Enviado por Gustavo Macayo
Transmisión en vivo por internet
RADIO en VIVO
FM El Arka, Bariloche: 100.1 Mhz - http://www.radioelarka.com.ar/
FM Alas, El Bolsón: 89,1 Mhz - www.fmalas.org
TV en VIVO - Antena Negra TV. Bs As - www.antenanegratv.com.ar
Participan:
Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Zanon/Fasinpat, Fábrica Sin Patrones, Neuquén.
Alfredo Seguel, Red Autónoma de Comunicación, Agrupación Konapewman, Editorial
Informativo Mapuexpress, Temuco, Chile.
Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuentealba.
Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida, Chile.
Walter Delrío, historiador, autor del libro: “Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia. 1872-1943”.
Adrián Moyano, periodista, autor del libro: “Crónicas de la Resistencia Mapuche”.
APDH, Asamblea Permanente por los DD.HH., Neuquén.
Centro Cultural La Estrella, Neuquén.
CAI, Consejo Asesor Indígena, Río Negro.
Comunidad Mapuche Vuelta del Río, Chubut.
Comunidad Pillan Mahuiza, Chubut.
Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque, Chubut.
Comunidad Mapuche Paicil Antriao, Villa La Angostura.
Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, Villa La Angostura.
Comunidad Mapuche Lonko Purán, Neuquén.
Comunidad Mapuche Wiñoy Folil, Neuquén.
Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, Neuquén.
Comunidad Mapuche Wentru Trawel Leufu, Neuquén.
Comunidad Mapuche Las Huaitecas, El Bolsón.
Comunidad Mapuche Cayún, Lago Puelo.
Observatorio Petrolero Sur.
Asamblea de Vecinos Autoconvocados, Lonkopué, Neuquén.
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la mina de Esquel.
Javier Rodríguez Pardo, Renace, Mach, UAC.
Aten, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén.
Cocapre, Comisión Carlos Presente, Neuquén.
Ceprodh, Centro de Protección de los Derechos Humanos, Neuquén.
La Revuelta, Colectiva Feminista, Neuquén.
Conjuros a viva voz, programa radial feminista – FM Alas, El Bolsón.
Grupo Encuentro, Bariloche.
APDH, Asamblea Permanente por los DD.HH., Bariloche.
Multisectorial de Villa La Angostura.
Zainuco, organismo de DD.HH., Neuquén.
HIJOS Neuquén.
HIJOS Bariloche.
Grupo de Apoyo Madres de Neuquén.
Fernando Kosovsky Edgardo Manosalva, Ceppas-Gajat, Grupo de Apoyo Jurídico por el
Acceso a la Tierra.
Asamblea Popular de Mujeres, Esquel.
Gustavo Macayo y Miriam Grimaldi, autores del trabajo de investigación: “Actuación policial en un pueblo cordillerano de la provincia de Chubut”.
Familia Bustos, víctimas de la violencia policial en Corcovado, Chubut.
Fedra Spinelli, Agencia Rodolfo Walsh.
FM Alas, El Bolsón.
FM El Arka, Bariloche.
FM Del Sur, Esquel.
Antena Negra TV, comunicación popular, Buenos Aires.
La Ruka Mapuche, Bariloche.
El Kultrunazo, Bariloche.
Bárbara Jeréz, Investigadora de la UNAM, Chile.
Pamela Díaz, Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida, Chile.
Asamblea Comarcal contra el Saqueo y la Contaminación, Lago Puelo, El Bolsón, Epuyén y El Hoyo.
Iconoclasistas, Laboratorio de Comunicación y Recursos Contrahegemónicos de Libre Circulación.
“Pañuelos en Rebeldía”, Equipo de Educación Popular, Buenos Aires.
CIFMSL, Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales
Latinoamericanos, Buenos Aires.
Por qué realizamos este foro:
Indudablemente la judicialización y criminalización de los movimientos sociales es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente.
En nuestros países se vienen imponiendo estados que actúan bajo los designios de la seguridad preventiva, considerando que es necesario “prevenir” toda manifestación de oposición a la forma de vida que pretenden que sea nuestro “destino manifiesto”. Sin embargo, una vez “puestas de manifiesto” esas oposiciones, ya no basta la prevención y se hace necesario desplegar mecanismos que frenen las rebeldías en defensa de los territorios, entendidos por sus defensores/as no sólo como espacios geográficos que habitan, sino como ámbitos en los que se construye el sentido de la vida.
