Por Juan Gasparini *
El Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que vigila el respeto de la Convención internacional en la materia, formuló serias críticas y urgentes preguntas a una delegación argentina, que compareció en Ginebra.
Encabezaron dicha delegación el Presidente y Vicepresidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Claudio Morgado y Pedro Mouratian, y Daniel Fernández, Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Compuesto por 18 expertos independientes elegidos por el voto de los países signatarios de la Convención, para que controlen su cumplimiento, éste Comité debatió con la representación argentina durante dos días, aguardándose el veredicto de sus conclusiones el próximo 12 de marzo.
El experto guatemalteco, José Francisco Cali Tzay, ha dejado trascender el contenido de su discurso. Quiso saber si las denuncias sobre la situación de los indígenas en el Chaco, coincide con los informes recibidos por el Comité, indicando que “los tobas viven en condiciones infrahumanas”, temiéndose “su casi desaparición sociocultural”.
Agregó saber que de los territorios indígenas en esa provincia sólo quedan “campos quemados, de suelos arenosos y desérticos como consecuencia de la siembra de la soja transgénica (...) provocando desnutrición de niveles inimaginables, con tuberculosis, chagas, inclusive se hace una broma fuera de lugar; que esta gente está rodeada por moscas que son las únicas saludables en este lugar”.
Cali Tzay estimó que la ley argentina 26160 dispone una moratoria para frenar los desalojos ante la toma de tierras por la fuerza que suelen llevar a cabo los indígenas, pero que no se aplica. “Ningún desalojado ha recibido la restitución de sus tierras y ningún oficial ha sido sancionado por su acción”, afirmó.
El experto francés, Regis de Gouttes, fue aún más lejos y pidió cuentas a la Argentina sobre “las expulsiones ilegales y a veces violentas de comunidades indígenas de sus tierras en las provincias de Tucumán, Salta, Chaco, Catamarca y Neuquén”.
El Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que vigila el respeto de la Convención internacional en la materia, formuló serias críticas y urgentes preguntas a una delegación argentina, que compareció en Ginebra.
Encabezaron dicha delegación el Presidente y Vicepresidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Claudio Morgado y Pedro Mouratian, y Daniel Fernández, Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Compuesto por 18 expertos independientes elegidos por el voto de los países signatarios de la Convención, para que controlen su cumplimiento, éste Comité debatió con la representación argentina durante dos días, aguardándose el veredicto de sus conclusiones el próximo 12 de marzo.
El experto guatemalteco, José Francisco Cali Tzay, ha dejado trascender el contenido de su discurso. Quiso saber si las denuncias sobre la situación de los indígenas en el Chaco, coincide con los informes recibidos por el Comité, indicando que “los tobas viven en condiciones infrahumanas”, temiéndose “su casi desaparición sociocultural”.
Agregó saber que de los territorios indígenas en esa provincia sólo quedan “campos quemados, de suelos arenosos y desérticos como consecuencia de la siembra de la soja transgénica (...) provocando desnutrición de niveles inimaginables, con tuberculosis, chagas, inclusive se hace una broma fuera de lugar; que esta gente está rodeada por moscas que son las únicas saludables en este lugar”.
Cali Tzay estimó que la ley argentina 26160 dispone una moratoria para frenar los desalojos ante la toma de tierras por la fuerza que suelen llevar a cabo los indígenas, pero que no se aplica. “Ningún desalojado ha recibido la restitución de sus tierras y ningún oficial ha sido sancionado por su acción”, afirmó.
El experto francés, Regis de Gouttes, fue aún más lejos y pidió cuentas a la Argentina sobre “las expulsiones ilegales y a veces violentas de comunidades indígenas de sus tierras en las provincias de Tucumán, Salta, Chaco, Catamarca y Neuquén”.
La delegación argentina admitió que sobre un total de casi 40 millones de habitantes, más de 600 mil personas se reconocen indígenas, el 23,8% como pertenecientes de forma directa (23,8%), o descendientes de primera generación (76,2%). Los afrodescendientes alcanzarían los 2 millones de hombres y mujeres.
* En Ginebra
http://www.juangasparini.com/
* En Ginebra
http://www.juangasparini.com/
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