Enviado por Aramis Ventura
En ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cabe recordar una vez más una de las principales deudas de los argentinos en relación al pasado reciente que, es a la vez, un requisito indispensable para avanzar hacia una auténtica democracia: el juicio y condena de todos y cada uno de los responsables del genocidio perpetrado en torno a esos años.
Los juicios por violaciones a los derechos humanos vuelven a atravesar una situación de incertidumbre. Luego de la anulación de las leyes y decretos de impunidad, numerosas causas, la mayoría de las cuales se habían iniciado en los ochenta, se reactivaron. La permanente brega del amplio movimiento social y político que primero denunció el terrorismo de Estado y luego exigió justicia, obtuvo de ese modo un nuevo aliento. Sin embargo, el camino recorrido nunca ha sido fácil y ahora nos encontramos ante una nueva encrucijada.
Las declaraciones presidenciales, ocurridas durante el discurso de apertura de las sesiones legislativas del año en curso, fueron cuanto menos desafortunadas. Cristina Fernández de Kirchner sostuvo allí que el Poder Ejecutivo había hecho todo lo que tenía que hacer para impulsar la justicia en ese plano. Era, por una parte, una respuesta al llamado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando le solicitó una reunión para adoptar medidas que aceleraran los procesos, que intentaba endilgarle al Poder Judicial toda la responsabilidad por las demoras, sobre la base de que, efectivamente, los magistrados tienen en sus manos dichas causas. Pero, por otra parte, fue la elusión de las responsabilidades propias del Poder Ejecutivo, que son muchas y muy serias y que, de ningún modo, han sido resueltas durante el encuentro entre el presidente del máximo tribunal de la Nación , Ricardo Lorenzetti y el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Sergio Massa, el pasado, miércoles 11 de marzo.
Mientras Julio López se encuentra desaparecido y centenares de testigos del terrorismo de Estado sienten la amenaza de quienes aún tienen poder para producir semejante hecho, mientras la investigación del caso de López siga en manos de la bonaerense, principal sospechosa de la trama que impide el esclarecimiento de su situación, mientras no se impulse una investigación a fondo del genocidio, mientras en la justicia y en otras instancias del Estado persistan partícipes y cómplices de las violaciones a los derechos humanos durante nuestro pasado reciente, mientras no se disponga de los recursos económicos, técnicos y personal suficiente para las tareas administrativas y judiciales necesarias para hacer justicia, y mientras no se disponga la búsqueda y apertura de todos y cada uno de los archivos vinculados con la represión (el de la Side, por ejemplo) el Poder Ejecutivo tiene y debe hacer mucho, mucho más de lo que ha hecho.
Por ejemplo, en los juicios sustanciados ante los tribunales orales de La Plata, en los casos de Etchecolatz y Von Wernich, se puso en evidencia, claramente, la escasez de recursos que, de algún modo fueron suplidos por el esfuerzo de empleados y funcionarios del poder judicial local y de organizaciones sociales y de derechos humanos que contribuyeron a llevarlos adelante.
La derecha más reaccionaria, que clama hipócritamente por la inseguridad, nada ha dicho sobre este tema, quizás intuyendo que no puede salir a decir claramente que no le interesan estos juicios, porque iría a contrapelo de la opinión mayoritaria de nuestro pueblo.
No hay duda, por ejemplo, que en 1983 se perdió una oportunidad para cambiar de fondo el sistema judicial, comenzando por una depuración de todos los que participaron de esa farsa de Poder Judicial de la dictadura y siguiendo por una reestructuración que siguiera parámetros de equidad y democratización. No hay duda de que la etapa menemista y aún el interregno de De la Rúa mantuvo y hasta profundizó la degradación del sistema. Pero el reemplazo de algunos de los miembros de la nefasta Corte de esas era de los noventa y las reformas de procedimientos ocurridas en esta última etapa iniciada en el 2003 ha sido también insuficiente para garantizar una auténtica justicia.
Se requiere una profunda reforma del sistema judicial, no en el sentido en que han reclamado los sectores dominantes en el marco de la globalización neoliberal, sino en función de adentrarnos en una sociedad verdaderamente democrática. Por ejemplo, la comunidad debería, entre otras cuestiones, participar en la elección de los magistrados como una medida de democratización y transparencia. De no avanzarse en esa reforma, no solo persistirán magistrados y mecanismos judiciales que entorpecerán o esterilizaran los juicios por violaciones a los derechos humanos sino que serán una traba para cualquier proyecto de una sociedad mejor.
Existe una responsabilidad inexcusable del Poder Ejecutivo en esas materias, ya sea reformulando el sistema de seguridad (especialmente en relación a las fuerzas armadas, policiales y penitenciarias), creando instancias de investigación que aporten elementos a los procesos en curso y que avance en la apertura de muchos otros –ya que los actuales procesados no son más que los que lo estaban en los ochenta, y la cifra actual de encauzados representa una mínima parte de todos los implicados en el genocidio- impulsando las modificaciones necesarias en el sistema judicial, promoviendo nuevas leyes que den sustento legal a todas esas medidas.
El Poder Legislativo Nacional tiene, también, importantes obligaciones, algunas de las cuales se correlacionan con las apuntadas para el poder Ejecutivo. Quizás, la más importante, se la de promover una renovada investigación del genocidio a partir de una Comisión Parlamentaria bicameral, que fue una vieja exigencia de los organismos de derechos humanos en los albores de la post dictadura, y cuya necesidad no necesita demostración, en un marco en el cual todavía, más de treinta años después de iniciado el genocidio, no existe certeza ni siquiera sobre la cifra total de asesinados, torturados, desaparecidos, secuestrados, y exiliados bajo el terror de Estado. Al estilo de anteriores comisiones investigadoras, el parlamento es un marco de legitimidad, pluralidad y con poder suficiente como para reactualizar esta iniciativa.
Pero todos estos señalamientos no pueden ser óbice para apuntar aquí las graves responsabilidades que pesan sobre el Poder Judicial actual, empezando por muchos de los tribunales que tienen a su cargo los procesos por violaciones a los derechos humanos , siguiendo por los tribunales de alzada, así como de la propia Corte Suprema. En efecto; por ejemplo, la Corte tiene facultades de supervisión y superintendencia que le permiten, aún en las actuales circunstancias, ejercer un control sobre esos procesos que no ha ejercido al menos a la altura de las necesidades. Los retrasos en los procesos, las más de cien excarcelaciones injustificadas de genocidas, la ausencia de profundas investigaciones no solo tiene raíces en complicidades personales de muchos magistrados que en alguna época integraron las filas del Estado terrorista, sino que en la Corte y en el Consejo de la Magistratura hay responsabilidades por no haber atendido a tiempo las advertencias de muchos organismos de derechos humanos y numerosas personalidades acerca de esta crítica situación. Eso se ha puesto claramente en evidencia recientemente, cuando un conjunto de organismos de derechos humanos , solicitó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación que se inicie proceso a los integrantes de la Cámara de Casación, un paso que debió ser dado de oficio por el propio Consejo.
En síntesis, la encrucijada actual tiene muchas causas y responsables. Para salir de ella es necesario políticas de Estado que involucren a todos los poderes. Y, más allá de esto, estamos convencidos de que la permanente acción y vigilia de los movimientos sociales, sindicatos y partidos populares, especialmente de los organismos de derechos humanos , así como la de ese núcleo de magistrados que a contrapelo de la mayoría de sus colegas han cumplido con dignidad su misión, serán las garantías fundamentales para que se haga justicia.
En esa dirección, los trabajadores judiciales organizados en la Federación Judicial Argentina de todo el país nos sumaremos a cada una de las iniciativas que, a lo largo y ancho de nuestra patria, se realizarán para repudiar nuevamente el golpe genocida.
En ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cabe recordar una vez más una de las principales deudas de los argentinos en relación al pasado reciente que, es a la vez, un requisito indispensable para avanzar hacia una auténtica democracia: el juicio y condena de todos y cada uno de los responsables del genocidio perpetrado en torno a esos años.
Los juicios por violaciones a los derechos humanos vuelven a atravesar una situación de incertidumbre. Luego de la anulación de las leyes y decretos de impunidad, numerosas causas, la mayoría de las cuales se habían iniciado en los ochenta, se reactivaron. La permanente brega del amplio movimiento social y político que primero denunció el terrorismo de Estado y luego exigió justicia, obtuvo de ese modo un nuevo aliento. Sin embargo, el camino recorrido nunca ha sido fácil y ahora nos encontramos ante una nueva encrucijada.
Las declaraciones presidenciales, ocurridas durante el discurso de apertura de las sesiones legislativas del año en curso, fueron cuanto menos desafortunadas. Cristina Fernández de Kirchner sostuvo allí que el Poder Ejecutivo había hecho todo lo que tenía que hacer para impulsar la justicia en ese plano. Era, por una parte, una respuesta al llamado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando le solicitó una reunión para adoptar medidas que aceleraran los procesos, que intentaba endilgarle al Poder Judicial toda la responsabilidad por las demoras, sobre la base de que, efectivamente, los magistrados tienen en sus manos dichas causas. Pero, por otra parte, fue la elusión de las responsabilidades propias del Poder Ejecutivo, que son muchas y muy serias y que, de ningún modo, han sido resueltas durante el encuentro entre el presidente del máximo tribunal de la Nación , Ricardo Lorenzetti y el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Sergio Massa, el pasado, miércoles 11 de marzo.
Mientras Julio López se encuentra desaparecido y centenares de testigos del terrorismo de Estado sienten la amenaza de quienes aún tienen poder para producir semejante hecho, mientras la investigación del caso de López siga en manos de la bonaerense, principal sospechosa de la trama que impide el esclarecimiento de su situación, mientras no se impulse una investigación a fondo del genocidio, mientras en la justicia y en otras instancias del Estado persistan partícipes y cómplices de las violaciones a los derechos humanos durante nuestro pasado reciente, mientras no se disponga de los recursos económicos, técnicos y personal suficiente para las tareas administrativas y judiciales necesarias para hacer justicia, y mientras no se disponga la búsqueda y apertura de todos y cada uno de los archivos vinculados con la represión (el de la Side, por ejemplo) el Poder Ejecutivo tiene y debe hacer mucho, mucho más de lo que ha hecho.
Por ejemplo, en los juicios sustanciados ante los tribunales orales de La Plata, en los casos de Etchecolatz y Von Wernich, se puso en evidencia, claramente, la escasez de recursos que, de algún modo fueron suplidos por el esfuerzo de empleados y funcionarios del poder judicial local y de organizaciones sociales y de derechos humanos que contribuyeron a llevarlos adelante.
La derecha más reaccionaria, que clama hipócritamente por la inseguridad, nada ha dicho sobre este tema, quizás intuyendo que no puede salir a decir claramente que no le interesan estos juicios, porque iría a contrapelo de la opinión mayoritaria de nuestro pueblo.
No hay duda, por ejemplo, que en 1983 se perdió una oportunidad para cambiar de fondo el sistema judicial, comenzando por una depuración de todos los que participaron de esa farsa de Poder Judicial de la dictadura y siguiendo por una reestructuración que siguiera parámetros de equidad y democratización. No hay duda de que la etapa menemista y aún el interregno de De la Rúa mantuvo y hasta profundizó la degradación del sistema. Pero el reemplazo de algunos de los miembros de la nefasta Corte de esas era de los noventa y las reformas de procedimientos ocurridas en esta última etapa iniciada en el 2003 ha sido también insuficiente para garantizar una auténtica justicia.
