Por Patricio Segura Ortiz *
La nueva suspensión de cuatro meses que solicitó HidroAysén para responder a los cuestionamientos de los servicios públicos a su estudio de impacto ambiental postergó un debate aún pendiente: qué postura adoptará el Gobierno de Sebastián Piñera frente a las irregularidades que comunidades, ONGs y parlamentarios han denunciado durante la tramitación de este proyecto. Una larga red de relaciones familiares y laborales entre la empresa y los nuevos responsables de evaluarla abre un conflicto con la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que les exige evitar “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”. Los vínculos con la empresa afectan desde autoridades locales hasta al propio Presidente, cuyo cuñado es director suplente de HidroAysén.
Para fines de junio estaba programada la prueba de fuego de la tramitación ambiental de HidroAysén. Pero no era sólo un test para la empresa eléctrica (sociedad compuesta por la hispano-italiana Endesa y la chilena Colbún), sino también para el Gobierno, que por primera vez debía tomar decisiones concretas sobre la iniciativa, despejando así el panorama sobre el tipo de tramitación que dará al controversial megaproyecto que busca construir cinco represas en la Patagonia chilena, en los ríos Baker y Pascua de la Región de Aysén.
El 30 de junio la compañía debía presentar sus respuestas (adenda) al segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara, según nomenclatura del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA) que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), presidida por el ex intendente concertacionista Selim Carrasco, evacuara el 18 de enero de este año. Poco antes de cumplirse el plazo, la empresa solicitó postergar la entrega de sus respuestas por 4 meses –requerimiento aprobado el mismo día– para contar con mayor tiempo para responder las 1.114 consultas que le hicieran los órganos con competencia ambiental, bastante menos que el primer compilado de preguntas: 2.698.
Ya el 22 de enero de este año Hernán Salazar, gerente general de HidroAysén, había solicitado una primera suspensión por 5 meses, la cual fue aceptada tres días más tarde. Con la nueva prórroga quedará en suspenso hasta el 29 de octubre la posibilidad de saber cómo actuará el Gobierno. Por la empresa se pondrá también a prueba la gestión del ex director ejecutivo de TVN, Daniel Fernández, quien como vicepresidente ejecutivo estrenó nuevo cargo y mayores atribuciones en reemplazo del ex gerente Salazar.
Inconformidad: la opción que no existía
No será fácil para la administración de Piñera tomar sus primeras decisiones en torno a la tramitación de HidroAysén. Los cuestionamientos al lobby realizado, presiones sobre los servicios públicos e irregulares decisiones se han sucedido durante todo el proceso, llegando hasta la Cámara de Diputados, los Tribunales y la Contraloría. Y fue precisamente en este organismo donde se dio la última señal de que el Gobierno de Michelle Bachelet cargó, a pesar de la impresión de Enersis de que en su gestión hubo “falta de voluntad” para apoyar su iniciativa, algunos estratégicos dados a favor del proyecto.. Informe completo
* Periodista de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida y presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén.
Nota relacionada: Invitan a participar de un concurso fotográfico
La nueva suspensión de cuatro meses que solicitó HidroAysén para responder a los cuestionamientos de los servicios públicos a su estudio de impacto ambiental postergó un debate aún pendiente: qué postura adoptará el Gobierno de Sebastián Piñera frente a las irregularidades que comunidades, ONGs y parlamentarios han denunciado durante la tramitación de este proyecto. Una larga red de relaciones familiares y laborales entre la empresa y los nuevos responsables de evaluarla abre un conflicto con la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que les exige evitar “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”. Los vínculos con la empresa afectan desde autoridades locales hasta al propio Presidente, cuyo cuñado es director suplente de HidroAysén.
Para fines de junio estaba programada la prueba de fuego de la tramitación ambiental de HidroAysén. Pero no era sólo un test para la empresa eléctrica (sociedad compuesta por la hispano-italiana Endesa y la chilena Colbún), sino también para el Gobierno, que por primera vez debía tomar decisiones concretas sobre la iniciativa, despejando así el panorama sobre el tipo de tramitación que dará al controversial megaproyecto que busca construir cinco represas en la Patagonia chilena, en los ríos Baker y Pascua de la Región de Aysén.
El 30 de junio la compañía debía presentar sus respuestas (adenda) al segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara, según nomenclatura del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA) que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), presidida por el ex intendente concertacionista Selim Carrasco, evacuara el 18 de enero de este año. Poco antes de cumplirse el plazo, la empresa solicitó postergar la entrega de sus respuestas por 4 meses –requerimiento aprobado el mismo día– para contar con mayor tiempo para responder las 1.114 consultas que le hicieran los órganos con competencia ambiental, bastante menos que el primer compilado de preguntas: 2.698.
Ya el 22 de enero de este año Hernán Salazar, gerente general de HidroAysén, había solicitado una primera suspensión por 5 meses, la cual fue aceptada tres días más tarde. Con la nueva prórroga quedará en suspenso hasta el 29 de octubre la posibilidad de saber cómo actuará el Gobierno. Por la empresa se pondrá también a prueba la gestión del ex director ejecutivo de TVN, Daniel Fernández, quien como vicepresidente ejecutivo estrenó nuevo cargo y mayores atribuciones en reemplazo del ex gerente Salazar.
Inconformidad: la opción que no existía
No será fácil para la administración de Piñera tomar sus primeras decisiones en torno a la tramitación de HidroAysén. Los cuestionamientos al lobby realizado, presiones sobre los servicios públicos e irregulares decisiones se han sucedido durante todo el proceso, llegando hasta la Cámara de Diputados, los Tribunales y la Contraloría. Y fue precisamente en este organismo donde se dio la última señal de que el Gobierno de Michelle Bachelet cargó, a pesar de la impresión de Enersis de que en su gestión hubo “falta de voluntad” para apoyar su iniciativa, algunos estratégicos dados a favor del proyecto.. Informe completo
* Periodista de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida y presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén.
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