Fuente: Diario de Madryn
Juan José Soto Vargas lleva más de diez años generando falsas informaciones y haciéndose pasar por diplomático, vínculo de espías, protagonista de accidentes, o político. Además de la bromita de difundir falsas informaciones y alarmas, este chileno aparentemente ex espía de la DINA seguiría espiando a exiliados y reportando a sus antiguos jefes. En Madryn engañó a pastores, curas, comisarios y medios de prensa, además de sacarles plata a varios conciudadanos.
Durante el fin de semana y hasta la mañana del martes pasado, en el salón que Cáritas posee en el predio de la Parroquia Cristo Resucitado, ubicada en la zona norte de Puerto Madryn, Juan José Soto Vargas, autoidentificado como representante del Instituto de Derechos Humanos de la vecina república de Chile, atendió a residentes chilenos que emigraron de ese país en la época de la dictadura de Augusto Pinochet.
Según había informado Soto Vargas él sería el responsable de “enrolar” a aquellos inmigrantes por cuestiones políticas que luego el Gobierno de la República de Chile calificaría para que sean “favorecidos con pensiones vitalicias”, y recibirían beneficios de atención de la salud hasta la cuarta generación. Además de concurrir a los medios a transmitir oficialmente su rol, y convocar públicamente a sus conciudadanos, Soto Vargas se encargó de presentar documentación que avalarían sus antecedentes proveniente de diferentes estamentos y organización diversas en una insistente metodología de legitimación de su persona. Pese a todo nada expuso sobre el aval diplomático oficial con el que debería contar para un fin tan complejo en plena víspera de elecciones en el país trasandino y nada menos con el triunfo de una fuerza harto conocida de aquel y de este lado de la cordillera.
Lo cierto es que lo que en apariencia comenzó como un trámite de rigor sin grandes complicaciones más que la siempre sana duda, terminó con algunos conflictos evidentes que expondrían una maniobra poco clara y menos oficial.
El punto más álgido se dio cuando Juan José Soto Vargas aseguró haber sido expulsado de una capilla local en el marco de un confuso relato donde se imputaba incluso el accionar de fuerzas de seguridad. Primero aseguró que el sacerdote le había cedido el lugar para que pudiera allí atender a los residentes chilenos, pero en cambio, el cura párroco José Piumatti, responsable de esa Iglesia, confirmó ayer a nuestro Diario que, el pasado viernes, Soto Vargas se presentó “para pedir alojamiento durante tres días, hasta el lunes. Que necesitaba permanecer en Madryn y, para que no tenga que dormir en la Terminal de Ómnibus, entonces gestioné con Gino Quinteros, responsable de Cáritas, quien le ofreció para que pase esas tres noches en la sala en la que funciona” esa entidad benéfica.
Hacía tan sólo seis días, Soto Vargas había sido alojado en la Misión Evangélica Voz de las Naciones, a cargo del Pastor Claudio Muñoz, ubicada en el barrio San Miguel, ocupándose él mismo de dejar certificado por la Policía de Chubut este alojamiento por escrito en una constancia avalada por el comisario Félix Levin.
En apariencia en todas estas residencias, el presunto comisionado se encargó de “registrar” y “empadronar” personas que habrían sido perseguidas o habrían emigrado durante el régimen de Pinochet. Leer más
Juan José Soto Vargas lleva más de diez años generando falsas informaciones y haciéndose pasar por diplomático, vínculo de espías, protagonista de accidentes, o político. Además de la bromita de difundir falsas informaciones y alarmas, este chileno aparentemente ex espía de la DINA seguiría espiando a exiliados y reportando a sus antiguos jefes. En Madryn engañó a pastores, curas, comisarios y medios de prensa, además de sacarles plata a varios conciudadanos.
Durante el fin de semana y hasta la mañana del martes pasado, en el salón que Cáritas posee en el predio de la Parroquia Cristo Resucitado, ubicada en la zona norte de Puerto Madryn, Juan José Soto Vargas, autoidentificado como representante del Instituto de Derechos Humanos de la vecina república de Chile, atendió a residentes chilenos que emigraron de ese país en la época de la dictadura de Augusto Pinochet.
Según había informado Soto Vargas él sería el responsable de “enrolar” a aquellos inmigrantes por cuestiones políticas que luego el Gobierno de la República de Chile calificaría para que sean “favorecidos con pensiones vitalicias”, y recibirían beneficios de atención de la salud hasta la cuarta generación. Además de concurrir a los medios a transmitir oficialmente su rol, y convocar públicamente a sus conciudadanos, Soto Vargas se encargó de presentar documentación que avalarían sus antecedentes proveniente de diferentes estamentos y organización diversas en una insistente metodología de legitimación de su persona. Pese a todo nada expuso sobre el aval diplomático oficial con el que debería contar para un fin tan complejo en plena víspera de elecciones en el país trasandino y nada menos con el triunfo de una fuerza harto conocida de aquel y de este lado de la cordillera.
Lo cierto es que lo que en apariencia comenzó como un trámite de rigor sin grandes complicaciones más que la siempre sana duda, terminó con algunos conflictos evidentes que expondrían una maniobra poco clara y menos oficial.
El punto más álgido se dio cuando Juan José Soto Vargas aseguró haber sido expulsado de una capilla local en el marco de un confuso relato donde se imputaba incluso el accionar de fuerzas de seguridad. Primero aseguró que el sacerdote le había cedido el lugar para que pudiera allí atender a los residentes chilenos, pero en cambio, el cura párroco José Piumatti, responsable de esa Iglesia, confirmó ayer a nuestro Diario que, el pasado viernes, Soto Vargas se presentó “para pedir alojamiento durante tres días, hasta el lunes. Que necesitaba permanecer en Madryn y, para que no tenga que dormir en la Terminal de Ómnibus, entonces gestioné con Gino Quinteros, responsable de Cáritas, quien le ofreció para que pase esas tres noches en la sala en la que funciona” esa entidad benéfica.
Hacía tan sólo seis días, Soto Vargas había sido alojado en la Misión Evangélica Voz de las Naciones, a cargo del Pastor Claudio Muñoz, ubicada en el barrio San Miguel, ocupándose él mismo de dejar certificado por la Policía de Chubut este alojamiento por escrito en una constancia avalada por el comisario Félix Levin.
En apariencia en todas estas residencias, el presunto comisionado se encargó de “registrar” y “empadronar” personas que habrían sido perseguidas o habrían emigrado durante el régimen de Pinochet. Leer más
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