Por ADC
En este documento, que fue presentado este martes en la Audiencia Pública convocada por la Cámara de Diputados, la Asociación por los Derechos Civiles analiza dos aspectos de la regulación de radiodifusión: la autoridad de aplicación y la estructura propuesta para los medios estatales.
(Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009) - La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) considera que la sanción de una nueva ley de radiodifusión, que reemplace a la norma vigente desde la última dictadura militar y regule la comunicación audiovisual de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, es necesaria e impostergable.
Resulta fundamental para la calidad de nuestra democracia establecer un marco regulatorio que favorezca la diversidad y el pluralismo informativo, garantice la autonomía de la autoridad de aplicación, fije límites a la concentración de la propiedad de los medios, asegure el acceso a las licencias sin discriminación para las organizaciones sin fines de lucro, y establezca un sistema de medios públicos robusto y no gubernamental.
La ADC celebra que la discusión sobre una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual se haya colocado nuevamente en la agenda de debate público y reclama su adecuado tratamiento el Congreso. El abordaje legislativo que esta ley requiere debe ser profundo, riguroso, amplio y transparente, ya que hay muchos puntos que merecen ser discutidos a fondo, sin que esto implique la postergación indefinida de la sanción de una ley que deberá sentar las bases para una política de Estado que garantice una comunicación democrática y plural y el ejercicio del periodismo independiente.
En este documento y con la intención de efectuar aportes que sean útiles a la discusión legislativa, la ADC analiza dos aspectos del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por el Poder Ejecutivo Nacional: sus características en materia de autoridad de aplicación y la estructura propuesta para los medios estatales.
Se trata de dos cuestiones que consideramos clave en cualquier regulación en la materia. Una autoridad de aplicación autónoma, que esté protegida contra la indebida interferencia política y de otra índole, es la única manera de garantizar un marco plural, diverso y democrático en las comunicaciones audiovisuales. El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo no satisface dicho criterio y presenta notorias falencias. Si bien la propuesta incluye aspectos positivos, estos quedan opacados por la falta de autonomía de la nueva autoridad de aplicación. En su redacción actual, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual estaría integrada por una mayoría de miembros designados por el Poder Ejecutivo, quedando bajo el control e influencia del gobierno de turno. La ADC considera que esto sería sumamente perjudicial, ya que la falta de autonomía podría impedir el ejercicio independiente de su función y por ende atentar contra la libertad de expresión.
En cuanto a los medios públicos, la ADC ha sostenido repetidamente que la construcción de medios públicos independientes es fundamental para asegurar el derecho a la información de toda la sociedad, fortalecer el debate público y permitir el crecimiento de una ciudadanía comprometida con los asuntos públicos. Creemos que es un punto donde también deberían efectuarse modificaciones en el proyecto propuesto.
Nota relacionada: Ley de Medios: postura de la UNPSJB
En este documento, que fue presentado este martes en la Audiencia Pública convocada por la Cámara de Diputados, la Asociación por los Derechos Civiles analiza dos aspectos de la regulación de radiodifusión: la autoridad de aplicación y la estructura propuesta para los medios estatales.
(Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009) - La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) considera que la sanción de una nueva ley de radiodifusión, que reemplace a la norma vigente desde la última dictadura militar y regule la comunicación audiovisual de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, es necesaria e impostergable.
Resulta fundamental para la calidad de nuestra democracia establecer un marco regulatorio que favorezca la diversidad y el pluralismo informativo, garantice la autonomía de la autoridad de aplicación, fije límites a la concentración de la propiedad de los medios, asegure el acceso a las licencias sin discriminación para las organizaciones sin fines de lucro, y establezca un sistema de medios públicos robusto y no gubernamental.
La ADC celebra que la discusión sobre una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual se haya colocado nuevamente en la agenda de debate público y reclama su adecuado tratamiento el Congreso. El abordaje legislativo que esta ley requiere debe ser profundo, riguroso, amplio y transparente, ya que hay muchos puntos que merecen ser discutidos a fondo, sin que esto implique la postergación indefinida de la sanción de una ley que deberá sentar las bases para una política de Estado que garantice una comunicación democrática y plural y el ejercicio del periodismo independiente.
En este documento y con la intención de efectuar aportes que sean útiles a la discusión legislativa, la ADC analiza dos aspectos del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por el Poder Ejecutivo Nacional: sus características en materia de autoridad de aplicación y la estructura propuesta para los medios estatales.
Se trata de dos cuestiones que consideramos clave en cualquier regulación en la materia. Una autoridad de aplicación autónoma, que esté protegida contra la indebida interferencia política y de otra índole, es la única manera de garantizar un marco plural, diverso y democrático en las comunicaciones audiovisuales. El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo no satisface dicho criterio y presenta notorias falencias. Si bien la propuesta incluye aspectos positivos, estos quedan opacados por la falta de autonomía de la nueva autoridad de aplicación. En su redacción actual, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual estaría integrada por una mayoría de miembros designados por el Poder Ejecutivo, quedando bajo el control e influencia del gobierno de turno. La ADC considera que esto sería sumamente perjudicial, ya que la falta de autonomía podría impedir el ejercicio independiente de su función y por ende atentar contra la libertad de expresión.
En cuanto a los medios públicos, la ADC ha sostenido repetidamente que la construcción de medios públicos independientes es fundamental para asegurar el derecho a la información de toda la sociedad, fortalecer el debate público y permitir el crecimiento de una ciudadanía comprometida con los asuntos públicos. Creemos que es un punto donde también deberían efectuarse modificaciones en el proyecto propuesto.
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