 informó que sólo podría entrar a filmar Canal 7, durante 3 minutos, sin imputado, y que luego daría la imagen de la filmación interna de la sala, realizada por la Policía. Canal 7 se negó, defendiendo su fuente de trabajo y retiró a sus periodistas, permaneciendo en la calle. Además, el personal de Policía de la entrada desalojó del edificio de los Tribunales de Comodoro Py 2002 al fotógrafo de Página 12 y al camarógrafo de AMARC y Agencia Púlsar, sosteniendo que la Cámara Nacional de Casación Penal impide el ingreso de cámaras al edificio. Los abogados presentes les indicaron que posterior a eso existe una Acordada de la Corte, pero el personal policial desoyó el aviso y los obligó a salir del edificio. Así interpreta el Tribunal la libertad de expresión.
Y para coronar la censura del Tribunal, los canales de televisión que debían recibir la única imagen permitida, la interna filmada por la Policía, nunca la recibieron. Hicieron los reclamos pertinentes y no obtuvieron ninguna respuesta satisfactoria. Así, el Tribunal incumplió la Acordada de la Corte, que señala que debe permitir la difusión audiovisual de estos Juicios.
Exigimos que los Juicios a los genocidas sean realmente Orales y Públicos porque todos somos víctimas de los delitos juzgados: un genocidio. Exigimos que el Tribunal Oral y Federal Nº 5 permita a los medios trabajar adecuadamente, sin censura, y en pleno ejercicio de sus derechos y los de toda la sociedad: informar y estar informado.
LOS JUZGA UN TRIBUNAL, LOS CONDENAMOS TODOS
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA OLIVERA RÓVERE Y TODOS LOS GENOCIDAS, CÓMPLICES E IDEÓLOGOS
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ
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