Por Manuel Correia *
Estas violaciones a los derechos de los adolescentes ocurren de manera sistemática hace años, el Grupo Pro Derechos de los Niños viene denunciándolas, sin que los funcionarios municipales y/o provinciales hagan nada ni seria ni comprometidamente para cambiar y evitar la reiteración de estas prácticas, salvo minimizarlas o negarlas, hacer silencio e íntimamente justificarlas. Lo cual contribuye al mantenimiento de las condiciones de impunidad que desde el Estado perpetúan su reproducción.
Esto, sumado al silencio cómplice o complaciente de muchos vecinalistas seudo preocupados, colegios o asociaciones profesionales, una UNPSJB ausente, y la inacción de organismos burócratas como el Consejo de la Niñez que no protegen los derechos de NNA, porque no están comprometidos con los niños y sus derechos, y están más preocupados en ser políticamente correctos, que interesados en hacer lo correcto.
Este año se ha sumado a denunciar estas prácticas la comisión contra la represión policial en la provincia, recientemente conformada.
Eso sí, de tanto en tanto aparecen algunos "iluminados" de "buena voluntad" a plantear ideas "innovadoras" para hacer una sociedad "mas justa" y segura. ¿Cómo? básicamente diciendo que se debe arremeter contra los niños y los adolescentes. Más justa y más segura ¿para quién?
Reflotan la fantasía regresiva de afirmar que la respuesta son prácticas autoritarias de control, encierro y sanción social, con la pretendida buena intención de contener a los niños y jóvenes. Como pretender re-instalar el servicio militar obligatorio.
Convenientemente (por supuesto para ellos y sus intereses), olvidan mencionar (para no tener que exigir) que el Estado y los funcionarios son los primeros y principales responsables de proteger y garantizar todos los derechos de todos los NNA. Y de diseñar e implementar políticas universales y especiales públicas de efectivización de los derechos humanos de todos y todas, sin ningún tipo de discriminación. Han hecho muy poco (casi nada) a favor de los niños y adolescentes en este sentido, y lamentablemente no muestran intensiones concretas de querer avanzar. Lo cual cobra mayor trascendencia al encontrarnos próximos a conmemorarse 20 años de la CDN.
* Master en Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Universidad Internacional de Andalucía España). Docente de la Cátedra Libre de DDHH UNPSJB
Nota relacionada: Comodoro: un policía golpeó a un “chico de cristal” y le quebró el fémur en doce partes
Estas violaciones a los derechos de los adolescentes ocurren de manera sistemática hace años, el Grupo Pro Derechos de los Niños viene denunciándolas, sin que los funcionarios municipales y/o provinciales hagan nada ni seria ni comprometidamente para cambiar y evitar la reiteración de estas prácticas, salvo minimizarlas o negarlas, hacer silencio e íntimamente justificarlas. Lo cual contribuye al mantenimiento de las condiciones de impunidad que desde el Estado perpetúan su reproducción.
Esto, sumado al silencio cómplice o complaciente de muchos vecinalistas seudo preocupados, colegios o asociaciones profesionales, una UNPSJB ausente, y la inacción de organismos burócratas como el Consejo de la Niñez que no protegen los derechos de NNA, porque no están comprometidos con los niños y sus derechos, y están más preocupados en ser políticamente correctos, que interesados en hacer lo correcto.
Este año se ha sumado a denunciar estas prácticas la comisión contra la represión policial en la provincia, recientemente conformada.
Eso sí, de tanto en tanto aparecen algunos "iluminados" de "buena voluntad" a plantear ideas "innovadoras" para hacer una sociedad "mas justa" y segura. ¿Cómo? básicamente diciendo que se debe arremeter contra los niños y los adolescentes. Más justa y más segura ¿para quién?
Reflotan la fantasía regresiva de afirmar que la respuesta son prácticas autoritarias de control, encierro y sanción social, con la pretendida buena intención de contener a los niños y jóvenes. Como pretender re-instalar el servicio militar obligatorio.
Convenientemente (por supuesto para ellos y sus intereses), olvidan mencionar (para no tener que exigir) que el Estado y los funcionarios son los primeros y principales responsables de proteger y garantizar todos los derechos de todos los NNA. Y de diseñar e implementar políticas universales y especiales públicas de efectivización de los derechos humanos de todos y todas, sin ningún tipo de discriminación. Han hecho muy poco (casi nada) a favor de los niños y adolescentes en este sentido, y lamentablemente no muestran intensiones concretas de querer avanzar. Lo cual cobra mayor trascendencia al encontrarnos próximos a conmemorarse 20 años de la CDN.
* Master en Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Universidad Internacional de Andalucía España). Docente de la Cátedra Libre de DDHH UNPSJB
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