Son muchas las modalidades de represión que las empresas capitalistas, transnacionales y nacionales, junto con los poderes políticos locales, lanzan sobre las voces de protesta. Algunas de las más concretas implican el uso de los aparatos del estado para ejercer la represión directa, el despliegue de estrategias de judicialización y criminalización de los movimientos populares y la militarización de los territorios en conflicto. Sin embargo, no son sólo las fuerzas públicas de seguridad las que operan en estos casos, sino también fuerzas privadas contratadas por las empresas, cuya existencia responde a un proceso de privatización de los aparatos de represión.
Esta violencia represiva directa ejercida sobre comunidades y organizaciones sociales es acompañada a su vez por mecanismos de control social, que permiten el ejercicio de la represión simbólica, anulando así toda posibilidad de desarrollo de otras visiones del mundo y de diferentes formas de vida.
Las principales víctimas de la criminalización y de la violencia ejercida desde el poder son los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y campesinas, trabajador/as desocupado/as y precarizado/s y poblaciones afectadas por los nuevos emprendimientos del modelo de “desarrollo” de esta fase del capitalismo neoliberal. Sin embargo, su condición de víctimas de la represión es totalmente desvirtuada por los medios de comunicación de masas que se encargan de presentar las batallas por los derechos sociales, culturales y ambientales como delitos y por ende, a los/as sujetos sociales que las promueven como delincuentes, tergiversando la legitimidad de las luchas sociales y generando, en la sociedad en su conjunto, subjetividades basadas en el miedo al diferente, que desemboca en la fragmentación de la sociedad en grupos irreconciliables entre sí. A esta estrategia, se suma una forma más sencilla de operar de los medios que implica la directa invisibilización de esas luchas.
En este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida, y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los poderes políticos en general, creemos que es importante generar un espacio de denuncia de los casos de judicialización y criminalización que se vienen dando en la Patagonia, contados por los/as propios/as protagonistas de los mismos, que permita, por un lado, visibilizar las distintas formas de manifestación de esta estrategia del poder, y por el otro, pensar estrategias colectivas para enfrentarla.
Programa completo del foro
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Alfredo Seguel, Red Autónoma de Comunicación, Agrupación Konapewman, Editorial
Informativo Mapuexpress, Temuco, Chile.
Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuentealba.
Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida, Chile.
Walter Delrío, historiador, autor del libro: “Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia. 1872-1943”.
Adrián Moyano, periodista, autor del libro: “Crónicas de la Resistencia Mapuche”.
APDH, Asamblea Permanente por los DD.HH., Neuquén.
Centro Cultural La Estrella, Neuquén.
CAI, Consejo Asesor Indígena, Río Negro.
Comunidad Mapuche Vuelta del Río, Chubut.
Comunidad Pillan Mahuiza, Chubut.
Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque, Chubut.
Comunidad Mapuche Paicil Antriao, Villa La Angostura.
Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, Villa La Angostura.
Comunidad Mapuche Lonko Purán, Neuquén.
Comunidad Mapuche Wiñoy Folil, Neuquén.
Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, Neuquén.
Comunidad Mapuche Wentru Trawel Leufu, Neuquén.
Comunidad Mapuche Las Huaitecas, El Bolsón.
Comunidad Mapuche Cayún, Lago Puelo.
Observatorio Petrolero Sur.
Asamblea de Vecinos Autoconvocados, Lonkopué, Neuquén.
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la mina de Esquel.
Javier Rodríguez Pardo, Renace, Mach, UAC.
Aten, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén.
Cocapre, Comisión Carlos Presente, Neuquén.
Ceprodh, Centro de Protección de los Derechos Humanos, Neuquén.
La Revuelta, Colectiva Feminista, Neuquén.
Conjuros a viva voz, programa radial feminista – FM Alas, El Bolsón.
Grupo Encuentro, Bariloche.
APDH, Asamblea Permanente por los DD.HH., Bariloche.
Multisectorial de Villa La Angostura.
