Fuente: CELS
El caso del espionaje en la Base Almirante Zar de Trelew está incluido en el capítulo “Políticas de defensa y derechos humanos para las fuerzas armadas” del Informe 2009 presentado recientemente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El caso de espionaje en Trelew
En marzo de 2006, una denuncia del CELS dejó al descubierto la realización de actividades de inteligencia ilegítimas por parte de la Armada, y puso en evidencia que el proceso de control civil de las fuerzas armadas iniciado con la reinstauración democrática estaba incompleto y que un área que fuera protagonista en el accionar represivo de los distintos regímenes dictatoriales había sido excluida de los procesos de reforma.
La causa judicial, que provocó un escándalo y el alejamiento de altos mandos de la Armada,47 tuvo su origen en una denuncia que un integrante de la Sección de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval (FAE) nº 3 con asiento en la Base Almirante Zar, provincia de Chubut, hizo llegar al CELS, que, ante esta situación, presentó una querella. El caso se abrió así en la justicia federal de Rawson, y el rápido accionar del primer juez a cargo, Jorge Pfleger, permitió que el allanamiento de las oficinas de dicha sección fuera fructífero: se secuestró una importante cantidad de carpetas con información relevante, documentación ordenada y clasificada sobre dirigentes de entidades sociales, organismos de derechos humanos, periodistas y funcionarios nacionales y provinciales, incluida la propia ministra, que correspondía a informes confeccionados por diferentes órganos de la Armada, que circulaban a través de los canales de inteligencia, y directivas impartidas desde el Estado Mayor de esa fuerza.
La cámara corroboró, en el transcurso de la investigación, que el espionaje realizado en la Base Almirante Zar no era un hecho aislado sino que formaba parte de un sistema de inteligencia ilegal de alcance nacional, llevado adelante con la misma metodología utilizada durante la dictadura, lo que constituye una actividad clara y estrictamente prohibida por las leyes de defensa e inteligencia nacionales, y de seguridad interior. A pesar de la evidencia contundente hallada en Trelew, la causa no se movió tan rápido como se esperaba por efecto de los artilugios de la defensa de los distintos imputados para provocar trabas y desvíos en el proceso.
4.1. Los vaivenes de la causa
Pese a la importancia del caso, el trámite judicial debió sortear numerosos obstáculos desde sus inicios. Entre ellos, la designación de tres jueces en un año, planteos de las defensas que demoraron en resolverse y una querella presentada por la Armada –no ratificada por orden del Ministerio de Defensa–, que contribuyeron a dilatar y enrarecer el proceso judicial.
Debido a estas circunstancias, en julio de 2007, tras más de un año de iniciado el expediente judicial y sin haberse producido novedades, el CELS decidió solicitar al juez instructor –desde septiembre de 2006, el juez Hugo Sastre– que resolviera la situación procesal de los imputados, que eran: los integrantes de la oficina de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval nº 3 capitán de corbeta Gustavo René Monzani, suboficial segundo Vicente Claudio Rossi, suboficial segundo Daniel Vicente Guantay, suboficial principal Alfredo Luis Andrade y el civil Héctor González; los sucesivos jefes de la FAE nº 3, capitán de navío Gustavo Leopoldo Ottogalli, capitán de navío Jorge Alberto Janiot, capitán de navío Félix Médici, capitán de corbeta Eduardo Omar Merlo, capitán de navío Carlos Daniel Vázquez, y de los jefes del Comando de Operaciones Navales con sede en Puerto Belgrano, vicealmirante Pablo Rossi, y de la Dirección de Inteligencia Naval, contralmirante Eduardo Luis Avilés. Al mismo tiempo, se pedía el sobreseimiento del suboficial cuya denuncia había iniciado la causa y de otro suboficial que también había colaborado, teniendo en cuenta que ambos se habían mostrado en desacuerdo con el incumplimiento de las leyes civiles que implicaba la realización de las tareas de inteligencia. Leer más (Páginas 296 / 302 14º Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina)
Nota relacionada: Derechos humanos: una agenda ausente en el debate político
El caso del espionaje en la Base Almirante Zar de Trelew está incluido en el capítulo “Políticas de defensa y derechos humanos para las fuerzas armadas” del Informe 2009 presentado recientemente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El caso de espionaje en Trelew
En marzo de 2006, una denuncia del CELS dejó al descubierto la realización de actividades de inteligencia ilegítimas por parte de la Armada, y puso en evidencia que el proceso de control civil de las fuerzas armadas iniciado con la reinstauración democrática estaba incompleto y que un área que fuera protagonista en el accionar represivo de los distintos regímenes dictatoriales había sido excluida de los procesos de reforma.
