Por Adolfo Pérez Esquivel
Enviado por Marta Sahores
La resistencia contra la dictadura militar tuvo consignas claras en defensa de la vida y los derechos del pueblo, entre ellas: “la deuda externa, la represión…..son los que han vendido la nación”. Por entonces la militancia no dudaba que la primera era parte del proyecto de dominación cobrándose un alto costo en vidas y destruyendo la capacidad productiva del país, generando la dependencia, pobreza y hambre del pueblo.
Hoy la derecha se rasga las vestiduras ante la decisión presidencial de pagar los intereses de la deuda externa con reservas del Banco Central, pero no cuestiona el problema de fondo: se han callado todos estos años sobre quienes resultaron los responsables, así como sobre el origen de negociados que incrementaron la deuda externa.
En consecuencia es necesario recordar la falta de coraje y voluntad política de los gobiernos a partir de 1983, quienes se negaron sistemáticamente a investigar el origen fraudulento que profundizó el proyecto neoliberal; en especial durante el gobierno de Carlos Menem -quien privatizó las empresas nacionales y los recursos energéticos, promovió la venta indiscriminada de tierras, la destrucción y apropiación de los recursos naturales, profundizando el neoliberalismo hasta el presente, todo ello con la complicidad de gobernadores provinciales.
En la actualidad, el gobierno debiera hacer memoria asumiendo la “Causa Olmos” e impulsando la auditoria sobre la deuda externa, que, después de 10 años de que el juez Federal Ballestero enviara lo actuado al Parlamento, continúa sin tratamiento. Sin embargo, los diputados de diversos partidos han cajoneado la causa, negándose a realizar la investigación pertinente para determinar la deuda legítima de la ilegítima.
Durante el mandato presidencial de Néstor Kirchner, se anunció que la Argentina había pagado al FMI la deuda externa y que no quería saber más de ese organismo de rapiña. Pero la presidenta Cristina Fernández Kirchner, haciendo uso del “Decreto de Necesidad y Urgencia” quiere utilizar Fondos Reservados del Banco Central, para pagar la suma de 6569 millones de dólares de intereses de la deuda externa, a través del Fondo del Bicentenario.
El resto de la historia es conocida: el pedido de renuncia de Martín Redrado y todo el conflicto desatado en torno al mismo aprovechado por la derecha para desestabilizar al gobierno, con la total complicidad del vicepresidente Julio Cobos, quien continúa en el cargo con una absoluta falta de ética política. Si quiere ser opositor al gobierno, debería hacerlo desde otro lugar. El aquelarre político esta de moda, mientras el gobierno incurriendo en contradicciones y desprolijidades se especializa en meterse goles en contra.
Es interesante leer las declaraciones de la presidenta cuando comparó a “los fondos buitres con las ratas del Riachuelo”. En especial porque las ratas y la contaminación continúan a pesar de las declaraciones de saneamiento que alguna vez se anunciaron pero nunca se concretaron.
Algo semejante ocurre con la economía del país, tan contaminada como el Riachuelo, la que reclama otra “limpieza” y para ello se debería ir al fondo del problema y no al Fondo del Bicentenario, desfondado. Con el cual, en definitiva, retornamos a la vieja historia: “Mas pagamos, más debemos y menos tenemos”.
El pueblo quiere saber de qué se trata, desde el 25 de Mayo de 1810 hasta la fecha: ¿por qué la Argentina debe someterse a tribunales de los EE.UU y tiene una deuda externa contaminada? ¿Cuáles son las razones para no hacer una auditoría y saber que debemos y que no debemos?
El DNU hay que utilizarlo para superar el hambre y la pobreza que afecta a gran parte de nuestro pueblo; para recuperar el patrimonio perdido, las tierras y recursos naturales, las empresas nacionales básicas y luchar para recuperar la soberanía nacional, hoy lamentablemente pérdida.
La presidenta dice que: “analizar si la deuda externa es legítima, fue durante el primer momento democrático, que no hay manera de hablar de deuda ilegítima, por más que suene lindo”. No suena lindo, suena irresponsable y dramática esa afirmación superficial. Ese argumento lleva a justificar lo injustificable, la deuda es parte de la represión y está manchada de sangre; es como querer justificar las leyes de impunidad de “punto final” y “obediencia debida”, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Enviado por Marta Sahores
La resistencia contra la dictadura militar tuvo consignas claras en defensa de la vida y los derechos del pueblo, entre ellas: “la deuda externa, la represión…..son los que han vendido la nación”. Por entonces la militancia no dudaba que la primera era parte del proyecto de dominación cobrándose un alto costo en vidas y destruyendo la capacidad productiva del país, generando la dependencia, pobreza y hambre del pueblo.