Zainuco, organismo de DD.HH., Neuquén.
HIJOS Neuquén.
HIJOS Bariloche.
Grupo de Apoyo Madres de Neuquén.
Fernando Kosovsky Edgardo Manosalva, Ceppas-Gajat, Grupo de Apoyo Jurídico por el
Acceso a la Tierra.
Asamblea Popular de Mujeres, Esquel.
Gustavo Macayo y Miriam Grimaldi, autores del trabajo de investigación: “Actuación policial en un pueblo cordillerano de la provincia de Chubut”.
Familia Bustos, víctimas de la violencia policial en Corcovado, Chubut.
Fedra Spinelli, Agencia Rodolfo Walsh.
FM Alas, El Bolsón.
FM El Arka, Bariloche.
FM Del Sur, Esquel.
Antena Negra TV, comunicación popular, Buenos Aires.
La Ruka Mapuche, Bariloche.
El Kultrunazo, Bariloche.
Bárbara Jeréz, Investigadora de la UNAM, Chile.
Pamela Díaz, Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida, Chile.
Asamblea Comarcal contra el Saqueo y la Contaminación, Lago Puelo, El Bolsón, Epuyén y El Hoyo.
Iconoclasistas, Laboratorio de Comunicación y Recursos Contrahegemónicos de Libre Circulación.
“Pañuelos en Rebeldía”, Equipo de Educación Popular, Buenos Aires.
CIFMSL, Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales
Latinoamericanos, Buenos Aires.
Por qué realizamos este foro:
Indudablemente la judicialización y criminalización de los movimientos sociales es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente.
En nuestros países se vienen imponiendo estados que actúan bajo los designios de la seguridad preventiva, considerando que es necesario “prevenir” toda manifestación de oposición a la forma de vida que pretenden que sea nuestro “destino manifiesto”. Sin embargo, una vez “puestas de manifiesto” esas oposiciones, ya no basta la prevención y se hace necesario desplegar mecanismos que frenen las rebeldías en defensa de los territorios, entendidos por sus defensores/as no sólo como espacios geográficos que habitan, sino como ámbitos en los que se construye el sentido de la vida.
Son muchas las modalidades de represión que las empresas capitalistas, transnacionales y nacionales, junto con los poderes políticos locales, lanzan sobre las voces de protesta. Algunas de las más concretas implican el uso de los aparatos del estado para ejercer la represión directa, el despliegue de estrategias de judicialización y criminalización de los movimientos populares y la militarización de los territorios en conflicto. Sin embargo, no son sólo las fuerzas públicas de seguridad las que operan en estos casos, sino también fuerzas privadas contratadas por las empresas, cuya existencia responde a un proceso de privatización de los aparatos de represión.
Esta violencia represiva directa ejercida sobre comunidades y organizaciones sociales es acompañada a su vez por mecanismos de control social, que permiten el ejercicio de la represión simbólica, anulando así toda posibilidad de desarrollo de otras visiones del mundo y de diferentes formas de vida.
Las principales víctimas de la criminalización y de la violencia ejercida desde el poder son los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y campesinas, trabajador/as desocupado/as y precarizado/s y poblaciones afectadas por los nuevos emprendimientos del modelo de “desarrollo” de esta fase del capitalismo neoliberal. Sin embargo, su condición de víctimas de la represión es totalmente desvirtuada por los medios de comunicación de masas que se encargan de presentar las batallas por los derechos sociales, culturales y ambientales como delitos y por ende, a los/as sujetos sociales que las promueven como delincuentes, tergiversando la legitimidad de las luchas sociales y generando, en la sociedad en su conjunto, subjetividades basadas en el miedo al diferente, que desemboca en la fragmentación de la sociedad en grupos irreconciliables entre sí. A esta estrategia, se suma una forma más sencilla de operar de los medios que implica la directa invisibilización de esas luchas.
En este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida, y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los poderes políticos en general, creemos que es importante generar un espacio de denuncia de los casos de judicialización y criminalización que se vienen dando en la Patagonia, contados por los/as propios/as protagonistas de los mismos, que permita, por un lado, visibilizar las distintas formas de manifestación de esta estrategia del poder, y por el otro, pensar estrategias colectivas para enfrentarla.
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