Fuente: CELSEl Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una denuncia ante el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, Philip Alston, por los crímenes de los jóvenes Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, asesinados por funcionarios policiales el 17 de junio pasado en la ciudad de Bariloche.
La denuncia fue presentada en conjunto por el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, y el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Río Negro y representante legal de los familiares de Carrasco y Cárdenas, Rubén Marigo.
En el documento enviado al Relator, el CELS y la APDH consideran que los asesinatos de los tres jóvenes se encuadran en la figura de “muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Además, el informe destaca que la violenta respuesta policial no se ajustó a los criterios de “absoluta necesidad y proporcionalidad” en el uso de la fuerza.
El 17 de junio, Diego Bonefoi, fue asesinado por la espalda por un funcionario policial de la provincia de Río Negro. Este hecho motivó a los vecinos a realizar una manifestación frente a la comisaría del barrio. La respuesta fue una brutal represión protagonizada por la policía provincial y del grupo especial Brigada de Operaciones Rescate y Antitumulto (BORA), quienes actuaron sin ninguna placa de identificación personal y, en la mayoría de los casos, con los rostros cubiertos por pasamontañas. Como consecuencia de la represión de la manifestación, murieron Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.
El juez a cargo de la investigación, Martín Losada, había ordenado diversas medidas de prueba y el procesamiento del presunto autor del crimen de Bonefoi. Poco tiempo después, Losada fue apartado de la investigación judicial, pero continúa a cargo de las causas por los otros dos crímenes.
El documento también resalta que los mayores obstáculos aparecieron desde las instancias ejecutivas de la provincia de Río Negro, las cuales “han dado muestras de desinterés respecto del esclarecimiento de los hechos”. En este sentido, el CELS había reclamado al Ministerio de Seguridad de la Nación que convoque a una sesión extraordinaria del Consejo Federal de Seguridad para interpelar a los responsables políticos de la provincia. Resta definir, desde el Ministerio, la fecha en que se realizará esa reunión.
Dado que Diego Bonefoi y Nicolás Carrasco tenían quince y dieciséis años, respectivamente, al momento de su muerte sus casos fueron denunciados también como ejecuciones de víctimas adolescentes. De acuerdo con las denuncias recibidas por organizaciones en Bariloche, efectivos del BORA continúan hostigando permanentemente a los jóvenes de la ciudad. A lo largo del último año, tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité de Derechos del Niño expresaron preocupación por las muertes violentas producidas en Argentina como consecuencia de la actuación de las fuerzas de seguridad, especialmente respecto de niños.
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