Hoy la derecha se rasga las vestiduras ante la decisión presidencial de pagar los intereses de la deuda externa con reservas del Banco Central, pero no cuestiona el problema de fondo: se han callado todos estos años sobre quienes resultaron los responsables, así como sobre el origen de negociados que incrementaron la deuda externa.
En consecuencia es necesario recordar la falta de coraje y voluntad política de los gobiernos a partir de 1983, quienes se negaron sistemáticamente a investigar el origen fraudulento que profundizó el proyecto neoliberal; en especial durante el gobierno de Carlos Menem -quien privatizó las empresas nacionales y los recursos energéticos, promovió la venta indiscriminada de tierras, la destrucción y apropiación de los recursos naturales, profundizando el neoliberalismo hasta el presente, todo ello con la complicidad de gobernadores provinciales.
En la actualidad, el gobierno debiera hacer memoria asumiendo la “Causa Olmos” e impulsando la auditoria sobre la deuda externa, que, después de 10 años de que el juez Federal Ballestero enviara lo actuado al Parlamento, continúa sin tratamiento. Sin embargo, los diputados de diversos partidos han cajoneado la causa, negándose a realizar la investigación pertinente para determinar la deuda legítima de la ilegítima.
Durante el mandato presidencial de Néstor Kirchner, se anunció que la Argentina había pagado al FMI la deuda externa y que no quería saber más de ese organismo de rapiña. Pero la presidenta Cristina Fernández Kirchner, haciendo uso del “Decreto de Necesidad y Urgencia” quiere utilizar Fondos Reservados del Banco Central, para pagar la suma de 6569 millones de dólares de intereses de la deuda externa, a través del Fondo del Bicentenario.
El resto de la historia es conocida: el pedido de renuncia de Martín Redrado y todo el conflicto desatado en torno al mismo aprovechado por la derecha para desestabilizar al gobierno, con la total complicidad del vicepresidente Julio Cobos, quien continúa en el cargo con una absoluta falta de ética política. Si quiere ser opositor al gobierno, debería hacerlo desde otro lugar. El aquelarre político esta de moda, mientras el gobierno incurriendo en contradicciones y desprolijidades se especializa en meterse goles en contra.
Es interesante leer las declaraciones de la presidenta cuando comparó a “los fondos buitres con las ratas del Riachuelo”. En especial porque las ratas y la contaminación continúan a pesar de las declaraciones de saneamiento que alguna vez se anunciaron pero nunca se concretaron.
Algo semejante ocurre con la economía del país, tan contaminada como el Riachuelo, la que reclama otra “limpieza” y para ello se debería ir al fondo del problema y no al Fondo del Bicentenario, desfondado. Con el cual, en definitiva, retornamos a la vieja historia: “Mas pagamos, más debemos y menos tenemos”.
El pueblo quiere saber de qué se trata, desde el 25 de Mayo de 1810 hasta la fecha: ¿por qué la Argentina debe someterse a tribunales de los EE.UU y tiene una deuda externa contaminada? ¿Cuáles son las razones para no hacer una auditoría y saber que debemos y que no debemos?
El DNU hay que utilizarlo para superar el hambre y la pobreza que afecta a gran parte de nuestro pueblo; para recuperar el patrimonio perdido, las tierras y recursos naturales, las empresas nacionales básicas y luchar para recuperar la soberanía nacional, hoy lamentablemente pérdida.
La presidenta dice que: “analizar si la deuda externa es legítima, fue durante el primer momento democrático, que no hay manera de hablar de deuda ilegítima, por más que suene lindo”. No suena lindo, suena irresponsable y dramática esa afirmación superficial. Ese argumento lleva a justificar lo injustificable, la deuda es parte de la represión y está manchada de sangre; es como querer justificar las leyes de impunidad de “punto final” y “obediencia debida”, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
La “ley de Medios de Comunicación” impuesta por la dictadura militar, estuvo vigente todos estos años, sin embargo el gobierno, tuvo la voluntad política de superar y enfrentar la fuerte resistencia de los intereses corporativos y de una oposición recalcitrante. Leer más
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