La causa judicial, que provocó un escándalo y el alejamiento de altos mandos de la Armada,47 tuvo su origen en una denuncia que un integrante de la Sección de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval (FAE) nº 3 con asiento en la Base Almirante Zar, provincia de Chubut, hizo llegar al CELS, que, ante esta situación, presentó una querella. El caso se abrió así en la justicia federal de Rawson, y el rápido accionar del primer juez a cargo, Jorge Pfleger, permitió que el allanamiento de las oficinas de dicha sección fuera fructífero: se secuestró una importante cantidad de carpetas con información relevante, documentación ordenada y clasificada sobre dirigentes de entidades sociales, organismos de derechos humanos, periodistas y funcionarios nacionales y provinciales, incluida la propia ministra, que correspondía a informes confeccionados por diferentes órganos de la Armada, que circulaban a través de los canales de inteligencia, y directivas impartidas desde el Estado Mayor de esa fuerza.
La cámara corroboró, en el transcurso de la investigación, que el espionaje realizado en la Base Almirante Zar no era un hecho aislado sino que formaba parte de un sistema de inteligencia ilegal de alcance nacional, llevado adelante con la misma metodología utilizada durante la dictadura, lo que constituye una actividad clara y estrictamente prohibida por las leyes de defensa e inteligencia nacionales, y de seguridad interior. A pesar de la evidencia contundente hallada en Trelew, la causa no se movió tan rápido como se esperaba por efecto de los artilugios de la defensa de los distintos imputados para provocar trabas y desvíos en el proceso.
4.1. Los vaivenes de la causa
Pese a la importancia del caso, el trámite judicial debió sortear numerosos obstáculos desde sus inicios. Entre ellos, la designación de tres jueces en un año, planteos de las defensas que demoraron en resolverse y una querella presentada por la Armada –no ratificada por orden del Ministerio de Defensa–, que contribuyeron a dilatar y enrarecer el proceso judicial.
Debido a estas circunstancias, en julio de 2007, tras más de un año de iniciado el expediente judicial y sin haberse producido novedades, el CELS decidió solicitar al juez instructor –desde septiembre de 2006, el juez Hugo Sastre– que resolviera la situación procesal de los imputados, que eran: los integrantes de la oficina de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval nº 3 capitán de corbeta Gustavo René Monzani, suboficial segundo Vicente Claudio Rossi, suboficial segundo Daniel Vicente Guantay, suboficial principal Alfredo Luis Andrade y el civil Héctor González; los sucesivos jefes de la FAE nº 3, capitán de navío Gustavo Leopoldo Ottogalli, capitán de navío Jorge Alberto Janiot, capitán de navío Félix Médici, capitán de corbeta Eduardo Omar Merlo, capitán de navío Carlos Daniel Vázquez, y de los jefes del Comando de Operaciones Navales con sede en Puerto Belgrano, vicealmirante Pablo Rossi, y de la Dirección de Inteligencia Naval, contralmirante Eduardo Luis Avilés. Al mismo tiempo, se pedía el sobreseimiento del suboficial cuya denuncia había iniciado la causa y de otro suboficial que también había colaborado, teniendo en cuenta que ambos se habían mostrado en desacuerdo con el incumplimiento de las leyes civiles que implicaba la realización de las tareas de inteligencia. Leer más (Páginas 296 / 302 14º Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina)
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