Enviado por Gustavo Macayo
El diputado Fernando "Pino" Solanas, jefe del interbloque Proyecto Sur, presentó un proyecto de ley para la prohibición de la explotación de la minería a cielo abierto y de la utilización de sustancias tóxicas en la actividad.
Fuente: Noticias del Congreso Nacional (NCN)
En paralelo a la búsqueda de una ley de protección de glaciares, el titular del interbloque Proyecto Sur presentó un proyecto destinado a impedir la minería a cielo abierto, "una de las formas más devastadoras de extracción de materias primas minerales, que conlleva enormes impactos a nivel ambiental, social y cultural", según versa el expediente.
Asimismo, el proyecto de Solanas busca prohibir la utilización de sustancias tóxicas, es el caso del cianuro, utilizado para extraer los metales del sustrato rocoso mediante la operación conocida como "lixiviación". Tal como explica la iniciativa de "Pino", los residuos de esta operación son almacenados en reservorios que, muchas veces, "terminan contaminado los cursos de agua, el aire, los suelos, los sistemas productivos y la salud humana, produciendo cánceres, enfermedades respiratorias y en la piel, como algunos de los signos que han proliferado en las zonas afectadas". Entre sus argumentos, Solanas explica que el parlamento europeo prohibió el uso del cianuro en la minería, medida que busca imitar a nivel nacional.
Otro de los puntos destacados en los que hace foco la propuesta -acompañada por legisladores del GEN, Coalición Cívica, Peronismo Federal, Socialismo, UCR y Frente Cívico Cordobés- es la protección del recurso acuífero, afectado por los grandes proyectos mineros.
Al respecto, el expediente cita estadísticas de la Secretaría de Minería en relación al proyecto Veladero en la provincia de San Juan, cuyo consumo nominal de agua es de 3.250.000 litros por día. Algo similar, argumenta el proyecto del titular de Proyecto Sur, sucede con Agua Rica, otro mega-yacimiento cuestionado -a pocos kilómetros de la ciudad de Andalgalá en la provincia de Catamarca- que "de ponerse marcha consumiría 250 litros por segundo" y con Gualcamayo, de la provincia de San Juan, que "consume actualmente 106 litros por segundo". En tanto, estiman que en el proyecto binacional de Pascua Lama, impulsado por la Barrick Gold, "la magnitud del consumo acuífero será muy superior por sus características".
Por esta razón, se busca prohibir la utilización de ríos, arroyos y cualquier vertiente o depósito natural de agua, superficial o subterráneo, derretimientos de glaciares, de áreas periglaciares, como fuentes para la explotación minera.
De esta forma, de convertirse en ley, se obligará a los titulares de concesiones y/o derechos mineros a adecuar sus procesos en el término de 3 meses a partir de la publicación de la misma, bajo apercibimiento de cierre o caducidad de la concesión minera. De lo contrario, las empresas que no cumplan lo establecido, deberán abonar una multa diaria equivalente a mil sueldos mínimos de la Administración Pública Nacional.
El proyecto ha sido girado a las comisiones de Recursos Naturales, Minería y Legislación General de la Cámara baja. De llegar a discutirse, promete ser resistido por los legisladores cordilleranos que consideran a este tipo de iniciativas como "ataques" a los recursos económicos producidos por las grandes mineras en el cordón andino.
www.noalamina.org
Nota relacionada: Cristina luego de las relaciones con Barrick terminó conforme
El diputado Fernando "Pino" Solanas, jefe del interbloque Proyecto Sur, presentó un proyecto de ley para la prohibición de la explotación de la minería a cielo abierto y de la utilización de sustancias tóxicas en la actividad.
Fuente: Noticias del Congreso Nacional (NCN)
En paralelo a la búsqueda de una ley de protección de glaciares, el titular del interbloque Proyecto Sur presentó un proyecto destinado a impedir la minería a cielo abierto, "una de las formas más devastadoras de extracción de materias primas minerales, que conlleva enormes impactos a nivel ambiental, social y cultural", según versa el expediente.
Asimismo, el proyecto de Solanas busca prohibir la utilización de sustancias tóxicas, es el caso del cianuro, utilizado para extraer los metales del sustrato rocoso mediante la operación conocida como "lixiviación". Tal como explica la iniciativa de "Pino", los residuos de esta operación son almacenados en reservorios que, muchas veces, "terminan contaminado los cursos de agua, el aire, los suelos, los sistemas productivos y la salud humana, produciendo cánceres, enfermedades respiratorias y en la piel, como algunos de los signos que han proliferado en las zonas afectadas". Entre sus argumentos, Solanas explica que el parlamento europeo prohibió el uso del cianuro en la minería, medida que busca imitar a nivel nacional.
Otro de los puntos destacados en los que hace foco la propuesta -acompañada por legisladores del GEN, Coalición Cívica, Peronismo Federal, Socialismo, UCR y Frente Cívico Cordobés- es la protección del recurso acuífero, afectado por los grandes proyectos mineros.
Al respecto, el expediente cita estadísticas de la Secretaría de Minería en relación al proyecto Veladero en la provincia de San Juan, cuyo consumo nominal de agua es de 3.250.000 litros por día. Algo similar, argumenta el proyecto del titular de Proyecto Sur, sucede con Agua Rica, otro mega-yacimiento cuestionado -a pocos kilómetros de la ciudad de Andalgalá en la provincia de Catamarca- que "de ponerse marcha consumiría 250 litros por segundo" y con Gualcamayo, de la provincia de San Juan, que "consume actualmente 106 litros por segundo". En tanto, estiman que en el proyecto binacional de Pascua Lama, impulsado por la Barrick Gold, "la magnitud del consumo acuífero será muy superior por sus características".
Por esta razón, se busca prohibir la utilización de ríos, arroyos y cualquier vertiente o depósito natural de agua, superficial o subterráneo, derretimientos de glaciares, de áreas periglaciares, como fuentes para la explotación minera.
De esta forma, de convertirse en ley, se obligará a los titulares de concesiones y/o derechos mineros a adecuar sus procesos en el término de 3 meses a partir de la publicación de la misma, bajo apercibimiento de cierre o caducidad de la concesión minera. De lo contrario, las empresas que no cumplan lo establecido, deberán abonar una multa diaria equivalente a mil sueldos mínimos de la Administración Pública Nacional.
El proyecto ha sido girado a las comisiones de Recursos Naturales, Minería y Legislación General de la Cámara baja. De llegar a discutirse, promete ser resistido por los legisladores cordilleranos que consideran a este tipo de iniciativas como "ataques" a los recursos económicos producidos por las grandes mineras en el cordón andino.
www.noalamina.org
Nota relacionada: Cristina luego de las relaciones con Barrick terminó conforme
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario