Por Iris Alejandra Giménez *
El pasado viernes 20 de marzo, Madres de Plaza de Mayo filial Alto Valle y Neuquén en su visita a Viedma recordaban su pedido, una vez más: “que se sepa quiénes mataron a nuestros hijos y se los condene”.
33 años pasaron, los primeros siete signados por violaciones a los derechos humanos -secuestros, desapariciones y muerte de 30.000 personas, más los muertos y afectados por la Guerra de Malvinas, corolario de siete años nefastos de crímenes cometidos por el Estado-; y los últimos 25 años intentando reconstruir las vidas truncadas de los sobrevivientes, de madres, abuelas, hijos, hermanos, amigos y la inmensa mayoría de todo un país que aún espera que se haga justicia.
25 años de democracia son, gracias a Dios, muchos años en los que se supone el pueblo argentino ha debido poder recobrar la libertad. Sin embargo hoy, a la luz de un gobierno elegido democráticamente, en el país, y sobre todo en nuestra provincia seguimos preguntándonos no sólo quiénes mataron a 30.000 personas durante el Gobierno Militar –entre ellos muchos rionegrinos- sino quiénes y por qué mataron a Atauhalpa Martínez –Viedma, 15 de junio de 2008-; quiénes y por qué mataron a Otoño Uriarte –Fernández Oro, desaparecida el 23 de octubre 2006, encontrada asesinada el 26 de abril de 2007-; quiénes y por qué mataron a María Emilia y Paula González, y a Verónica Villar –Cipolletti, desaparecidas el 9 de noviembre de 1997, halladas asesinadas el 11 de noviembre del mismo año-; quiénes y por qué mataron a Raquel Laguna y Sergio Sorbellini –Río Colorado, 13 de marzo de 1989. Y la lista no se termina.
Asesinatos aún no esclarecidos y que no parecen ser a causa de la pobreza, no parecen originados por la inseguridad, ni ser productos de la exclusión social; pero que sí se están prolongando en el tiempo como crímenes impunes sin que, quienes deberían, hayan demostrado siquiera intención de resolverlos fehacientemente, y en los que se ven involucrados demasiados elementos relativos al poder político y económico de nuestra provincia, que hasta incluso parecieran estar ahí al sólo efecto de encubrir a los culpables.
Un poder político y económico que ha agigantado sus tentáculos llegando al extremo de ejercer violencia con su silencio, ignorando al pueblo, al reclamo del pueblo, un pueblo al que se deben, y no al revés.
La provincia está en llamas: docentes, alumnos, padres, trabajadores, desocupados, madres y padres del dolor, cortan rutas, hacen marchas, piden audiencias, presentan denuncias, reclaman, esperan respuestas y son olímpicamente ignorados por quienes corresponde que se hagan cargo de recibirlos, de dar respuestas, y que en su lugar se dan el lujo de proclamar barbaridades públicamente recurriendo al derecho a retractarse sin solución de continuidad; retrucando al pueblo con acciones totalmente ajenas al sentido común, a la justicia social y sobre todo ajenas a sus deberes públicos conferidos mediante el voto en Democracia.
El pueblo rionegrino está siendo silenciado, como hace 33 años, y tan o más gravemente, en un sistema de gobierno que se dice democrático; está siendo pisoteado y reprimido y violado en sus derechos; está siendo robado en sus propias narices y soberbiamente sodomizado una y otra vez, literalmente siendo obligado a recoger un guante impuesto como última instancia por quienes hoy ostentan el poder y que no tienen ni tendrán dignidad para reconstruir una provincia que se están llevando puesta impunemente.
Un poder político que se ha vuelto incompetente, pretende reducir la voz del pueblo a una mera postura político-partidaria mediocre y miserable, convirtiendo reclamos genuinos en una brutal pulseada de poderes.
Un poder político que ha decidido no escuchar, no aceptar el diálogo y mucho menos el disentimiento; un poder político sospechado de corrupción y de enriquecimiento ilícito, amén de ser sospechado de estar involucrado en delitos aún mayores, como la trata de mujeres; un poder político que convoca a un represor y torturador, y lo pone al frente de un organismo de inteligencia encargado de controlar las tomas de terrenos a manos de los pobres, y de instalar ilegales escuchas telefónicas, y de quién no sabe cuántas cosas más, ilógicamente queriendo hacernos creer que desconoce su historial.
Quienes opinan que los docentes están equivocados, deberán opinar entonces que las Madres y Padres del Dolor también lo están; que las familias ocupantes de terrenos que viven en la más inverosímil miseria, sin agua, sin luz ni gas ni paredes ni techos seguros, también; que los niños y niñas que no van a la escuela y que además tampoco comen, sino la miseria de comida adulterada que les estuvieron dando durante años, también. Y otra lista, nuevamente, se hace interminable.
Las Madres de Plaza de Mayo filial Alto Valle y Neuquén, con sus palabras transparentes, humildes, frontales, enteras, limpias, me han dado un nuevo aliento, han recobrado mis fuerzas, han reavivado en mí, y seguramente en muchos de los presentes ese viernes aquí en Viedma, una luz de esperanza; me han mostrado que aún se puede creer en que la lucha por la justicia social y la libertad –dura y cruenta- es hoy más que nunca necesaria y sobre todo, posible.
Posible si ante todo defendemos nuestra dignidad, si aprendemos a pensar por nosotros mismos, a reflexionar, a elegir, a convenir, a disentir, en el diálogo, siempre por el bien común; si empezamos por no callar las injusticias, por no quedarnos de brazos cruzados, ensimismados, abatidos, vencidos.
Es posible si de una buena vez, a 33 años del más horrendo golpe que ha recibido nuestro país, y después de 25 años con la posibilidad de ejercer nuestros derechos y también de cumplir con nuestras responsabilidades de ciudadanos, empezamos a perder el miedo a los fantasmas para por fin vivir y criar a nuestros hijos en libertad.
* Viedma – Río Negro
23 de Marzo de 2009
El pasado viernes 20 de marzo, Madres de Plaza de Mayo filial Alto Valle y Neuquén en su visita a Viedma recordaban su pedido, una vez más: “que se sepa quiénes mataron a nuestros hijos y se los condene”.
33 años pasaron, los primeros siete signados por violaciones a los derechos humanos -secuestros, desapariciones y muerte de 30.000 personas, más los muertos y afectados por la Guerra de Malvinas, corolario de siete años nefastos de crímenes cometidos por el Estado-; y los últimos 25 años intentando reconstruir las vidas truncadas de los sobrevivientes, de madres, abuelas, hijos, hermanos, amigos y la inmensa mayoría de todo un país que aún espera que se haga justicia.
25 años de democracia son, gracias a Dios, muchos años en los que se supone el pueblo argentino ha debido poder recobrar la libertad. Sin embargo hoy, a la luz de un gobierno elegido democráticamente, en el país, y sobre todo en nuestra provincia seguimos preguntándonos no sólo quiénes mataron a 30.000 personas durante el Gobierno Militar –entre ellos muchos rionegrinos- sino quiénes y por qué mataron a Atauhalpa Martínez –Viedma, 15 de junio de 2008-; quiénes y por qué mataron a Otoño Uriarte –Fernández Oro, desaparecida el 23 de octubre 2006, encontrada asesinada el 26 de abril de 2007-; quiénes y por qué mataron a María Emilia y Paula González, y a Verónica Villar –Cipolletti, desaparecidas el 9 de noviembre de 1997, halladas asesinadas el 11 de noviembre del mismo año-; quiénes y por qué mataron a Raquel Laguna y Sergio Sorbellini –Río Colorado, 13 de marzo de 1989. Y la lista no se termina.
Asesinatos aún no esclarecidos y que no parecen ser a causa de la pobreza, no parecen originados por la inseguridad, ni ser productos de la exclusión social; pero que sí se están prolongando en el tiempo como crímenes impunes sin que, quienes deberían, hayan demostrado siquiera intención de resolverlos fehacientemente, y en los que se ven involucrados demasiados elementos relativos al poder político y económico de nuestra provincia, que hasta incluso parecieran estar ahí al sólo efecto de encubrir a los culpables.
Un poder político y económico que ha agigantado sus tentáculos llegando al extremo de ejercer violencia con su silencio, ignorando al pueblo, al reclamo del pueblo, un pueblo al que se deben, y no al revés.
La provincia está en llamas: docentes, alumnos, padres, trabajadores, desocupados, madres y padres del dolor, cortan rutas, hacen marchas, piden audiencias, presentan denuncias, reclaman, esperan respuestas y son olímpicamente ignorados por quienes corresponde que se hagan cargo de recibirlos, de dar respuestas, y que en su lugar se dan el lujo de proclamar barbaridades públicamente recurriendo al derecho a retractarse sin solución de continuidad; retrucando al pueblo con acciones totalmente ajenas al sentido común, a la justicia social y sobre todo ajenas a sus deberes públicos conferidos mediante el voto en Democracia.
El pueblo rionegrino está siendo silenciado, como hace 33 años, y tan o más gravemente, en un sistema de gobierno que se dice democrático; está siendo pisoteado y reprimido y violado en sus derechos; está siendo robado en sus propias narices y soberbiamente sodomizado una y otra vez, literalmente siendo obligado a recoger un guante impuesto como última instancia por quienes hoy ostentan el poder y que no tienen ni tendrán dignidad para reconstruir una provincia que se están llevando puesta impunemente.
Un poder político que se ha vuelto incompetente, pretende reducir la voz del pueblo a una mera postura político-partidaria mediocre y miserable, convirtiendo reclamos genuinos en una brutal pulseada de poderes.
Un poder político que ha decidido no escuchar, no aceptar el diálogo y mucho menos el disentimiento; un poder político sospechado de corrupción y de enriquecimiento ilícito, amén de ser sospechado de estar involucrado en delitos aún mayores, como la trata de mujeres; un poder político que convoca a un represor y torturador, y lo pone al frente de un organismo de inteligencia encargado de controlar las tomas de terrenos a manos de los pobres, y de instalar ilegales escuchas telefónicas, y de quién no sabe cuántas cosas más, ilógicamente queriendo hacernos creer que desconoce su historial.
Quienes opinan que los docentes están equivocados, deberán opinar entonces que las Madres y Padres del Dolor también lo están; que las familias ocupantes de terrenos que viven en la más inverosímil miseria, sin agua, sin luz ni gas ni paredes ni techos seguros, también; que los niños y niñas que no van a la escuela y que además tampoco comen, sino la miseria de comida adulterada que les estuvieron dando durante años, también. Y otra lista, nuevamente, se hace interminable.
Las Madres de Plaza de Mayo filial Alto Valle y Neuquén, con sus palabras transparentes, humildes, frontales, enteras, limpias, me han dado un nuevo aliento, han recobrado mis fuerzas, han reavivado en mí, y seguramente en muchos de los presentes ese viernes aquí en Viedma, una luz de esperanza; me han mostrado que aún se puede creer en que la lucha por la justicia social y la libertad –dura y cruenta- es hoy más que nunca necesaria y sobre todo, posible.
Posible si ante todo defendemos nuestra dignidad, si aprendemos a pensar por nosotros mismos, a reflexionar, a elegir, a convenir, a disentir, en el diálogo, siempre por el bien común; si empezamos por no callar las injusticias, por no quedarnos de brazos cruzados, ensimismados, abatidos, vencidos.
Es posible si de una buena vez, a 33 años del más horrendo golpe que ha recibido nuestro país, y después de 25 años con la posibilidad de ejercer nuestros derechos y también de cumplir con nuestras responsabilidades de ciudadanos, empezamos a perder el miedo a los fantasmas para por fin vivir y criar a nuestros hijos en libertad.
* Viedma – Río Negro
23 de Marzo de 2009
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