sábado, agosto 22, 2009

Ley de Medios: opina un periodista bolsonés

Pido especialmente a los senadores rionegrinos que tengan templaza y equidad de criterio para analizar y aprobar esta ley. Que tengan en cuenta que esta provincia como las del interior del país ha sido sometida por la manipulación informativa y el pensamiento único y lo seguirán siendo sino no aprueban esta Ley nacida de la participación ciudadana.

Que puedan evaluar el daño provocado por los monopolios de prensa que generaron desidia y dolor a su gente con informaciones tergiversadas y con mensajes ciudadanos que no hicieron más abolir regiones enteras haciéndolas desaparecer y con ella, la cultura de sus pueblos.

Que analicen por cuánto más será maltratado este pueblo por el centralismo informativo. Tal como ocurriera en El Bolsón con el hanta virus en 1995. La población fue estigmatizada desde TN (cable de la estación televisora Canal 13 – Artear) cuando con su mala información producida de improvisadas corresponsalías la noticia llegó a los confines del país generando en nuestra gente una crisis sin precedentes, profundizando la situación socio económica de este lugar.

O cuando se registraron en la región incendios de bosques emitiendo al mundo imágenes siniestras con datos geográficos erróneos, poniendo en vilo a familiares de esta población y a su propia gente. Nunca tomaron testimonios de pobladores del lugar ni para evaluar sus consecuencias.

Otro dato puntual, el más reciente ocurrido entre CQC y el intendente de este lugar. Producto televisivo que demonizó al mandatario y con él a su población. Cabe aclarar en este caso que grupúsculos y sujetos sociales que viven también aquí contrataron al programa capitalino. Lo vio el país. Muchas personas, amigos y familiares se preocuparon por este maltrato que le propinó a la mayoría del pueblo ese canal centralista. Con todo, El Bolsón a través de sus representantes sociales nunca pudo tener derecho a réplica o al menos permitir verse reflejado a la misma hora y en el mismo espacio, con la otra verdad o punto de vista.

Por eso es que se hace necesaria la aprobación de la nueva Ley. Porque la del proceso militar firmada por Videla es el mal instalado que permitió al poder político actuar con anticonstitucionalidad y otorgar con discrecionalidad licencias de radio y TV a una o dos empresas que concentraron poder económico amordazando la libertad de expresión.
Porque todos estos años sus monopolios privados han sido dictadores de la conciencia ciudadana y generadores del pensamiento único que dejó sin libertad de expresión a los pueblos del interior.

Porque aún con los puntos en conflictos esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es superadora. Es obvio que deberá trabajarse algunos de sus puntos, principalmente visualizando garantizar los resortes necesarios por los muchos trabajadores de la comunicación que tienen esperanzas de libertad en su aprobación.
Porque es mejor que cien medios tengan un patrón cada uno para garantizar trabajar libremente. Porque el periodista es un sujeto que debe estar dentro de la sociedad civil y no debe pertenecer a la sociedad de los medios. Porque los intereses de un solo patrón con cien medios contaminará al sujeto y condicionará su libertad de pensamiento.

*CI 11.595.680
andamorales@yahoo.com.ar

Denuncian ante la ONU los casos de discriminación racial hacia mapuches en Neuquén

Ahora nos dirigimos a Ud. cumpliendo con dicho compromiso.

Queremos decirle previamente que la situación se ha agravado de modo notable en el último mes. La Comunidad Mapuce Currumil, asentada en la zona cordillerana de Quillén, Departamento Aluminé, al oeste de la Provincia, ha sufrido la represión de una fuerza policial de más de 100 efectivos que de modo violento ha intentado quitar a sus animales de un campo que utiliza tradicionalmente durante los inviernos y que ha sido apropiado por un hacendado con la complicidad del Estado. Dicho desalojo se realizó en cumplimiento de una orden judicial expedida sin que la Comunidad fuera parte en el proceso de decisión, por la jueza en lo civil de la ciudad de Zapala, Ivonne San Martín.

La misma jueza ha utilizado el procedimiento de ordenar desalojos sin previa audiencia a las comunidades en otros tres casos a su cargo. Similar procedimiento ha sido llevado a cabo por las juezas de la ciudad de Cutral Co Nancy Vielma y Graciela Blanco quienes, sin ningún proceso de consulta o previa notificación ordenaron a la policía provincial que custodie a una empresa petrolera para que ésta pueda realizar tareas de exploración en el territorio de la Comunidad Huenctru Trewel Leufu.

En todos los casos referidos, como también en aquellos otros juicios civiles y penales que se detallan en el anexo adjunto, los jueces han desconocido las normas de derecho internacional que les fueron citadas. Ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ni la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni el Convenio 169 de la O.I.T., como así tampoco la jurisprudencia y las recomendaciones de los órganos de aplicación de dichos tratados o del Relator Especial, han sido tenidos en cuenta. En realidad ni siquiera han sido mencionados en las resoluciones judiciales. De igual modo han sido dejadas de lado las normas de derecho interno argentino que receptan los derechos de los Pueblos Indígenas: los artículos 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y 53 de la Constitución de la Provincia del Neuquén, así como la ley nacional 26.160 que suspende todos los desalojos.

Este cuadro de incumplimiento generalizado y sistemático de los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de la administración de justicia se encuentra debidamente reflejado en el informe que adjuntamos, en el que detallamos cada uno de los juicios en donde se ha criminalizado el reclamo mapuce y aquellos en donde se han dispuesto desalojos de las tierras tradicionalemente ocupadas por las comunidades.

Cabe señalar, por último, que a diferencia de la celeridad con que son resueltas las peticiones de las empresas petroleras, los hacendados o el Estado, los juicios iniciados por la Confederación Mapuce o por las comunidades, con la finalidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones, llevan varios años de tramitación habiéndose vencido todos los plazos legales para que sean resueltos.

En virtud de lo relatado en la presente, de la información brindada en el detalle que acompañamos como anexo y de la que de parecerle necesario enviaremos a su requerimiento, solicitamos nuevamente su intervención ante el Estado argentino con el fin de hacer cesar esta grave situación.

Agradecemos su interés y saludamos cordialmente.


Elias Maripan Juan Manuel Salgado Logko
Director Confederacion Mapuce del Neuquen ODHPI
Confederacion Mapuce del Neuquen Gdor. Denis 877 (8300) Neuquen, Rep. Argentina