Se requiere una profunda reforma del sistema judicial, no en el sentido en que han reclamado los sectores dominantes en el marco de la globalización neoliberal, sino en función de adentrarnos en una sociedad verdaderamente democrática. Por ejemplo, la comunidad debería, entre otras cuestiones, participar en la elección de los magistrados como una medida de democratización y transparencia. De no avanzarse en esa reforma, no solo persistirán magistrados y mecanismos judiciales que entorpecerán o esterilizaran los juicios por violaciones a los derechos humanos sino que serán una traba para cualquier proyecto de una sociedad mejor.
Existe una responsabilidad inexcusable del Poder Ejecutivo en esas materias, ya sea reformulando el sistema de seguridad (especialmente en relación a las fuerzas armadas, policiales y penitenciarias), creando instancias de investigación que aporten elementos a los procesos en curso y que avance en la apertura de muchos otros –ya que los actuales procesados no son más que los que lo estaban en los ochenta, y la cifra actual de encauzados representa una mínima parte de todos los implicados en el genocidio- impulsando las modificaciones necesarias en el sistema judicial, promoviendo nuevas leyes que den sustento legal a todas esas medidas.
El Poder Legislativo Nacional tiene, también, importantes obligaciones, algunas de las cuales se correlacionan con las apuntadas para el poder Ejecutivo. Quizás, la más importante, se la de promover una renovada investigación del genocidio a partir de una Comisión Parlamentaria bicameral, que fue una vieja exigencia de los organismos de derechos humanos en los albores de la post dictadura, y cuya necesidad no necesita demostración, en un marco en el cual todavía, más de treinta años después de iniciado el genocidio, no existe certeza ni siquiera sobre la cifra total de asesinados, torturados, desaparecidos, secuestrados, y exiliados bajo el terror de Estado. Al estilo de anteriores comisiones investigadoras, el parlamento es un marco de legitimidad, pluralidad y con poder suficiente como para reactualizar esta iniciativa.
Pero todos estos señalamientos no pueden ser óbice para apuntar aquí las graves responsabilidades que pesan sobre el Poder Judicial actual, empezando por muchos de los tribunales que tienen a su cargo los procesos por violaciones a los derechos humanos , siguiendo por los tribunales de alzada, así como de la propia Corte Suprema. En efecto; por ejemplo, la Corte tiene facultades de supervisión y superintendencia que le permiten, aún en las actuales circunstancias, ejercer un control sobre esos procesos que no ha ejercido al menos a la altura de las necesidades. Los retrasos en los procesos, las más de cien excarcelaciones injustificadas de genocidas, la ausencia de profundas investigaciones no solo tiene raíces en complicidades personales de muchos magistrados que en alguna época integraron las filas del Estado terrorista, sino que en la Corte y en el Consejo de la Magistratura hay responsabilidades por no haber atendido a tiempo las advertencias de muchos organismos de derechos humanos y numerosas personalidades acerca de esta crítica situación. Eso se ha puesto claramente en evidencia recientemente, cuando un conjunto de organismos de derechos humanos , solicitó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación que se inicie proceso a los integrantes de la Cámara de Casación, un paso que debió ser dado de oficio por el propio Consejo.
En síntesis, la encrucijada actual tiene muchas causas y responsables. Para salir de ella es necesario políticas de Estado que involucren a todos los poderes. Y, más allá de esto, estamos convencidos de que la permanente acción y vigilia de los movimientos sociales, sindicatos y partidos populares, especialmente de los organismos de derechos humanos , así como la de ese núcleo de magistrados que a contrapelo de la mayoría de sus colegas han cumplido con dignidad su misión, serán las garantías fundamentales para que se haga justicia.
En esa dirección, los trabajadores judiciales organizados en la Federación Judicial Argentina de todo el país nos sumaremos a cada una de las iniciativas que, a lo largo y ancho de nuestra patria, se realizarán para repudiar nuevamente el golpe genocida.
Jorge Izquierdo
Secretario General
Víctor Mendibil
Cosecretario General
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